Su primer y mitificado momento estelar

Ángel Viñas

Al general Franco, cuyo nombre en las últimas semanas no ha dejado de aparecer en los periódicos a consecuencia de la exhumación y traslado de sus restos mortales desde Cuelgamuros, se le ha endosado una gran variedad de calificativos. En este y en los próximos posts voy a tratar de poner en relieve unos aspectos que, por lo que sé, no suelen resaltarse. Ruego a los amables lectores tener paciencia, porque la demostración de su utilidad se hará de forma pausada. Me serviré, con una sola excepción, de material y libros publicados y al alcance de cualquiera. Con ello quiero demostrar, no sin una puntita de ironía, que una de las cualidades más características del historiador es saber contextualizar.

 

Como es notorio los alquimistas eran hombres y mujeres a quienes se atribuía en el pasado, bien sea remoto bien algo menos, cualidades específicas muy particulares. Se creía que tenían la capacidad de transmutar en oro materiales viles de las más diversas procedencias. Por desgracia, no se ha conservado -que servidor sepa- ninguna muestra del oro obtenido mediante la alquimia. Es más, los avances en química inorgánica empezaron a poner en duda que aquella aspiración de los alquimistas pudiera convertirse algún día en realidad. Las modernas ciencias físicas han revelado que, pura y simplemente, se trataba de supercherías.

En algunos de mis libros he abordado el análisis de ciertos aspectos, siempre encubiertos, poco documentados o a veces ignorados, del comportamiento de SEJE (Su Excelencia el Jefe del Estado). Así terminó denominánsole habitualmente una vez que sus conmilitones -pretendiendo hablar por la totalidad de las fuerzas armadas y, nada menos, que por la de España- lo exaltaron a la jerarquía suprema y él se adosó exclusivamente lo del Estado.

Si adoptamos un punto de vista estrictamente temporal creo haber podido demostrar documentalmente que, entre tales aspectos de comportamiento, figuran cuando menos, y en oposición a lo que se ha dicho por lo general:

• No fue el líder de la sublevación que desembocó en guerra civil, aunque posteriormente se autopresentó como tal e hizo que pasara de esta forma a los antecedentes de la “guerra de liberación” que publicó en 1945 el Servicio Histórico Militar, siempre a la vanguardia en la defensa de los altos intereses del Estado y, naturalmente, de su líder.
• Sí inició su propia sublevación tras desembarazarse, por persona interpuesta, de alguien que podría quizá haber trastornado sus planes, el general comandante de la guarnición de Las Palmas, Amado Balmes, en torno al cual se montó una leyenda que no se la cree ni un imbécil pero que ha costado desmontar documental y empíricamente.
• Haciéndome eco de alguno de los comentarios del conspirador monárquico Pedro Sainz Rodríguez, consideré muy probable que el objetivo inmediato de Franco no hubiera sido la Jefatura del Estado, algo que en aquellos momentos y por definición estaba muy alejado de él ya que hubiese correspondido al bilaureado teniente general José Sanjurjo.
• No solo se aprovechó de la esperable, o temida, prolongación del conflicto para conseguir que sus conmilitones monárquicos le auparan a la Jefatura del Estado el 1º de octubre de 1936 (“Día del Caudillo”, remedo del Führertag nazi, aunque este se refería al día del nacimiento de Hitler).  A las pocas semanas (no más de tres) empezó a desviar fondos recaudados en algunas de las numerosas suscripciones nacionales que surgieron como las setas tras las lluvias de otoño en los territorios sometidos al mando militar. La desviación se hizo hacia cuentas bancarias abiertas a su nombre.
• A medida que se alargaba la guerra, y mientras sus soldados morían en las trincheras, se desangraban en los hospitales o quedaban tullidos para el resto de su vida, SEJE aprovechó para forrarse el riñón, con cuentas abiertas en general en España pero, al menos en una ocasión, en Lisboa. Por si las moscas.
• A esta cuenta SEJE le dedicó una atención especial porque, si bien estaba abierta a nombre de su hermano (embajador en Lisboa) y de su primo hermano (compinche en sus jueguecitos financieros), tan pronto como los norteamericanos bloquearon en el verano de 1940 la libre disposición de cuentas en dólares a nombre de titulares extranjeros, Franco hizo todo lo posible e imposible para que le eximieran de tales restricciones. La diplomacia española obedeció sus órdenes, pero fue en vano. Hubo que esperar al final de la guerra mundial para que se le desbloquearan los fondos.
• Avispado como siempre, Franco se las apañó para que la contrapartida en pesetas y al precio de tasa de un regalo al Estado español y pre-imperial hecho por el dictador brasileiro Getúlio Vargas consistente en 800 toneladas del mejor café en grano se convirtiera en pesetas contantes y sonantes que se abonaron a sus cuentas particulares en el Banco de España.
• Con estas minucias, y otras, SEJE se hizo con un patrimonio en metálico y por consiguiente de rápida disposición. Fue utilizándolo para adquirir propiedades inmobiliarias (terrenos). Todas ellas se ensamblaron (en un ejemplo poco conocido de la concentración parcelaria) para dar lugar a la finca Valdefuentes, cuyo propietario fue una sociedad anónima que la arrendó a su santa esposa.

Es decir, Franco transmutó alguna de las prerrogativas de su excelso cargo en dinero contante y sonante y luego, como un noble de antaño, en “terrenitos”.  Un alquimista consumado, en suma, que ya había dado muestras de su buen hacer en épocas lejanas y un tanto mitificadas.

Hay una hazaña bautismal que permitió a Franco “apuntar maneras”. Para mí es algo más que sintomática. Está convenientemente mitificada y pocos son quienes se hayan atrevido a relatarla en sus justos términos. Documentables. Que yo sepa, fue el coronel Carlos Blanco Escolá el primero en desmitificar un “apañito”  inicial que pone de relieve la auténtica maestría de Franco a la hora de convertir un molesto percance en una gloriosa, admirable y ejemplarísima muestra de gallardía, valor y camelística consumada.

Para ello hay que acudir a uno de esos documentos casi sagrados para los generales, jefes y oficiales del Ejército de su época: la hoja de servicios. Pero, antes de hacerlo, he de lanzar una llamada de atención, sin excluir a los encargados de velar por la memoria, el nombre y la herencia política del general Francisco Franco. Aunque, con motivo de su exhumación, un diario digital InfoLibre publicó que en 2001 se desclasificó su hoja de servicios, lo cierto es que no he visto ningún libro que la haya examinado o, menos aún, reproducido.

Reconozco, eso sí, que quizá haya surgido en alguna de las numerosas biografías que en los últimos tiempos se han publicado sobre Franco. Yo me he detenido en la del profesor Stanley G. Payne y la revisada del profesor Paul Preston. Sin embargo, al escribir mi último libro indagué en alguno de los archivos en que tal hoja debería haberse guardado cual preciada joya y la respuesta es que no lo sabían. Tampoco lo sabe mi primo hermano, Cecilio Yusta Viñas, que la ha buscado infructuosamente.

Sentadas estas informaciones me alegraría mucho si alguno de los especialistas en el tema me informen e informen también a los amables lectores. En el bien entendido que, como se verá a lo largo de esta serie de posts no se trata solamente del único documento que debe despertar la curiosidad de los investigadores, ya estén dispuestos a cantar las loas del SUPERHOMBRE o, por el contrario, reducirlo a dimensiones más humanas.

Quienes hayan tenido la paciencia de ojear EL PRIMER ASESINATO DE FRANCO (obra escrita en colaboración y gracias a la ayuda absolutamente esencial del patólogo Dr. Miguel Ull y de mi primo hermano y expiloto sabrán que los antecedentes de la muerte, no en accidente como solía afirmarse, del general Balmes presentan una característica común. Se refiere a las hojas de servicios de los diferentes personajes y personajillos que participaron en la trama que condujo a su eliminación. Casi todas ellas fueron manipuladas -en ocasiones con constancia de tal intervención; se introdujeron  formulaciones ad hoc; no revelaron claramente la participación de los interesados en los pormenores que condujeron a su actuación de cara al “Glorioso Movimiento Nacional” y, desde el punto de vista histórico e incluso profesional, a veces dejan bastante que desear. Todo ello puede comprenderse fácilmente, dado que era necesario borrar pistas, pero ¿en el caso de Franco?

Lamentando profundamente no haber podido leer la hoja de servicios a que aludió InfoLibre, mostraré que sin embargo no todo está perdido. Desde casi sus primeros momentos, y a tenor de la documentación consultable, el futuro Jefe del Estado se comportó como lo que algunos podrían caracterizar de perillán. O quizá de alguien consciente de su ambición desde sus más tiernos años de militar.

(Continuará)

Ángel Viñas

El 2 de octubre pasado la FNFF dio a conocer en su página web (www.fnff.es) una carta abierta titulada “Santidad, no abandonen (sic) a los católicos españoles”. Confieso que la vi por casualidad. No suelo frecuentar dicho lugar donde tienen por costumbre incluir graciosos comentarios a mi nombre y mis trabajos. Me pareció tan interesante y sugestiva que inmediatamente, aunque estaba en el extranjero hurgando en archivos, la subí a Facebook gracias al móvil. Anuncié que, si tenía tiempo, haría un comentario sobre ella. El tiempo, por fortuna, no me sobra, pero una circunstancia me obliga a emprender la tarea. El objetivo de la carta era impedir (vía la intercesión del Sumo Pontífice) el “desafuero” que representaría la exhumación de los restos mortales del inmortal Generalísimo. Sin embargo, tan piadoso deseo no parece que vaya a cumplirse (escribo estas líneas antes de que el evento haya tenido lugar).

 

A diferencia del Excmo. Sr. Don Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña y exembajador ante la Santa Sede, que ha regalado a los historiadores vía las páginas del venerable diario ABC con su particular sapiencia de temas del pasado sobre los que diserta con una por escasos colegas míos reconocida autoridad, servidor no ha entrado en el Vaticano sino como mero turista a las zonas abiertas. Supongo, no obstante, que quienes proyectaron la carta sabrán mucho más del mismo y, si no, siempre habrían podido consultar al prior (“heroico”, según ellos) de la “Abadía Benedictina del Valle de los Caídos”. Yo no cuento con tal autoridad. Sin embargo, aparte de leer masivamente cartas y despachos diplomáticos desde 1971 para escribir alguna que otra cosilla sobre el pasado, también los he redactado. Recuerdo que en algún momento me encomendaron que pergeñase un proyecto de misiva del presidente Jacques Delors al presidente George H. W. Bush sobre un tema entonces políticamente muy sensible como era la situación en El Salvador en plena guerra civil. Lo pasé por toda la jerarquía de la Comisión Europea (era obligado) y nadie cambió ni una sola coma.

Hay que suponer que en un tema no menos sensible como es el de recabar abiertamente una intervención directa de la Santa Sede en los asuntos políticos de un Estado soberano con el que existen plenas relaciones diplomáticas, los redactores de la carta abierta se habrían atado los machos en concordancia con la importancia del asunto y, en consecuencia, medido al milímetro sus palabras. Cuestión de mera profesionalidad. Por desgracia me asalta la sospecha de que no ha sido tal el caso. La carta, por no tener, no tiene ni encabezamiento (el título no vale: podría aplicarse a un artículo de prensa). Claro que esto es una mera objeción formal y, si se me apura, de mera educación. Lo más significativo es el contenido. Daré unos pocos ejemplos.

Para argumentar la necesidad de la intervención de Su Santidad en un asunto político español como es el de la exhumación de los restos mortales (“res sacra”, según la reconocida autoridad del “heroico” prior) a los redactores no se les ocurrió otra cosa que presentar la guerra civil exclusivamente como dirigida contra la religión. Para ello no dudaron en apoyarse en la frase tópica de Don Manuel Azaña (a quien le hacen presidente de la República) de que “España ha dejado de ser católica”. Olvidan que la pronunció el 13 de octubre de 1931 en uno de los debates sobre los artículos de la Constitución referidos a la Iglesia y en su calidad de ministro de la Guerra del Gobierno Provisional. La Presidencia no la ocupó hasta mayo de 1936. Es cuestión de echar un vistazo a Wikipedia. Él mismo Azaña explicó lo que quería decir con tan manoseada formulación y que, supongo, cualquier monseñor en la Curia podrá haber comprobado en el propio discurso (sugiero a los amables lectores que echen un vistazo al siguiente enlace: http://www.filosofia.org/hem/dep/sol/9311014.htm). Hay muchos otros.

La referencia en la misiva a la Carta colectiva del Episcopado Español (1º de julio de 1937) podría considerarse como una impertinencia, en lenguaje suave.  No da la impresión de que los redactores de la misiva se hayan molestado en leerla. Tampoco parece que estén demasiado familiarizados con su significado. En realidad, ha generado una copiosísima bibliografía. Contiene afirmaciones rotundamente falsas, como ya observó uno de los historiadores pro-franquistas, católico a machamartillo y jurídico militar de reconocido prestigio en la dictadura y postdictadura (fue general auditor del Ejército del Aire y juez especial para la instrucción del sumario relativo al 23-F, amén de historiador y director general de Cinematografía y Teatro). La FNFF, dirigida por un general, puede leer su conclusión al respecto en https://asambleadigital.es/wp-content/uploads/2019/06/CARTA-COLECTIVA-EPISCOPADO-ESPA%C3%91OL.pdf, por no remitir a alguno de mis propios trabajos o de los títulos más descollantes de la abundante literatura, en la que brillan los nombres de clérigos especializados. No parece verosímil que en el Vaticano se preste en 2019 demasiada atención a aquel escrito de intención meramente propagandística y con escasos impactos políticamente efectivos fuera del mundo católico y en Estados Unidos y Bélgica.

Tampoco veo que los ejemplos anteriores tengan demasiado que ver con el asunto en cuestión, que es -repito- rogar la intervención del Sumo Pontífice en los asuntos soberanos de otro Estado, pero parece sintomático que la FNFF haya aireado algunos de los (numerosos) “logros” tras la guerra “contra la Iglesia” de su largo dirigente impuesto por las armas y la cooptación de otros generales (ejecuciones, sí, pero solo para delitos de sangre; numerosos indultos; labor descomunal de generosidad y clemencia; seguimiento de las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo -aunque no afirman que lo hiciese al pie de la letra-, etc.) para robustecer la “necesidad” de dicha intervención. Todos aspectos y otros han sido convenientemente matizados, cuando no rebatidos, por una amplia literatura que ha esclarecido el debe y el haber del difunto y que, como es lógico, la FNFF jamás ha aireado en sus páginas. En lo que se refiere a los aspectos económicos de la fase de “desarrollismo”, y que no tienen nada que ver con el asunto, dado que he escrito algo al respecto prefiero abstenerme de todo comentario, pero estoy a la disposición de la FNFF en seguimiento del mandato del enseñar a quien no sabe, una de las más importantes obras de misericordia.

A cualquier historiador que se precie puede parecerle muy sesgado que la FNFF haya introducido en su escrito que “el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -el mismo que entre 1934 y 1936 había permitido, si no impulsado, la revolución que llevó a la guerra civil”. Esto es falso de toda falsedad y deja en mantillas incluso las tesis del profesor Stanley G. Payne, que ya es decir. Es más, me atrevo a asegurar que hubiese encendido de ira a su Generalísimo. Que en una misiva de alto contenido político a su Santidad de sus fieles seguidores no aparezca ni una sola vez el término “comunismo” o “comunistas”, los auténticamente malvados que según SEJE iban a despeñar a la Patria en los abismos de la revolución, le hubiese probablemente enervado. No sin razón. Después de más de cuarenta años enfatizando el peligro comunista que había hecho “imprescindible” un “alzamiento” liberador, después de centenares si no millares de libros, artículos y columnas pintándolo con los trazos más negros (por así decir, la vanguardia de la “escoria de la Nación” en frase inmortal ante el Consejo Nacional del Movimiento) que a la Fundación que ostenta su nombre y se dice guardiana de su inmortal memoria se le ocurra olvidarse del maligno por antonomasia le llevaria a preguntarse “pero, ¿adónde han ido mis fieles?”. No sabemos si lo hará desde la eternidad.

También cabe especular en qué mundo habita la FNFF al informar al Su Santidad de que “en España no se hablaba de la guerra”. ¿Cuándo, por ventura, ha dejado de hablarse de ella? La dictadura no dejó jamás de referirse a la misma. A los españoles se nos restregó el “muertos por Dios y por España” hasta en la sopa. Se habló siempre y también con connotaciones y explicaciones que, eso sí, jamás se permitieron desde 1939 (o desde julio de 1936 en las zonas en que triunfó la sublevación). ¿Hemos de recordar en qué años se abolió la censura, primero de guerra y luego en su versión fragairibarnesca?

La carta induce dudas existenciales. ¿Podría decirse, con un mínimo conocimiento de hermeneútica, que la Ley de Memoria Histórica tiene por objeto reescribir la historia de España entre 1931 y 1978? Que servidor sepa, la historia la escriben en primer lugar los historiadores y luego los pueblos. No los Gobiernos, salvo si son dictaduras, de derechas o de izquierdas. La de Franco, por ejemplo, generó un canon en el que todavía cree un sector de la sociedad española, ayuno de lecturas y de conocimientos. Además, no la escriben únicamente los historiadores españoles. También quienes no viven en el país en el que, según se recuerda al Sumo Pontífice, “se han profanado templos, se ha insultado, acosado o incluso agredido a sacerdotes, se han retirado Cruces, se ha prohibido la enseñanza de la religión católica en los colegios y se han eliminado todos los crucifijos”. Es decir, lo mismito que en una dictadura comunista cualquiera o en la nacionalsocialista  de pro (con la que, en su momento, bien pactó el correspondiente concordato el secretario de Estado y entonces cardenal Eugenio Pacelli el 20 de julio de 1933). Es cierto que, a lo que parece, tal magna obra sigue teniendo validez (https://de.wikipedia.org/wiki/Reichskonkordat), pero este es un tema de los alemanes, no de los españoles.

Después de tres páginas repletas de lo que a un lector no particularmente prejuzgado podría parecerle un dechado de errores históricos (de nuevo el suave lenguaje se impone) los autores de tan impresionante escrito entran en materia: hay en marcha, informan a Su Santidad, una estrategia “de demolición de la esencia y el fundamento cristiano de nuestra Patria” (me pregunto cuándo se abrirán los despachos de la Nunciatura Apostólica que se refieran a esta singular misiva y cuáles son las evidencias documentales que encierra la FNFF en las que, sin duda, se apoyan). Tengo, sin embargo, la impresión de que entre los autores que han osado dirigirse al Papa Francisco no han abundado los juristas porque en una envolée retórica, que ya quisiera servidor ser capaz de emular aunque fuese en otro contexto, la reciente sentencia del Tribunal Supremo se califica de “incomprensible”. Por el contrario, muchos legos pueden incluso comprenderla.

Al final destaca una información: la FNFF acudirá al TC y, de ser necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.  [Mi interpretación: una advertencia -quizá exagerada- al  Estado español que ya podría echarse a temblar. Franco tiene la mano larga, pues previsiblemente estará en contacto con un ejército de ángeles custodios]. En una nueva muestra de savoir faire, los autores concluyen su misiva con otra advertencia: si la Santa Sede cede “a las pérfidas pretensiones del Gobierno español se convertirá(n) en colaboradores necesarios de un hecho de imprevisibles consecuencias, todas malas”. En claro:  “el Santo Padre se la juega”. Una forma extraña de implorar su intervención.

No me consta que públicamente se haya dado reacción alguna de la Curia o de la Nunciatura. Es lo más lógico y natural. Me parece -pero puedo equivocarme- que para los redactores de la misiva no se trata de influir en la postura del Sumo Pontífice. Si esta hubiese sido realmente su intención su falta de éxito es algo que cabe calificar de sobresaliente siquiera porque la sentencia del Supremo es inconmovible.

Lo que puede haber inducido tal esfuerzo “diplomático” y mediático es la esperanza de ganar un micropunto en la batalla no por la historia sino por el relato sobre el pasado, hecho con fines presentistas y futuristas.  Ya en el mismo día de la publicación de la carta la habían firmado, nos cuenta el periódico LA RAZÓN, más de 2.000 personas. Después habrá habido muchas otras. Es conocida la máxima atribuída al maestro Goebbels: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Con los modernos medios digitales puede multiplicarse por un favor inimaginable.

Como según saben los tramposillos del Brexit el relato se riega a base de libras esterlinas e incluso dólares, tampoco cabe descartar que con la carta se pretenda dar más vida a una acción de propaganda que contribuya a rellenar caja. Los lectores aficionados a consultar a Mr Google no tendrán dificultades en identificar la procedencia de un proverbio no español: “con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver”. Y así, cuanto más numerosas sean las mentiras, más multiplicarán tal posibilidad.

Ángel Viñas

En el último mes, por una serie de circunstancias profesionales y personales, me he visto obligado a estar de viaje casi en permanencia. Me he movido entre tres países, sin ordenador y, en alguna ocasión, sin acceso a internet. He intercalado tres supercortas estancias en Madrid. En una de ellas aproveché para ver la película de Amenábar. Me la habían recomendado cálidamente dos amigas mías. Un colega me dijo que le había emocionado. Por lo demás, no hay que indicar la masa de comentarios de muy diversa índole que ha suscitado. Pensé que no podía sustraerme a la necesidad de verla, porque quizá no la proyectarían en Bruselas. Si lo hacen, volveré a verla. En lo que sigue trataré de aportar algo a las reacciones que ha provocado.

 

Parto de los siguientes supuestos:

1. Aunque me gusta el cine y tengo una apreciable colección de películas en mi casa en formato DVD (que ya casi nunca veo) y en mis años mozos leí bastante sobre el arte cinematográfico, mis comentarios no versarán sobre la calidad de la película. No me siento cualificado para ello.
2. Tampoco acudiré a la fácil escapada de identificar las numerosas escenas que, muy probablemente, han sido insertadas en la película para dotarla de elementos dramáticos. Un film no es la transcripción en imágenes de un libro. Para eso están, cuando lo están, los reportajes.
3. No soy especialista de Unamuno y no he vuelto a leerlo desde mis años jóvenes, cuando era poco menos que obligado. No entro ni en su vida ni en la presentación que de ella, en el año 1936, se hace en la película. La vi en segunda fila de butacas, en un cine abarrotado.

Dicho lo que antecede, tengo que presentar objeciones al film en tres categorías.

En primer lugar, respecto a su título. “Mientras dure la guerra” me deja perplejo. Por mucho que me he esforzado en desentrañar su significado no he dado con uno que se desprenda del mismo. Quizá es una observación trivial. La película cubre el lapso de tiempo que media entre la lectura del bando de guerra en la Plaza Mayor de Salamanca hasta que Unamuno queda recluído en su domicilio tras el superfamoso y supercomentado incidente del 12 de octubre de 1936. Las líneas que aparecen después en pantalla son triviales. Ni quitan ni añaden nada.

En segundo lugar, respecto a la caracterización de los dos personajes históricos de los que sé algo y que se mueven en torno a Unamuno: a saber Millán Astray y Franco. Los pongo en este orden porque la contraparte del primero en el 12 de octubre fue el general cojo, tuerto y manco pero es obvio que sobre él tronaba el segundo.

Con independencia de que el actor que da vida en pantalla a Millán Astray hace un papel muy meritorio, en función de la caracterización que de él han hecho el director y el guionista, tengo la impresión de que no corresponde a la realidad del personaje y que, al falsearla, desvirtúa la ceremonia del 12 de octubre y, con ella, el mensaje de la película.

Admito que la escena enque Millán Astray aparece por primera vez, vestido de paisano, en un coche desde el cual arenga a las tropas (supongo legionarias) que avanzan por un lugar no determinado (¿Extremadura?) puede ser necesaria. Es también inverosímil. Lo importante es que a Millán Astray lo convierte Amenábar en el “genio malo” de Franco, en el motor que espolea las ambiciones de este, el que lo defiende ante los demás generales (incluso en las escenas -forzosamente inventadas en cuanto a su transcurso- en que se decidió el nombramiento) y en la persona a quien se le ocurren algunas de las sugerencias más impactantes de la película.  Es fácil defender tal caracterización. Lo primero puede hacerse con referencias al pasado del general y anticipando su posterior papel de propagandista del “Alzamiento” (que ya se realza en la película).  No sé si Amenábar habrá recurrido a historiadores para apuntalar el guión. Lo que sé es que su imagen de Millán Astray no se corresponde en absoluto con el testimonio de un testigo que lo conoció en aquel período. Subrayemos que no fue nombrado jefe de prensa y propaganda hasta semanas más tarde. Quien se ocupaba de tal menester en octubre de 1936 es, si mi memoria no es incorrecta, el periodista Juan Pujol -anteriormente a sueldo de Juan March durante los años republicanos. Un pinta de cuidado del que no conozco, por desgracia, ninguna biografía, auunque es posible que la haya. Sobre Millán Astray escribió Francisco Serrat, a la sazón secretario general de Relaciones Exteriores de Franco, lo siguiente:

“Ha tenido la desgracia de no morir a tiempo. Prácticamente aquel Millán Astray, gloria del ejército y de la nación, el iluminado fundador del “Tercio” y su domador, el militar heroico, la personificación de la valentía temeraria y de la oratoria galvanizante, aquel pasó a la historia. Hoy solo queda una sombra maltrecha, una reliquia que sería venerable si la rodearan la calma y la serenidad de las grandezas extinguidas. En este concepto hay que quitarse el sombrero ante él, sin mermarle un ápice de su gloria. Pero la providencia, que a veces es cruel en sus fantasías, parece complacerse ahora en mostrarnos a ese gran hombre a través de sus debilidades”.

(Los lectores que lo deseen pueden acudir a las memorias de Serrat, Salamanca, 1936, Crítica, 2014, que servidor editó, o al futuro libro de Luis Castro Berrojo que examina su trayectoria al frente de la prensa y propaganda)

El papel que Amenábar atribuye a Millán Astray en el ascenso de Franco lo desempeñaron en realidad su hermano Nicolás (muy desdibujado en la película) y el diplomático monárquico José Antonio Sangróniz Castro (futuro contrabandista de brillantes tras la guerra civil) y jefe de un gabinete diplomático y de protocolo, que se fabricó a su medida, pegado desde el principio al general Franco (su hoja de servicios lo presenta como “jefe del Gabinete civil del Ejército Expedicionario”). Por otro lado, se disminuye hasta casi la insignificancia el papel del general Alfredo Kindelán que puso el peso de los monárquicos tras el nombramiento, que no no fue como jefe del Estado.

Podría aducirse que nada de lo que antecede tiene importancia. El director de la película es muy libre de elegir a sus personajes y de caracterizarlos como quiera. Este argumento se hace, no obstante, algo más complicado en el caso de Franco.

Los rasgos con que Amenábar dibuja al dictador en ciernes no son en absoluto creíbles. Lo hace aparecer como temeroso, preocupado por no dar un paso en falso, empujado por Millán-Astray, algo apocado. NADA DE ELLO SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD.

Hay incluso un punto grotesco en la escena en que se presenta la bandera tricolor en el Cuartel General de Franco en Cáceres (!!!) y en la que Millán Astray le sugiere cambiarla por la bicolor de la Monarquía. Es absolutamente absurda. Franco, disparadas sus ambiciones personales tras las desapariciones de Sanjurjo y Calvo Sotelo, hizo el trueque en un episodio muy conocido y muy sonado -que le valió el favor monárquico- en Sevilla el 15 de agosto de 1936.

La tercera categoría es incluso más fácil de desmontar. Amenábar introduce al principio de la sublevación en Marruecos a dos alemanes (nazis, por supuesto), vestidos de civil. Uno de ellos solo se expresa en su idioma (aparece la versión castellana en subtítulos) ante Franco. El segundo traduce. Le comunican algo así como que el “Führer” solo apoyará un general (no tuve la prestancia de escribir los términos exactos). Es, de nuevo, totalmente absurda. Los dos nazis que llevaron la noticia de que Hitler había aceptado la petición de Franco de echarle una mano eran alemanes asentados de larga data en Tetuán y hablaban castellano perfectamente. No le dijeron nada de tal tenor, porque Hitler no había dicho nada al respecto. Por cierto, me suena que los aviones Junker que empezaron rápidamente con el traslado de tropas hacia la península no volaban de noche, como aparece en la “peli” cruzando el Estrecho de Gibraltar.

Finalmente, la noción de que fue el obispo de Salamanca, el siniestro Enrique Pla y Deniel, quien inspiró a Franco la noción de que España necesitaba héroes como el Cid y defensores de la fé católica es también inventada. Se pasa por la piedra que ya Mola había tendido sus ensangrentadas manos a la Iglesia Católica española y que Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona y más próximo a él, parece que ya había utilizado el término “cruzada”. Claro que podría afirmarse que cuando Franco se une de pronto a rezar el rosario inesperadamente con su esposa (hipertrofiada en su papel) y su hija puede servir como ejemplo de “conversión”.

Para terminar este ya largo post (no habrá un segundo sobre el tema) ¿cómo describió para su familia el embajador Serrat la famosa escena del 12 de octubre?

“Franco tuvo la desgraciada idea de confiar a Unamuno su representación, sin tener en cuenta, aparte de los peligros naturales de la afición de Unamuno a la paradoja, la naturaleza del público que había de asistir a la reunión, incapaz casi en totalidad de entender el lenguaje del superhombre. Habló Unamuno sobre el pie forzado del objeto de aquel acto. Llevado por su afán de originalidad y de rectificar errores vulgares, tuvo la mala idea de abordar la cuestión del separatismo vasco (…) Por desgracia estaba entre los presentes el general Millán Astray, encarnación suprema del patriotismo irreflexivo, que, excitado sin duda por tanta palabrería para él hueca de sentido, cedió a su impetuosidad y, sin respeto a la solemnidad del acto ni a la representación del orador, le interrumpió bruscamente para largar una arenga de las suyas, estilo Tercio, con todo el chinchín del patrioterismo y los lugares comunes de “condenación a los traidores a la patria” y demás mojigangas tan gratas a un público simplista. Recibió una magna ovación. Y así terminó aquella reunión, modelo acabado del espíritu de la raza que se trataba de encomiar”.

Ni más, ni menos. Amenábar, en su reconstrucción, prefigura lo que iba a ser la España del futuro bajo Franco: el dominio de la espada y de la cruz, aderezada con dosis homeopáticas y cuidadosamente graduadas de las “grandes” aportaciones fascistas. ¿El caso de Unamuno? Un conflicto elevado al nivel de categoría. También, fuera del franquismo, los héroes son necesarios.

Ángel Viñas

No quisiera que se malinterpretasen las afirmaciones con las que cerré el post anterior. En los regímenes dictatoriales europeos ha sido muy frecuente que al iniciarse los correspondientes procesos de transición hacia otras formas de organización política y social se eliminaran documentos “molestos” generados en las épocas anteriores. Estoy algo familiarizado con varios casos, en parte por haber indagado en los archivos correspondientes o por conocer algo de la literatura al respecto. Cada caso tiene sus peculiaridades. No todos los que ordenaron la destrucción de los papeles de los años del franquismo tenían proclividades nazis (a partir de los primeros años cincuenta hay que buscar con lupa para encontrar a quienes las hubieran profesado, aunque no faltaron -véase el ejemplo del famoso CEDADE). Pero sí siguieron una tónica relativamente similar: lo que puede incomodar del pasado, mejor es que no aparezca.

 

Corresponde a Luis Castro Berrojo haber logrado, en una acertada síntesis, resumir las líneas esenciales de lo que conocemos acerca de la política (sí, política) de destrucción de documentación de la época franquista. Creo que la exposición de dicho autor permite dístinguir tres períodos. El primero lo denominaré “de dejadez relativa” y se extiende desde finales de la guerra civil hasta principios de los años sesenta. Estuvo presidido por la escasez: es decir, la falta de papel -una de las muchas carencias de la desaforada autarquía que impuso el régimen. Esta escasez llevó a la reutilización de masas inmensas de documentos para ser transformados en pasta. Afectó a la documentación propia y también a la de antes y de la guerra civil, salvo la que pudiera utilizarse con fines procesales y punitivos.

El segundo período podríamos situarlo en los años sesenta, cuando empezó a plantearse la cuestión del después de Franco, ¿qué?. Es un período oscuro en el que en algunos de los archivos en que he trabajado figuran listas muy someras de categorías de documentos destinados a su destrucción. Las motivaciones podían no ser exclusivamente las relacionadas con la conveniencia de hacer desaparecer fondos comprometedores. Hay otras que también están documentadas o que se han conocido por transmisión oral: la muy prosaica, por ejemplo, de hacer espacio.

Esto, que puede parecer una bobada, no lo fue en ciertos casos. Mencionaré uno de mi propia experiencia. A mitad de los años setenta empecé a trabajar, como ya he indicado,  en la reconstrucción de la política económica exterior del franquismo (incluída guerra civil). El Ministerio de Comercio y el Instituto Español de Moneda Extranjera (que dependía del primero y que era, por así decir, la autoridad monetaria exterior) tenían en la madrileña calle de Bravo Murillo un almacén en el que se habían depositado, sin orden ni concierto, documentos relacionados con la actividad comercial y monetaria del régimen durante la guerra y la larga postguerra. Hacia 1973 uno de mis compañeros -cuyo nombre me reservo- concluyó que en aquel almacén ya no cabían más papeles y dio órdenes para que se procediera a una limpia del material más antiguo.  En consecuencia fueron a parar a la trituradora o a las calderas (no lo sé exactamente) masas ingentes de papel. Junto con expedientes sin importancia histórica pudieron destruirse otros que sí la hubiesen tenido. Puedo hacer tal afirmación porque en el almacén encontré libros de la contabilidad del IEME y los balances de la posición de divisas del “glorioso régimen” durante los años cuarenta y cincuenta. No es exagerado pensar que probablemente habría habido muchos otros más.

Sin excluir tal tipo de necesidades bastante pedestres, también las hubo que lo fueron menos. Y es en estas en las que Luis Castro pone el énfasis: los papeles de la represión violenta, organizada, tuvieron otra motivación para explicar su desaparición.  Las autoridades franquistas no se comportaron como parece que lo hicieron las soviéticas -conservando papeles para la eternidad- sino que procedieron más a la manera nazi. ¿La idea? De lo que quede, podemos arrepentirnos. Si desaparece, no habrá ni dios que nos achaque nada. Sobre lo que se haya desvanecido en humo o convertido en basura o en pasta de papel es imposible hacer la menor afirmación.

Es el tercer período en el que el artículo de Luis Castro -basado en una impresionante bibliografía- resulta más apasionante. Sobre la Transición se ha escrito mucho y, naturalmente, se escribirá todavía más. No es preciso tener una concepción optimista de la historia para pensar que el paso de una situación de coacción (vulgo dictadura) a otra de libertad despierta un interés para unos y otros por motivos muy variados. Para algunos por la “necesidad” de eliminar pruebas de la variada gama de instrumentos puestos en práctica para aniquilar, reducir y amedrentar a los “súbditos” discrepantes. Para otros, para estudiarlos y detallar todas las maldades que se derivaron de su aplicación. En cualquier caso, para difuminar responsabilidades.

En las páginas del artículo de Luis Castro aparecen así ordenantes (actores, sujetos con capacidad de decisión) que decidieron que la máxima inglesa del let sleeping dogs lie sería muy adecuada para “encarar” el futuro: destruyamos todo lo que podamos de los documentos del pasado y así nos evitaremos tener que ocuparnos de él y que nos echen en cara lo ocurrido. Ilustres políticos de la Transición como el ministro Rodolfo Martín Villa o el gobernador civil de Barcelona y luego también ministro Salvador Sánchez-Terán dejaron su nombre inscrito en las instrucciones cursadas para eliminar documentación. Hay otros ejemplos.

¿Resultado? Entre 1965 y, digamos, 1980 se destruyeron enormes masas de papel. Podemos tener la absoluta certidumbre de que entre ellas abundaron no solo las de mera gestión -que también- sino las de reflexión y concepción de las políticas de machacamiento sistemático de cualquier síntoma de disidencia. A ello se añadirían, como colofón, las dificultades legales, administrativas, técnicas que ulteriormente se pusieron en práctica para reducir la funesta manía de los historiadores, periodistas, ciudadanos de a pié y grupos sociales inquietos por el “embellecimiento” de un pasado de “extraordinaria placidez”, como lo caracterizó un político del PP hoy muy callado.

Luis Castro hace un repaso exhaustivo de los casos y ejemplos conocidos en que documentación relevante para alumbrar los recovecos más sombríos de la dictadura se ha imposibilitado o entorpecido. Su lectura es instructiva. Es precisamente esta actitud de las autoridades, civiles y militares, lo que en cierta medida une la experiencia española con las de las autoridades nazi-fascistas, en el bien entendido que estas últimas la ejemplificaron ocupándose de la destrucción masiva de documentos comprometedores antes de pasar a la historia. Con todo, la destrucción continuó, en ciertos casos, bajo la responsabilidad de las autoridades de la República Federal. Incluso en ámbitos tan poco atractivos como la documentación del Ministerio de Finanzas del Tercer Reich, aspecto denunciado por varios investigadores.

Ahora bien, cuarenta años de dictadura son muchos. La Administración o el Ejército o la policía del régimen de Franco nunca fueron equivalentes a las de una tribu africana, como bien señaló Herbert R. Southworth, uno de sus más eminentes críticos. Dejaron tras de sí toneladas y toneladas de documentación. Mucha ya abierta. Otra parte, todavía cerrada. Mucha en repositorios públicos. Otra en manos privadas. Lo que está al alcance de todos dará trabajo a un par de generaciones de historiadores. Lo que aún no está al alcance, y es -en mi modesta opinión- una pequeña lacra que aún no lo esté, podría aumentar el número.

De aquí que una de las grandes aportaciones del libro en cuestión estribe en la descripción pormenorizada del tipo de documentación cuya índole ya es susceptible de investigación y en las hipótesis establecidas por más de una decena de expertos e investigadores en relación con los archivos en los que han desarrollado hasta ahora su trabajo de hormiga en busca de vetas oscurecidas del pasado y para hacer frente a la grotesca campaña de diseminación, en papel y digital, de las “bondades” del pasado régimen y las “maldades” de sus enemigos. Campaña que reverdece periódicamente como algunas malas flores de nuestros jardines.  Ahora atravesamos por una de ellas.

Los lectores harán bien en consultar los capítulos dedicados a cada uno de los archivos contemplados en este libro por dos razones: en primer lugar, les darán una idea de la índole de la documentación en ellos conservada; en segundo, por las reflexiones que los esmaltan, propias de investigadores que han pasado tiempo trabajando en ellos.

Que no se diga que los historiadores españoles genuinos no aportan su granito de arena al esclarecimiento del pasado en base a evidencias primarias relevantes de época. Las más amplias posibles. Y que no se quejan y lamentan de que no todas sean todavía accesible. ¿Conocen los lectores algunas tomas de posición de eminentes historiadores de derechas, españoles y extranjeros, que hayan clamado al cielo en favor de mayores aperturas? ¿O que hayan ilustrado sus esfuerzos, si es que han existido, por promoverlas? Como algunos de entre ellos son de habla inglesa terminaré esta referencia a los archivos españoles con una expresión que les es familiar: Mum´s the word.

FIN

Ángel Viñas

Quisiera, ante todo, pedir disculpas a aquellos amables lectores que hayan podido haberse sentido molestos por mi empleo de la máxima turística del nunca olvidado ministro de (Des)Información y Turismo de la España franquista en sus años de gloria. En un plano rigurosamente político e institucional no es aplicable, pero ¿cómo expresar en una sola y rotunda afirmación que, en materia de acceso a archivos, España no es como la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno? Y si no es como ellos, algo la diferenciará. Lo cual sirve para introducir la cuestión del porqué. Tiene múltiples respuestas (lo que no significa que todas sean iguales). Depende del nivel de profundidad al que se busquen. En el plano estricto de la actividad archivística me parece que hay que distinguir tres: a) la legislativa, b) la de dispersión de repositorios, c) la falta de recursos materiales y humanos. Por encima de ellas, existen otras.

 

En el volumen que aquí nos ocupa el primer nivel se analiza en las aportaciones de Antonio González Quintana y de Eva Moraga. Hubo un comienzo relativamente prometedor (la aparición en la CE del artículo 105b), en cuya incorporación creo que tuvimos algo que ver cuatro personas. A pie de obra el profesor Juan Marichal y servidor. Como correa transmisora el diputado por el PSOE Enrique Barón. Finalmente, como impulsor decidido el también diputado socialista Gregorio Peces-Barba, miembro de la ponencia constitucional. González Quintana recoge que el principio de la Constitución de que “la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” se interpretó como un derecho plenamente reconocido y que con él España se sumaba a los países que lo plasmaban en su texto legal del mayor nivel jerárquico posible. No puede por menos de aplaudirse tal coincidencia.

Marichal y servidor habíamos espoleado el tema a raiz de una serie de conferencias en la Fundación Pablo Iglesias en la que participamos. Si no recuerdo mal, le había confesado mi frustración por los vacíos en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que estaba iniciando una investigación sobre la política comercial exterior durante la República, la guerra civil y el franquismo (el libro, obra que dirigí al frente de un equipo de entusiastas economistas -Senén Florensa, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu y Carlos Fernández Pulgar-, se publicó en 1979). Ya ha llovido desde entonces. La idea que pasamos a Enrique Barón era que nos parecía intolerable que los ministros y altos cargos se llevaran a sus casas los papeles tras sus respectivos ceses. Después, la negociación en la ponencia constitucional fue por sus propios caminos y de ellos no supe nunca una palabra.

Pero si el resultado fue relativamente aceptable, su regulación por disposiciones inferiores al nivel constitucional fue una desilusión, para mí y para Marichal. González Quintana ha esquematizado el trayecto desde sus inicios hasta prácticamente la actualidad. El derecho de acceso fue cortocircuitado. Papeles fundamentales que incluso ví personalmente en aquellos años han desaparecido (el ejemplo que siempre cito es un discurso todavía desconocido de Franco en una de las primeras reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en marzo/abril de 1957 y en el que expuso sus ideas sobre la política económica española – resumible en tres palabras:  autarquía pura y dura). Así se salva la reputación, totalmente inmerecida, del “genio de la modernización económica de España”.

¿Resultado? España se ha ido alejando, y se mantiene alejada, de varias de las recomendaciones internacionales en materia de acceso a archivos e incluso de la legislación internacional al respecto, en la medida en que  ha chocado con el derecho interno o preocupaciones políticas más o menos inconfesables. Desde la ley de secretos oficiales franquista de 1968 a la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Eva Moraga hace un relato muy  completo de esta descorazonante travesía.

Parece indiferente, a decir verdad irrealista desde el punto de vista del Gobierno/Administración, que a lo largo de tal travesía las quejas de los historiadores, de las asociaciones memorialistas, de sectores de algunos partidos políticos y, no en último término, de los funcionarios y archiveros que han de lidiar con la realidad diaria, hayan seguido un curso exponencial. El desprecio del que han hecho gala algunos ministros, como el siempre mal recordado Excmo. Sr. Don Pedro Morenés, titular de Defensa, se ha saltado a la torera toda argumentación lógica y técnica fundamentada. No hablemos de su sucesora, la no menos Excma. Sra. Dolores de Cospedal, alma del PP durante largo tiempo.  En este Departamento y en el del Interior, en particular, la aplicación exhaustiva del equivalente al clásico njet soviético ha triunfado clamorosamente. La situación recuerda la que describían fuera de la URSS disidentes en relación con dosieres, papeles y documentos “cerrados para siempre” en los archivos (chranitj vetschno), por utilizar la terminología popularizada por Lev Kópelev. En el Ministerio de Interior debemos incluso reconocer que uno de sus titulares, estudioso de las apariciones y milagros de la Virgen, no debió de tener la fortuna de que esta última le aconsejara que “la verdad hace libres”, según el precepto evangélico.

¿Exagero? Solo hay que echar un vistazo a los testimonios de historiadores que se han enfrentado con las dificultades (a veces suavizadas por funcionarios que han cerrado un ojo) a la hora de entrar en cierto sarchivos. Sobre todo en aquellos en los que ha recalado -en la medida en que lo ha hecho- la documentación relacionada con las tareas de represión en caliente e incluso en menos caliente por los sublevados del 18 de julio. Francisco Espinosa, en su contribución al libro de que me ocupo (pp. 298-333), ha recogido datos y experiencias absolutamente abracadabrantes.  Expone, claro está, que se ha progresado mucho desde los años setenta y ochenta del pasado siglo (¡faltaría más!), pero que aun queda mucho por hacer en lo que se han denominado los “archivos del terror”, fondos todavía hoy no accesibles del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía, de los que muchos todavía se ignora dónde están y/o qué ha sido de ellos.

Para aquéllos amables lectores que crean que no tengo razón al utilizar la máxima fragairibarnesca les sugiero que echen un vistazo a las peripecias de Espinosa para acceder a los “fondos especiales” del Tribunal de Cuentas o a los “10.000 documentos” del Ministerio de Defensa, mediante los oportunos recursos administrativos y demás fórmulas previstas en la legislación de la democracia española.

En fecha reciente se ha publicado un libro sobre los más o menos trescientos campos de concentración franquistas. Su autor es un investigador y periodista: Carlos Hernández de Miguel.  Cuenta con un preámbulo muy personal en el que narra cómo la EGB, el BUP y el COU le fallaron miserablemente a la hora de proporcionarle un conocimiento mínimo sobre la República, la guerra civil y la dictadura. No fue un caso único.  Si esto ocurrió en su generación, ¡imagine el lector lo que podemos decir quienes somos ya, por desgracia, algo más talluditos!. El relato de Hernández de Miguel es, aparte de su interés intrínseco, una buena muestra de las dificultades de todo tipo que hay que sobrepasar para poder escribir, aunque no sea exhaustivamente, sobre los hechos negros de nuestra historia. Una historia que es negra para una gran parte de la población que desde julio de 1936 empezó a sufrir las consecuencias de un GMN (“Glorioso Movimiento Nacional”) en tanto que respuesta “ineludible” a las violencias de la democracia republicana (como si la derecha no hubiese contribuído a ellas). Eso sí, el franquismo tejió al respecto una densa red de mentiras y mitos que, alimentados por una publicística poco proclive a la investigación en los “archivos del terror”, continúa esparciéndola hasta nuestros días.

¿Resultado? A la afirmación, un tanto grotesca, de Ricardo de la Cierva del “no nos robarán la Historia” (por supuesto, por los historiadores no pro-franquistas) hay que oponer la otra, tan querida de aquel autor, de que aquí, y ahora, se sigue “legitimando la dictadura e incluso justificando sus crímenes” (Hernández de Miguel dixit). En esto los responsables de tal desastre, o sus sucesores, siguieron el ejemplo nazi: el despliegue de grandes esfuerzos para destruir todos los documentos que pudieran ser “inconvenientes”, ya fuese por el agua, el fuego, los traperos o la trituradora. Lo importante era que las huellas desaparecieran. Los franquistas de buena ley, y los eclesiásticos que los cubrieron, jamás quisieron que sus papeles se conservaran para siempre.

(La casualidad ha querido que este post aparezca el día en que, antes, se conmemoraba la “exaltación del Caudillo”. Como no sigo el calendario de efemérides, aseguro que con su publicación no persigo malévolas intenciones)

(Continuará)