Ángel Viñas

 En Murcia ha estallado un debate público sobre si dar o no el nombre del inventor del autogiro al aeropuerto regional. Las proezas tecnológicas e ingenieriles que conllevó el desarrollo del aparato, precursor del helicóptero, serían motivos más que suficientes para justificar dicho galardón. Un ilustre hijo de la autonomía se vería así recompensado póstumamente. Pero, a veces hay un pero, tan ilustre personaje (que ya da sus nombres a conocidas becas de investigación postdoctoral y a un Premio Nacional) no está exento de sombras. Entre ellas figura en lugar destacado su papel en el alquiler del avión más famoso de la historia contemporánea de España, el Dragon Rapide. Hay más.

Hace algunas semanas me llamaron de Murcia para que dijera algo sobre la actividad del ilustre inventor en este sentido. Lo hice de forma, a lo que parece, insuficiente. Como he escrito en varias ocasiones sobre su actividad no ingenieril creo que conviene resumir lo que puede y debe ponerse en claro. Lo que sigue es una sucinta valoración en tres posts. Me apresuro a señalar que, para escribirlos, he hecho ante todo lo que probablemente han hecho también muchos participantes en la controversia de Murcia: ver lo que se dice en Wikipedia.

Esto no significa que crea que lo escrito en Wikipedia es palabra de Evangelio. En el presente caso, un dato común a la entrada española e inglesa es que Juan de la Cierva, después de varios intentos aeronáuticos en España, se marchó en 1925 a Inglaterra. Probablemente consideró que en un país mucho más avanzado tecnológicamente que el suyo podría tener más éxito. Al fin y al cabo, la aviación británica, civil y militar, se había desarrollado a toda velocidad en el curso de la primera guerra mundial. En Inglaterra permaneció hasta 1936. ¿Consecuencia? El ingeniero Juan de la Cierva no participó personalmente en los debates ideológicos y políticos españoles de la primera mitad de los años treinta. Su intervención se limitó a mediar en el alquiler del Dragon Rapide sin saber a ciencia cierta para qué serviría. No lo digo yo. Lo dice la Wikipedia en castellano. Cito: no se ha “confirmado nunca si Juan de la Cierva era conocedor del destino del avión, máxime cuando falleció en diciembre de 1936 y llevaba años viviendo en Londres y alejado de la política nacional”.  Esto es, con perdón, una estupidez producto bien del deseo de embaucar o de la ignorancia más roma.

Cualquier historiador hubiera podido, y debido, analizar algo del trasfondo. En Wikipedia se dice simplemente que la mediación la hizo a petición de Luis Bolín, corresponsal de ABC en la capital británica. Es no haber leído ni siquiera las memorias del intrépido periodista, por muy falaces que sean.

Hagamos un sucinto recorrido. El período 1931-1936 fue tumultuoso en España. Hubiera resultado sorprendente que los españoles asentados en Londres no se hubiesen visto interesados o incluso afectados por lo que pasaba en la madre patria. De la Cierva, de familia de recia raigambre monárquica, no estuvo al margen. Formó parte activa del mundillo, más o menos cerrado, de los clubes londinenses en el que existía una pequeña tertulia que agitaba contra la República española. La mayoría eran ingleses y con capacidad de influir sobre la opinión pública. Todos ellos se movieron mucho desde el fracaso en 1932 de la “Sanjurjada” para “vender” a los lectores sus peculiares ideas sobre la “inquietante” dirección en que se movía España.

El fundador fue sir Charles Petrie, historiador y católico a machamartillo. Si el lector echa un vistazo a su entrada en Wikipedia en inglés verá que flirteó con el fascismo, que escribió un libro laudatorio sobre Mussolini, que era un ferviente admirador de sir Oswald Mosley (el líder fascista inglés), que defendió la política de apaciguamiento británica hacia los dictadores fascistas, que fue un encendido propagandista de la ulterior “España nacional” en la guerra civil, etc. etc. No extrañará que destacara en el mundillo intelectual londinense por sus estruendosos ataques al decadente liberalismo y porque solía saludar efusivamente a las viriles potencias del futuro Eje. Por sus amigos los conocerás es una máxima aplicable en este caso a Juan de la Cierva.

Otro de los tertulianos fue el marqués del Moral, angloespañol y también denodadísimo defensor de Franco cuando llegó el momento. Figuraba igualmente el duque de Alba, de rancia estirpe aristocrática española y escocesa, posterior “embajador” de la España de Franco. Hubo un diputado conservador, Victor Raikes, derechista furibundo, que cuando Hitler ocupó militarmente Renania en la primavera de 1936 destacó por oponerse a cualquier tipo de cooperación franco-británica porque podría llevar a la guerra. Un patriota de vía estrecha. Para nuestro tema el tertuliano fundamental fue Douglas Francis Jerrold, católico a machamartillo y que intervino en el asunto del Dragon Rapide. Participaron también Luis A. Bolín y Juan de la Cierva, únicos españoles de pura cepa. Tan insignes personajes contaban con acceso ilimitado a varios diarios de derechas como el Morning Post, el Daily Mail y el Daily Telegraph. Muy combativos todos ellos contra la experiencia republicana.

Como es lógico, este grupito filofascista ha sido objeto de estudio detallado en la historiografía. Sus resultados no nos interesan porque en ellos los tertulianos españoles no suelen destacarse. Sí nos interesa subrayar que Jerrold, el marqués del Moral y Bolín reelaboraron un opúsculo escrito por el político Don José Calvo Sotelo. El lector comprenderá que el opúsculo difícilmente era una obra científica. La reelaboración en forma de librito, The Spanish Republic, se publicó en 1933 y tuvo gran éxito en el mercado británico. Se trató de un ataque despiadado contra el nuevo régimen español. Ello animó a los tres autores a unirse a la tertulia de Petrie.

En algún momento se incorporó también Juan de la Cierva. Para entonces la empresa que había fundado en Londres desarrollaba un programa de pruebas en cooperación con el Ministerio del Aire. Esto lo ponía en contacto con militares británicos. No es exagerado afirmar que, con el apoyo intelectual y de contactos de Bolín y de la Cierva, los tertulianos se plantearon como objetivo fundamental contribuir a la salvación de España del inminente “peligro comunista”. Esto, como es sabido, constituyó el leit-motiv de los conspiradores españoles. La historiografía ha demostrado que se trató de una superchería, pero que sigue moviendo en España a almas cándidas.

A finales de mayo de 1936 el conde de los Andes, uno de los activistas más emperrados en derribar a la República y del que diré algo en un próximo libro, comunicó a Bolín en Londres que en España se estaba tramando una cosa seria. Era verdad. No sabemos si el corresponsal de ABC pasó tal noticia a de la Cierva, pero sería sorprendente que no lo hubiese hecho. Al fin y al cabo, pocos días más tarde Bolín dio, el 8 de junio, una interesante charla en un famoso hotel londinense. ¿Sería demasiado ilusorio suponer que de la Cierva no habría ido a escuchar a su amigo? La tesis que el eminente, pero falaz, periodista fue que en España existía un estado de guerra civil latente. Es decir, salvo que se demuestre que de la Cierva era más impermeable que el plexiglás al medio que lo rodeaba, hemos de suponer que el encargo del Dragon Rapide no le sorprendería demasiado. En cualquier caso, su fe monárquica se vería robustecida poco después cuando pudo charlar con el exrey Alfonso XIII en su visita a la capital británica. También estaba al corriente de lo que se preparaba y es difícil, por no decir imposible, que no charlaran de ello.  El lector puede suponer cuál sería la respuesta del ingeniero de la Cierva.

(continuará)

Ángel Viñas

 Puedo asegurar a mis amables lectores que el director de la Editorial Comares granadina, y buen amigo mío, Miguel Ángel del Arco, no me da comisión por referirme a libros por él publicados. Sin embargo, vuelvo a ella por tercera vez en este nuevo año porque hace tiempo que quería dar a conocer otro libro de los de su colección. Se trata de una obrita del profesor Antoine Prost, aparecida hace pocos años en Francia y que ha tenido un éxito fulgurante en los países francófonos. También aquí, en Bélgica. Sin embargo, salvo error u omisión, no he visto muchos comentarios sobre ella en España. Es una pena, porque es de lectura fácil y amena, en la edición de Comares se ve enriquecida con un excelente prólogo de dos colegas españoles muy respetados, Justo Serna y Anaclet Pons. Tras finalizarla muchos serán los interesados que se den cuenta de que interpretar documentos no es una tarea tan fácil y sencilla, sino que requiere alguna destreza que, eso sí,  se adquiere con la experiencia.

 El libro se titula Doce lecciones sobre historia. Está pensado para estudiantes de grado en la Sorbona, pero Prost lo escribió con la mente puesta en un número amplio de lectores. Ciertamente los ejemplos y las referencias que da se refieren a la historia de Francia o a la sociedad francesa, pero esto no es óbice para su interés en otros países europeos occidentales.

En España, que yo sepa, el análisis de documentos, fundamentales para todo historiador empírico que se base en evidencias primarias, no se enseña en el grado y queda por lo general restringido a los alumnos de postgrado, y no en todas las facultades de Historia. Para unos y para otros este librito debería ser de lectura obligada. Ahorraría, probablemente, mucho tiempo y mucho esfuerzo para aprender cómo analizar e interpretar esa documentación elusiva que se conserva en los archivos. Y aunque en la España democrática las autoridades siguen guardando con singular celo la que todavía no se ha desclasificado, quizá por eso de que en los archivos anidan serpientes venenosas que pueden dar un susto no a quienes las despiertan sino a los que leen sus productos, no cabe descartar una posibilidad. Quizá dentro de un tiempo prudencial (25, 50 o incluso 100 años) las generaciones futuras puedan familiarizarse con ellos, cuando el veneno con que fueron emponzoñados haya dejado de surtir efectos. Mientras tanto, con los documentos ya abiertos y consultables hay para tener entretenida a, por lo menos, una generación de alevines de historiador. Son quienes aprenderán de este libro. Incluso algunos docentes, porque siempre es más fácil retornar a la rueda que inventar una alternativa. Prevalece la máxima de que solo escribiendo historia se convierte uno en historiador.

En este sentido, al menos dos capítulos introductorios son de obligado análisis y de exigente reflexión. Uno se refiere a los hechos y la crítica histórica; otro a las preguntas que se hace el historiador. La historia no puede definirse ni por su objeto ni por documentos. Puede hacerse historia casi de todo y con toda suerte de fuentes. Pero son las cuestiones que se plantea el historiador lo que constituye el objeto de la historia y, en consecuencia, lo que determina la base de su trabajo.

En mi próxima investigación, ya en vías de revisión previa a la maquetación, las cuestiones que me planteo determinan el tipo de fuentes necesarias. Son tales cuestiones las que me han llevado a seleccionar un tipo de EPRE, alguna conocida -pero no siempre bien interpretada- y otra desconocida. También me han llevado a descartar otras. La aplicación de esta distinción me ha costado bastante trabajo porque he procurado superar mis propios prejuicios y limitarme rígidamente a la exposición, crítica interna y externa, contextualización y explicación de una masa nada despreciable de documentos encontrados en una decena de archivos. En tal labor he simplificado la clasificación de las cadenas de causalidad que describe Prost entre causas finales, materiales y accidentales y la he reducido a dos: condiciones necesarias y condiciones suficientes. Sin la menor intención, por supuesto, de sentar cátedra. Y, naturalmente, las cuestiones planteadas, casi como hipótesis al principio de la investigación, me han llevado a dar la preferencia a ciertos autores (nunca se parte de cero) y a dejar de lado otros. Aun así, la bibliografía es abundante.

No puedo decir que el libro de Prost me haya alumbrado el camino (tras cuarenta años de investigación en media docena de países y en una treintena de archivos algo he aprendido) pero sí me ha servido de consuelo. Por lo demás, no se me ha ocurrido sistematizar las técnicas de análisis tal y como lo hace él para ligarlas al desarrollo del estudio de la porción de pasado que me interesa atravesando las etapas que median desde las primeras interpretaciones de esa porción hasta desembocar en unas tesis que remedan la formación de un texto histórico con vocación científica, es decir, contrastable, sujeta a la crítica interpares y siempre provisional. No siempre es fácil agotar todas las fuentes existentes que incidan en una determinada cuestión. Sin duda habrá documentos y archivos todavía cerrados a la investigación.

Hubo una época en que escribir historia tenía mucho de literatura. ¿Quién no se ha confesado absorto o trascendido al leer la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano de Gibbon? A mí se me cayó la baba, cuando hace muchos años leí la edición abreviada que me regaló Hugh Thomas. En alguno de mis traslados se traspapeló y ahora, cuando me concederé un buen descanso, me he apresurado a adquirir la versión completa. Espero pasar unas buenas semanas leyéndola y comparándola con alguno de los libros de Mary Beard.

Hace ya mucho tiempo que la Historia, sobre todo la contemporánea, se ha hecho “científica”. Pongo el adjetivo entre comillas porque no es obviamente una ciencia como la química. Es una ciencia social, una ciencia blanda. Los resultados que arroja son contingentes. Nuevas fuentes, nuevos descubrimientos, nuevos enfoques pueden dar al trasto, y frecuentemente lo hacen, con los conocimientos que creíamos seguros.

En pocos casos se parte de cero. Para la historia, por ejemplo, del siglo XX mucho de lo que pueda decirse, ya se ha dicho. En algún momento, en algún tiempo, en algún lugar. Esto se aplica a las sociedades occidentales y también a la española. El papel del historiador estriba entonces en separar el trigo de la paja y en calificar como relevantes, irrelevantes, verdaderas o falsas afirmaciones que en algún momento hicieron autoridad. O que, como en las dictaduras, estuvieron protegidas por esas autoridades. Todo lo que he escrito está pasado por ese cendal.

Desde este punto de vista el librito de Prost tiene una utilidad suma. Su lema podría ser el que la historia no explica el pasado completamente, pero sí algo del mismo. La explicación dada no es totalmente determinante pero tampoco es totalmente aleatoria. Todo lo posible no puede ocurrir al mismo tiempo, recuerda Prost. El historiador tiene que establecer un diagnóstico y determinar las situaciones en que se producen contingencias. Por utilizar la terminología anglosajona: si el historiador analiza la dinámica a que se han atenido los fenómenos históricamente constatables (the road taken), tampoco puede dejar de identificar aquellos puntos de inflexión a partir de los cuales, de haberse producido, los fenómenos subsiguientes hubieran sido otros (the road not taken). Es una metodología modesta. Personalmente, no estoy muy de acuerdo con los intentos de “historia alternativa” o “historia contrafactual”, un enfoque reciente tan de moda.  Ni los hombres ni las sociedades actúan como prevén los algoritmos de los war games o de los juegos de ordenador. El número de variables a considerar es inmenso. Sus interacciones, imprevisibles.

Comares publicó esta obra en 2014. Según tengo entendido ya va por la segunda edición. Es una buena señal. Merecería penetrar más entre los lectores españoles y familiarizarlos con una serie de observaciones que les permitirían dilucidar las profundas diferencias entre historiadores serios y los seudohistoriadores con escasos escrúpulos que disertan como si fuesen profesores sobre los temas más complicados de, sobre todo, nuestra historia contemporánea. En definitiva, un libro claro, sucinto, sumamente interesante y de lectura obligada para quien quiera penetrar rápidamente en el trabajo nada misterioso, por cierto, del historiador. Un ejercicio interesante podría estribar en sustituir los ejemplos tomados de la historia francesa por otros de la española. Es lo que yo invitaría a hacer si tuviese que dar un curso de postgrado.

Ángel Viñas

En el post de la semana pasada me referí a uno de los libros publicados por la granadina Editorial Comares. En este debo recomendar otro que aborda un tema parecido desde otro ángulo. La sempiterna cuestión del anticlericalismo en España. De todos es sabido que la SMICAR lleva años, curiosamente en el período en que ha florecido el movimiento en pos de la memoria histórica, reivindicando la suya. Numerosos son los integrantes del clero regular y secular asesinados en la guerra civil que han sido beatificados y, en algún caso, elevados a los altares. Muchos de ellos incluso encontraron acogida en las páginas del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Por otro lado, con perspectivas históricas modernas la compleja relación de la SMICAR con la sociedad española ha dado origen a una abundante literatura que ha roto moldes tradicionales.

Entre los numerosos títulos publicados en los últimos años hay uno que quisiera destacar aquí porque tiene alguna relación con mi anterior post. Es la conversión en libro de la tesis doctoral de la profesora Mary Thomas. Le costó cuatro años de trabajo revisar una inmensa bibliografía, sobre un tema no menos inmenso, y acuñar un marco analítico para reabordarlo con nueva EPRE, obtenida en media docena de archivos y con las aportaciones desde campos tan diversos como la sociología, la psicología social y la antropología. El subtítulo explica de lo que se trata: la violencia y el iconoclasmo anticlericales y populares en la España de 1931 a 1936. Va prologado por Sir Paul Preston, que fue uno de los examinadores de la tesis.

En un plano de historia estrictamente política la aversión a la Iglesia católica (la única posible en la España del XIX y hasta 1931) se explica por su triple papel como soporte de la Monarquía, su apoyo a la oligarquía y su lucha más o menos abierta contra los embates del mundo moderno a la vez que predicaba la sumisión al orden establecido como si este hubiera sido un resultado del designio divino. Nadie tan cualificado como el Conde de Jordana en su segunda etapa de ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura franquista al recordar que de lo que se trataba era de combatir los destrozos ocasionados por el comunismo alentando a las masas a apropiarse y disfrutar de los frutos de esta vida en vez de aguardar, esperanzados, las delicias de la vida eterna a la sombra del Señor. La SMICAR fue el basamento esencial que apoyó tales teorías.

Sin embargo, la historia política no explica suficientemente el tenor y la evolución del anticlericalismo en España que, tras la guerra de la Independencia, terminó estallando tras la muerte del rey felón por excelencia. Su duración de más de cien años no puede explicarse exclusivamente por variables políticas. Mary Thomas hace una disección precisa de las más importantes variables, de diversa naturaleza, que lo marcaron y condujeron a lo largo del XIX. A principios del siglo XX el asalto de la modernidad sobre la sociedad española se hizo imparable, aunque a trancas y barrancas. Los grilletes con los que la SMICAR la atenazaba empezaron a aflojarse. Se soltaron tras 1931 cuando la intelligentsia republicana, no anticatólica por naturaleza, pero deseosa de reducir el papel de la Iglesia sobre la sociedad ocupó los resortes del poder público, a nivel nacional, provincial e incluso local.

La obra de Mary Thomas explica, no obstante, los asaltos contra las propiedades y rituales eclesiásticos por parte de amplias capas del campesinado rural y del proletariado industrial por la desazón generada por la reticencia de los poderes públicos en contrarrestar el vasto poder político y social detentado por la SMICAR. Cuando el golpe de Estado, semivictorioso pero también semifrustrado, determinó el colapso de la autoridad republicana en la zona en que no triunfaron los rebeldes, las masas obreras y campesinas descargaron su furor sobre una institución que habían divisado siempre como el sustento y apoyo esencial del orden económico y social tradicional. El iconoclasmo contra los símbolos católicos y la violencia contra el clero (que generó más de siete mil víctimas entre el regular y el secular) dejó tras de sí innumerables destrozos de edificios religiosos. Nada parecido había tenido lugar durante los años anteriores, ciertamente un tanto convulsos. Es más, algunas investigaciones empíricas como las publicadas recientemente sobre la protección del arte religioso en la provincia de Ciudad Real muestran que entre 1931 y julio de 1936 apenas sufrió daños.

Habitualmente la furia anti eclesiástica de, sobre todo, la primera mitad de 1936 se ha explicado por motivaciones irracionales o acciones criminales, cuando las turbas (sic) se hicieron dueñas de las calles y plazas. Este libro muestra que durante las décadas precedentes de rápido cambio social, económico y cultural los actos anticlericales habían ido adquiriendo un claro significado político y fueron a su vez una manifestación de los cambios acaecidos en una España en la que la transformación estructural chocaba con la impavidez del sistema político y, en particular, de la propia Iglesia española.

En el fondo no es de extrañar que cuando llegaron al Vaticano oleadas de noticias sobre los desastres que se habían abatido sobre la Iglesia y el clero españoles el sustituto del secretario de Estado Giuseppe Pizzardo acudiera a una explicación antropológica de andar por casa, pero que a la vez representaba un fracaso de la dirección de la Iglesia en España: los españoles, no habían sido nunca realmente un pueblo católico en la plena acepción de este término. No habían alcanzado el ideal y la disciplina morales que constituían el corazón mismo de lo católico, a pesar de toda la devoción que prestaban a las formas externas y al ceremonial. La pregunta es, ¿quiénes habían sido los responsables? Sin duda a la Iglesia católica española le correspondía algún tanto de culpa.  La obra de Mary Thomas muestra hasta qué punto había sido responsable por no haber sabido afrontar, como en otros países europeos occidentales, los desafíos de la modernidad.  Y eso a pesar de todos los esfuerzos emprendidos.

Hasta el advenimiento de la República la SMICAR había registrado un fracaso total y absoluto en adaptarse a los cambios que tenían lugar entre las clases desposeídas, tanto en el campo como en las ciudades, y que habían pasado años y años tratando de enfrentarse al insoportable peso que ejercía sobre todas sus actividades. Las pequeñas actividades por atenderlos, bien intencionadas o no, habían incluso reforzado un anticlericalismo visceral que, tras la dictadura primorriverista, penetró en el ámbito político.

Ciertamente la receta que la SMICAR distribuyó a grandes cucharones tras la guerra fue la menos adecuada posible para conseguir un triunfo duradero. En cuanto, a partir de 1959, se abrió la espita de la emigración y se reanudó el proceso de cambio económico y social, el apartamiento de las masas de la jerarquía se acentuó. La transición y la consolidación democrática abrieron los repertorios de elección pública. La “descatolización” dio pasos de gigante. Hoy, según ha revelado EL PAÍS (27 de diciembre de 2018) con datos del Pew Research Center norteamericano, España es uno de los países en los que tres de cada cinco encuestados han dejado de considerar la religión católica como aportadora de una significación especial para la identidad nacional. En proporción al número de habitantes la caída de la fe católica en España es la más marcada en Europa occidental y solo va por detrás de la ocurrida en Noruega o Bélgica.

Cuando se examinen las relaciones entre la SMICAR y la sociedad española desde la perspectiva del largo plazo (la clásica longue durée) es posible que se advierta que la dictadura de Franco consagró un triunfo de la primera que, por lo impuesto con las armas y en buena medida ahistórico, ni fue sostenible ni pudo sobrevivir demasiado tiempo a un clima de libertad política y de pluralismo social, como el que bien o mal representó la Segunda República Española.

Obras como la de Mary Thomas están destinadas a durar y a explicar unos fenómenos sociales que la guerra y la dictadura bruscamente interrumpieron. De seguir al ritmo de los últimos años los cerebros que dirigen la Conferencia Episcopal tendrán du pain sur la planche (es decir, no los faltará curro). La reacción del señor obispo de Córdoba a los resultados de las recientes elecciones andaluzas quizá muestre que, como pasó en tantos otros países, al menos una parte de la jerarquía católica sigue sin aprender nada. Mientras tanto, seguiremos esperando años y años a que aparezcan los Teilhard de Chardin, los Mauriac, los Maritain y los Mounier que, tal vez, en alguna ocasión la SMICAR española regalará al mundo.

 

https://derehistoriographica.wordpress.com/2018/12/21/franco-queipo-la-iglesia-y-la-espana-sonada/

Ángel Viñas

En ese enciclopédico estudio, bendecido por las espadas vengadoras del Estado Mayor Central y escrita por el Servicio Histórico Militar a la que he hecho tantas veces referencias en este blog, queda inmortalizada para la posterioridad la visión de los vencedores. La guerra fue absolutamente necesaria para derrotar a la Anti-España. Estaba en juego la supervivencia de la PATRIA y con la PATRIA no se juega. Entre la Anti-España, aparte de los consabidos comunistas, socialistas, liberales, librepensadores, ateos etc. figuró siempre en lugar destacado la Masonería. De aquí que el nuevo poder militar instaurado por la fuerza no tuviera la menor compulsión en, haciendo una finta dialéctica que ya hubiesen querido para sí los redactores de los evangelios -con las consabidas disculpas por la ucronía-, no tardara en sacar la Ley para la represión de la Masonería y el Comunismo (LRMC). De todos es sabido que los uniformados y sus asesores jurídicos consideraron ambos términos como hermanos o equivalentes. Aberraciones peores se han visto. Sin embargo, las penas previstas no eran moco de pavo y fueron aplicadas a muchos de los oficiales y jefes del Ejército de la VICTORIA. Fuera de ellos o con ellos algunos miembros de lo que también se denominaba la “secta diabólica” se distanciaran lo más posible. Por supuesto, a muchos -quizá la mayoría- de los masones no les sirvió de nada. Aquí expondré una de las humillaciones que les aguardaba.

 

La Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana (SMICAR) preparó, como los hechiceros de las tribus lejanas en el siglo de la expansión imperialista, rituales de recuperación. Debían aceptarlos quienes se mostrasen dispuestos a abjurar de sus creencias masónicas. Una pieza fundamental fue el documento de abjuración.

Dice una expresión común que la mejor venganza es la que se sirve en frío. La SMICAR, que había salido de la guerra (perdón: de la “Cruzada”) con apetitos exterminadores (no en vano la represión republicana se había cebado en el clero secular y regular durante la misma), debió de reflexionar largamente sobre los requisitos que habrían de cumplir quienes desearan acogerse a su seno materno. ¡Ojo! Eso no les eximía de cumplir las penas que les impusiera la justicia de los hombres. La Iglesia, ya se sabe, no es de este mundo sino eterna y siempre ha predicado que hay que dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Al menos en teoría.

Pero, ¿qué pasa cuando el César, que sí es de este mundo, se pone en la práctica al servicio de la Iglesia? En tales casos toda la fuerza del César se aplica a los contraventores de los dogmas, principios o intereses de la Iglesia. Esto es lo que ocurrió tras la guerra civil. La legislación positiva del César subsumió en categorías comparables la pertenencia al comunismo y a la masonería.

Hace algunos años un investigador en la historia del Derecho, Guillermo Portilla, publicó su tesis doctoral en la Editorial Comares, de Granada, que viene distinguiéndose por dar a la luz una serie de obras fundamentales sobre la represión. En este caso el libro tenía un título un tanto desalentador para quienes no hemos estudiado Derecho: La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo: El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Apareció en 2010.  A mí me llamó la atención la referencia al tribunal. Al ojearlo me di cuenta de que “el derecho penal de autor” es un concepto perfectamente definido: es el que se impone a los delincuentes no por el hecho de haber cometido delitos, sino porque pertenecen a una determinada categoría. En resumen, se aplica no por lo que hacen, sino por lo que son. El concepto es familiar a todos los que hemos leído algo sobre la “Justicia” en el Tercer Reich. Los tribunales nazis aplicaron leyes dictadas en función de amplias categorías, en su caso la más llamativa fue la racial. Así, a un judío se le podía condenar por el hecho de ser judío, aunque hubiese sido un héroe condecorado con la cruz de hierro de primera clase por méritos militares al servicio de su patria y contraídos en la primera guerra mundial.

De todas maneras, como por desgracia no soy jurista, lo que más me impactó del libro de Portilla, que recomiendo encarecidamente a todos los lectores, es la impresionante colección de documentos de su anexo. Entre ellos figura, ¡cómo no!, un ejemplar del documento de retractación que debían firmar todos aquellos que estuviesen dispuestos a abjurar de su pertenencia a la Masonería. Su lectura nos devuelve a los más negros capítulos de la Iglesia triunfante, a la tradición nacionalcatólica menendezpelayista, a las tinieblas de las guerras de religión, en una demostración de que la SMICAR en su versión española ni había olvidado nada ni tampoco aprendido nada. Me da un poco de reparo reconocer que, por motivos de edad, pertenezco a aquellas generaciones nacidas después de la guerra que tuvieron que pasar en la escuela por las doctrinas que se describen en el documento que ahora retomo de Portilla para información de los amables lectores. Espero y confío que sin haber sufrido un daño irreparable.

Sería interesante saber, por medio de encuestas bien dirigidas, el porcentaje de españoles y españolas que en la actualidad haría profesión de fé y estarían dispuest@s a defender hasta las últimas consecuencias planteamientos como los que figuraban en aquel documento:

“La Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, es la única y verdadera Iglesia fundada por Jesucristo en la Tierra, a la cual de todo corazón me someto. Creo todos los Artículos que me propone creer; repruebo y condeno cuanto Ella reprueba y condena y esto pronto a observar cuanto me manda, y especialmente prometo creer: la doctrina católica sobre la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y la unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana; la divina maternidad de María Santísima, así como su integérrima virginidad e Inmaculada Concepción; la presencia verdadera, real y sustancial del Cuerpo, juntamente con la Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía; los siete Sacramentos instituidos por Jesucristo para salvación del género humano, a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio; el Purgatorio, la resurrección de los muertos, la vida eterna; el Primado, no tan solo de honor, sino también de jurisdicción, del Romano Pontífice, sucesor de San Pedro, Príncipe de loa Apóstoles y Vicario infalible de Cristo; el culto de los Santos y de sus imágenes; la autoridad de las apostólicas y eclesiásticas tradiciones y de las Sagradas Escrituras, que no deben interpretarse y entenderse sino en el sentido que ha tenido y tiene la Santa Madre Iglesia Católica; y todo lo demás que por los Sagrados Cánones y por los Concilios Ecuménicos, especialmente por el Sagrado Concilio Tridentino  y por el del Vaticano ha sido definido y declarado…”

¿Qué decir? Ningún buen cristiano no católico (evangelistas, metodistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos, etc.) se adheriría a lo que antecede. El documento proclamaba la absoluta soberanía del catolicismo más intransigente. Retrocedía a un período anterior a las guerras de religión de los siglos XVI y XVII. Chocaba con las Luces del XVIII. Con los progresos científicos ulteriores del XIX y XX. Orgullosamente, al proclamar la referencia al concilio de Trento, justificaba la apelación de tal iglesia como “trentina”. Por lo demás, obsérvese la importancia otorgada a las interpretaciones de la jerarquía. Con ello la SMICAR pronunciaba su papel supremo para entender en asuntos de la fe y de las buenas costumbres.

No hizo falta esperar al Concordato de 1953 (un texto jurídico y un tratado internacional entre el Estado Español y el Vaticano absolutamente aberrante, apenas si corregido por los acuerdos parciales anteriores a la transición política). El Estado naciente reconoció poderes omnímodos a la Iglesia en el curso de la guerra civil, siempre y cuando no chocara con actuaciones del Caudillo que, como nuevo Führer reencarnado a la manera española y en aplicación de su suprema voluntad como última fuente de ley, podía hacer teóricamente lo que le viniera en gana. Constreñida entre dos autoridades absolutas, la política y la eclesiástica, a la sociedad española le aguardaban años como ni siquiera se habían conocido en los tiempos de la supuesta grandeza del Imperio, aquél en el que nunca se ponía el sol.

Eso sí: en plena mitad del siglo XX.

Ángel Viñas

Con este post me despido de Vdes, amables lectores, hasta el 8 de enero, pasadas las fiestas navideñas y de reyes. También un servidor tiene derecho a descansar. En esta ocasión, lo necesito con urgencia. Acabo de terminar un libro y, simplemente, no estaré en condiciones durante bastante tiempo de encarar otro. Sí puedo, de cara a las fiestas, recomendarles un libro colectivo que acaba de salir, justo en este mes de diciembre. Aborda un problema histórico-estructural de España: la corrupción política. Es el resultado de un congreso internacional que tuvo lugar hace ahora exactamente un año en Barcelona, bajo la dirección del profesor Borja de Riquer. Las ponencias se han retocado un poco, se han actualizado en lo posible y los resultados se han compactado en un libro no ligero precisamente (casi 670 páginas de texto) pero con la ventaja de que puede leerse a saltos. Las ponencias son de una longitud nada desmesurada (entre 15 y 20 páginas en promedio) y su lectura es, en mi opinión, tanto ilustrativa como recomendable.

 

La presentación del volumen resume muy bien las características de la obra. Es, en primer lugar, el resultado de investigaciones académicas llevadas a cabo en los últimos veinte o treinta años. De manera, ciertamente, inconexa y sin coordinación orgánica o institucional como existe en otros países europeos, pero desde luego con resultados nada despreciables. Muy alejados, en todo caso, de los relumbrones de los supuestos scoops periodísticos y con la debida atención al marco histórico, económico, social e institucional en que el fenómeno analizado se desarrolló.

El texto del libro se descompone en dos partes. A ellas se añade una serie de comunicaciones seleccionadas por los directores de la obra. La primera parte son visiones generales, entre las que figuran el clásico estado de la cuestión sobre la investigación de la corrupción en Europa y el equivalente en España. Ambos introducen tres capítulos de alcance histórico español: desde el punto de vista del manejo del Presupuesto como fuente esencial de la corrupción, los enfoques de la Ciencia Política del fenómeno y la corrupción como fenómeno inserto en el ADN de la dictadura franquista, sobre todo en sus primeros -y oscurecidos- veinte años, de los que parece que hoy todo el mundo se ha olvidado.

La segunda parte presenta la corrupción en conexión con los grupos económicos y de presión y sus metamorfosis, así como un estudio de caso relacionado con la pugna en torno a las minas del Rif. Tras ello se aborda el fenómeno por épocas históricas, en particular durante los reinados de Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII. De aquí se pasa al estudio de la corrupción en el ámbito de las administraciones locales, sobre todo en el siglo XIX. Este enfoque se prolonga con una muy interesante discusión sobre la persecución penal de la corrupción, incluidos los períodos de la Segunda República y del primer franquismo. Una sección final aborda el concepto y la actualidad de la corrupción política, con el trasfondo del Antiguo Régimen.

La parte dedicada a las comunicaciones es, por supuesto, más variopinta. Hay comparaciones entre España y los Países Bajos; el análisis de la corrupción en la Cataluña napoleónica; el caso del Trienio Constitucional; las redes de poder en la corte isabelina; la influencia de los Rothschild en las élites políticas españolas en el último tercio del XIX; las denuncias de Gumersindo de Azcárate; la crítica al caciquismo; los delitos de los funcionarios públicos en la España decimonónica, etc. A mí me han interesado, por eso de su proximidad a los períodos que menos desconozco, las que versan sobre las denuncias a la corrupción en la etapa primorriverista y una sobre el sedicente “nuevo hombre fascista”, con su crítica a la corrupción liberal-parlamentaria incluida. El problema del acceso a archivos es omnipresente en los períodos ulteriores al primer franquismo, pero al fin y al cabo el trecho histórico cubierto en este libro es lo suficientemente rico en enseñanzas como para haberse quedado ahí.

Es obvio que la corrupción en el segundo franquismo, la transición y la etapa democrática da para otro volumen. Para estar a la altura de este se necesitaría una apertura documental que, hoy por hoy, no es esperable. No olvidemos que se trata de ensayos de académicos experimentados pero que, en último término, reposan bien sobre el análisis de literatura de época bien sobre la documentación no pública generada en la misma.

En esta somera invitación a la lectura no voy a detenerme en mi propia aportación. Algunas de mis tesis ya las he desgranado en este blog o en alguno de mis libros, en especial LA OTRA CARA DEL CAUDILLO y SOBORNOS. He hecho un esfuerzo, eso sí, por recuperar  cierto material archivístico hasta entonces desconocido, pero confieso que no da para mucho. No es fácil entrar en los archivos de las personas o grupos empresariales que se hicieron ricos, o vieron cómo sus competidores políticos y económicos se hacían, durante la dictadura.

Lo que sí puedo afirmar es que los lectores interesados encontrarán en esta obra colectiva una mina de informaciones, un catálogo de cuestiones suscitadas y susceptibles de profundización, una visión global sobre el fenómeno como hasta entonces no se había encontrado en ninguna obra española. Ya estas características bastarían para recomendarla.

El otro día, 5 de diciembre, se celebró un acto en Bruselas en honor del 40º aniversario de la Constitución. Fui con un amigo, exdirector general de la Comisión, Vicente Parajón, y abordamos el tema de la corrupción. Me dijo que él conocía en Italia el funcionamiento de la ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Yo no había oído hablar de ella, pero parece que es bastante conocida en los medios profesionales. Tras el acto hubo una pequeña recepción y entre los presentes estaba un funcionario de la OLAF, amigo de otro amigo mío. La OLAF va a montar “sucursales” en todos los países miembros y el reglamento que regulará sus competencias está a punto de ser aprobado, si es que no se aprobado ya.

La idea me chocó como un rayo. Que yo sepa, ningún partido político en España ha sugerido la creación de instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción. Se deja a las ruedas de la Justicia ordinaria y así los españoles podemos deleitarnos leyendo todos los días o casi todos los días detalles más o menos sabrosos de los abracadabrantes casos de corrupción que han salpicado la vida pública española durante los últimos quince años, si no más. Y yo me pregunto: como en realidad no hay que inventar la rueda, ¿no sería útil explorar la organización, competencias y experiencias de la ANAC y de la OLAF y ver si algo similar no convendría introducir en España?

A lo mejor, si hay una continuación del congreso de Barcelona del último año, criminalistas y administrativas de pro podrían exponer el estado de la cuestión en lo que se refiere al funcionamiento de ambos organismos foráneos. No sería la primera vez que España, sobre todo después del ingreso en la UE, ha importado mecanismos, instituciones y procedimientos que el genio nativo no había sido capaz de diseñar.

En fin, a la luz de las guirlandas con bombillas led que adornen los clásicos árboles de estas fiestas, los lectores que se animen a abordar el libro sobre la corrupción política en la España contemporánea encontrarán material para reír, y para llorar, en las largas noches de invierno que se nos avecinan.

Mientras tanto, ¡FELICES FIESTAS Y, DENTRO DE LO QUE CABE, ¡FELIZ AÑO NUEVO!

 

Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján (dirs), LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, Marcial Pons Historia, Madrid, ISBN 978-84-16662-60-9

Ángel Viñas

El año próximo se cumple el LXXX aniversario del final de la guerra civil, que no de la campaña, como recordó en su momento un jefe de puesto de la Guardia Civil, según recogió Francisco Espinosa. Tendrán lugar actos que lo recuerden. Un grupo de universitarios de tres generaciones nos hemos reunido para celebrar a finales de marzo un encuentro con el fin de intercambiar impresiones sobre lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo y lo que queda por aprender sobre una contienda que definió el resto del siglo XX español y que tuvo una proyección internacional como ningún otro suceso español en la historia contemporánea convencional. O, por lo menos, cuando la hora de España coincidió con la hora del mundo. Tras algunos meses de reflexión, emails, y llamadas telefónicas, el programa ha quedado perfilado. Es un encuentro modesto, pero creemos que de alto nivel.  Las actas se publicarán en línea.

 

QUEDA MUCHO POR DECIR SOBRE LA GUERRA CIVIL

APORTACIONES RECIENTES Y REFLEXIONES OCHENTA AÑOS DESPUÉS

Salamanca-Zamora, 27-29 de marzo de 2019.

 

PROGRAMA

 

Día 27. Mañana

Inauguración

Primera Sesión: La segunda República, ¿antesala de la guerra civil?

Eduardo González Calleja: “La República, ¿víctima o responsable de la guerra civil?

Ricardo Robledo: La reforma agraria, ¿causa de la guerra civil?

Día 27. Tarde

Segunda Sesión: La conspiración civil y militar

Francisco Alía: Lo que hemos aprendido sobre el éxito y el fracaso de la conspiración militar

Ángel Viñas: ¿Quién quiso la guerra civil? Una reescritura

Ángel Bahamonde: Los militares leales a la República.

Día 28. Mañana

Tercera sesión: La dinámica militar: el frente y la retaguardia.

Juan Carlos Losada: Los momentos decisivos de la guerra. Valoración de las estrategias militares.

Carlos Píriz y Juan Andrés Blanco: El papel de la retaguardia: movilización, espionaje y quinta columna

Jesús A. Martínez: Los periódicos de la guerra y la propaganda de papel

Daniela Aronica: La ofensiva de Cataluña en las imágenes del CTV: análisis del documental, rescatado en Berlín, I legionari italiani in Catalogna (Stato Maggiore dell’Esercito-Istituto Luce, 1939, 43’,

Este documental, realizado por la sección cinematográfica del Corpo Truppe Volontarie, es el único en cubrir la campaña al norte de Barcelona, la última protagonizada por el CTV. Lo hace con imágenes de sólida factura y con un planteamiento original, quizá porque incluso los dos cámaras civiles que integraban la sección trabajaron codo a codo con los militares. La cámara, además, estuvo ubicada en la línea de fuego. Todo ello nos brinda un catálogo más amplio que nunca de la maquinaria empleada en el conflicto. El filme, localizado en el Bundesarchiv-Filmarchiv de Berlín por Daniela Aronica, es uno de los más logrados de entre los producidos desde la Italia fascista sobre la guerra civil española y se proyecta en versión original subtitulada al español -como estreno mundial- en el marco del proyecto “Imágenes para la Memoria. Iconografía fascista y guerra civil española (2016-2019)”. En los últimos 20 minutos se recoge el desfile de la victoria en Barcelona, con imágenes también inéditas.

 

Día 28. Tarde

Cuarta Sesión: Dimensiones políticas y sociales

Encarnación Barranquero:  Lo que hemos aprendido sobre el papel de las mujeres en la guerra civil y la posguerra. Datos y reflexiones de un balance

José Ramón Rodríguez Lago: El papel de la Iglesia católica en la guerra civil. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos queda todavía por saber?

Gutmaro Gómez Bravo: La guerra civil y la violencia fundacional de la dictadura

Julio Prada: Lo que sabemos de la represión económica. Un balance

Alberto Reig: La inconclusa guerra de palabras en torno a la represión y el terror en la guerra civil.  

Día 29. Mañana

Quinta Sesión: La internacionalización y territorialización de la guerra civil

David Jorge: El abandono de la República por las democracias. Nuevos hallazgos y enfoques.

Enrique Berzal: Una zona no tan azul. Guerra civil y represión en Castilla y León.

Francisco Espinosa: Andalucía y Extremadura: La represión franquista en perspectiva

Matilde Eiroa:  Del estudio del pasado a la transmisión para el futuro: ¿qué papel desempeñan los historiadores a los 80 años de la Guerra Civil?

Día 29. Tarde

Sexta sesión: El franquismo, ¿consecuencia de la guerra civil o continuación de la guerra?

José Luis Martín Ramos: Cataluña: fracturas para después de una guerra

Miguel Íñiguez Campos: El abandono de la República en materia de suministros de armamentos. Nuevas investigaciones.

Paul Preston: Juan Negrín en los días finales de la República

 

CLAUSURA

Ángel Viñas

La Asociación de Funcionarios Españoles en la Unión Europea me invitó a intervenir en un acto que debía celebrar en Bruselas los cuarenta años desde la entrada en vigor de la Constitución y nuestra participación en la Unión Europea. Sin la primera, no hubiera sido posible la segunda. Inmediatamente escribí unas palabras -más o menos las que siguen- pero tan pronto las comenté con una de los organizadores me di cuenta de que lo ya escrito no valía para el acto. He pensado que pueden ser, sin embargo, de interés para los lectores de este blog y por ello las reproduzco aquí, con solo algunos cambios marginales. No sin recordar que tras el 23F un diario tituló a grandes caracteres su primera página con un juego de palabras: EL PAIS, con la constitución.

 

Los cambios en la sociedad española en los cuarenta años desde que se aprobó la Constitución son inconmensurables. Algunos de ellos se hubieran producido de todas formas. Incluso en el escenario contrafactual de que el ingreso en las entonces Comunidades Europeas no hubiera tenido lugar ocho años después.

En 1978 la sociedad española ansiaba dejar atrás los años de la dictadura. Pero… si el 23F hubiese tenido éxito nuestra incorporación se hubiera retrasado. Un vistazo a los despachos y telegramas, ya desclasificados, que salían de y se recibían en algunas de las embajadas en Madrid muestran un aspecto muy claro: casi todos los observadores extranjeros estaban convencidos de que las negociaciones se habrían paralizado.  Afortunadamente, aquellos planteamientos se quedaron en meras especulaciones. Los efectos colaterales del 23 F reforzaron la percepción europea de que era preciso contribuir a la estabilización de la situación española. Un giro copernicano con respecto a, por ejemplo, 1931 o 1936.

Después del ingreso en el Consejo de Europa, y antes de la aprobación de la Constitución, en el plano político y estratégico el camino había quedado expedito para negociar la adhesión a las Comunidades. Su conclusión en junio de 1985 constituyó una fecha señera en la historia de España del siglo XX. Para bien. No como lo habían sido el 18 de julio de 1936 o el 1º de abril de 1939.

La adhesión fortaleció, diversificó y amplió los cambios subsiguientes a la ruptura del relativo aislamiento en que hacia entonces había discurrido la evolución económica y social española. Sólo hay que recordar la situación de partida en 1978: en lo político una transición hacia una democracia plena. La previó la Constitución, pero bajo la sombra, que algunos consideramos alargada, de las bayonetas. En el plano económico partíamos de unos niveles todavía muy alejados de los estándares europeos. La distancia era mayor en el plano social en el que afloraba alguna que otra veleidad casticista. A la par, nuestro entorno estaba caracterizado por una estabilidad armada, tras los frentes cristalizados en la guerra fría; por una economía que, si ya no era la de los “treinta años gloriosos”, no tardaría en mejorar, en parte gracias a los avances que se registraron en el ámbito comunitario. También por progresos en lo social cuya distancia llenaba de envidia a muchos españoles

A diferencia de lo ocurrido con la OTAN, cuando la pelea política e ideológica duró hasta prácticamente el referéndum de 1987, la adhesión a las Comunidades concitó el consenso de casi todas las fuerzas económicas, políticas y sociales españolas. Tuvimos incluso suerte. Nos incorporamos en un momento de superación de lo que entonces se denominaba “euroesclerosis”.  No sin sufrir algunas decepciones, como dejó puesto de relieve en sus memorias el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo. Pero lo importante es que nos incorporamos. Lo hicimos, creo, con tres objetivos estratégicos.

El primero lo determinó la voluntad de participar plenamente, con todas nuestras energías, en el desarrollo de la construcción europea. No fue posible caracterizar a España como un Estado miembro renuente o rezagado. El segundo objetivo fue consecuencia de la voluntad de querer avanzar tan rápidamente en la empresa común como lo hiciera el más rápido y más entregado de los miembros.  Y el tercero consistió en querer prestar una contribución lo más robusta posible al reforzamiento de las instituciones comunitarias y, en particular, al papel del entonces todavía un tanto endeble Parlamento Europeo.

Subsiste la discusión sobre lo que subyacía a tales objetivos estratégicos. Para el Gobierno que negoció el tramo final nunca hubo duda alguna de que la adhesión representaba la posibilidad de arrinconar tendencias seculares. Representaba la ocasión de llevar a la práctica el tan manoseado dicho de Ortega y Gasset de que, si España era el problema, Europa era la solución. Hubo otra consideración. El pasado había mostrado que España era un país de soberanía recortada. Su eje estratégico fundamental había gravitado hacia Estados Unidos en condiciones que he aclarado en un par de libros.

La Comunidad Europea ofreció la posibilidad de jugar con un contrapeso: un nuevo eje cristalizado en la Europa en proceso de integración. Algunos lo intuyeron en ciertos comentarios de la prensa británica de aquella época. España se mostraba tan europeísta por su necesidad de superar el recuerdo y las trabas de la dictadura a la que había estado sometida durante cuarenta años.

En el plano general me parece evidente que la participación española en la común aventura europea ha sido un éxito. Un país que no había sido socializado en los mecanismos de la comunitarización pudo, en muy poco tiempo, importar el acervo acumulado en la construcción europea.  También pudo exportar hacia ella nuestros intereses estratégicos más genuinos. Lograr una buena simbiosis fue una tarea en la que han participado los sucesivos gobiernos, con fuerte apoyo en la sociedad toda. También con algún que otro decalaje.

Que hubo roces y malentendidos fue inevitable. Con la ventaja que da el conocer algo de lo que hubo detrás de los hechos es explicable que, sin embargo, la experiencia fuese turbadora para algunos. Otros la abrazaron abiertamente. Dos frases, una de ellas muy conocida se debe a Paco Fernández Ordóñez, “fuera de la Comunidad hace mucho frío” (hace unos días la he leído en un periódico británico aplicada al propio Reino Unido al salir de la Unión). La segunda fue de un alto cargo cuyo nombre me reservo: “Estar en la Comunidad es como estar en guerra solo que con otras armas”. Dos formas muy diferentes, pues, de enfocar la participación en esta empresa común. Sin embargo, cuando en la ya Unión Europea se fortaleció el método intergubernamental en lugar del comunitario, España lo apoyó. Cuando se reforzó el segundo, España también lo apoyó.

Pertenezco al primer pelotón de altos funcionarios españoles que llegó a Bruselas. Aun así creo que, al hablar de los cuarenta años de éxito compartido, que lo fueron, predominan los éxitos sobre las sombras. Un parteaguas puede situarse hacia 2008, con el comienzo de la crisis económica. Hasta entonces los españoles aportamos ideas excelentes: en la memoria de todos están la creación y expansión del programa Erasmus a lo que tanto contribuyó Manuel Marín, de quien ahora se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. O el establecimiento de los Fondos de Cohesión. O la aportación a la ciudadanía europea. Por no hablar del apoyo sin fisuras a un fenómeno extracomunitario, pero con importantes consecuencias para la futura Unión Europea: el apoyo sin mácula a la unificación alemana. Todos fueron de gran importancia para España y también para los demás Estados miembros. El hacer coincidir los más genuinos intereses nacionales con el interés común europeo fue una tarea que se nos dio bien.

La forma y manera en que la Unión abordó la crisis económica señaló que el stock de creatividad tanto en los grandes Estados miembros como en España había topado con límites. Es cierto que los progresos institucionales y operativos conseguidos desde aquellos años han sido considerables. No es menos cierto que una brecha ha ido abriéndose entre los Estados miembros que todavía no se ha colmado. Sus efectos siguen dejándose sentir.

A ello se añaden discrepancias fundamentales sobre otros fenómenos: en primer lugar, la incapacidad de generar respuestas comunes y eficaces en la gestión de los flujos migratorios. En segundo lugar, la tendencia hacia la desviación de ciertos principios fundamentales de la construcción europea, como muestran los ejemplos de Hungría y Polonia, que han dado alas a movimientos nacional-populistas.

Hoy no podría decirse que la Unión pasa por sus mejores momentos.  ¿Cómo se explica la aparición y expansión de tales movimientos en tantos Estados miembros? En Reino Unido han conducido al desgajamiento de la Unión. Por primera vez, un Estado miembro la ha abandonado.  ¿Cómo es que la Unión ha tenido que amenazar con la utilización de procedimientos sumamente coercitivos en Polonia, sin traer aquí a colación el caso de Italia, uno de los países fundadores?

En la búsqueda de un chivo expiatorio se ha echado la culpa a la Comisión. Pero, con todos sus poderes, la Comisión no actúa en el vacío. Está obligada a vigilar el cumplimiento de los tratados y no es una institución tecnocrática al margen de consideraciones políticas. Si los Estados miembros no cumplen sus obligaciones contractuales, ¿quién puede llamarles la atención?  Y si los Estados miembros deciden, en la más absoluta oscuridad dentro del Eurogrupo, promover una política procíclica y no anticíclica, ¿quién puede llamarles al orden?

Es obvio que para hacer frente a los grandes desafíos que Europa tiene por delante el refugiarse en soluciones unilaterales, nacionales, es el peor enfoque. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Reino Unido frente al cambio climático? ¿Y cómo va a negociar de tú a tú con los grandes bloques comerciales? Y, me pregunto, ¿qué harían solitos, por ejemplo, Hungría, Eslovaquia, Austria, Rumania? ¿Crear nuevas fronteras nacionales? ¿Abandonar la Unión?

En este sentido, la salida de Reino Unido no es buena pero tampoco tan mala. Ha enseñado la dificultad en desandar el camino ya andado. Deja fuera a un Estado reticente a ciertos avances, particularmente en política de seguridad y defensa.  Abre pues el camino a la posibilidad. No, a la necesidad, de continuar con la tarea  de coordinación y estrechamiento de lazos y vínculos y aprender de los fallos en que todos hemos incurrido. No quisiera terminar esta breve intervención bajo un signo de duda o negativo. Ni sería apropiado ni tampoco haría justicia a los hechos.  Veamos, por ejemplo, los últimos datos del Eurobarómetro, una de las biblias que manejan los analistas.

A lo largo de los últimos diez años el grado de satisfacción que a los españoles les inspira la pertenencia a la Unión ha ido por encima del nivel medio de la totalidad de los Estados miembros. Solo ha sufrido un único desplome, en junio de 2013. Hoy está al mismo nivel que cuando irrumpió la crisis en 2007. La situación no cambia si se la enfoca desde los puntos de vista del género y de la edad. En este último caso, la satisfacción es mayor incluso entre los más jóvenes, es decir los que se encuentran entre los 15 y 24 años.

Ni España ni la Unión pueden desaprovechar esta tendencia. Es más sólida entre las generaciones llamadas a reemplazar a líderes de mayor edad, sin duda más experimentados, pero probablemente también más cansados. No tenemos el derecho de hipotecar su futuro. Si la desafección entre las nuevas generaciones aumentara, el futuro de la Unión se vería puesta en entredicho. No hay que olvidar que es una rara avis. Surgió como respuesta a una guerra causada por nacionalismos exacerbados. Hoy es una nave navegando por aguas turbulentas, en el interior y en el exterior. Y, como historiador, no puedo olvidar que la historia es un registro del cambio y que ninguna obra humana es eterna.

En este final de 2018, tras treinta años de experiencia comunitaria, España dispone de una base sólida para continuar avanzando en el terreno de la integración. Es, por lo demás, una necesidad. España está particularmente expuesta a uno de los desafíos globales de la Unión, los flujos migratorios, y comparte con los demás miembros la necesidad de protegerse de la amenaza terrorista y de un entorno exterior en el que se producen turbulencias continuamente, algunas previsibles. Otras, menos. El rechazo a Europa se focaliza hoy en países en los que movimientos y partidos de extrema derecha arrojan diariamente bombitas sobre el proceso de integración. Por razones diversas. Casi todas tienen como correlato la negativa a ampliar el pool desde el cual la soberanía nacional se ejerce conjuntamente.

Hace muchos años un gran historiador británico, Alan Milward, escribió que, tras el horror de la segunda guerra mundial y el rechazo al hipernacionalismo, la Comunidad Europea había sido el mecanismo de rescate Estado Nación. La relación entre el proceso de integración, impelido por el juego dialéctico entre el método comunitario y el intergubernamental ha tenido efectos benéficos y mutuamente positivos para la Unión y para sus Estados miembros respetando su integridad y la complejidad de sus estructuras. Si la Unión fracasara se habría malogrado el mejor y más ambicioso experimento europeo en dos mil años de historia. Y para nosotros los resultados serían, simplemente, catastróficos.

Ángel Viñas

Desde el punto de vista de su análisis un documento, aislado, como el reproducido en este blog la semana pasada plantea interrogantes. El más importante es también el más obvio: ¿es creíble? Normalmente los historiadores trabajamos sobre temas para los cuales existe una multiplicidad de fuentes. A veces convergentes, lo que es la situación ideal. A veces contradictorias, lo que obliga a un análisis pormenorizado y separar el trigo de la paja. En general es en ello cuando se demuestra la destreza del analista. Los hay buenos y los hay menos buenos. Otros ni se atreven o eliminan lo que no les gusta. Pero, en general, no suele trabajarse sobre un documento aislado. ¿Por qué, pues, lo he reproducido?

La respuesta inmediata es porque creo que dice algo interesante y por el origen del mismo. La procedencia es en este caso, en mi opinión, determinante. Si la carta se hubiera encontrado, valga el ejemplo, en un archivo personal o, si se quiere, en el de un periódico habría que concederle mucha menor significatividad que la adquiere cuando se advierte que procede de los archivos de la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado (SEJE). Es decir, este origen la dota de un mayor interés. Observaré que se trata de una perspectiva basada en un elemento externo.

Sin embargo, el historiador procede metódicamente, con arreglo a unos procedimientos generalmente aceptados. La consistencia interna y la contextualización adecuada son los más importantes.

Desde el primer punto de vista el contenido de la carta es congruente con el desasosiego sentido por un antiguo alférez provisional, que luchó, posiblemente derramó alguna sangre, propia y ajena, y fue parte de las fuerzas que proclamaron la victoria sobre quienes consideraron enemigos de la Patria (dejo fuera de órbita el que fuese solamente “su” Patria y no la de todos). Una guerra civil es dicotómica o en blanco y negro. La española lo fue en grado sumo.

Por lo que él escribió, el exalférez no aceptó las medallitas subsiguientes a la victoria. ¿Es creíble? Sí. Lo era si no seguía dentro de las fuerzas armadas. Nadie iba a obligarle a solicitarlas y a nadie le sorprendería que sobre el uniforme no llevara los pasadores de la campaña. Probablemente se trató de algún estudiante de derecho, tal vez licenciado después. En su carta se encuentran argumentos de cierta naturaleza jurídica, no demasiado desarrollados, pero para lo que él quería suficientes.

También es probable que fuese algún católico, cosa nada extraña en las filas de los vencedores, que al fin y al cabo combatieron con el fervor que despertaba una Iglesia que siempre he caracterizado como trentina, es decir, emanada casi directamente de los dogmas establecidos y apuntalados en el Concilio de Trento en el siglo XVI. (Para quien dude de mi caracterización sugiero que lea los documentos que la Iglesia triunfante obligó a firmar a quienes se retractaron, después de la guerra, de “demoníacas” creencias como las masónicas: la aceptación de los dogmas desde Trento, amén de los posteriores, fue una condición sine qua non).

No hay forma de comprobar si el firmante asistió al proceso contra Grimau. Él afirmó que estuvo presente en el mismo. Habría que comprobar quiénes fueron admitidos al mismo, pero eso no nos llevaría demasiado lejos porque probablemente hubo varios y el firmante bien pudo decir la verdad o haber mentido.

Que se sintió profundamente disgustado por lo que viese u oyera, y por el mantenimiento de una legislación que le pareció desajustada a los tiempos que corrían en 1963, es algo que se desprende de su escrito, redactado en tonos respetuosos para con su destinatario. Obsérvese la reiteración del “mi General”, que habría sido de uso obligado en la contienda.

El remitente se sintió herido por la existencia, en tal año, de una legislación que era absolutamente de guerra. Es lógico que así fuera en el contexto en que lo escribió. Ya habían surgido algunos brotes de oposición y habían tomado fuerza desde los primeros, producidos en torno a la mitad de los años cincuenta. El PCE, “los marxistas”, habían empezado a levantar cabeza.

En 1963, además, todavía no se habían hecho sentir con intensidad el “opio” que el régimen desparramó sobre los españoles como consecuencia de los frutos que arrojara si no la mística del “desarrollismo”, sí al menos la recepción de un volumen creciente de remesas de emigrantes, de la repatriación de capitales, de la incipiente inversión exterior y de los ingresos por turismo. Todos ellos contribuyeron, a lo largo de los años sesenta, a impulsar el crecimiento, ya que no el desarrollo, de la economía. Al expandirse la tarta, quedó algo más para las amplias mayorías, pero en 1963 el proceso estaba en sus comienzos y las migajas de tarta no se habían desparramado por lo que solían denominarse “las clases menesterosas”.

Estoy escribiendo en términos de una contextualización general. Es insuficiente. Hay que ir más cerca del motivo de la carta, es decir, estrechar o circunscribir la contextualización.  En cuanto se llega a estos niveles, lo primero que hay que decir es que el exalférez provisional llegó tarde. Fechó su carta el 20 de abril de 1963, es decir, el mismo día en el que, en la madrugada, Grimau había sido fusilado, a las pocas horas de terminada la reunión del Consejo de Ministros que se dio por enterado de la sentencia. No hubo la menor demora. Si la reunión de los señores ministros acabó el 19 hacia las 9 de la noche, el fusilamiento se produjo hacia las 6.30 de la siguiente madrugada.

En esta perspectiva de contextualización próxima debo recordar que sobre el proceso a Grimau se ha escrito mucho, pero que una de las obras de referencia que mejor lo ha tratado, en mi opinión, ha sido un libro que suele citarse poco pero que me parece fundamental para comprender los antecedentes y la renovación del aparato represor judicial en el franquismo, que venía derechito de la guerra civil. Me refiero a la obra del magistrado Juan José del Águila, El TOP. La represión de la libertad (Planeta, 2001).

En él se hace mucho hincapié en una conducta del general Franco, que hoy sigue siendo tan alabada en ciertos sectores de la sociedad española, que fue bastante poco habitual. Como se sabido, el ejercicio del derecho de gracia para indultar a condenados a muerte era de su exclusiva competencia. Lo había ejercido durante la guerra civil y la posguerra, pero con muchísima mayor frecuencia se había limitado a darse por enterado de las sentencias de los órganos e instancias competentes inferiores. En el caso de Grimau, el taimado general decidió, por razones que no he visto explicadas suficientemente, compartir la responsabilidad de la decisión con sus propios ministros. Es más, se sometió a votación formal y explícita. Como dice del Águila, siguiendo al constitucionalista Diego López Garrido, “una circunstancia que era absolutamente inhabitual, puesto que nunca ningún asunto fue sometido a votación en los Consejos de Ministros presididos por Franco”. Sí ocurrió en otros casos que Franco llamara a sus ministros, en consejo, a que participaran en determinadas decisiones para las cuales, en realidad, él únicamente era responsable pero aquí todo dios se mojó y votó. Ninguna abstención. Unanimidad. Estaban en juego, ya que no la dignidad que no abundaba, los garbanzos.

En el caso de Grimau es obvio que Franco buscó cobertura para amparar una decisión que supuso un importante costo político para su régimen. De lo que se trató en este caso fue, simplemente, de proceder con toda la fuerza de la vigente legislación, una legislación de guerra. Con tal fin se aparcó la aprobación de la decisión de remitir a las inefables Cortes franquistas el anteproyecto de Ley de creación del Juzgado y Tribunal de Orden Público. De haberlo hecho, el fusilamiento hubiera sido postergado automáticamente.

Juan José del Águila ha observado, además, cómo la dictadura ni siquiera quiso atenerse a sus propias normas. Cito literalmente: “no existe constancia en la causa ni de la hora exacta en que se produjo la notificación de la sentencia a Grimau, ni del momento del traslado del reo a la capilla (….) [ni] sobre la posible identidad de la persona que debió cursar la instrucción por la que el gobierno “se daba por enterado” (…) ni en qué momento aquel trámite se realizó, si es que realmente se produjo así (…) En realidad el origen de aquel “enterado” gubernamental sigue envuelto en el misterio”.

En tan insondable misterio participaron varios generales, “héroes de la Cruzada”, como Rafael García Valiño o Pablo Martín Alonso, sobre los cuales un próximo libro, que me ha cabido el honor de prologar, revelará algunas características personales por la pluma (o máquina de escribir, más bien) de uno de sus eminentes compañeros. Es decir, que algunas de las impresiones del exalférez provisional (“se conculcaron todas las normas del Derecho, desde el principio al fin”) resultaron ser rigurosamente exactas. Para más detalles, remito a la obra de Juan José del Águila de quien me consta que está trabajando afanosamente para ponerla al día. Espero que pronto lo haga y pueda salir de nuevo a la luz.

Una apostilla personal. A servidor la noticia del fusilamiento de Grimau me pilló “empollando” con el fin de no dejar colgada alguna asignatura porque tenía una beca para la Universidad Libre de Berlín. Un amigo mío, de quien he perdido la pista, José Manuel Serrano Parrondo, y yo nos quedamos helados. Más cuando empezamos a escuchar por las radios extranjeras otra versión de lo ocurrido en Madrid. Si no recuerdo mal, Le Monde dejó de aparecer en los kioscos unos cuantos días. A los pocos meses, cuando empecé a visitar la entonces República Democrática alemana (RDA) comprobé que, en Berlín oriental, Leipzig y Dresde. por lo menos, había Julian Grimau Strassen, calles en su honor. A mi vuelta uno de mis amigos comunistas ya fallecido, José Ramón Herreros de las Cuevas, que quería que ingresara en el partido, me llevó a ver alguna de las sesiones públicas del TOP. Me resultaron vomitivas, pero no ingresé. Había visto el régimen del SED en la RDA y, la verdad, me eché para atrás. Lo que sí me quedó fue una sensación de profunda repugnancia hacia el régimen de Franco. La tuve entonces. La mantengo hoy.

 

Ángel Viñas

La semana pasada di pública expresión a mi sorpresa de que antiguos altos mandos del Ejército, ya jubilados, hubiesen considerado oportuno loar al general Franco, de cuyo fallecimiento se cumple hoy un nuevo aniversario, utilizando como uno de sus argumentos, aunque no el único, el carácter supuestamente instructivo para las nuevas generaciones de su desconocida hoja de servicios salvo en la parte que antecedió a su odiada República y que ya fue objeto de análisis (no necesariamente en plan de alabanza) por un jefe del Ejército, también jubilado e historiador conocido, el coronel Carlos. …..

He dejado expresamente para este 20 de noviembre el dar a conocer una carta que un conocido amigo mío encontró años ha en el archivo de la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado y que me envió por si pudiera interesarme. En aquellos momentos estaba escribiendo LA OTRA CARA DEL CAUDILLO y no vi la forma de incluirla. Me contenté con poner de relieve la forma y manera en cómo, a las tres semanas más o menos de ser cooptado por sus pares a la máxima magistratura, empezó a mover uno de los instrumentos que le permitió, en los tres años de guerra, hacerse con una fortunita considerable. Algo en lo que tan ilustres soldados no parecen haber reparado todavía. Hay que comparar, claro está, el tono moral que rezuma de tales manipulaciones con el espíritu de abnegación y sacrificio que tantos y tantos mostraron mientras morían en las trincheras o se desangraban esperando a que les enviaran a los hospitales de retaguardia. Pelillos a la mar.

Hoy creo que es imprescindible que tal carta salga de la oscuridad. Se trata de una misiva, con firma garabateada, escrita a máquina en 1963. Por razones no explicadas en el expediente, alguien decidió guardarla. En muchas otras ocasiones tal tipo de comunicaciones va directamente a la papelera. No fue este el caso. En el próximo post haré algunos comentarios al respecto, pero antes desearía que mis amables lectores leyeran el texto de la carta. Ni que decir tiene que el tono fue extremadamente respetuoso. La puntuación, que no era el fuerte del autor, es mía.

 

“Mi General: el español que le dirige esta carta fue oficial a sus órdenes durante la guerra civil española. En la misma perdió a su padre y derramó su sangre por la Patria en diferentes operaciones estando en posesión de varias condecoraciones a las que renuncié voluntariamente por los mismos motivos que informan ésta.

Como tantísimos españoles luché por Dios y por la Patria, por lo menos luché con este convencimiento y verdadera fe. No saqué en consecuencia ningún provecho personal de esta privilegiada situación, creyendo siempre que, aun cometiendo errores, íbamos a crear una nueva España mejor y auténtica madre de todos los españoles.

Siempre, y en cuantas ocasiones se me han presentado, lo he defendido a Vd. y a sus políticas; inclusive en momentos en que la pura razón me parecía estar de nuestra parte.

Después de más de 25 años observo con verdadero horror que lo que en principio creí era un mal inevitable, conocedor de las pasiones desatadas y de los sufrimientos de la guerra, y que el paso del tiempo y la inteligencia de Vd. borraría para siempre de la faz de nuestra Patria, se ha convertido en norma.

Escribo, pues, ésta bajo el dictado de mi conciencia y para que nunca se diga que un español calló cuando debía haber hablado. Todavía después de tanto sufrimiento y tanta sangre vertida hay que escribir HABER en vez de PODER.

Mi General: los últimos juicios militares contra personas civiles son a todas luces monstruosos. No hay ley humana o divina que en este año de 1963 pueda justificarlos, ni tampoco los métodos empleados para montar los mismos, mucho menos teniente presente la hora actual del mundo.

Las largas condenas impuestas, inclusive la pena de muerte, y las torturas son impropias de un país que se dice civilizado y por demás católico. Por ello la opinión mundial nos mira con repulsión y seguirá la leyenda negra. Todo este horror caerá sobre nuestras conciencias este día y sobre las de nuestros hijos en la eternidad.

No podremos, como no podemos ya, acusar al mundo y proclamar con lágrimas de fariseo que no se esfuerza nadie en comprendernos cuando nosotros, después de más de 25 años de terminada nuestra guerra civil, seguimos aplicando normas de represión y odio contra hermanos nuestros, que podemos considerar como equivocados, obcecados y sin salvación pero hijos de Dios y a quienes tenemos la sagrada obligación de comprender y convencer, y no se puede convencer a nadie aplicando medidas de odio, aparte de que pecamos gravemente a los ojos de Dios y de los hombres.

Hay que tener presente, mi General, que la inmensa mayoría de esos hombres se mueven a impulsos de verdaderas injusticias y que, si no hubiese en nuestra Patria necesidades, hambre y tantas injusticias irritantes, en perpetuo contraste con un lujo y ostentación de riqueza desmedidos, no serían captados por las ideas marxistas. Al fin y al cabo, estas son una nueva mística que, aunque en teoría, ofrecen una esperanza de redención.

¿Qué esperanzas tiene el que en España sigue pasando hambre de pan y de justicia, después de más de 25 años de promesas?

Cúlpese, pues, a los que lo han tenido todo en sus manos y solo han pensado en enriquecerse desmedidamente, restregando diariamente su orgullo y despotismo por las narices de los oprimidos.

No podemos engañar a nadie presentando sus delitos de rebelión militar

(sigue al dorso)

lo que solo es un sagrado derecho del explotado. La protesta contra dicha explotación, contra la injusticia que con él se comete.

Que pedir justicia, en la forma que fuere, no es delito, cuando uno no es escuchado por quien debiere. Y, en último término, tengamos también presente que al juzgar a un ser humano juzgamos su actuación ante la sociedad de acuerdo a la ley considerando solo los hechos probados y de ninguna forma sus ideas, pues aun condicionando unas a otros es lo cierto que orden de los hechos pertenece a los hombres y el de las ideas a Dios.

Son muchos más, mi General, los argumentos que en pleno Derecho podría invocar, pero no lo hago, en orden a la brevedad y también convencido de que su preclara inteligencia ya los intuye, y convencido de que para argumentaciones de esta carta ya son suficientes.

Solo me resta, mi General, pedirle clemencia y caridad para ese comunista condenado a muerte el día 18 de abril del corriente llamado Julián Grimau, juzgado por un tribunal militar donde se conculcaron todas las normas del Derecho, desde el principio al fin, y que de cumplirse será baldón y vergüenza para varias generaciones de españoles (fui testigo presencial).

También, mi General, clemencia y caridad para todos los que el momento actual son reos y cumplen penas larguísimas por sus opiniones políticas o sus protestas laborales.

En sus manos está, mi General, el corregir tanto desafuero y odio, en beneficio de España, de nuestros hijos y de nosotros mismos; que la Historia está ahí para que nos juzguen y, por encima de todo y de todos, Dios, que también nos ha de juzgar.

Si así lo hace, mi General, Dios se lo premie; si no, Dios y los hombres se lo demandan.

Escrito en Valencia, a 20 de abril de 1963

Un alférez provisional

 

(un garabato como firma, en el que se distingue una inicial)”

 

Fuente: Archivo General de Palacio, Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado, legajo 3410.

Ángel Viñas

Como mis amables lectores saben, los posts de este blog de historia, bajo el lema de que esta no se escribe con mitos, suelen hacer referencia a cuestiones relacionadas con la República, la guerra civil, el franquismo. No deseo meterme en polémicas de actualidad en las cuales hacen su agosto otros blogs y, desde luego, muchos periodistas, unos buenos y otros menos buenos. En los últimos meses, además, he estado muy ocupado con mi próximo libro que avanza a ritmo rápido.

Ahora, sin el menor ánimo de entrar en polémicas (que, caso necesario, no rehúyo), he encontrado tiempo para leer un manifiesto que hace un par de meses suscitó algún revuelo. Me refiero a una DECLARACIÓN DE RESPETO Y DESAGRAVIO AL GENERAL D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, “SOLDADO DE ESPAÑA”, que firmó un cierto número de oficiales, jefes y oficiales generales ya retirados en su inmensa mayoría.

Aparte de que tal declaración contiene afirmaciones que, dicho con todo respeto, me parecen sencillamente grotescas (“ataques a la persona de Franco”, voluntad de “borrar todo vestigio de su quehacer” o “medio siglo de historia”, “intento final (sic) de hacer desaparecer definitivamente al principal artífice de que esa historia no desapareciera”, etc) los firmantes hacen una afirmación propositiva que cito a continuación:

“A los empeñados en descalificar de forma absoluta y sin paliativos la conducta de un militar ejemplar para todos los soldados: retirados, en activo o por venir, les recomendamos la lectura sosegada y objetiva de la Hoja de servicios del General Franco”.

Muchos de los firmantes de esa declaración supongo, es un decir, la habrán leído y meditado profundamente sobre sus enseñanzas. Si es así, habrán sido unos afortunados porque los historiadores molientes y corrientes hemos sido incapaces de leerla y mucho menos de meditarla. La hoja de servicios del Excmo. Sr. General Don Francisco Franco Bahamonde no está en el dominio público. Punto. Estará, quizá, en el dominio reservado a sus panegiristas militares.

Como historiador que ha leído muchas hojas de servicio relacionadas con la guerra, la anteguerra y la postguerra sé muy bien que, en general, hay que cogerlas con varios kilos de sal gorda. Omiten datos importantísimos, juegan con las hazañas de sus protagonistas, exageran con frecuencia, etc. Lo más significativo es la primera característica. Así, por ejemplo, en muchos de los que complotaron contra el Gobierno republicano, sus hojas de servicio no dicen nada. Listan destinos, cargos, desplazamientos, maniobras, conferencias, etc, hasta llegar al 18 de julio cuando, con harta frecuencia, utilizan la fórmula estándar de que se adhirieron al “Movimiento Nacional” o, a veces, al Glorioso MN. Por supuesto de su participación en el complot o la represión, rien de rien. Circunloquios y expresiones banales son de rigor.

Los ilustres soldados que todavía hacen entusiásticas alabanzas a la figura del general Franco se habrán leído una hoja de servicios que solo ellos conocen y que tal vez no varíe mucho con respecto a las demás. Desde luego han pasado por alto las biografías que, desde 1975, han dibujado una imagen de su alabado líder sin haber estado aherrojadas o constreñidas por la simpática institución de la censura de guerra (hasta la ley Fraga de 1966) y la no menos agradable institución de la “consulta previa” hasta que se abolió tras el fallecimiento del interesado. Quizá agradables a sus corazones. Porque afirmar que después se ha querido borrar de la HISTORIA a Don Francisco Franco Bahamonde es lo que, en la terminología anglosajona que sin duda tales caballeros habrán aprendido al verse expuestos a la interacción con los militares de la OTAN, se denomina una “misrepresentation of facts”.

La Declaración muestra que si bien los firmantes pueden haber leído (obsérvese que digo “pueden”) la hoja de servicios de su idolatrado superior, lo que no han leído es ninguno de los centenares de libros que han aclarado puntos que ellos dan por incontrovertibles: por ejemplo, “la sublevación (sic) de Asturias, provocada por la oposición de la izquierda y preludio del Frente Popular y posterior Guerra civil” o la España “agredida y asediada por el comunismo internacional aceptado y adoptado por el Frente Popular”.  Vulgares estupideces (DRAE: torpeza notable en comprender las cosas) proclamadas como dogmas desde 1936 hasta 1975 y sobre las que se ha escrito después largo y tendido para demostrar que no son, ni más ni menos, que vulgares patrañas, bulos, camelos trumpianos avant la lettre.

Los declarantes nunca se alejan del tema de este post. “Pocos documentos definen con tanta objetividad la personalidad del interesado como lo hace la Hoja de servicios de un militar, que relata las circunstancias vividas día a día por el soldado, sin más contenido que los hechos y actitudes mostradas a lo largo de cada año”.

Bien. Aparte de las reservas enunciadas, lo que los firmantes de la Declaración no dicen es en dónde habrán tenido la dicha de leer la hoja de servicios de Franco, porque lo cierto y demostrable es que no se encuentra en el dominio público. O, mejor dicho, en él está solo una parte de la misma, en un librito que la reprodujo, como si fuera palabra de Evangelio, hasta más o menos el final de los años veinte del pasado siglo. Sí, los lectores leen bien. La tan encomiada “hojita” no contiene nada sobre los años de la República, de la guerra civil, de la guerra mundial y después. Absolutamente nada.

Y, de atenernos, al fragmento de “hojita” publicada nos tememos que la valoración de que de él pueda hacerse no es necesariamente del tenor que han dado los firmantes de la Declaración con tanto entusiasmo. Hace ya años que, para colmo, un coronel, Carlos Blanco Escolá, la analizó. Se intuyen las triquiñuelas seguidas por Franco para obtener su primer ascenso, nada glorioso. O las manipulaciones para conseguir la Laureada, que no logró. Entre otras marrullerías muy propias de la época.  Entonemos, pues, un “Mambrú se fue a la guerra” Y dejémoslo ahí.

Solo que, en el supuesto de que tales declarantes, hayan visto, leído y meditado una hoja de servicios destinada no al público en general sino a los leales entre los leales, convendría darla a conocer.

Cuatro sugerencias que elevo respetuosamente a la Excma. Sra. Ministra de Defensa:

1ª En el supuesto de que exista una hoja de servicios del general Don Francisco Franco que se distribuya entre los alumnos de las escuelas militares, ¿no sería conveniente hacerla pública? No debería ser nada difícil.

2ª Si tal no es el caso, ¿dónde está la hoja de servicios del antiguo dictador?

Tal vez alguno de los firmantes de la declaración lo sepa. Si no,

3 ª ¿Algún predecesor de la Sra. Ministra se ha preocupado de localizar la dichosa hojita?

Una vez encontrada, lo que no debería ser muy difícil, contando con todos los recursos del Ministerio de Defensa o por lo menos preguntando a los altos mandos hoy jubilados,

4ª ¿No sería conveniente publicarla?

De llevar a cabo lo que no sería una hercúlea tarea, los historiadores podríamos realizar análisis pormenorizados sobre lo que en ella figure, que debería ser mucho y arrojar luz imperecedera sobre la obra de  Franco en ella plasmada. No es exagerado afirmar que lo que se hubiera escrito arrojaría claridad sobre las intenciones de Franco. Es impensable que los amanuenses del Ejército plasmaran por escrito cosas, para la posteridad, que a SEJE (Su Excelencia el Jefe del Estado) y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire pudieran no haberle agradado.

El contenido de la hoja podría entonces compararse con lo que historiadores de, al menos, tres generaciones hemos venido escribiendo sobre tan histórica figura. El resultado permitiría, quizá, abrir senderos para la mejor comprensión de, al menos, la historia militar de ese a quien llaman “soldado de España”. (Ciertamente no puede ser de Francia). Esa cuyo conocimiento los firmantes de la declaración implican que debería redundar en beneficio de los españoles.

Quien esto escribe no puede por menos de pensar en que la Fundación Nacional Francisco Franco tendría una oportunidad que solo se presenta una vez caso de que se pusiera al frente de una petición popular para reclamar la difusión de la famosa Hoja de servicios (que sin duda contendrá centenares de páginas, quizá más destacados, por no decir, excelsos que lo que los firmantes de la Declaración afirman que fueron). O que, en su defecto, la familia Franco, que sí podría poseer una copia que guarde como oro en paño, la haga pública para asombro de las generaciones actuales y por venir. E, incidentalmente, también para el análisis concienzudo que de ella puedan hacer los historiadores, de ahora y de mañana.

Mientras tanto, mis amables lectores podrían comparar la tan mentada declaración con lo que sobre tan inmarcesible figuran afirman algunos historiadores

 

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