A propósito de la película de Amenábar

15 octubre, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

En el último mes, por una serie de circunstancias profesionales y personales, me he visto obligado a estar de viaje casi en permanencia. Me he movido entre tres países, sin ordenador y, en alguna ocasión, sin acceso a internet. He intercalado tres supercortas estancias en Madrid. En una de ellas aproveché para ver la película de Amenábar. Me la habían recomendado cálidamente dos amigas mías. Un colega me dijo que le había emocionado. Por lo demás, no hay que indicar la masa de comentarios de muy diversa índole que ha suscitado. Pensé que no podía sustraerme a la necesidad de verla, porque quizá no la proyectarían en Bruselas. Si lo hacen, volveré a verla. En lo que sigue trataré de aportar algo a las reacciones que ha provocado.

 

Parto de los siguientes supuestos:

  1. Aunque me gusta el cine y tengo una apreciable colección de películas en mi casa en formato DVD (que ya casi nunca veo) y en mis años mozos leí bastante sobre el arte cinematográfico, mis comentarios no versarán sobre la calidad de la película. No me siento cualificado para ello.
  2. Tampoco acudiré a la fácil escapada de identificar las numerosas escenas que, muy probablemente, han sido insertadas en la película para dotarla de elementos dramáticos. Un film no es la transcripción en imágenes de un libro. Para eso están, cuando lo están, los reportajes.
  3. No soy especialista de Unamuno y no he vuelto a leerlo desde mis años jóvenes, cuando era poco menos que obligado. No entro ni en su vida ni en la presentación que de ella, en el año 1936, se hace en la película. La vi en segunda fila de butacas, en un cine abarrotado.

Dicho lo que antecede, tengo que presentar objeciones al film en tres categorías.

En primer lugar, respecto a su título. “Mientras dure la guerra” me deja perplejo. Por mucho que me he esforzado en desentrañar su significado no he dado con uno que se desprenda del mismo. Quizá es una observación trivial. La película cubre el lapso de tiempo que media entre la lectura del bando de guerra en la Plaza Mayor de Salamanca hasta que Unamuno queda recluído en su domicilio tras el superfamoso y supercomentado incidente del 12 de octubre de 1936. Las líneas que aparecen después en pantalla son triviales. Ni quitan ni añaden nada.

En segundo lugar, respecto a la caracterización de los dos personajes históricos de los que sé algo y que se mueven en torno a Unamuno: a saber Millán Astray y Franco. Los pongo en este orden porque la contraparte del primero en el 12 de octubre fue el general cojo, tuerto y manco pero es obvio que sobre él tronaba el segundo.

Con independencia de que el actor que da vida en pantalla a Millán Astray hace un papel muy meritorio, en función de la caracterización que de él han hecho el director y el guionista, tengo la impresión de que no corresponde a la realidad del personaje y que, al falsearla, desvirtúa la ceremonia del 12 de octubre y, con ella, el mensaje de la película.

Admito que la escena enque Millán Astray aparece por primera vez, vestido de paisano, en un coche desde el cual arenga a las tropas (supongo legionarias) que avanzan por un lugar no determinado (¿Extremadura?) puede ser necesaria. Es también inverosímil. Lo importante es que a Millán Astray lo convierte Amenábar en el “genio malo” de Franco, en el motor que espolea las ambiciones de este, el que lo defiende ante los demás generales (incluso en las escenas -forzosamente inventadas en cuanto a su transcurso- en que se decidió el nombramiento) y en la persona a quien se le ocurren algunas de las sugerencias más impactantes de la película.  Es fácil defender tal caracterización. Lo primero puede hacerse con referencias al pasado del general y anticipando su posterior papel de propagandista del “Alzamiento” (que ya se realza en la película).  No sé si Amenábar habrá recurrido a historiadores para apuntalar el guión. Lo que sé es que su imagen de Millán Astray no se corresponde en absoluto con el testimonio de un testigo que lo conoció en aquel período. Subrayemos que no fue nombrado jefe de prensa y propaganda hasta semanas más tarde. Quien se ocupaba de tal menester en octubre de 1936 es, si mi memoria no es incorrecta, el periodista Juan Pujol -anteriormente a sueldo de Juan March durante los años republicanos. Un pinta de cuidado del que no conozco, por desgracia, ninguna biografía, auunque es posible que la haya. Sobre Millán Astray escribió Francisco Serrat, a la sazón secretario general de Relaciones Exteriores de Franco, lo siguiente:

“Ha tenido la desgracia de no morir a tiempo. Prácticamente aquel Millán Astray, gloria del ejército y de la nación, el iluminado fundador del “Tercio” y su domador, el militar heroico, la personificación de la valentía temeraria y de la oratoria galvanizante, aquel pasó a la historia. Hoy solo queda una sombra maltrecha, una reliquia que sería venerable si la rodearan la calma y la serenidad de las grandezas extinguidas. En este concepto hay que quitarse el sombrero ante él, sin mermarle un ápice de su gloria. Pero la providencia, que a veces es cruel en sus fantasías, parece complacerse ahora en mostrarnos a ese gran hombre a través de sus debilidades”.

(Los lectores que lo deseen pueden acudir a las memorias de Serrat, Salamanca, 1936, Crítica, 2014, que servidor editó, o al futuro libro de Luis Castro Berrojo que examina su trayectoria al frente de la prensa y propaganda)

El papel que Amenábar atribuye a Millán Astray en el ascenso de Franco lo desempeñaron en realidad su hermano Nicolás (muy desdibujado en la película) y el diplomático monárquico José Antonio Sangróniz Castro (futuro contrabandista de brillantes tras la guerra civil) y jefe de un gabinete diplomático y de protocolo, que se fabricó a su medida, pegado desde el principio al general Franco (su hoja de servicios lo presenta como “jefe del Gabinete civil del Ejército Expedicionario”). Por otro lado, se disminuye hasta casi la insignificancia el papel del general Alfredo Kindelán que puso el peso de los monárquicos tras el nombramiento, que no no fue como jefe del Estado.

Podría aducirse que nada de lo que antecede tiene importancia. El director de la película es muy libre de elegir a sus personajes y de caracterizarlos como quiera. Este argumento se hace, no obstante, algo más complicado en el caso de Franco.

Los rasgos con que Amenábar dibuja al dictador en ciernes no son en absoluto creíbles. Lo hace aparecer como temeroso, preocupado por no dar un paso en falso, empujado por Millán-Astray, algo apocado. NADA DE ELLO SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD.

Hay incluso un punto grotesco en la escena en que se presenta la bandera tricolor en el Cuartel General de Franco en Cáceres (!!!) y en la que Millán Astray le sugiere cambiarla por la bicolor de la Monarquía. Es absolutamente absurda. Franco, disparadas sus ambiciones personales tras las desapariciones de Sanjurjo y Calvo Sotelo, hizo el trueque en un episodio muy conocido y muy sonado -que le valió el favor monárquico- en Sevilla el 15 de agosto de 1936.

La tercera categoría es incluso más fácil de desmontar. Amenábar introduce al principio de la sublevación en Marruecos a dos alemanes (nazis, por supuesto), vestidos de civil. Uno de ellos solo se expresa en su idioma (aparece la versión castellana en subtítulos) ante Franco. El segundo traduce. Le comunican algo así como que el “Führer” solo apoyará un general (no tuve la prestancia de escribir los términos exactos). Es, de nuevo, totalmente absurda. Los dos nazis que llevaron la noticia de que Hitler había aceptado la petición de Franco de echarle una mano eran alemanes asentados de larga data en Tetuán y hablaban castellano perfectamente. No le dijeron nada de tal tenor, porque Hitler no había dicho nada al respecto. Por cierto, me suena que los aviones Junker que empezaron rápidamente con el traslado de tropas hacia la península no volaban de noche, como aparece en la “peli” cruzando el Estrecho de Gibraltar.

Finalmente, la noción de que fue el obispo de Salamanca, el siniestro Enrique Pla y Deniel, quien inspiró a Franco la noción de que España necesitaba héroes como el Cid y defensores de la fé católica es también inventada. Se pasa por la piedra que ya Mola había tendido sus ensangrentadas manos a la Iglesia Católica española y que Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona y más próximo a él, parece que ya había utilizado el término “cruzada”. Claro que podría afirmarse que cuando Franco se une de pronto a rezar el rosario inesperadamente con su esposa (hipertrofiada en su papel) y su hija puede servir como ejemplo de “conversión”.

Para terminar este ya largo post (no habrá un segundo sobre el tema) ¿cómo describió para su familia el embajador Serrat la famosa escena del 12 de octubre?

“Franco tuvo la desgraciada idea de confiar a Unamuno su representación, sin tener en cuenta, aparte de los peligros naturales de la afición de Unamuno a la paradoja, la naturaleza del público que había de asistir a la reunión, incapaz casi en totalidad de entender el lenguaje del superhombre. Habló Unamuno sobre el pie forzado del objeto de aquel acto. Llevado por su afán de originalidad y de rectificar errores vulgares, tuvo la mala idea de abordar la cuestión del separatismo vasco (…) Por desgracia estaba entre los presentes el general Millán Astray, encarnación suprema del patriotismo irreflexivo, que, excitado sin duda por tanta palabrería para él hueca de sentido, cedió a su impetuosidad y, sin respeto a la solemnidad del acto ni a la representación del orador, le interrumpió bruscamente para largar una arenga de las suyas, estilo Tercio, con todo el chinchín del patrioterismo y los lugares comunes de “condenación a los traidores a la patria” y demás mojigangas tan gratas a un público simplista. Recibió una magna ovación. Y así terminó aquella reunión, modelo acabado del espíritu de la raza que se trataba de encomiar”.

Ni más, ni menos. Amenábar, en su reconstrucción, prefigura lo que iba a ser la España del futuro bajo Franco: el dominio de la espada y de la cruz, aderezada con dosis homeopáticas y cuidadosamente graduadas de las “grandes” aportaciones fascistas. ¿El caso de Unamuno? Un conflicto elevado al nivel de categoría. También, fuera del franquismo, los héroes son necesarios.

Archivos españoles: la dura lucha por el derecho a conocer el pasado (y III)

8 octubre, 2019 at 12:10 pm

Ángel Viñas

No quisiera que se malinterpretasen las afirmaciones con las que cerré el post anterior. En los regímenes dictatoriales europeos ha sido muy frecuente que al iniciarse los correspondientes procesos de transición hacia otras formas de organización política y social se eliminaran documentos “molestos” generados en las épocas anteriores. Estoy algo familiarizado con varios casos, en parte por haber indagado en los archivos correspondientes o por conocer algo de la literatura al respecto. Cada caso tiene sus peculiaridades. No todos los que ordenaron la destrucción de los papeles de los años del franquismo tenían proclividades nazis (a partir de los primeros años cincuenta hay que buscar con lupa para encontrar a quienes las hubieran profesado, aunque no faltaron -véase el ejemplo del famoso CEDADE). Pero sí siguieron una tónica relativamente similar: lo que puede incomodar del pasado, mejor es que no aparezca.

 

Corresponde a Luis Castro Berrojo haber logrado, en una acertada síntesis, resumir las líneas esenciales de lo que conocemos acerca de la política (sí, política) de destrucción de documentación de la época franquista. Creo que la exposición de dicho autor permite dístinguir tres períodos. El primero lo denominaré “de dejadez relativa” y se extiende desde finales de la guerra civil hasta principios de los años sesenta. Estuvo presidido por la escasez: es decir, la falta de papel -una de las muchas carencias de la desaforada autarquía que impuso el régimen. Esta escasez llevó a la reutilización de masas inmensas de documentos para ser transformados en pasta. Afectó a la documentación propia y también a la de antes y de la guerra civil, salvo la que pudiera utilizarse con fines procesales y punitivos.

El segundo período podríamos situarlo en los años sesenta, cuando empezó a plantearse la cuestión del después de Franco, ¿qué?. Es un período oscuro en el que en algunos de los archivos en que he trabajado figuran listas muy someras de categorías de documentos destinados a su destrucción. Las motivaciones podían no ser exclusivamente las relacionadas con la conveniencia de hacer desaparecer fondos comprometedores. Hay otras que también están documentadas o que se han conocido por transmisión oral: la muy prosaica, por ejemplo, de hacer espacio.

Esto, que puede parecer una bobada, no lo fue en ciertos casos. Mencionaré uno de mi propia experiencia. A mitad de los años setenta empecé a trabajar, como ya he indicado,  en la reconstrucción de la política económica exterior del franquismo (incluída guerra civil). El Ministerio de Comercio y el Instituto Español de Moneda Extranjera (que dependía del primero y que era, por así decir, la autoridad monetaria exterior) tenían en la madrileña calle de Bravo Murillo un almacén en el que se habían depositado, sin orden ni concierto, documentos relacionados con la actividad comercial y monetaria del régimen durante la guerra y la larga postguerra. Hacia 1973 uno de mis compañeros -cuyo nombre me reservo- concluyó que en aquel almacén ya no cabían más papeles y dio órdenes para que se procediera a una limpia del material más antiguo.  En consecuencia fueron a parar a la trituradora o a las calderas (no lo sé exactamente) masas ingentes de papel. Junto con expedientes sin importancia histórica pudieron destruirse otros que sí la hubiesen tenido. Puedo hacer tal afirmación porque en el almacén encontré libros de la contabilidad del IEME y los balances de la posición de divisas del “glorioso régimen” durante los años cuarenta y cincuenta. No es exagerado pensar que probablemente habría habido muchos otros más.

Sin excluir tal tipo de necesidades bastante pedestres, también las hubo que lo fueron menos. Y es en estas en las que Luis Castro pone el énfasis: los papeles de la represión violenta, organizada, tuvieron otra motivación para explicar su desaparición.  Las autoridades franquistas no se comportaron como parece que lo hicieron las soviéticas -conservando papeles para la eternidad- sino que procedieron más a la manera nazi. ¿La idea? De lo que quede, podemos arrepentirnos. Si desaparece, no habrá ni dios que nos achaque nada. Sobre lo que se haya desvanecido en humo o convertido en basura o en pasta de papel es imposible hacer la menor afirmación.

Es el tercer período en el que el artículo de Luis Castro -basado en una impresionante bibliografía- resulta más apasionante. Sobre la Transición se ha escrito mucho y, naturalmente, se escribirá todavía más. No es preciso tener una concepción optimista de la historia para pensar que el paso de una situación de coacción (vulgo dictadura) a otra de libertad despierta un interés para unos y otros por motivos muy variados. Para algunos por la “necesidad” de eliminar pruebas de la variada gama de instrumentos puestos en práctica para aniquilar, reducir y amedrentar a los “súbditos” discrepantes. Para otros, para estudiarlos y detallar todas las maldades que se derivaron de su aplicación. En cualquier caso, para difuminar responsabilidades.

En las páginas del artículo de Luis Castro aparecen así ordenantes (actores, sujetos con capacidad de decisión) que decidieron que la máxima inglesa del let sleeping dogs lie sería muy adecuada para “encarar” el futuro: destruyamos todo lo que podamos de los documentos del pasado y así nos evitaremos tener que ocuparnos de él y que nos echen en cara lo ocurrido. Ilustres políticos de la Transición como el ministro Rodolfo Martín Villa o el gobernador civil de Barcelona y luego también ministro Salvador Sánchez-Terán dejaron su nombre inscrito en las instrucciones cursadas para eliminar documentación. Hay otros ejemplos.

¿Resultado? Entre 1965 y, digamos, 1980 se destruyeron enormes masas de papel. Podemos tener la absoluta certidumbre de que entre ellas abundaron no solo las de mera gestión -que también- sino las de reflexión y concepción de las políticas de machacamiento sistemático de cualquier síntoma de disidencia. A ello se añadirían, como colofón, las dificultades legales, administrativas, técnicas que ulteriormente se pusieron en práctica para reducir la funesta manía de los historiadores, periodistas, ciudadanos de a pié y grupos sociales inquietos por el “embellecimiento” de un pasado de “extraordinaria placidez”, como lo caracterizó un político del PP hoy muy callado.

Luis Castro hace un repaso exhaustivo de los casos y ejemplos conocidos en que documentación relevante para alumbrar los recovecos más sombríos de la dictadura se ha imposibilitado o entorpecido. Su lectura es instructiva. Es precisamente esta actitud de las autoridades, civiles y militares, lo que en cierta medida une la experiencia española con las de las autoridades nazi-fascistas, en el bien entendido que estas últimas la ejemplificaron ocupándose de la destrucción masiva de documentos comprometedores antes de pasar a la historia. Con todo, la destrucción continuó, en ciertos casos, bajo la responsabilidad de las autoridades de la República Federal. Incluso en ámbitos tan poco atractivos como la documentación del Ministerio de Finanzas del Tercer Reich, aspecto denunciado por varios investigadores.

Ahora bien, cuarenta años de dictadura son muchos. La Administración o el Ejército o la policía del régimen de Franco nunca fueron equivalentes a las de una tribu africana, como bien señaló Herbert R. Southworth, uno de sus más eminentes críticos. Dejaron tras de sí toneladas y toneladas de documentación. Mucha ya abierta. Otra parte, todavía cerrada. Mucha en repositorios públicos. Otra en manos privadas. Lo que está al alcance de todos dará trabajo a un par de generaciones de historiadores. Lo que aún no está al alcance, y es -en mi modesta opinión- una pequeña lacra que aún no lo esté, podría aumentar el número.

De aquí que una de las grandes aportaciones del libro en cuestión estribe en la descripción pormenorizada del tipo de documentación cuya índole ya es susceptible de investigación y en las hipótesis establecidas por más de una decena de expertos e investigadores en relación con los archivos en los que han desarrollado hasta ahora su trabajo de hormiga en busca de vetas oscurecidas del pasado y para hacer frente a la grotesca campaña de diseminación, en papel y digital, de las “bondades” del pasado régimen y las “maldades” de sus enemigos. Campaña que reverdece periódicamente como algunas malas flores de nuestros jardines.  Ahora atravesamos por una de ellas.

Los lectores harán bien en consultar los capítulos dedicados a cada uno de los archivos contemplados en este libro por dos razones: en primer lugar, les darán una idea de la índole de la documentación en ellos conservada; en segundo, por las reflexiones que los esmaltan, propias de investigadores que han pasado tiempo trabajando en ellos.

Que no se diga que los historiadores españoles genuinos no aportan su granito de arena al esclarecimiento del pasado en base a evidencias primarias relevantes de época. Las más amplias posibles. Y que no se quejan y lamentan de que no todas sean todavía accesible. ¿Conocen los lectores algunas tomas de posición de eminentes historiadores de derechas, españoles y extranjeros, que hayan clamado al cielo en favor de mayores aperturas? ¿O que hayan ilustrado sus esfuerzos, si es que han existido, por promoverlas? Como algunos de entre ellos son de habla inglesa terminaré esta referencia a los archivos españoles con una expresión que les es familiar: Mum´s the word.

FIN

Archivos españoles: la dura lucha por el derecho a conocer el pasado (II)

1 octubre, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

Quisiera, ante todo, pedir disculpas a aquellos amables lectores que hayan podido haberse sentido molestos por mi empleo de la máxima turística del nunca olvidado ministro de (Des)Información y Turismo de la España franquista en sus años de gloria. En un plano rigurosamente político e institucional no es aplicable, pero ¿cómo expresar en una sola y rotunda afirmación que, en materia de acceso a archivos, España no es como la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno? Y si no es como ellos, algo la diferenciará. Lo cual sirve para introducir la cuestión del porqué. Tiene múltiples respuestas (lo que no significa que todas sean iguales). Depende del nivel de profundidad al que se busquen. En el plano estricto de la actividad archivística me parece que hay que distinguir tres: a) la legislativa, b) la de dispersión de repositorios, c) la falta de recursos materiales y humanos. Por encima de ellas, existen otras.

 

En el volumen que aquí nos ocupa el primer nivel se analiza en las aportaciones de Antonio González Quintana y de Eva Moraga. Hubo un comienzo relativamente prometedor (la aparición en la CE del artículo 105b), en cuya incorporación creo que tuvimos algo que ver cuatro personas. A pie de obra el profesor Juan Marichal y servidor. Como correa transmisora el diputado por el PSOE Enrique Barón. Finalmente, como impulsor decidido el también diputado socialista Gregorio Peces-Barba, miembro de la ponencia constitucional. González Quintana recoge que el principio de la Constitución de que “la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” se interpretó como un derecho plenamente reconocido y que con él España se sumaba a los países que lo plasmaban en su texto legal del mayor nivel jerárquico posible. No puede por menos de aplaudirse tal coincidencia.

Marichal y servidor habíamos espoleado el tema a raiz de una serie de conferencias en la Fundación Pablo Iglesias en la que participamos. Si no recuerdo mal, le había confesado mi frustración por los vacíos en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que estaba iniciando una investigación sobre la política comercial exterior durante la República, la guerra civil y el franquismo (el libro, obra que dirigí al frente de un equipo de entusiastas economistas -Senén Florensa, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu y Carlos Fernández Pulgar-, se publicó en 1979). Ya ha llovido desde entonces. La idea que pasamos a Enrique Barón era que nos parecía intolerable que los ministros y altos cargos se llevaran a sus casas los papeles tras sus respectivos ceses. Después, la negociación en la ponencia constitucional fue por sus propios caminos y de ellos no supe nunca una palabra.

Pero si el resultado fue relativamente aceptable, su regulación por disposiciones inferiores al nivel constitucional fue una desilusión, para mí y para Marichal. González Quintana ha esquematizado el trayecto desde sus inicios hasta prácticamente la actualidad. El derecho de acceso fue cortocircuitado. Papeles fundamentales que incluso ví personalmente en aquellos años han desaparecido (el ejemplo que siempre cito es un discurso todavía desconocido de Franco en una de las primeras reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en marzo/abril de 1957 y en el que expuso sus ideas sobre la política económica española – resumible en tres palabras:  autarquía pura y dura). Así se salva la reputación, totalmente inmerecida, del “genio de la modernización económica de España”.

¿Resultado? España se ha ido alejando, y se mantiene alejada, de varias de las recomendaciones internacionales en materia de acceso a archivos e incluso de la legislación internacional al respecto, en la medida en que  ha chocado con el derecho interno o preocupaciones políticas más o menos inconfesables. Desde la ley de secretos oficiales franquista de 1968 a la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Eva Moraga hace un relato muy  completo de esta descorazonante travesía.

Parece indiferente, a decir verdad irrealista desde el punto de vista del Gobierno/Administración, que a lo largo de tal travesía las quejas de los historiadores, de las asociaciones memorialistas, de sectores de algunos partidos políticos y, no en último término, de los funcionarios y archiveros que han de lidiar con la realidad diaria, hayan seguido un curso exponencial. El desprecio del que han hecho gala algunos ministros, como el siempre mal recordado Excmo. Sr. Don Pedro Morenés, titular de Defensa, se ha saltado a la torera toda argumentación lógica y técnica fundamentada. No hablemos de su sucesora, la no menos Excma. Sra. Dolores de Cospedal, alma del PP durante largo tiempo.  En este Departamento y en el del Interior, en particular, la aplicación exhaustiva del equivalente al clásico njet soviético ha triunfado clamorosamente. La situación recuerda la que describían fuera de la URSS disidentes en relación con dosieres, papeles y documentos “cerrados para siempre” en los archivos (chranitj vetschno), por utilizar la terminología popularizada por Lev Kópelev. En el Ministerio de Interior debemos incluso reconocer que uno de sus titulares, estudioso de las apariciones y milagros de la Virgen, no debió de tener la fortuna de que esta última le aconsejara que “la verdad hace libres”, según el precepto evangélico.

¿Exagero? Solo hay que echar un vistazo a los testimonios de historiadores que se han enfrentado con las dificultades (a veces suavizadas por funcionarios que han cerrado un ojo) a la hora de entrar en cierto sarchivos. Sobre todo en aquellos en los que ha recalado -en la medida en que lo ha hecho- la documentación relacionada con las tareas de represión en caliente e incluso en menos caliente por los sublevados del 18 de julio. Francisco Espinosa, en su contribución al libro de que me ocupo (pp. 298-333), ha recogido datos y experiencias absolutamente abracadabrantes.  Expone, claro está, que se ha progresado mucho desde los años setenta y ochenta del pasado siglo (¡faltaría más!), pero que aun queda mucho por hacer en lo que se han denominado los “archivos del terror”, fondos todavía hoy no accesibles del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía, de los que muchos todavía se ignora dónde están y/o qué ha sido de ellos.

Para aquéllos amables lectores que crean que no tengo razón al utilizar la máxima fragairibarnesca les sugiero que echen un vistazo a las peripecias de Espinosa para acceder a los “fondos especiales” del Tribunal de Cuentas o a los “10.000 documentos” del Ministerio de Defensa, mediante los oportunos recursos administrativos y demás fórmulas previstas en la legislación de la democracia española.

En fecha reciente se ha publicado un libro sobre los más o menos trescientos campos de concentración franquistas. Su autor es un investigador y periodista: Carlos Hernández de Miguel.  Cuenta con un preámbulo muy personal en el que narra cómo la EGB, el BUP y el COU le fallaron miserablemente a la hora de proporcionarle un conocimiento mínimo sobre la República, la guerra civil y la dictadura. No fue un caso único.  Si esto ocurrió en su generación, ¡imagine el lector lo que podemos decir quienes somos ya, por desgracia, algo más talluditos!. El relato de Hernández de Miguel es, aparte de su interés intrínseco, una buena muestra de las dificultades de todo tipo que hay que sobrepasar para poder escribir, aunque no sea exhaustivamente, sobre los hechos negros de nuestra historia. Una historia que es negra para una gran parte de la población que desde julio de 1936 empezó a sufrir las consecuencias de un GMN (“Glorioso Movimiento Nacional”) en tanto que respuesta “ineludible” a las violencias de la democracia republicana (como si la derecha no hubiese contribuído a ellas). Eso sí, el franquismo tejió al respecto una densa red de mentiras y mitos que, alimentados por una publicística poco proclive a la investigación en los “archivos del terror”, continúa esparciéndola hasta nuestros días.

¿Resultado? A la afirmación, un tanto grotesca, de Ricardo de la Cierva del “no nos robarán la Historia” (por supuesto, por los historiadores no pro-franquistas) hay que oponer la otra, tan querida de aquel autor, de que aquí, y ahora, se sigue “legitimando la dictadura e incluso justificando sus crímenes” (Hernández de Miguel dixit). En esto los responsables de tal desastre, o sus sucesores, siguieron el ejemplo nazi: el despliegue de grandes esfuerzos para destruir todos los documentos que pudieran ser “inconvenientes”, ya fuese por el agua, el fuego, los traperos o la trituradora. Lo importante era que las huellas desaparecieran. Los franquistas de buena ley, y los eclesiásticos que los cubrieron, jamás quisieron que sus papeles se conservaran para siempre.

(La casualidad ha querido que este post aparezca el día en que, antes, se conmemoraba la “exaltación del Caudillo”. Como no sigo el calendario de efemérides, aseguro que con su publicación no persigo malévolas intenciones)

(Continuará)

Archivos españoles: la dura lucha por el derecho a conocer el pasado (I)

24 septiembre, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

A finales del pasado curso la prensa, escrita y en el ciberespacio, se hizo eco, aunque no con muchos detalles, de la publicación de un libro en edición digital titulado EL ACCESO A LOS ARCHIVOS EN ESPAÑA. A pesar de que cualquier ciudadano, español o extranjero, puede descargarlo, imprimirlo y leerlo a su antojo (tiene 360 páginas) me temo que hasta el momento  no se ha comentado demasiado. El título, absolutamente correcto, quizá hubiera debido tener algo más de pimienta para llamar la atención. Es un reproche marginal, porque lo importante es su contenido, que no dudo de caracterizar de imprescindible. Me parece que es esencial para constatar que el derecho a conocer el pasado, establecido por las leyes y, de manera más o menos directa, por la propia Constitución Española, alabada por tantas fuerzas políticas y mediáticas amén de hacedores de opinión, está muy lejos todavía de incardinarse razonablemente en la actuación de las autoridades. Con ello constituye una llamada de atención para el futuro. Mi propósito, en estos comienzos del nuevo curso académico, es llamar la atención de los amables lectores de este blog sobre la importancia de dicho libro que puede descargarse fácilmente en las páginas de las dos Fundaciones que lo han elevado a la red: la Largo Caballero y la 1º de Mayo. Incluso hay algunas otras. Doy a continuación los vínculos correspondientes. Existen más.

 

http://fflc.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/El%20acceso%20a%20los%20Archivos%20en%20Espa%C3%B1a%20(avance).pdf

http://www.1mayo.ccoo.es/f9d833e22a0c7b5f4fc5f2dfdb44c9e9000001.pdf

https://www.bibliopos.es/el-acceso-a-los-archivos-en-espana/

https://universoabierto.org/2019/07/05/el-acceso-a-los-archivos-en-espana/

 

Se trata de un proyecto que ha estado en elaboración durante varios años. Hemos participado en él más de veinte historiadores y archiveros de diversas trayectorias y escuelas. Todos españoles, salvo un extranjero. Ha sido dirigido por un técnico bien conocido (Antonio González Quintana) y dos historiadores: uno relativamente joven (Sergio Gálvez Biesca) y otro  más talludito (Luis Castro Berrojo). Todos se han hecho un nombre por sus propios esfuerzos y dedicación y por su largo quehacer en los abstrusos vericuetos que en este país dan la razón al título de una popular obra del gran historiador francés Lucien Febvre: Combates por la historia.  En el libro se amplía este tipo de combates a los suscitados no solo por los de la guerra civil y el franquismo sino también por los de la recuperación de su memoria.

La combinación no gustará a numerosos periodistas de derechas; a seudohistoriadores; a historiadores profranquistas, metafranquistas y neofranquistas. Tampoco, me temo, a los responsables de varios Gobiernos y, en particular, a los que ocuparon carteras relevantes en los del Señor Rajoy. Me refiero a carteras tales como Defensa, Interior, Justicia y Presidencia. Hoy callados, afortunadamente, aunque algunos ya han aparecido en este blog por su desidia, cuentismo y galopadas escapistas.

Como muy bien señalan los presidentes de las fundaciones que han corrido con los gastos y la responsabilidad de dar a conocer al público de todo el mundo la situación en que se encuentra hoy el acceso a los archivos españoles, el libro se estructura en tres grandes partes. La primera se centra en el análisis crítico del marco normativo y regulatorio, a cargo de González Quintana y Eva Moraga; la segunda es la radiografía de una selección significativa de archivos; finalmente, una tercera cuenta las experiencias que en ellos han tenido cinco historiadores (entre ellos un servidor, acompañado de colegas y amigos como Matilde Eiroa, Juan José del Águila, Francisco Espinosa y Julián Vadillo). Cierran la obra tres anexos sobre bibliografía en torno a la conexión entre memoria histórica y acceso a archivos, un manifiesto del grupo de Archivos de la fenecida Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense, que creó y dirigió en primer lugar el añorado Julio Aróstegui, y breves semblanzas biográficas.

Los archivos examinados son los más importantes al respecto: el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, los archivos militares, los de las Fuerzas del Orden Público, los penitenciarios, los fondos de los Gobiernos Civiles, el archivo del MAEC, los fondos referidos a las colonias africanas, los de las organizaciones políticas y sindicales y los cinematográficos. Dos historiadores, en primer lugar el francés François Godicheau, se pregunta acerca de la misteriosa volatilización de los archivos de la policía española y seguidamente Luis Castro se interroga en general acerca de los fondos públicos desaparecidos, destruídos o privatizados.

El libro en cuestión es el resultado de un proyecto que se ideó en los tiempos de Aróstegui. Como recuerda Matilde Eiroa, él consiguió que en el año 2010 el Ministerio de la Presidencia se mostrara favorable a la realización de un proyecto que tenía como título Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de la represión en el período 1939-1962). La fecha de autorización del proyecto indica que tuvo lugar durante el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien pocos años antes había logrado la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en contra de los alaridos combinados del PP y de la mayor parte de los medios de expresión de derecha y de extrema derecha. En aquellos años servidor daba clases en la Facultad de Geografía e Historia los martes y miércoles, compartía un exiguo despacho con Aróstegui y me hablaba muy ilusionado de su proyecto.

La profesora Eiroa, miembro de aquel equipo, cuenta con cierto detalle (pp. 281s) cómo los objetivos exigían consultar, lógicamente, fondos del Ministerio del Interior, del Archivo Central de la Policía, del AGA, del AHN y del Archivo General e Histórico de la Defensa. Todos ellos los visitaron participantes en el proyecto (entre los que figuraban, lo escribo claro y terminantemente, varios amigos y colegas míos de credenciales técnicas más que probadas). Se determinó que los fondos claves se encontraban, no es de extrañar, en el Archivo General del Ministerio del Interior. Pero, ¡ay!, pronto se puso de relieve la imposibilidad de acceder a los mismos por diversos motivos: cautelas legales, carencias de inventario, disposiciones políticas, normativas restrictivas, etc. En conclusión, el proyecto no llegó a realizarse. Me gustaría saber si algún proyecto de este tipo habrá sido saboteado recientemente por las autoridades respectivas en países tales como Portugal, Francia, Bélgica, Holanda o Italia. Si algún lector tiene noticias, me alegraría mucho que me contactara.

Hago esta sugerencia porque puedo equivocarme. Cuando se combina la experiencia que relata Matilde Eiroa con la comparativa general con otros países y las aventuras personales de François Godichot (pp. 173-184) en busca de documentación sobre el pasado de la política de orden público en España, para mí no es difícil llegar a la conclusión (más bien perogrullada) de que el lema favorito del gran ministro de (Des)información y Turismo, y eminentísimo darling de la derecha española, Manuel Fraga Iribarne puede aplicarse en buena medida a la situación actual: España, por desgracia, sigue siendo diferente.

Un ejemplo reciente. Hace poco la prensa se hizo eco de la reclamación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para que el Gobierno desclasifique toda una serie de documentos en los que se reflejan ciertas relaciones entre el franquismo y el nazismo. Personalmente me apresuré a subirla a mi página de Facebook. Puede encontrarse con facilidad en el siguiente enlace: https://diario16.com/piden-que-el-gobierno-desclasifique-documentos-que-relacionan-el-franquismo-y-el-nazismo/?fbclid=IwAR1JCXg6OBuvjx0GuLYDWL5ZLyTkxQdV03x5RfFSik35FpfdxU73P4Nv87k.

Es un tema que me ha interesado desde la mitad de los años setenta del pasado siglo. Las concomitancias entre ambas dictaduras se han examinado en el plano ideológico, cultural, de relaciones bilaterales, de ayuda franquista a los huídos del Tercer Reich tras el hundimiento de la dictadura hitleriana, etc. Pero subsisten numerosas lagunas.  En mi libro SOBORNOS clamé porque se diera a conocer la documentación relativa a la gestión del tan alabado ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, entre 1941 y 1943. Todavía hoy alabadísimo en ciertos medios. Pues bien, ya en los años lejanos de la Transición el profesor Antonio Marquina, de la Universidad Complutense, llamó repetidamente la atención sobre su insólita desaparición. Como se lee. Mis investigaciones en los fondos del Palacio de Santa Cruz la confirmaron tiempo después. Aunque los lectores puedan pensar que “me paso”, lo que está fuera de toda duda es que “alguien” SAQUEÓ la documentación del Ministerio y que hasta ahora la Administración -bajo el signo de los gobiernos de UCD, PSOE y PP de turno- se ha mostrado incapaz de recuperarla. Marquina y servidor hemos dado pistas. Con cierta claridad servidor lo hizo en SOBORNOS.  No se nos ha hecho el menor caso.

Se trata, sin embargo,  de un expolio, latrocinio -o como los amables lectores quieran denominarlo- que no tiene precedentes en la historia de la política exterior española. Tampoco conozco otro caso similar en ningún país en el que he trabajado y son más de media docena. Ciertamente nada hace pensar que un hueco de tamaña magnitud y de tan larga duración (dos años en medio de una guerra mundial) se haya producido en las antiguas dictaduras de derechas europeas ni, por lo que he leído, en el caso de la extinta Unión Soviética. La aplicabilidad a nuestro país de la máxima fragairibarnesca no es un producto de mi imaginación. Si algún historiador de derechas, franquista o neofranquista tiene detalles, me alegraría conocer su interpretación.

 

(Continuará)

Una placa en Capodistria

17 septiembre, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

En el anterior post me he referido a uno de los lugares de historia que no conocía y que visitamos en Trieste. Desde esta ciudad descendimos por una autopista,  que no tiene nada que envidiar a las que discurren cerca del litoral español, hacia el sur a lo largo de la costa adriática. En Eslovenia el litoral no llega a los cincuenta kilómetros pero cuenta con lugares turísticos muy conocidos como Prian, Porto Rosso, Isola y Kuper. Bajo un calor de infierno visitamos el primero y el último. Capodistria, hoy rebautizado como Kuper,  fue, en tiempos lejanos, capital de la península de Istria. De aquí su nombre en italiano, que utilizo para titular este post.

 

Se trata de una pequeña ciudad muy pintoresca, con catedral y todo. El núcleo urbano es antiguo. Lo rodean barrios modernos y, en parte, con industria ligera. La passeggiata al borde del mar estaba muy concurrida: una mezcla de nativos y de turistas de varios países europeos y, por supuesto, norteamericanos. La mezcla lingúística no tenía nada que envidiar a la torre de Babel. El centro del núcleo urbano es una plaza de tono italianizado. A un lado se encuentra una loggia reconvertida en café. Enfrente se halla una parte del ayuntamiento en un edificio medieval. A la derecha están las oficinas de una Universidad de la que no había oído hablar jamás. En esta esquina nos topamos con varias placas en las que se recuerdan los nombres de aquellos ciudadanos de Kuper y de pueblos adyacentes caídos en la segunda guerra mundial luchando por la liberación del yugo nazi-fascista. Pero, ¡sorpresa, sorpresa!, también en las filas de las Brigadas Internacionales durante la guerra civil española. Esta última placa la colocaron en diciembre de 1970, año del jubileo (nótese la implicación católica) de Tito y de la Liga comunista de Eslovenia y de Yugoslavia, las organizaciones sociopolíticas de Kuper, Isola y Piran. Casi cincuenta años más tarde, allí siguen. Esto me parece que podría considerarse memoria histórica consensuada.

Los caídos de las Brigadas Internacionales, con nombre y apellidos, fechas y lugares de nacimiento y de muerte, fueron siete: Anton Babic, Ivan Debernardi, Nicola Depagner, Ivan Tremuli, Emilio Prioli, Salvatore Menis y Giordano Viezzoli. Sus nombres denotan la variedad de orígenes étnicos.

En España no abundan, que yo sepa, trabajos sobre la participación yugoslava en la guerra civil. Puede explicarse por la dificultad de acceso a los idiomas de la literatura que trata principalmente del tema: esloveno, croata y serbio. No he visto nada en macedonio. Las fuentes primarias no se encuentran, de nuevo que yo sepa, en francés, inglés, alemán o italiano sino en sus idiomas de origen. Hay, no obstante, traducidas memorias de políticos yugoslavos de las orientaciones más diversas. En lo que se refiere estrictamente a la participación yugoslava en las Brigadas y en la guerra civil, el libro más reciente -que se concentra en el impacto en Croacia- tiene una larga bibliografía en la que su contexto se explica por obras aparecidas, o traducidas, en inglés. La intrínsicamente yugoslava está disponible en los idiomas locales y un pelín en el último.

El autor es un historiador croata que en 2005 presentó una tesis doctoral en la Universidad de Washington sobre los comunistas y fascistas croatas y la guerra civil española. Hoy es profesor de la Universidad de Zagreb y ha colaborado con el profesor Juan Andrés Blanco y servidor en un libro colectivo en el que hemos pasado revista a la bibliografía reciente sobre la guerra civil tanto en España como en el extranjero.

En 2014 el Dr. Vjeran Pavlakovic, que tal es su nombre, publicó en Zagreb un libro basado en su tesis y en sus posteriores descubrimientos en archivos otrora yugoslavos. Lo tituló de manera muy sintomática: The Battle for Spain is Ours. Croatia and the Spanish Civil War. Aunque se concentra, obviamente, en el nuevo Estado croata surgido en 1991 de la desmembración de la antigua Yugoslavia, varios capítulos se refieren al Estado multiétnico creado tras la primera guerra mundial y que, tras la segunda, desembocó en la República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY). No lo he visto citado en la literatura en castellano, pero quizá sea una omisión por mi parte.

La guerra civil española tuvo un impacto inmenso en la antigua Yugoslavia, no solo en su política exterior sino, y sobre todo, también interna. En esta última azuzó las tendencias anticomunistas de los partidos del establishment, con el comunista en primer lugar ya que había sido declarado ilegal. En la primera, acentuó la tendencia al acercamiento a las potencias fascistas que se había iniciado anteriormente.

Los antiguos combatientes yugoslavos en España gozaron de gran prominencia en la RFSY, en parte porque muchos participaron en puestos de organización y liderazgo en la guerra desencadenada por los partisanos contra los ocupantes nazi-fascistas, los yugoslavos partidarios de la Monarquía (chetniks) y las marionetas locales del Eje, en particular en Croacia con una brutal dictadura dirigida por un casi sicópata, Ante Pavelic, que murió en el exilio en Barcelona. El conflicto, iniciado tras la invasión italiana y alemana en 1941, tuvo pues una doble vertiente de guerra contra los extranjeros, pero también de guerra civil en la que los comunistas, dirigidos por Tito, lograron imponerse. Fue sumamente sangriento.

El impacto de los veteranos de España fue esencialmente cualitativo. Se ha estimado que cerca de unos 350 regresaron a Yugoslavia y que de ellos más de 250 se unieron a los partisanos. La diferencia se explica, en parte, porque había muchos gravemente heridos o discapacitados.  Otros, sin embargo, no aceptaron la visión ideológica de que en Yugoslavia se continuaba el combate iniciado en España.

Después de la segunda guerra mundial tales veteranos (generalmente caracterizados como “nuestros españoles”) ocuparon puestos de gran responsabilidad. En el Comité Central del PCY hubo no menos de veinte; varios fueron vicepresidentes de la RSFY  y/o ministros de Defensa y del Interior. Otros sirvieron como embajadores y altos cargos de los servicios de inteligencia. También hubo quienes se pusieron del otro lado tras el cisma entre Tito y Stalin y fueron encarcelados.

Cuando por edad dejaron de participar activamente en política muchos constituyeron la Asociación de Voluntarios del Ejército Popular de la República y redoblaron sus esfuerzos para promover la memoria de la guerra civil española y su propio papel. En el cuarto congreso que celebraron en 1971 en Ljubljana, uno de los participantes leyó una proclama ante Tito en la que afirmó que “en la guerra en las trincheras de España, con un fusil entre las manos, mostramos cómo ya luchábamos por la libertad e independencia de Yugoslavia. Nuestra guerra de liberación fue una continuación de la guerra española (…) En ambas y en la reconstrucción subsiguiente en Yugoslavia las diferencias entre sus naciones componentes nunca nos molestaron. Como hijos de ellas siempre luchamos en tierras extranjeras y en nuestro país tanto por nuestros derechos como por los de los demás. En la batalla siempre nos sentimos imbuidos, querido camarada Tito, del espíritu del yugoslavismo y del internacionalismo”.

No extrañará que en las pugnas internas intra-yugoslavas tales veteranos siempre sostuvieran sin vacilación la política del mariscal. Cuando Tito falleció en 1980 eran ya, sin embargo, muy pocos los que todavía estaban en activo, aunque algunos participaron en las controversias posteriores y se mostraron críticos con la deriva política. Todavía en 1986, al conmemorarse el cincuenta aniversario del estallido de la guerra civil, los veteranos tuvieron un último momento de exaltación, vinculándolo a las glorias de la tradición revolucionaria yugoslava. El último combatiente en España falleció en California en 2009.

Algo de lo que antecede es en lo que reflexioné al pasear por las calles de Kuper en una calurosa noche de agosto. El mismo día habíamos estado en Prian, abarrotado de turistas eslovenos y extranjeros bajo un sol abrasador. Eslovenia declaró su independencia en 1991, tras un breve conflicto con el Ejército Yugoslavo, pero todavía en las callejuelas del pueblito turístico cabe encontrar nombres de la tradición comunista, entre ellos a los fundadores, Karl Marx y Friedrich Engels.

Otro país. Otra memoria.

Un testimonio que desconocía de la barbarie nazi

10 septiembre, 2019 at 5:59 pm

Ángel Viñas

En la segunda semana de (cortas) vacaciones de este verano estuvimos en Trieste y Eslovenia. Desde hacía tiempo tenía gana de visitar la región. La primera y única vez que viajé a ella fue en 1968 (¡) acompañando al Profesor José Luis Sampedro y a Pedro Solbes para participar en un seminario internacional en Ljubljana organizado por los cuáqueros norteamericanos. Entonces Pedro y servidor éramos dos jovencísimos funcionarios que habíamos ganado las oposiciones en el mes de marzo anterior. Desde Ljubljana hice un largo recorrido por los que entonces se llamaban países del este (salvo la URSS y Albania) durante mes y medio. Por unos días no me sorprendió la invasión de Checoslovaquia. Por motivos profesionales había regresado varias veces a Croacia y Bosnia tras las guerras de la antigua Yugoslavia, pero no había vuelto ni a Trieste ni a Eslovenia.

 

En Trieste en la segunda mitad de los años setenta se ha recuperado el testimonio a que alude el título de este post y de lo que servidor no se había enterado. Se trata de un campo nazi de prisioneros un tanto especial. Fue establecido hacia 1943 para albergar a los soldados italianos tras la volte face del primer gobierno postmussoliniano. Se trata de unos edificios que habían sido primero una descascarilladora de arroz (de aquí el nombre de risiera), después un almacén del Regio Esercito y desde 1940 un cuartel. Estaba situado fuera de los estrechos confines de la ciudad, pero hoy se encuentra dentro del casco urbano.

En la jerga nazi fue un Polizeihaftlager (PHL), es decir, una serie de edificios en los que se encarcelaba a detenidos policiales (un eufemismo propio de la afición nazi-fascista -y franquista- a tender sobre la dura realidad el manto de la ambigüedad burocrática). Por él pasaron, aparte de soldados italianos que habían hecho armas contra los invasores, ciudadanos judíos desprovistos de sus derechos, partisanos contra el fascismo y el nazismo y resistentes de toda laya contra ambos regímenes, generalmente en tránsito hacia otros campos mucho más letales, pero con frecuencia también para ejecutarlos en Trieste.

Se trata, en realidad, del único PHL de los cuatro que existieron en territorio italiano. Los otros tres se encuentran en Fossoli (Emilia-Romagna), Borgo San Dalmazio (Piamonte) y Bolzano (Alto Adigio). Es también el único en haber contado con un crematorio. Naturalmente no por casualidad. A partir de 1949, remozado, sirvió de campo de alojamiento de refugiados procedentes de ciertos países del Este. En esta época dio acogida por término medio hasta 1.500 personas, pero el número de llegadas solía ascender a unas 8.000 al año. Fueron, en su mayor parte, yugoslavos y también rusos, búlgaros, rumanos y albaneses. Se mezclaron igualmente refugiados privados de su nacionalidad por los gobiernos respectivos. Muchos permanecieron en la Risiera hasta cinco años.

Según la historia oficial del campo lo que quedaba de sus edificios fue declarado monumento nacional en 1965. Lo hizo el presidente de la República, el socialista Giuseppe Saragat. Más adelante, se derribaron en su mayoría  (el crematorio lo habían hecho los propios nazis para ocultar sus crímenes) y se reconstruyeron como tal monumento con una estructura en la que la simbología desempeña un papel determinante. Hoy se conoce como Risiera di San Sabba y fue inaugurado oficialmente en abril de 1975. No extrañará que a mi no me sonara de nada durante mi primera corta visita siete años antes.

En la Risiera (arrocería) los detenidos no llevaban uniformes rayados, ni tampoco tenían un número tatuado en el antebrazo. No conocían los triángulos de colores (para judíos, políticos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, delincuentes de derecho común, etc.) que se usaban en otros campos. Como, oficialmente, no era un campo de “trabajo” propiamente dicho (Arbeitslager), los prisioneros solo estaban obligados a cortar leña, afanarse en talleres, hacer de carpinteros o mantener los edificios.

Se ha reconstruido en lo posible con los materiales originales toda una serie de micro-celdas (17) que en condiciones normales servirían para albergar a un prisionero pero en las que se metían hasta media docena e incluso a veces más. También se ha conservado la celda de los condenados a muerte, adonde iban a parar aquellos cuya estancia en el campo iba a ser muy corta. En el lugar del crematorio se elevan hacia el firmamento infinito tres largas flechas de hierro.

En mi “biblia” de los campos nazis, el conocido libro de Nikolaus Wachsmann (publicado por Crítica y ya en su tercera edición) la Risiera no figura. Tras larguísimas dilaciones en 1976 se realizó una investigación judicial en toda regla para determinar, entre otros aspectos, el número de víctimas y sus funciones en el mapa del universo concentracionario nazi a la vez que se buscaba depurar responsabilidades. Según la historia oficial, el juicio duró desde el 16 de febrero al 28 de abril y participaron casi doscientos testigos. De los dos grandes responsables, el llamado August Dietrich Allers falleció durante el procedimiento. El segundo, Josef Oberhauser, no compareció y, refugiado en la RFA, se quedó tan pancho.

En lo que se refiere a las víctimas las estimaciones varían entre un mínimo de dos mil y un máximo de cinco mil. Es evidente que en comparación con los “típicos” campos nazis la cifra es diminuta, pero no hay que olvidar que formaba parte del escalón (por así decir) más bajo en la escala de letalidad. En la Risiera se han identificado con nombre y apellidos tan solo unas 350 personas. No es de extrañar porque los nazis parece que destruyeron sus libros de “contabilidad”. Se trató, en su mayor parte, de elementos de la Resistencia (italianos, eslovenos y croatas esencialmente) aunque también civiles sospechosos de colaborar con los partisanos y, por supuesto, judíos, aunque de estos pocos porque la mayoría solo estuvieron en tránsito. Su destino eran los campos de exterminación, la gran “aportación” nazi a la barbarie y que ha manchado para siempre el nombre de Alemania.

Los encargados de las ejecuciones fueron miembros de las SS y sus auxiliares ucranianos. Se utilizaron todo tipo de procedimientos: piquetes, horca, gas y el palo limpio, en una mezcla de enfoques clásicos y modernos, pero siempre bárbaros. Se hacían generalmente de noche y al amparo de músicas marciales para ahogar los gritos de los prisioneros. La vecindad nunca supo muy bien lo que ocurría en aquellas sombrías construcciones, aunque la rumorología era abundante.

Más adelante, en 1944 se añadió a la guarnición del campo cerca de un centenar de soldados italianos que servían en las filas del ejército de la República mussoliniana de Salò. Dos de ellos se negaron a participar y fueron fusilados a la luz del día como ejemplo para los demás. En 1945 llegaron como prisioneros dos compañías de Alpini (montañeros).

Los prisioneros que quedaban en el campo fueron liberados el 29 de abril. Trieste fue ocupado por el Ejército Popular Yugoslavo el 1º de mayo. La guarnición nazi resistió hasta el día siguiente para rendirse a las fuerzas neozelandesas del Ejército británico, temiendo la cólera de los primeros ocupantes. No era de extrañar, habida cuenta de que Mussolini no sólo invadió Yugoslavia sino que, en busca de su ansiado Impero, se anexionó una parte de Eslovenia y Croacia, donde las exacciones y humillaciones de las poblaciones locales fueron continuas durante casi cuatro años.

Lo que más me impresionó fueron dos muestras. La primera, una gran sala de exposiciones en la que se exhibe la concepción subyacente a las leyes raciales italianas (un grotesco pero letal mejunje inspirado del nazismo). En los gráficos  los españoles aparecemos como ejemplos de la raza aria europea (los italianos constituían la raza aria mediterránea). No sorprenderá al amable lector que podría escribirse un artículo de lo más sugestivo en base a tales distinciones, pero a mi me falla la imaginación en que abundaban los académicos, antropólogos, genetistas y demás ralea que se prestaron a tales pantomimas (y hundieron la respetabilidad de la Universidad e investigación italianas). La persecución de los judíos se ilustra con ejemplos de la expulsión de los institutos oficiales de Enseñanza Media de los alumnos de “raza hebraica” y, en algunos casos, su destino ulterior (los crematorios, la emigración y, en ciertos ejemplos, su regreso a Trieste después de la guerra).

La segunda muestra es una colección de lápidas en recuerdo de los partisanos, soldados italianos, homosexuales u hombres y mujeres, con nombre y apellidos, que no lograron salir con vida del infierno nazi. La más emocionante es la que refiere el caso de un esloveno escrita en este idioma, en inglés y en italiano. Es una despedida fechada el 5 de abril de 1945 (poco más de veinte días antes de la liberación). Bajo el lema Dietro di noi una notte penosa. Davanti l´alba della libertà, figuran las palabras:

Cara Mamma,

Ti scribo per dirti che oggi

Verró fucilato.

Dunque addio per sempre

Cara mamma addio

Cara sorella addio

Caro papa addio

Un facsímil del original escrito a mano figura en la placa. Lo protege un cristal.

Quizá algunos lectores se sorprendan de este caso de un campo nazi ubicado en los alrededores de una ciudad. Sin embargo, la represión franquista -con harta frecuencia innovadora- había anticipado el caso. Como cualquier lector puede comprobar ojeando un libro reciente de gran éxito, Los campos de concentración de Franco, de Carlos Hernández de Miguel, campos similares (con celdas superabarrotadas pero sin crematorio) se habían instalado en la España “redimida del yugo marxista” en numerosas ciudades, pueblos y descampados. Por ejemplo, en Bilbao, Irún, León o Santander. En el primer caso incluso en los locales de la Universidad de Deusto. Las condiciones físicas de hacinación, mugre, miseria, sufrimientos, vejaciones y muertes por inanición no parece que fuesen muy disimilares. Anticipaban, evidentemente, el infierno sur terre.

En comparación, los jardines del castillo de San Justo, al lado de la catedral, son lugares de otra memoria. La de los caídos triestinos en la gran guerra (curiosamente denominada de liberación), la de los caídos en la aventura imperial mussoliniana del Africa oriental italiana, la de los caídos en la segunda guerra mundial y….. la de los caídos del “cuerpo de tropas voluntarias” en la guerra civil española.

Quienes deseen contemplar fotografías del campo de la Risiera di San Sabba pueden echar un vistazo al vínculo siguiente que he encontrado en tripadvisor.

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187813-d592221-Reviews-Civico_Museo_della_Risiera_di_San_Sabba-Trieste_Province_of_Trieste_Friuli_Venezia.html

Sobre el Juzgado Especial de Prensa y la represión franquista

3 septiembre, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

¿FELIZ, EN TODO LO POSIBLE, NUEVO CURSO! PARA TODOS LOS AMABLES LECTORES. SERÁ INTERESANTE EN LO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL, CON CONSECUENCIAS QUE NO ME ATREVO A CALIFICAR. SOY DE QUIENES CREEN QUE, COMO AFIRMABA UN PRIMER MINISTRO JAPONÉS, YASUHIRO NAKASONE, EN LO QUE SE REFIERE A POLÍTICA AVANZARSE UN MERO CENTÍMETRO ES YA PENETRAR EN TERRITORIO DESCONOCIDO.

 

Poco después de cerrar este blog de cara al mes de agosto, y poco antes de salir pitando de nuevo de cortas vacaciones, la prensa anunció (El PAÍS, 31 de julio de 2019) que la Universidad de Alicante había, por fin, llegado a la conclusión de que la restricción temporal de la mención en los metadatos del nombre del secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández, el alférez Antonio Luis Baena Tocón, debía revocarse. En consecuencia, la solicitud del hijo fue desestimada. Como se recordará, el caso había levantado en armas a numerosos historiadores, incluído servidor. El catedrático de dicha Universidad de Literatura Española Juan Antonio Ríos Carratalá, que lo había identificado en dos textos, se vio reivindicado y su honor de investigador puesto a salvo.

 

Lo que la prensa no destacó -tampoco era su papel- es que, a pesar de la explicable piedad filial del Señor Baena jr., al secretario judicial le corresponde un papel histórico por muchas otras actividades en la postguerra. Fue tan sintomático como el de haber participado en aquel consejo de guerra. Ese papel histórico el el que el profesor Ríos Carratalá había puesto de relieve abundantemente en un libro (Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, Renacimiento, Los Cuatro Vientos, Sevilla, 2015). Agradezco al autor que me lo hiciera llegar. Lo he devorado durante las vacaciones.

El libro en cuestión es un estudio cuyo objeto principal lo constituye la represión realizada por el denominado Juzgado Especial de Prensa (JEP), uno de los múltiples órganos punitivos en que se materializaron los esfuerzos de los vencedores por salvar a España de los supuestos desastres ocasionados por el vencido “rojerío”. En la secuela, todo hay que decir, de aquellos textos tan salvíficos como los sucesivos Bandos de Guerra iniciales y, al final, en la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, entre otras cínicas disposiciones.

El JEP volcó su atención en las actividades de periodistas que hubiesen sido favorables a la República, al Frente Popular y/o que defendieron la causa derrotada. Lo hizo desde el punto de vista de que los vencidos no solo habían conculcado -anticipadamente- la “legislación” de los vencedores sino que además se habían hecho reos de “delitos” perseguibles por su propia naturaleza. A su frente se situó un juez acomodaticio y cuya trayectoria -que yo sepa- no había aflorado demasiado en la literatura sobre la represión franquista: Manuel Martínez Gargallo.  El fiscal del JEP se llamaba Juan Pérez de la Ossa y Rodríguez. El juzgado contaba, lógicamente, con un secretario: era, precisamente, Don Antonio Luis de la Santísima Trinidad Baena Tocón, antiguo quintacolumnista y alférez recién nombrado en circunstancias poco iluminadas. Su tarea estribó en ejercer “la instrucción de los sumarios” desde el 17 de abril de 1939 hasta el 3 de septiembre de 1941. En las pp. 150 a 156 de la obra figura un breve resumen biográfico con mención de sus actividades, siempre a las órdenes del juez Martínez Gargallo, tratando de buscar pruebas de los “delitos” cometidos por los periodistas sometidos a juicio, que “agravaba con resúmenes o comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.

La represión de los periodistas republicanos ha sido objeto de varios trabajos. A tenor de los datos aportados por Almudena Sánchez Camacho y Mirta Núñez Díaz-Balart, y precisados o cualificados por Ríos Carratalá, once fueron fusilados o ejecutados (Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, Manuel Navarro Ballesteros, Javier Bueno, Augusto Vivero, Luis Díaz Carreño, Federico Sánchez Monreal,  Fernando Mora, etc.), veintidós condenados a muerte (entre ellos Eduardo de Guzmán, Ángel María de Lera -su novela Las últimas banderas todavía la conservo-, Eduardo Haro, Federico de la Morena, etc.) y a quienes se les conmutó poner la espalda contra el paredón por penas de treinta años de cárcel (en 20 casos), o de veinte años (en 12) más otros represaliados con sentencias que oscilaban entre los doce y los treinta años de reclusión mayor.

Un aspecto que se destaca una y otra vez en el libro de Ríos Carratalá es el revoloteo del “ángel de los milagros” sobre la documentación generada por el JEP y la relacionada con las hojas de servicio de muchos de los militares o personajes y personajillos “militarizados” que intervinieron en las causas, en los procesos y en los consejos de guerra. Es algo conocido por los investigadores que han hurgado en los archivos en que se ha depositado (cuando se ha depositado) documentación de los condenados y de los perpetradores. Hay casos absolutamente flagrantes, en particular entre aquellos prohombres de la “Justicia” franquista que llegaron a alcanzar los más altos honores de la nueva Patria.

Si el profesor Ríos Carratalá ha logrado avanzar en la reconstrucción de ciertos aspectos, nada agradables, de la actuación del JEP y de su titular, Martínez Gargallo, ha sido por haber dispuesto del archivo familiar de uno de los procesados, Diego San José, al que se dedica todo un capítulo (“El expediente judicial de un periodista”, pp. 183-223). El autor contrasta este caso (en el que el acusado pudo salvar la vida) con la actuación de otros “compañeros”  hiperfranquistas, también periodistas cuyos artículos se leían en la prensa de los años cuarenta e incluso de los cincuenta. Deben figurar en todo fresco de la ignominia los nombres, por ejemplo, de Francisco Casares, Juan Pujol, Víctor de la Serna, Víctor Ruiz Albéniz, César González-Ruano, etc. etc. A las nuevas generaciones no les dirán nada. Servidor todavía  recuerda algunos de sus artículos.

Dos aspectos me gustaría resaltar. El primero es que el profesor Ríos Carratalá ha inscrito su análisis de la actuación del JEP en el marco del engranaje de las instituciones represivas dirigidas, manipuladas y cohesionadas por militares, con agentes civiles -luego militarizados- trabajando con la suavidad de un mecanismo bien engrasado, atentos a sus carreras profesionales, entregados al cumplimiento de las disposiciones de los dioses (iba a decir nazis, pero sustituiré este adjetivo por el de franquistas). En este sentido, el trabajo que comento me parece absolutamente fundamental para profundizar en el mundillo institucional, mental y anímico de los perpetradores, aunque solo fuesen de pluma. De los pelotones de ejecución ya se encargarían otros.

El segundo aspecto se refiere a las fuentes. De no haber podido consultar el archivo privado de Diego de San José no hubiera sido posible al autor de esta monografía ejemplificar el funcionamiento de la maquinaria represiva, cuya letalidad, falta de escrúpulos, desprecio del Derecho y sumisión a las órdenes del mando sirven para clarificar tanto el caso franquista como -aunque fue en más- el caso nazi y la perversión paralela de la “Justicia”. No en vano los vencedores la habían tomado como ejemplo nada despreciable y se habían asesorado con instructores sobradamente capacitados. Es una pena que poco de este “asesoramiento” por la Gestapo, las SS, los fiscales nazis, etc. se haya plasmado en papeles que hoy se encuentren en los archivos españoles.

Esto me lleva a subrayar lo que ya he escrito en más de una ocasión: la disponibilidad o no disponibilidad de archivos privados. Para mi último libro he echado de menos la documentación que hubieran podido conservar prohombres como Calvo Sotelo, Goicoechea, Mola o Franco y que, hasta ahora, no ha aparecido.

Sin citar nombres (por respeto a mis fuentes) terminaré con una anécdota. Hace unos meses me contó un colega que trató de reconstruir la actuación en la guerra civil de un distinguido militar (no daré ni su graduación). Localizó por fin a su hijo, también militar, y naturalmente le preguntó por ella. Se quedó paralizado de estupor al oirle decir que la había quemado en 1982, cuando el PSOE llegó al gobierno por primera vez desde la guerra civil. Pensaría, probablemente, que o bien se le decomisaría, o que se le detendría o que le vejarían de la forma que el mejor arbitrio de los amables lectores podrá suponer. El hecho es que se volatilizó una documentación preciosa no para condenar expost al militar en cuestión sino para ubicar su papel en el contexto histórico en que actuó y desgajar así otra veta del magma ignoto que constituye el pasado.

En el caso del JEP, y a pesar de todas las lagunas, el libro del profesor Ríos Carratalá ha extraído una de esas vetas y con ella los papeles del responsable, del fiscal y del secretario de la acción represiva. Quizá el hijo de  este último pueda contribuir a perfilarla mejor. Por el momento, la editorial Renacimiento ya está preparando una segunda edición de la monografía en cuestión.

Quien lo sigue, lo consigue (y II)

30 julio, 2019 at 1:31 pm

Ángel Viñas

Este es el último post de la temporada y en él me limitaré a reiterar dos ideas fundamentales: a) Como historiador empírico siempre he pensado que no hay historia definitiva. Nueva EPRE y nuevos enfoquen cambian nuestro conocimiento  e incluso nuestra percepción del pasado. Ayudan, naturalmente, otros autores. La visión del mismo nunca es unívoca; b) La intuición del investigador cuenta. No todo el mundo percibe de la misma manera las implicaciones de la EPRE. Los papeles no las ofrecen. Hay que interrogarlos críticamente y contextualizarlos de forma no menos depurada. Muchos de los principios que ya hace años argumentó E. H. Carr, un maestro de la gente de mi generación, siguen teniendo validez. De aquí que, a diferencia de lo que ocurre con muchos historiadores, yo no tenga el menor resquemor porque me critiquen. Como tampoco me siento inhibido a criticar. NADIE ESCRIBE HISTORIA A PRUEBA DE BOMBAS. De lo que servidor se precia es, sin embargo, de llegar hasta donde he podido llegar. Otros, sin duda, irán mucho a más.

 

En el caso de la participación fascista en los prolegómenos del GMN (“Glorioso Movimiento Nacional”), según consta en numerosísimas hojas de servicio de los militares que en él participaron, y que tan enérgicamente rechazó el profesor y técnico de Información y Turismo Don Ricardo de la Cierva, la lectura del artículo contenido en el post precedente me ha producido cierta satisfacción matizada. Muestra que ya hace cuarenta años tenía algunas ideas que no eran necias. En mi último libro hice referencia en los agradecimientos a un amigo de Bruselas que me envió el enlace de un programa de RNE en el que Javier Tusell y servidor participamos con José María Gil Robles. Ahora no recuerdo si Gil Robles la negó o no. En cualquier caso, en mi libro no he expuesto que los monárquicos le hubieran informado. No he encontrado ningún documento que lo avale. Es también muy verosímil que no le informaran con demasiadas precisiones por dos motivos. Era casi un secreto de Estado para ellos y Calvo Sotelo no se llevaba bien con él. Sin embargo, Gil Robles no desconocía en absoluto la preparación de la sublevación. La eliminación que hizo de ciertos temitas en sus no siempre fiables memorias, por no decir con frecuencia infiables, apunta a ello.

El documento que ví a mitad de los años setenta del pasado siglo en los archivos del Servicio Histórico Militar me puso en alerta sobre la verosimilitud de que hubiese gato encerrado en lo que se refiere a la intervención fascista en los prolegómenos de la intervención italiana. No fue esta la actitud de John C. Coverdale, en su libro de 1975, posteriormente traducido al castellano.  Así pues, cuando volví a abordar el tema  tras encontrar los contratos romanos, que estudié en un libro publicado en 2013, no tuve mucha dificultad en ver reforzada la intuición que muestra el artículo en INTERVIÚ. Ni decir tiene que de él ya me había olvidado.

Naturalmente,  después de publicado me impresionaron mucho las memorias de Pedro Sainz Rodríguez, aparecidas poco después. Alumbraban contactos previos. Recuerdo que insistí mucho en la vertiente fascista en una reseña que de ellas hice para un semanario de los muchos que existían por aquella época. Se llamaba LA CALLE (18 de abril de 1978). Me lo pidió César Alonso de los Ríos, en la época en la que coqueteaba con el PCE, si es que ya no era miembro del mismo. Incidentalmente, nunca logré enterarme de las razones de su copernicano giro ulterior.

El hecho evidente era que los italianos enviaron aviones a Franco muy pronto pero esto ya lo había anunciado la hagiografía José Gutiérrez-Ravé, jefe de relaciones públicas del Banco de España y al servicio de Antonio Goicoechea cuando era gobernador del mismo. Debió de conocer más cosas de las que escribió, no en vano habían coincidido en aquel nido de la conspiración monárquica contra la República que fue Renovación Española.  En mi entrevista de INTERVIÚ hice una oculta alusión a él, pero en aquel momento estaba muy lejos de conocer el proceso al término del cual se llegó a la escritura de la “Historia de la gestión realizada en Roma para adquirir aviones”, que Sainz Rodríguez enfatizó tanto.

Después, en su libro de 1986 Ismael Saz demolió el informe. Que dejaba flecos al aire los aventó al titular su libro Mussolini contra la II República. Fue un título perfecto, aunque ni Saz, viejo amigo mío, ni servidor supimos descifrar que el informe Goicoechea, como buena ruse de guerre, contenía aspectos ciertos pero presentados de tal forma que eludía toda referencia a la historia previa de la asociación fascista con el golpe del 18 de Julio desde mucho antes de que se produjera. Mis perplejidades aumentaron al aparecer mucho después el libro de Morten Heiberg, Emperadores del Mediterráneo. Era obvio que había tela marinera, pero que no se conocía.

Lo que antecede demuesta que la intuición no es suficiente para hacer una contextualización apropiada de un determinado documento. Lo que más cuenta es el conocimiento del, ¿habré de decirlo?, contexto mismo en que dicho documento deba insertarse.  Southworth, entre otros, me enseñó a poner en práctica el enfoque consistente en que siempre  hay que mirar detrás de los hechos y es a eso a lo que he dedicado los últimos años al ocuparme de facetas ocultas en la conspiración de Franco. No todas, desde luego, pero sí las que me parecieron operativamente las más importantes.

Tras bucear en los archivos italianos el año pasado encontré los elementos de complementariedad imprescindibles pero no para un contexto limitado al mes de julio sino otro que tuviera en cuenta la dinámica precedente.  Hoy reconozco que estuve demasiado tiempo obnubilado por la noción de que Mussolini podría haber seguido unos pasos más o menos en paralelo a los de Hitler en su ayuda a Franco. A ello contribuyeron lo que aparecen como relatos inexactos contenidos en la literatura de la época. No puedo olvidar el libro, tan primitivo como falaz, del entonces creo que coronel o teniente coronel Jesús Salas Larrazábal sobre la intervención extranjera. Lo publicó en 1974 una empresa tan por encima de toda sospecha que por fuerza resulta sospechosa: Editora Nacional. La había dirigido hasta 1973 nada menos que Ricardo de la Cierva y a quien sucedió José Antonio López de Letona, hombre de su máxima confianza, según EL PAÍS (28 de septiembre de 1976). No en vano ambos eran funcionarios del mismo Cuerpo de (entonces) Técnicos de Información y Turismo. Tampoco sabía, ni podía intuirlo, de lo que mucho más tarde Gregorio Morán revelaría en su obra El cura y los mandarines sobre alguno de los momentos estelares en la gestión por parte del primero en defensa de sus propios intereses materiales. ¡Como para olvidarse hoy!.

Sería muy interesante poder demostrar lo que pretendió Antonio Goicoechea, monárquico de flexible cervil, en particular con respecto al “Caudillo de España”, al permitir que Gutiérrez-Ravé publicara sus recuerdos. Desgraciadamente todos mis esfuerzos por saber dónde puedan estar los papeles del exconspirador han sido en vano. No se encuentran en un archivo público o privado de acceso reconocido. Hay referencias mismo en otros, pero no los he consultado. Tampoco sé de autores que hayan indagado demasiado en los puntos oscuros de su vida política durante la República. Eso sí, fue altamente condecorado por el régimen franquista a quien sirvió lo mejor que pudo.

Si se une la financiación fascista a Falange, que no he abordado en mi último libro, con lo que en él he descubierto gracias a varios archivos privados cabe pensar qué podría haber habido en los papeles de Calvo Sotelo, el marqués de Luca de Tena y algunos otros que tan afanosamente laboraron por laminar al régimen republicano, aparte de los inencontrables papeles de Franco y Mola. Como ya he señalado en los últimos años, a las dificultades de acceso a documentación que debiera ser pública, aunque en el fondo no lo sea, se une la poca estima de que en España goza la conservación de los papeles de los personajes y personajillos del pasado.  Aun así, es deber del historiador poner de su parte todo lo que pueda para contribuir al despeje del mismo.

Una reflexión algo melancólica, muy apropiada quizá al cerrar de un curso. Felices vacaciones de verano a todos, dentro de lo posible.

Quien lo sigue, lo consigue (I)

23 julio, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

Llevo varias semanas pensando en cómo terminar este curso en el blog. He manejado diversas posibilidades -algunas de las cuales las dejo para la próxima temporada. El otro día un amable lector me hizo llegar una entrevista que me habían hecho en la ya fenecida revista INTERVIÚ en 1978. En la época de la Transición, su combinación de desnudos, chicas guapas y artículos sobre la represión, la guerra civil e incluso el franquismo resultó imbatible. Personalmente me había olvidado de la entrevista. Han pasado cuarenta años. Con la autorización del amable lector, la reproduzco parcialmente. En un próximo post, el último de la temporada, la comentaré brevemente.

 

ANTES DEL ALZAMIENTO FRANCO Y MUSSOLINI YA HABÍAN PACTADO

EL HISTORIADOR VIÑAS HA DADO CON DOCUMENTOS QUE ASÍ LO PRUEBAN

por Salvatore Giannella

INTERVIÚ Nº86 (05-01-1978)

 

Los franquistas, en su afán por justificar su alzamiento, siempre sostuvieron que la guerra civil española había sido un asunto entre españoles y que no habían contado con ayuda de ninguna potencia fascista. Pues bien, el historiador español Ángel Viñas ha desenterrado pruebas que demuestran claramente lo contrario, evidenciando que Mussolini, varios meses antes de la contienda, ya había firmado pactos con la derecha española prometiendo el envío de ayuda aérea a los futuros insurrectos, y había subvencionado con grandes sumas de dinero a la Falange de José Antonio Primo de Rivera. INTERVIÚ ha adquirido en exclusiva para España a «L’Europeo» los derechos para publicar este apasionante informe.

 

Aviones y pilotos fueron, para la historiografía oficial, la primera ayuda de Mussolini y de Hitler a los rebeldes españoles del general Franco. Ayuda determinante, ya que con el puente aéreo puesto a disposición de los insurrectos, hasta entonces en situación difícil, se inicia la invasión de España y la guerra propiamente dicha. La fecha oficial de la primera intervención de las potencias fascistas es el 28 de julio de 1936, diez días después del inicio del levantamiento contra el legítimo Gobierno republicano de Madrid. Aquel día partieron de Cerdeña los 12 trimotores Savoia Marchetti destinados a transportar a los golpistas desde Marruecos hasta España. A cuarenta años de distancia, de los archivos militares de la España posfranquista surge un documento importante que permite reconstruir, con particularidades inéditas de gran valor histórico y político, los hechos que precedieron a la insurrección y las relaciones entre los conjurados y Mussolini desde mucho antes de la misma.

Según Vittorio Vidali –el legendario «Carlos», que dio vida al 5º regimiento, la primera unidad del ejército popular español-, este documento recién descubierto “podría haber cambiado el curso de la guerra civil”. «Carlos», uno de los héroes de la mitología comunista, tiene 77 años y vive en Trieste. Dice: «Si un documento como el presente hubiese ido a parar a las manos del Gobierno republicano en la búsqueda de pruebas que demostraran que la revuelta tenia dimensiones internacionales, podría haber variado la política de no intervención de los Gobiernos inglés y estadounidense, lo cual hubiese favorecido al Gobierno legal».

Antonio Goicoechea fue siempre la persona idónea para pactar con Italia.  Acabada la guerra, fue designado director del Banco de España.

Este documento contribuye a desmontar la teoría, sostenida por los franquistas, según la cual la guerra fue “un asunto puramente interno”, un asunto entre españoles y nada más, sin ninguna intervención preventiva (ni con dinero ni con armas) por parte de las potencias fascistas. En realidad, los conjurados sostenían relaciones regulares con los Gobiernos de Roma y Berlín. De Mussolini se recibía dinero y con él se formaban acuerdos y pactos secretos. Y al Duce italiano se apresuraron en comunicarle, con el fin de recibir las ayudas prometidas, la fecha exacta de la insurrección. Pero las ayudas, los aviones, no llegaron a tiempo. ¿Por qué? La respuesta está en el documento.

AVIONES PROMETIDOS QUE NO LLEGAN

El 13 de julio de 1936, cinco días antes de que se produjese la revuelta contra la República, los generales mandaron un enviado a Roma. La elección cayó sobre un agente secreto italiano (de quien no se da el nombre) que hacia regularmente el enlace entre los monárquicos y Mussolini. El espía fue encarcelado en Barcelona por las autoridades republicanas. Antes de ser detenido destruyó todos los documentos que debía hacer llegar al Gobierno italiano. Los hechos, después, siguieron su curso previsto. El asesinato del diputado de derechas Calvo Sotelo sirvió de espoleta para la insurrección, que explotó el previsto 18 de julio. Pero Mussolini no podía saberlo y no envió los aviones. La detención del espía había sido la causa. Del documento se desprende que el «comportamiento evasivo» demostrado por parte del Gobierno italiano era debido al hecho de que en Roma no habían sabido valorar (lo cierto es que no les había llegado ningún mensaje preventivo) si efectivamente la insurrección llevada a cabo el 18 de julio fuese verdaderamente la «justa», si contaba con el suficiente apoyo nacional o si eran simplemente aislados focos de revuelta.

El general Mola, con Franco como inspirador del golpe, se dirigió al más influyente líder monárquico, Antonio Goicoechea, para reemprender el contacto con Mussolini. Goicoechea voló a Roma para encontrarse con el conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores, darle todo tipo de explicaciones sobre el fallido preaviso y apelar a fin de que Italia enviara rápidamente los aviones previstos. Pocos días después despegaban éstos hacia Marruecos para transportar las tropas de Franco. Era un paso decisivo en la guerra, guerra que, según los historiadores, habría sido ganada por los republicanos si los españoles hubiesen combatido sólo entre sí. El documento descubierto entre los archivos polvorientos de un edificio destacado por el Ministerio de Defensa en el barrio madrileño de Princesa es de dos folios y medio, con las siglas “A 13, L 3, C 5” y contiene un título adjunto: Nota sobre las conversaciones mantenidas en Roma en julio de 1936 para la adquisición de los aviones. La firma es ilegible.

Quien lo ha descubierto ha sido el historiador español Ángel Viñas, catedrático de Economía en la Universidad de Madrid y ex funcionario en la Embajada española en Bonn. Viñas ha podido acceder a los documentos secretos en cuanto encargado que fue, hace algún tiempo, por el Ministerio de Finanzas, de reconstruir las relaciones económicas y comerciales entre España y Alemania en los años treinta (a este respecto ya ha publicado un volumen, «Alemania nazi y el 18 de julio») y entre España y la Italia de Mussolini (estudio que está aún en sus inicios). Dice Viñas: «Sobre las relaciones entre los rebeldes y Mussolini, algunas particularidades ya han sido publicadas en una pequeña biografía de Antonio Goicoechea. En dicha biografía, sin embargo, no se indicaba la procedencia de las informaciones, por lo que los historiadores serios no prestaron en principio mucha atención al informe. El hecho de que este documento haya sido descubierto ahora en los archivos multares, permite dar a estos folios su justo valor histórico y político».

 

A CONTINUACIÓN SE REPRODUJO EL INFORME O PARTE DEL INFORME  CUYA TOTALIDAD PUBLICÓ MÁS TARDE SAINZ RODRIGUEZ EN SU TOTALIDAD EN SUS MEMORIAS BAJO EL TÍTULO “HISTORIA DE LA GESTIÓN REALIZADA EN ROMA EN JULIO DE 1936 PARA LA ADQUISICIÓN DE AVIONES”

 

Sabedor de que turbaba, con estas operaciones, el cuadro político internacional, el Gobierno italiano (imitado en este sentido por los alemanes) procuró salvar la imagen con burdos subterfugios. Mientras en Berlín se inventaban dos sociedades comodines, la Rowak y la Hisma (oficialmente compañías privadas de exportación, mientras que en realidad eran administradas por militares de paisano), los italianos sostuvieron que los Savoia Marchetti habían sido adquiridos, como si fueran pares de medias, por el periodista español Bolín. La edición clandestina de «L´Unitá» publicó la denuncia de un obrero que había visto colocar sobre las alas y el timón de los aeroplanos que partían hacia Marruecos las insignias de la nación italiana. Los pilotos italianos subieron a sus aparatos con atuendos deportivos. Todo era para encubrir la realidad. Ettore Muti había tomado el nombre de Gim Valen, Ruggero Bonomi el de Francesco Federici. Para regularizar su estancia en Marruecos, Franco los enroló en la legión extranjera. No se supo públicamente que los italianos estaban interviniendo en el conflicto hasta que 3 Savoia Marchetti cayeron accidentalmente; uno de ellos se precipitó sobre suelo argelino. Las investigaciones oficiales revelaron la presencia italiana.

HASTA AQUÍ LOS COMENTARIOS DEL PERIODISTA ITALIANO SALVATORE GIANNELLA

 

Mis declaraciones figuran a continuación:

Ángel Viñas: “Si la República lo hubiera sabido”…

por Lola Galán

El documento en cuestión y las consiguientes hipótesis pueden ser altamente reveladoras. Por eso INTERVIÚ ha querido conversar con Ángel Viñas, catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Alcalá de Henares, quien, en su profundo estudio sobre nuestra guerra civil, ha dado con tan espectacular testimonio.

¿En qué consisten estos documentos reveladores que ha encontrado usted en los archivos militares de Madrid?

Ante todo querría aclarar que desde 1970 me intereso por la guerra civil española, desde que Fuentes Quintana, el actual ministro, me pidió que realizara un análisis económico de la misma. Desde entonces, no he dejado de recoger material sobre el tema. Estuve en Alemania, en Inglaterra, en USA, en Italia, pero ha sido en los archivos de Madrid donde he encontrado una serie de datos que me han permitido profundizar en ese análisis que yo realizaba y que se cristalizó en 1974 en mi libro «La Alemania nazi y el 18 de julio». Estos datos los he incorporado a la segunda edición del mismo, que acaba de salir a la venta. Aunque, ante todo, debo aclarar que estos documentos que permiten esbozar una nueva tesis sobre la intervención italiana en la guerra, no los he descubierto yo, figuran ya en una biografía de Antonio Goicoechea y de hecho eran conocidos, pero habían pasado inadvertidos y nadie los había interpretado.

¿Puede explicamos cuál es su interpretación de los hechos?

Mi tesis arranca de lo siguiente: existen unos documentos que son informes confidenciales sobre la adquisición de material de aviación en Italia para Franco en julio de 1936, y a ello se suman toda una serie de datos ya conocidos, todo lo cual vendría a demostrar que, contrariamente al caso alemán donde, aunque hubo contactos con banqueros, no se produjo un contacto oficial, en el caso italiano, los conspiradores del 18 de julio estaban en connivencia con las más altas jerarquías de ese país, y cuando digo las más altas me refiero al propio Mussolini. Esta tesis contradice totalmente a las de los historiadores clásicos de la guerra civil. Bolín y Luca de Tena, quienes afirman que los italianos a lo sumo conocían la marcha de la sublevación.

«EL APOYO ALEMÁN E ITALIANO LE DIO A FRANCO LA DIRECCIÓN DEL ALZAMIENTO»

El conde Ciano, cuñado de Mussolini y ministro suyo de Asuntos Exteriores, tuvo mucho que

ver en la ayuda militar y económica a los fascistas españoles.

¿Cree usted que su tesis queda demostrada con la existencia de estos informes?

Mi tesis no la puedo demostrar en su totalidad, pero desde luego me parece evidente que es preciso ligar estos documentos de que hablo con el interés que el conde Ciano, cuñado del Duce, había demostrado por financiar a la Falange Española hacia el año 1935, cosa que hacía además secretamente y sin que los diplomáticos fascistas en Madrid tuvieran el más mínimo conocimiento. Ciano atribuía a esta ayuda una gran importancia, pero a medida que se acerca el golpe, los italianos convencidos probablemente de la insignificancia de este grupo, abandonan a la Falange y pasan a entregar su ayuda económica a otras fuerzas más íntimamente relacionadas con el golpe; pienso en los grupos monárquicos y, concretamente, en las figuras de Calvo Sotelo, Mola, etc.

La República no tuvo por lo que parece ninguna posibilidad de acceso a estos datos, ¿piensa usted que habría cambiado mucho la Historia de haberlos conocido?

Pues, desde luego, un posible conocimiento por su parte me parece improbable, ya que lo habrían mencionado en algún momento. De todas formas y a través de los muchos documentos republicanos que yo he manejado, me consta que la República conocía la preparación del alzamiento y que de alguna manera se realizaba con el apoyo de italianos y alemanes, pero nunca supo de qué manera se otorgaba esta ayuda, ni qué significado podía tener. De haberlo sabido es muy probable que, efectivamente, las cosas hubieran sido muy distintas, aunque esto no es más que una hipótesis.

¿Cuál fue el papel de Franco entonces en relación con la ayuda nazi-fascista a la que usted alude?

Bueno, precisamente esta es la segunda tesis de mi libro. Franco recibe la ayuda nazi en Marruecos, entre otras razones porque es una zona mucho más estratégica para enviarla y porque Hitler, que no conocía a ningún general español, centra su interés exclusivamente en él. Al mismo tiempo recibe la ayuda italiana precisamente por encontrarse en África y esta doble ayuda potencia de manera decisiva la figura de Franco en el alzamiento, una vez muerto Sanjurjo. El general Mola, contra la opinión de todos los historiadores de derechas, no demuestra precisamente mucha inteligencia al establecer sus contactos con Alemania. Yo he encontrado numerosos telegramas en los que directamente le pide a Franco que interceda por él ante Hitler, lo cual demuestra una gran ineptitud por su parte, hasta el punto que podríamos decir que se autoexcluye a pesar de llevarle la delantera a Franco en la sublevación. En las primeras semanas de agosto de 1936, Mola ha perdido ya la batalla

 

Los subrayados se refieren a afirmaciones que, en mi opinión, no eran correctas. Figuran, en su mayor parte, entre los comentarios de Giannella. La alusión a Vidali no la conocía. Obviamente hay un error fáctico en la que mencionó las declaraciones a L´Unità, periódico comunista clandestino en la época fascista.

Franco y los poderes sobrenaturales (y II)

16 julio, 2019 at 8:30 am

Ángel Viñas

Como es obvio, la apelación a Dios y al Ángel de la Guarda, que hemos visto en el post anterior, podría explicarse como producto de la exaltación del momento, aunque esta debió de ser duradera porque sus Apuntes personales no los escribió SEJE sobre la marcha. El hecho es que entre las controversias que la guerra civil sigue suscitando hay un debate abierto  entre los autores que bien apelan a los documentos (quizá porque no tienen demasiada fé ni imaginación) y quienes siguen remitiéndose a la intervención divina. No estoy en condiciones de hacer un recorrido por las afirmaciones hechas en este último sentido a lo largo del tiempo. Darían para un artículo quizá un tanto sarcástico. Prefiero remitirme a las más recientes, hechas en junio de 2019, por un destacado político español y distinguido miembro del último Gobierno del PP. Me refiero al exministro del Interior Don Jorge Fernández Díaz. Al parecer, también miembro del Opus Dei.

 

La prensa escrita, pero sobre todo digital, se hizo eco inmediatamente de unas declaraciones del Excmo. Señor Fernández Díaz a un períodico on line, El correo de Madrid, que las publicó el 24 de junio. El autor del artículo en cuestión, Javier Valenzuela, las introdujo de la siguiente forma:

La Divina Providencia designó a España para llevar a cabo una misión trascendental en la historia, llamándola a ser uno de los principales bastiones de la cristiandad y la evangelizadora del nuevo mundo. Pero no fue fácil al apóstol Santiago predicar en España a sus gentes testarudas, especialmente a orillas del Ebro, donde el apóstol encontró almas nobles, pero duras como el roquedal. Tuvo que venir la Santísima Virgen, trasladada por ángeles en volandas, a depositar su pilar, símbolo de que la fe nunca desaparecerá en nuestra patria, hecho insólito en la historia”.

Lectores más duchos en Historia de España “sacra” extraerán, sin duda, sus conclusiones al leer estas líneas introductorias. A mi me parece que desafían tanto el sentido común como la historia basada en fuentes, pero cada uno es dueño de creer en lo que quiera. En el Reino Unido, por ejemplo, uno de los grandes bastiones del imperialismo y colonialismo enfrentados a los de cuña española, vienen proliferando renovados cultos ancestrales, tanto de origen propio como de importaciones foráneas. Hay druidas, brujos, brujas y hechiceros que celebran o concelebran con la mayor naturalidad del mundo ritos antiguos. Hay ciudades, como Glastonbury, que constituyen una delicia óptica para el turista curioso (indígena o extranjero) que puede contemplar atavíos, escaparates, librerías y tiendas en donde se venden toda suerte de encantos y sortilegios, en general a precios módicos. Lo que de ello piensen los herederos de los empire builders de antaño no me ha interesado jamás. Así que, en contra de lo que pudiera creerse, el enfoque sobrenatural tan caro al Sr. Valenzuela no constituye, necesariamente, algo excepcional. Como tampoco España lo es.

En tal artículo el Excmo. Sr. Don Jorge Fernández Díaz, presentado como un estudioso de las apariciones de la Virgen, especialización muy oportuna y adecuada para un exministro de Interior, afirma en lo que se refiere a la guerra civil:

El hecho histórico de la Guerra Civil española es conocido desde el punto de vista político, económico, militar… Todo abundaba en que la República no corría serio peligro y el bando nacional no podía triunfar. En la gran mayoría de las zonas de España ese alzamiento no triunfó el 17 o el 18 de julio. Donde triunfó fue en el ejército de África, en el protectorado de España en Marruecos, pero en la península fueron contadísimas las localidades donde triunfó. Militarmente no tenía apenas posibilidades. Desde el punto de vista económico los grandes centros industriales, la propia industria de armas, quedaron bajo el gobierno de la República. Y políticamente en aquel momento, año 1936, el gobierno de la República tenía una intensa relación con el gobierno de la Unión Soviética y no era por tanto previsible en esas circunstancias que triunfaran los sublevados. Pero es evidente que hay que buscarle otras razones para que finalmente la Guerra Civil terminara con el fin que todos conocemos. Unos creeremos en la influencia extraordinaria y sobrenatural y otro no creerán, pero lo cierto es que humanamente era una empresa condenada al fracaso y así lo reconocieron significativos dirigentes de la República”.

Esta larga cita se inicia con una afirmación con la que estoy de acuerdo. La guerra civil es un hecho histórico conocido. Yo diría incluso que, desde la muerte del general Franco y la eliminación de la censura, el conocimiento de la misma ha aumentado de forma exponencial. Pero las conclusiones que extrae tan distinguido experto no son necesariamente correctas. En primer lugar, porque la idea de que la República no corría serio peligro es hoy ilusoria. Podrían haberla albergado algunos personajes republicanos, como el presidente Azaña y el del consejo de ministros y titular de la cartera de Guerra Casares Quiroga, pero otros políticos del arco de la izquierda republicana, catalanista y socialista no las tenían todas consigo y habían tratado de influir en aquellos próceres para que se lo tomaran en serio. Es más, la tesis que defiende la semana próxima en la Universidad de Salamanca el doctorando Carlos Piriz muestra que los servicios de inteligencia militar habían seguido las maniobras de los conspiradores en las Fuerzas Armadas. Una masiva documentación al respecto la ha encontrado en el Archivo General Militar de Ávila.

En segundo lugar, porque la sublevación sí triunfó en escasos días en amplias porciones del territorio peninsular y extrapeninsular (Galicia, Castilla la Vieja, León, Navarra, Rioja, Canarias, Marruecos, una parte de Baleares y partes de Andalucía -Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Granada). Las Fuerzas Armadas y de orden público se dividieron con bastante rapidez. Pasaré por alto que el autor de tales declaraciones no parece haber estado al tanto de los compromisos asumidos por Italia ni de los malogrados contactos con Alemania ni de la rápida reacción de Hitler.  Un exministro del Interior, con responsabilidad sobre operaciones de seguridad que no siempre salen a la luz, no puede presumir, incluso sin haber llegado con experiencia profesional a su cargo, que una sublevación en toda regla pueda dirimirse en 24 o 48 horas. Así, pues, decir que la rebelión apenas si tenía posibilidades es desconocer brutalmente el pasado. El 25 de julio las potencias nazi-fascistas tomaron decisiones que dieron la vuelta a la situación radicalmente.

El Excmo. Sr Don Jorge Fernández Díaz demuestra lo que parece inquebrantable adhesión a uno de los primeros grandes mitos de los sublevados, y luego de la dictadura, al afirmar que el Gobierno de la República tenía “una intensa relación con el Gobierno de la Unión Soviética”. Es una afirmación total y absolutamente gratuita. No es verosímil que la haga por inspiración de más alto. Como es notorio, en 1934 se habían establecido relaciones diplomáticas bilaterales, pero no embajadas. Era una de las cuestiones pendientes que los gobiernos radical-cedistas habían ido dejando para largo, en parte porque la derecha -siempre ocurrente- veía en ello el comienzo de la supuesta “revolución comunista”.  Siempre tan enterados.

Por otro lado, parece increíble que hoy todo un señor ministro, de quien se supone debe tener algún conocimiento de política, pueda pensar que el potencial industrial sea convertible en capacidad militar casi por arte de la magia glastonburiana ¿No ha oído hablar, por ejemplo, de las reconversiones industriales?

Nuestro distinguido experto tiene otra explicación. Por supuesto no se le ocurre pensar en factores muy estudiados por los historiadores españoles y extranjeros tales como la retracción inicial de las democracias en correr en auxilio del Gobierno de Madrid, la casi inmediata política de no intervención, la ayuda casi simultánea a los sublevados por parte de las potencias nazi-fascistas, el retraso en la decisión de Stalin de enviar suministros de armas… Son temas que han hecho correr ríos de tinta pero que no despiertan el menor interés en el Excmo. Sr Don Jorge Fernández Días. Como estudioso de las apariciones de la Virgen él atribuye la derrota de los “malos” y la victoria de los “buenos” a la intervención, supuestamente decisiva, de la Virgen del Pilar. A la cual ofrendó la recién creada Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en el año 2012.

Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas de esta intervención de la Virgen del Pilar en el desenlace de la guerra civil? El Excmo. Sr. Don Jorge Fernández Díaz alude a que un bombardeo republicano, que no pudo ser sino minúsculo, no causó daños en la basílica zaragozana porque las bombas no llegaron a explotar. ¡MILAGRO! No se le ocurre pensar que en la guerra civil muchas bombas no explotaron por deficiencias de producción o por sabotajes. Tampoco identifica los bombarderos que realizaron tan vil acto. Imagino que no serían los equivalentes a las superfortalezas que destruyeron Dresde pocos años más tarde.

Así pues, me parece que el exministro del Interior sigue en la línea de la propaganda eclesio-militar de los vencedores de la guerra civil, de la generada y amamantada por el propio Caudillo y de la creencia de que los españoles y europeos, que más hemos escrito sobre la contienda, somos unos ignorantes o unos estúpidos.

Su devoción puede explicar su cariño por la Virgen del Pilar, pero ¿no hay en la teología católica centenares, incluso tal vez millares, de Vírgenes? ¿Qué le ha inducido a dar la preferencia a la primera? No puede ser a causa de las bombas o bombitas no explotadas, porque para ello tendría que haberse cumplido al protocolo que, afortunadamente, ya ha establecido la SMICAR para autentificar “milagros”. A no ser, claro, que en el Vaticano se haya llevado a cabo un examen pormenorizado del caso y que sus resultados se hayan mantenido en secreto. De no haberse realizado, o efectuado con resultados negativos, no se trataría de un “milagro”. Tengo la sospecha de que a veces la devoción a lo sobrenatural, a la manera de SEJE, supera la devoción a la EPRE en la que, eso sí, creen los expertos.

Mientras tanto, dejo para otros autores rastrear el continuismo entre la insólita credulidad de Franco, tan bien expuesta en los años sesenta del pasado siglo, y la del tan devoto exministro del Interior que, por cierto, la ha expuesto hace pocas semanas en un medio digital cuya declaración de principios dejo al mejor entendimiento de los amables lectores: La pueden fácilmente rastrear en su página web que recomiendo vivamente.