¿UN MINISTERIO AMABLE? El Ministerio de la Gobernación, ese desconocido (y II)

16 febrero, 2016 at 8:30 am

Ángel Viñas

Con los presupuestos conceptuales evocados en el post anterior cualquier lector estará anhelante por conocer cómo se autoretrata dicho Ministerio en dos etapas que no fueron amables: la guerra civil y la dictadura franquista. Lo que destaca, ante todo, es una pretendida voluntad de equidistancia. La historia se esboza en términos formales y en omisiones glamorosas. Ya se sabe, una historia oficial -u oficiosa- debe ser rigurosamente «objetiva». Así, por ejemplo, se habla del «bando republicano» y del «bando nacional», pero no tema el lector. En alguna ocasión también hay referencias al «Gobierno legítimo de la República» y el contrario recibe el adjetivo de «denominado». ¿Quién lo desnominaría?

Captura de pantalla 2016-02-05 a las 11.03.24La voluntad de «objetividad» alcanza extremos desusados. Por ejemplo, no se afirma en ningún momento que los servicios de seguridad republicanos estuvieran controlados ya fuese por los malvados comunistas o los sicarios de Stalin. ¡Caramba! Esto sí que es una sorpresa porque tales afirmaciones forman parte integral de las autojustificaciones franquistas y de la controversia intra-republicana. ¿No lo dijeron y repitieron hasta la saciedad anarquistas y poumistas? Entre otros. La cuestión quizá se explique, en términos puramente formales, porque en justa correspondencia la historia del Ministerio omite toda referencia a la penetración nazi-fascista en la España «nacional» y, sobre todo, en los cuerpos de seguridad del «nuevo Estado».

Item más. La guerra es la guerra es la guerra pero en el caso de esta apasionante historica casi aparece como un picnic. ¿Quién habla de violencia en ella? ¿Qué fue eso de la represión? Rien de rien. A lo sumo pequeñas divergencias entre españoles que, eso sí, compartían gustos comunes como los toros, el cine y el fútbol. A veces, no puede evitarse, aparece la referencia al carácter fratricida de la contienda pero aun así había hermanos que se escribieron cartas en el curso de la misma, por ejemplo los Machado. Sobre las razones de la explosión, el desarrollo, la duración, tampoco rien de rien.

Una pequeña decepción la ofrece el golpe de Casado. Parecería que hubiese sido el resultado de una actitud casi patriótica para lograr un acuerdo entre militares que limitase las anunciadas represalias de los vencedores y, ¡qué espíritu nacional!, «evitar el intento del Gobierno de Negrín de prolongar el conflicto hasta enlazarlo con la inmediata conflagración europea» (p. 141). ¡Una intención muy, pero que muy aviesa!

Por cierto, si no hay la menor referencia a la represión tampoco la encontrará el lector al carácter internacional de la guerra. Los españoles parece que se dieron de mamporros ellos solitos. Y, además, absurdamente.

Las mejores perlas se dejan, claro está, para la dictadura. Sí, se utiliza este término pero, tampoco tema el lector, no se la adjetiva salvo en una ocasión. ¿Por qué? Porque, en el fondo, de lo que se trató era de crear «una especie de versión española del antiguo ideal alemán del Estado administrativo autoritario basado en el Derecho» (p. 149). Ni Linz lo hubiese expresado mejor. ¿Imitación foránea? Sí, un pelín, pero a lo Bismarck. El lector no debe pensar en regímenes abominables como los nazi-fascistas. Franco, eso sí, se esforzó mucho. ¿Para qué? Pues para «presentar al régimen como un sistema limitado de Gobierno sometido a Derecho y a no llamarlo «dictadura» sino «democracia popular orgánica» (DPO).

Admire el lector cómo los historiadores del Ministerio del Interior han descubierto un nuevo concepto. La única DP que he conocido un pelín fue la denominada República Democrática Alemana y no me suena que a ningún tratadista se le ocurriera añadirle la O. Puede ser ignorancia supina. O no. En cualquier caso felicito efusivamente al equipo del ministro Fernández Díaz por haber efectuado una percée conceptual que habrá, cuando se conozca mejor, de dejar admirados a centenares de historiadores, sociólogos y politólogos. Ahora bien, reconozcamos, objetivamente, que los autores son conscientes de que Franco no respondía «ante instituciones jurídico-políticas de raíz y composición democráticas».

En realidad, los funcionarios del Ministerio del Interior bajo el PP blanquean todo lo que pueden. Destaca un ejemplo antológico al aludir a la famosa ley de 8 de marzo de 1941 sobre reorganización de los cuerpos de seguridad en una tríada compuesta por el General de Policía, el de Policía Armada y de Tráfico y el Instituto de la Guardia Civil. Al lector despistado no le sorprenderá demasiado, sobre todo si recuerda a los escasamente añorados «grises». Hay que acudir al BOE (8 de abril del mismo año) para saber lo que había detrás: nada más, ni nada menos, que un planteamiento fundamental establecido por tan augusta disposición.

A saber, «la victoria de las armas españolas, al instaurar un Régimen que quiere evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal y democrática, exige de los organismos encargados de la defensa del Estado una mayor eficacia y amplitud». En consecuencia, la «nueva policía española» debía realizar «una vigilancia permanente y total para la vida de la Nación que en los Estados totalitarios se logra merced a una acertada combinación de técnica perfecta y de lealtad». Para lo cual, previsoramente, ya en 1938 se habían firmado acuerdos de cooperación con la Gestapo y las SS, sin duda hábiles transmisores de técnicas apropiadas y «profesionales» en consonancia con aquellos tiempos que, ¡oh, cielos!, desaparecen en la historia presentada por el ministro Fernández Díaz.

Los alemanes indican esta forma de proceder de hablar a través de las flores. Es una técnica que, al parecer, no se ha olvidado en la capital madrileña. El terrorismo etarra se configura como «independentismo radical vasco» (p. 163), aunque el sustantivo indicado aparece como tal o en forma adjetivada en otras ocasiones. No creo que sea una manifestación de «corrección política».

Una perla mucho más blanca y valiosa. ¿Qué pasa con la inolvidable Brigada Político-Social (BPS), lo más parecido a la Gestapo que nunca ha habido en España? Pues que solo se la menciona una única vez, mal y de tapadillo. En la misma página, al indicar que la actividad terrorista se inició en agosto de 1968 «con el asesinato del jefe de la Brigada Social de Guipúzcoa». ¡Pobre hombre! Claro que no se le identifica con su nombre, no sea que entre la vieja generación evoque recuerdos amargos. Se llamaba Melitón Manzanas, de profesión torturador. Se le concedió, por cierto, a título póstumo una medallita como víctima de ETA.

Sobre los comisarios y jefes de la BPS (Yagüe, Blanco, los hermanos Creix, Billy «el niño», etc.) existe ya una abundante literatura pero sus servicios al Ministerio de la Gobernación de la época hoy ya no se hacen valer. Sic transit….

En definitiva, debemos saludar alborozados la demostración de la probidad investigadora, del celo por la objetividad y de la capacidad de eliminar aspectos hoy no del todo agradables. Esperemos que bajo un nuevo equipo ministerial en los próximos años los funcionarios del Ministerio del Interior hagan algún esfuercillo adicional para poner la historia de tan importante organismo en consonancia con la relevante historiografía, teniendo en cuenta que la opinión pública parece tener en mayor estima hoy a los policías y guardias civiles que a los políticos que los mandan.

¡Ah! No he logrado resolver una duda existencial. Aquel paradigma de insigne servidor del Estado que fue el durísimo ministro de la Gobernación Don Blas Pérez González, ¿llegó a ser presidente del Tribunal Supremo? No me suena, a pesar de haber sido catedrático de Derecho Civil y miembro del glorioso cuerpo jurídico militar. En realidad no es cierto, pero es lo que, en una finta final, se afirma en esta curiosa historia (p. 153). No quiero pensar que tenga mucha importancia porque después de algunas de las omisiones e interpretaciones creativas que he identificado en estos dos posts un tanto apresuradamente, un errorcillo factual de tal porte no significa mucho. ¿O sí?

ERRORCILLOS CON BENEPLÁCITO DE LA AUTORIDAD Y UN GAZAPITO DEL SEÑOR MINISTRO (I)

9 febrero, 2016 at 8:30 am

Ángel Viñas

Nadie podría pretender que la historia es una ciencia exacta. Sobre su naturaleza se ha discutido largo y tendido desde la antigüedad clásica. No existe ningún elemento que haga pensar que la discusión haya llegado a un estadio final. Sabemos, eso sí, que la historia no es como la física, las matemáticas o la química. Sin embargo, tampoco es una ocupacioncilla en la que vale todo. Esto, que a mi me parece una verdad de Perogrullo, quizá porque no doy para más, no parece que sea cierto para algunos. Por ejemplo, para el ministro del Interior (que Dios guarde) de este Gobierno en funciones del PP. Y, en mayor medida, para algunos de sus eminentes funcionarios.

Captura de pantalla 2016-02-05 a las 11.03.24Un amigo y colega, cuyo nombre me reservo pero que bucea mejor que yo por los turbulentos meandros de la red, me sugirió ya hace tiempo que echase un vistazo al portal oficial del Ministerio del Interior. Su titular ha bendecido un proyecto que llevaba algunos años dormitando el sueño de los justos y, probablemente eufórico, no ha tenido el menor inconveniente, antes al contrario, en presentar el resultado de las, sin duda, largas investigaciones que subyacen a tal proeza. Le felicito efusivamente por dar su sanción suprema a lo que es, esencialmente, una historia de la evolución burocrática de su Ministerio desde los tiempos si no de Maricastaña sí del nunca olvidado monarca Fernando VII (alias «El Deseado»). Sin olvidar algunos antecedentes. El producto final se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.interior.gob.es/documents/642317/4854067/Ministerio_del_Interior_Dos_siglos_de_historia_126150530.pdf/7c72fb1c-daf1-4306-9a09-c40cad7105d2

Sugiero al inteligente lector que le eche un vistazo y, si le parece bien, que me diga si me equivoco mucho en resaltar algunos «errorcillos» relativos al período que menos desconozco, es decir, la República, la guerra civil y el franquismo.

Mi experiencia en la Administración de cerca de 40 años me ha enseñado desde luego que los ministros suelen poner su firma a lo que se les pone por delante en materia de presentaciones. A lo mejor corrigen algo. O nada. A veces ni tienen tiempo de leer las obras a las que honran con su prez y su nombre. Es normal. Para eso están los Gabinetes y los asesores. Como en alguna época ya lejana colaboré en tan modestos menesteres sé de lo que hablo. También he escrito algún que otro trabajo de historia burocrática. Siguen siendo, por lo que sé, de referencia. Naturalmente en ambos casos me preocupé de ensartar la evolución concreta en el marco más amplio en que se desarrolló. Y cuando, en una ocasión, el tiempo apremiaba y no podía empaparme todo lo que debiera del correspondiente contexto no tuve el menor inconveniente en llamar en auxilio a historiadores más conocedores que servidor de los temas en cuestión.

En historia, sobre todo contemporánea, la especialización es de rigor, si es que se quiere decir algo mínimamente novedoso.

Lo primero que sorprende al ojear, con agrado e interés eso sí, la historia del Ministerio del Interior es que al excelentísimo ministro saliente Don Jorge Fernández Díaz su equipillo probablemente haya querido gastarle una pequeña broma. O a lo mejor es que tampoco han leído detenidamente el trabajo para el cual se ha solicitó el superior endoso. Solo así puede comprenderse que bajo la docta firma del señor ministro figure como uno de sus antecesores en el cargo nada menos que una desconocida figura como fue el Dr. Juan Negrín. Véase página 9. Un fallo, claro, lo tiene cualquiera.

La cosa no tendría mayor trascendencia si no fuera por el texto que requiere alguna que otra apostilla. No me detendré demasiado en que el marco general en el que se inserta la evolución burocrática del entonces Ministerio de la Gobernación es harto endeble. La cuestión es que toda historia de lo que los británicos denominan, con acierto, uno de los grandes organismos del Estado («a great Office of the State») ha merecido siempre, en los viejos países europeos, todos los honores. Como los Ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores y Guerra.

En el caso que nos ocupa ese marco general es bastante endeble: sucintas referencias a la conflictividad laboral, al fracaso de la reforma agraria, a la fallida «Sanjurjada», al triunfo de las derechas en las elecciones de 1933, etc. sirven de marco. Sin explicar jamás los porqués. Nos enteramos, eso sí, de que la CEDA quería reformar el sistema desde dentro (p. 131). Pero, ¿en qué sentido? De la época del ministro Salazar Alonso aprendemos que la norma más importante en su gestión fue la aprobación del Código de Circulación. Algunos historiadores han visto más bien que el papel de tan insigne ministro consistió en azuzar a las izquierdas para desmontarlas tan pronto como dieran comienzo su muy anunciada rebelión. Nada de ello es importante. Es mejor hacer recuento de las disposiciones, algo que cualquiera que tenga la paciencia de ojear la Gaceta en Internet o en el socorrido Aranzadi de tiempos pretéritos podría también realizar con sosiego y sin sobresaltos.

Las consecuencias políticas de la «revolución de octubre» ni se mencionan. Incidentalmente, tampoco sus causas pero, claro, el folleto es una historia del Ministerio mas bien de puertas adentro. Con todo no tarda en salir alguna que otra perla. Así, por ejemplo, en la p. 137 leemos que «tras la victoria del Frente Popular el presidente Niceto Alcalá-Zamora fue destituido y se nombró en su lugar a Manuel Azaña Díaz. Este nombró ministro de la Gobernación a Amós Salvador Carreras (del 19 de febrero al 2 de mayo de 1936)». La precisión lingüística no es el fuerte de los autores. pero ¿quién se detiene en tales naderías? Alcalá-Zamora fue, sí, destituído pero no inmediatamente después de las elecciones de 1936, como el lector poco precavido podría pensar leyendo lo que antecede. Tras ellas Don Manuel Azaña fue durante dos meses y pico presidente del Gobierno hasta el 10 de mayo cuando las Cortes le proclamaron presidente de la República. Pelillos a la mar.

¿Cómo se presenta la marcha hacia el estallido de la sublevación? Dentro de una renovada ortodoxia que, por vergüenza, no me atrevo a calificar. Veámoslo en la misma p. 137:

«La inseguridad ciudadana y el deterioro del orden público se sucedían sin que las fuerzas de orden público pudieran impedirlos. En este estado de preguerra se produjo el asesinato del teniente José Castillo destinado en el Cuerpo de Seguridad por extremistas contrarios al régimen. Dos días después sus compañeros atentaron contra Gil Robles, que se salvó, y contra José Calvo Sotelo, que había asumido el papel de jefe de la oposición en el congreso, que resultó muerto. El 18 de julio se produjo la sublevación militar».

O sea que las FOP estaban desbordadas, que había una situación de «preguerra», que algunos desconocidos asesinaron a Castillo, que Gil Robles se salvó (había salido de viaje de Madrid poco antes), que Calvo Sotelo (conspirador compulsivo con los fascistas italianos) ya era jefe de la oposición (¡caramba!) y que, aunque no se afirma, sí se insinúa que la cadena acción-reacción que llevó a la sublevación (venía preparándose desde, por lo menos, el mes de marzo) fue dicho asesinato (técnicamente un homicidio).

Así, pues, subliminalmente se avanza un poco más, en 2015, con respecto a las teorías y construcciones franquistas. Ya no es que la República llevara (¿fatalmente?) a la guerra. Es que en la «primavera trágica» (Ricardo de la Cierva dixit) existía una auténtica situación de preguerra civil.

Así que uno va corriendo a la bibliografía a ver de dónde proceden tales afirmaciones. Hay varios especialistas que han trabajado muy bien el tema de la violencia en la Segunda República. No tema el lector. No verá la menor mención de ellos. No figuran, por ejemplo, Rafael Cruz ni Eduardo González Calleja (bueno, este sí, pero referido a la época de la Restauración) ni Francisco Sánchez Pérez. Es una bibliografía poco al día. Quizá el período no merezca detenerse mucho en la exploración de la literatura. Incluso ni se nombra a Stanley G. Payne, lo cual es un tour de force mucho más subido.

Con estos presupuestos, paso decidido y firme el ademán, los autores avanzan hacia la guerra civil y el franquismo. Veremos algunos hitos en el próximo post.

ARCHIVOS E HISTORIA

2 febrero, 2016 at 8:30 am

Ángel Viñas

Una de las máximas elementales en política y en administración es no reinventar la rueda. Ya en la remota antigüedad se entendió que los hechos de reyes y emperadores debían conservarse en piedra. En la Edad Media empezaron a formarse archivos que en el siglo XIX fueron convirtiéndose en estatales. Hoy no se concibe un Estado que, mejor o peor, no tenga políticas definidas de preservación de lo que suele denominarse el “patrimonio documental”. El Reino de España no es una excepción a la regla y sus archivos son extremadamente ricos.

portada_operacion-impensable_efren-del-valle_201503280204Acceder a la documentación de, digamos, anterior a 1936 no plantea problemas. Está abierta, disponible y consultable. A partir de la de 1936 empiezan los problemas. No es un tema de conservación, que también, sino de política. Nuestros políticos parecen creer que en los archivos anidan serpientes venenosas, que abundan esqueletos ocultos y que hay ciertas cosas en ellos guardados que es mejor no conocerlas.

Esta situación debería compararse con la del Reino Unido. Lo señalo para no reinventar la rueda y porque según una abundante literatura académica de tal procedencia, escasamente recibida en España, el moderno Estado británico tal y como se configuró a partir de los años treinta del siglo XIX ha tenido una tendencia especial a favorecer los secretos oficiales.

Las modernas tendencias a la desclasificación que se iniciaron en Estados Unidos se recibieron con recelo. Una serie de factores, sin embargo, coadyuvaron a reducir y limitar dicha tendencia. Quizá en un futuro post me atreva a señalar algunos. Nuestros dilectos e “ilustrados” gobernantes harían bien en ver cómo los británicos han abordado la cuestión de cohonestar la necesaria prudencia a la hora de desclasificar información gubernamental y la avidez de un público deseoso de conocer los intríngulis de las políticas del pasado.

Los Archivos Nacionales de Kew, en Surrey, en los alrededores de Richmond son la muestra más evidente de los esfuerzos de desclasificación actuales que se remontan no muy lejos en el tiempo –datan de la época del Gobierno de John Major- pero que en treinta años han dado resultados espectaculares.

Para mí uno de los capítulos más significativos de esta saga, que ya ha empezado a tener sus propios historiadores, es el de la desclasificación de los planes que, poco antes de que terminara la segunda guerra mundial en Europa, Churchill ordenó que se prepararan para estudiar las posibilidades de un ataque armado contra la Unión Soviética.

Es un tema del que siempre se había hablado pero pocas veces reconstruido documentalmente. Lo hizo hace unos años un historiador militar inglés en un libro titulado OPERACIÓN IMPENSABLE. Me pareció tan importante que sugerí a la editorial Crítica si no sería conveniente que se publicara en castellano. Afortunadamente me hicieron caso y ya está disponible desde el año pasado. Que yo sepa no ha suscitado la menor controversia.

Pareciera –como dicen los latinoamericanos- que los contemporaneistas españoles estamos demasiado absortos en los meandros de nuestra propia historia y en nuestras batallas a favor de la apertura de archivos. Actividades, todo hay que decir, imprescindibles.

Y, sin embargo, el Gobierno británico no vio dificultad alguna en desclasificar unos documentos considerados como un secreto de Estado hasta fecha relativamente reciente. Innecesario es decir que la política exterior y de seguridad británica no se ha tambaleado lo más mínimo. Como, sin duda, no se tambaleará la del Estado español por mucho que se ilustren nuevas canalladas y canalladitas del régimen de Franco. LA HISTORIAGRAFÍA NO DETERMINA EL FUTURO.

Los planes de Churchill no condujeron a nada. El que sin terminar aun la segunda guerra mundial la opinión pública británica y norteamericana pudiera apechar con la apertura de la tercera fue siempre una posibilidad remota; el que una Unión Soviética aliada en la derrota del nazismo –y uno de los factores más importantes si no decisivo- pudiera aparecer de pronto como el próximo enemigo a batir no era muy realista; el que un país exhausto y arruinado como el Reino Unido pudiese convertirse en la punta de lanza de una nueva cruzada, esta vez contra el comunismo, era más que dudoso. Los planificadores militares mismos subrayaron las enormes dificultades logísticas, tácticas y estratégicas de la apertura de nuevas hostilidades. Más aun cuando para ello se requería utilizar a la fuerza anticomunista por excelencia, los restos de la derrotada Wehrmacht hitleriana. Por suerte, los británicos decidieron, con sabiduría, que Churchill no era el líder adecuado para la paz y en las elecciones de 1945 decidieron abrir una nueva etapa.

No he leído todavía la hagiografía escrita por Boris Johnson, el hoy alcalde de Londres y, según se dice, uno de los futuros candidatos a la lucha por determinar el candidato conservador a sucesor de David Cameron cuando este se retire. Es posible que el alcalde, o sus negros, hayan encontrado hermosas palabras para explicar las aviesas intenciones de uno de los mayores estadistas de la historia británica. Y si no cita tal episodio, me imagino que no habrá querido arrojar sobre él la sombra correspondiente.

Lo que quiero es señalar que, incluso en un país en el que ha dominado la cultura del secreto durante tanto tiempo, se ha reconocido que el público tiene derecho a la información. La política de desclasificación documental continúa. Es masiva. También, todo hay que reconocerlo, son abundantes las excepciones. A mí, extranjero, siempre me han cautivado las motivadas teóricamente por razones de seguridad nacional y de protección de ciertos aspectos de las relaciones exteriores.

Este año se cumple el plazo de 75 años previsto para la desclasificación de documentos relacionados con 1940, el período en que el Imperio británico combatió solo contra la arrolladora Alemania hitleriana. Aunque fue “su más valiente momento” (“the finest hour”) y se ha estudiado por activa y por pasiva todavía quedan zonas de penumbra. Veremos si la desclasificación de 2016 las reduce o no.

En cualquier caso no cabe duda que el público británico está habituado a que las desclasificaciones se aireen en los medios de comunicación social y a que los historiadores se lancen como tigres a lo que aparece nuevo. Continúa la desclasificación de documentos de la presidencia del Gobierno de los años 1986-1988 y entre ellos la de las actas de las reuniones de los consejos de ministros correspondientes al primer año. Tal vez la baronesa Thatcher se revolvería en su tumba. O quizá no. Las actas no reflejan adecuadamente el tenor de las discusiones, siguiendo una costumbre inmemorial que se remonta a la Edad Media.

Pero es mejor que lo que ocurre en España, ya que en nuestro país ni se han abierto las correspondientes al período franquista. Por algunas calas podemos, sin embargo, suponer que no serán muy instructivas pero siempre el historiador saca lumbre de donde no hay fuego.

En el ínterin, y antes de cesar, ¿por qué no hace algo el todavía ministro Señor Morenés por ponerse al tono del Gobierno conservador británico? Supongo que no es más patriota que sus colegas.

Mientras tanto esperemos que el próximo Gobierno, además de favorecer la reforma de la Constitución, se decida a aplicar de verdad el artículo 105b de la misma y modifique, como corresponde, la Ley de Secretos oficiales heredada del franquismo.

LA PATRIA DEL OLVIDO (y II)

26 enero, 2016 at 8:30 am

Ángel Viñas

Si los historiadores conservadores o neofranquistas hubiesen puesto tanto entusiasmo en convencer a sus amigos del PP de la conveniencia colectiva de abrir los archivos sobre los tiempos oscuros de ese pasado que suelen presentar en términos tan apacibles, a lo mejor el Sr. Morenés les hubiese hecho caso. Hubieran tenido una oportunidad única, creo, de poder revalidar sus afirmaciones sobre el pasado régimen y dejar con la boca abierta ante su presciencia al resto del gremio. Porque, me pregunto, ¿cómo negar al ínclito profesor Luis Suárez o al «darling» de la derecha española, profesor Stanley G. Payne, la oportunidad de apoyar sus tesis con nuevos documentos? Que yo sepa, y aquí descubro paladinamente mi ignorancia que en este tema no es culpable, no han hecho nada. Tampoco, por cierto, la RAH bajo la dirección del profesor Gonzalo Anes (qepd).

Carmen ChacónLo que antecede es una auténtica pena, porque la sinopsis a que me referí en mi post de la semana pasada no se limita tan solo a la documentación del Estado Mayor de la Defensa o del Ejército de Tierra. También ofrece posibilidades muy excitantes la que procede del Arma más aristocrática, la Armada.

Como la guerra civil en el mar, o la segunda guerra vista desde la óptica marítima española, no son temas demasiado bien explorados documentalmente, no puedo sino lamentar que se prive a los historiadores de la posibilidad de echar una lucecita (siquiera sea como la del Pardo bajo el inolvidable Caudillo) sobre aspectos tan interesantes como es, para la guerra civil, el fondo documental producido por las Armadas de ambos contendientes o, para los años 1940 a 1946, otra documentación adicional, presumiblemente no menos enjundiosa.

En este último caso los fondos, según la sinopsis, versan sobre informaciones en torno al conflicto europeo o sobre movimientos e incidentes de buques de guerra y mercantes ingleses, italianos y alemanes en aguas españolas, entradas en puertos españoles por averías, hundimientos, varadas, recogida de náufragos, informaciones relativas a las dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes, relaciones de internados en puertos de España, paraderos, repatriaciones, traslados, hospitalizaciones y desertores.

Pero, lloremos todos juntos en unión, el proyecto desclasificatorio de Carmen Chacón llegó también en aspectoss navales hasta la frontera de 1968, año de la Ley de Secretos Oficiales. En todo el período, cuya fecha de iniciación no se determina en la sinopsis pero que podría ser 1936, los documentos todavía inaccesibles pero perfectamente identificados cubren temas tales como

– Claves y material criptográfico

– Estado de vida y eficacia operativa de moral de las unidades de la Armada

– Plantillas de personal

– Informes y datos estadísticos sobre situación y movimiento de los buques de la Armada, entradas y salidas, situaciones, obras, servicios

– Entregas de mando

– Órdenes y partes de comisiones

– Información sobre buques mercantes, movimientos e incidentes entre los españoles y extranjeros.

– Auxilios marítimos, hallazgos, abordajes, averías, naufragios, hundimientos, siniestros y salvamentos.

– Ejercicios navales: informes relativos a planificación y ejecución, también en colaboración con Marinas extranjeras, ejercicios combinados antisubmarinos y antinaval, de desembarco, de rastreo y caza de minas, de dragaminas, de minadores, de cañoneros, de Infantería de Marina.

– Munición y armamento: adquisición, producción, suministro y transporte.

– Informes y evaluaciones del personal militar, incluidos informes reservados de los miembros de la Armada.

¿Quién podría decir que lo que antecede no es nada interesante? No olvidemos que se trata de documentación que, a lo que parece, solo han visto los miembros de la comisión de desclasificación cuyos trabajos no sirvieron para nada, excepto para hoy sacar los colores al señor ministro de Defensa del PP.

También planeó Carmen Chacón la desclasificación de documentación relativa al Ejército del Aire hasta 1968. Los legajos revisados contienen información sobre:

– Documentos referidos a sistemas de armas que no se encuentran en servicio en las FAS

– Despliege de unidades, fortificaciones, obras defensivas, orden de batalla (con la excepción de las referencias a las ubicaciones de elementos del sistema de mando y control)

– Operaciones militares, planes estratégicos y logísticos, movimientos de fuerzas o aeronaves militares (con la misma excepción que la anterior)

– Estados de eficacia operativa y moral de la unidades (con la misma excepción que las anteriores)

– Plantillas de personal, de medios y equipos de las unidades (con la misma excepción que las anteriores)

– Ejercicios desarrollados por las unidades del Ejército del Aire (con la misma excepción que las anteriores)

– Deliberaciones de los Consejos Superiores del Ejército del Aire.

– Información sobre desactivación de explosivos.

Y una novedad absoluta: Estudios y asesoramientos de las FAS sobre proyectos de normativa legal relativos a la anterior a la Constitución de 1978.

!Tres hurras a la comisión y otras tres a la ministra Chacón! Cero patatero a su sucesor.

Hélas, como ya advertí en el anterior post, el proyecto desclasificador ha quedado, cuatro años más tarde, en eso: en proyecto, en una fantasía, en un arcoiris, en un oasis en el desierto documental.

Las preguntas se agolpan: ¿Por qué no haber tomado alguna decisión positiva? Y si fue negativa, ¿por qué no darla a conocer con los fundamentos pertinentes? [Además, el Sr. Morenés hubiera podido ponerse una toga de indignado ante la desfachatez de una connotada ministra socialista, impelida probablemente por intereses tan espurios como permitir que los investigadores de derechas y de izquierdas puedan consultar una documentación que encierra tesoros informativos de gran interés para la PATRIA]. En esta ocasión hay que escribir el término con mayúsculas.

Ahora bien, puestos a hacer preguntas, ¿tendría acaso el señor ministro algún vested interest no aireable públicamente que le haya impedido poner su granito de arena para evitar que el Reino de España se ponga a la cola de los esfuerzos de desclasificación habituales en los países occidentales de la Unión Europea?

Esta última consideración es apropiada porque en casi todos ellos en los últimos años se han registrado avances inconmensurables. Si el señor ministro, como parece haber insinuado, se preocupa por la repercusión que el contenido de ciertos documentos pueda tener sobre las relaciones internacionales de España, lo lógico hubiera sido:

– consultar con el Ministerio de Asuntos Exteriores que, durante la etapa del actual ministro Sr. García-Margallo, tampoco ha sido la punta de lanza de la liberación de archivos, pero que no obstante podría haberle informado de buena fuente de que la Francia de Vichy ya no existe, de que la Italia mussoliniana se desmoronó, de que el Tercer Reich pertenece a la historia y de que el Protectorado se extinguió hace mucho tiempo.

– haber ordenado a los agregados de Defensa en los diversos países de la EU, y también en EEUU, que se enterasen de cómo se gestionan en ellos las políticas de desclasificación. Me atrevo a asegurar que su precioso tiempo no se hubiera visto limitado porque, en general, un par de llamadas por teléfono hubiesen sido suficientes.

– encargar a algún equipo civil y militar, o incluso solo militar, pero que domine idiomas, que navegue por internet para enterarse de las informaciones disponibles en la red acerca de la documentación militar y de política exterior en nuestras contrapartes más allegadas.

En realidad, hoy es posible trazar a grandes líneas las políticas exteriores y de seguridad españolas durante el franquismo recurriendo a la documentación extranjera pero solo, en general, desde el punto de vista de la interacción con los países más afectados o interesados por ellas. Los guisos de la cocina interna están remansados en los archivos españoles. Aun así, lo que ha salido y va saliendo en modo alguno permite sostener los mitos creados, amamantados y mantenidos durante la dictadura. A no ser que se trabaje en los archivos como han hecho los ínclitos biógrafos de Franco, el profesor Payne y el periodista Palacios.

En todo caso puedo asegurar al señor ministro de Defensa, con la mano sobre el corazón, que nada de lo que los historiadores españoles y extranjeros hemos escrito sobre la guerra civil y el franquismo ha conmocionado los pilares de la defensa exterior española ni, mucho menos, los intereses permanentes del Estado.

Es verdad que, como dijeron al unísono algunos militares y diplomáticos españoles en los años setenta, el régimen de Franco había convertido a España en un «Estado cipayo», pero gracias a la demolición de la dictadura, y no sin cierto esfuerzo, la verdad es que no tardó demasiado en dejar de serlo.

Lo que sí ha quedado claro es que, mal que les pese a muchos historiadores conservadores o neofranquistas, en último término el cambio de coordenadas estratégicas en que esas políticas cambiaron drásticamente no lo consiguieron los partidos de derechas ni de centro-derecha. Atentos a un próximo trabajo del catedrático de la Universidad de Copenhague Morten Heiberg que lo demostrará cumplidamente en inglés, para que se enteren por ahí los extranjeros interesados.

Lo demás es miedo al pasado y no la atención alguna la preservación de los intereses inmanentes y permanentes de la PATRIA entre los cuales no figura el mantenimiento de unos mitos que van siendo derrumbados irremisiblemente.

Y atentos también a eventuales órdenes de la Superioridad sobre la quema de documentos en estos momentos de cambio en las coordenadas dentro de las cuales, a partir de construirá, se hará, casi inevitablemente, la formación de la voluntad política entre las nuevas Cortes y el nuevo Gobierno.

LA PATRIA DEL OLVIDO (I)

19 enero, 2016 at 8:30 am

Ángel Viñas

El ministro de Defensa tiene importantes responsabilidades en cualquier país. En lo que se refiere al actual español es muy probable que no le hayan dejado dormir en los cuatro años en que ha desempeñado el cargo. Ahora ha anunciado que no figurará en el próximo Gobierno (supongo que pensando que el próximo será también del PP). En todo caso, es en él muy comprensible. El esfuerzo titánico de poner el aparato y la base industrial de la defensa de España en condiciones de hacer frente a los retos de los próximos decenios del siglo ha debido dejarlo exhausto. No en vano el panorama tecnológico de la guerra está cambiando a un ritmo vertiginoso. Lo que servía ayer, no servirá para mañana. Además, en su alocución en la reciente Pascua Milita, que ya sonó a despedida, lanzó algunas ideas que no han suscitado demasiados comentarios. En ella aludió, como es lógico, repetidamente a la Patria. Como en otras ocasiones lo han hecho sus demás compañeros de Gabinete.

Pedro_MorenesPero, ¿qué Patria? ¿Una Patria manejada por un Gobierno que, en base a su mayoría parlamentaria, ha hecho literalmente lo que le ha venido en gana, con las comprensibles limitaciones emanadas de Bruselas a efectos económicos? ¿Una Patria en la que su celoso cancerbero se ha visto asaltado por una multiplicidad incomprensible para el común de los mortales de casos de corrupción, con el extesorero a la cabeza? Y, en lo que a un historiador respecta, ¿una Patria en la cual el señor ministro ha considerado de muy buen tono hacer todo lo posible para que la ciudadanía deseche la mal costumbre de no querer olvidarse del pasado?

Hace ahora cuatro años que D. Pedro Morenés se encontró al llegar a su nuevo despacho con un modesto expediente. Una comisión compuesta de funcionarios de Defensa, militares, archiveros e historiadores había venido estudiando miles de legajos para proponer una desclasificación documental en bloque. Ya que ninguno de los Gobiernos de la democracia ha tenido las agallas suficientes para enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Secretos Oficiales radicalmente distinta a la aprobada por su sumisa incarnación franquista en 1968, me cuento entre quienes saludaron alborozados la brillante idea de Carmen Chacón, antecesora del Sr. Morenés, y a la que no tengo el gusto de conocer, de abordar una desclasificación masiva de los fondos de Defensa. En plano totalmente ortodoxo. Desde finales de los años setenta poco a poco, y con Gobiernos de distinto color, la apertura de los archivos del franquismo ha ido haciéndose sin prisas pero sin pausas. Dejando, eso sí, numerosas lagunas.

El procedimiento adoptado por Carmen Chacón fue muy claro y sencillito: se elevaría el proyecto de desclasificación a la comisión de subsecretarios, donde se discutiría o no, y luego al Consejo de Ministros. En este excelso foro no habría suscitado debate si los «subses» hubiesen dado luz verde. El nuevo ministro, sin embargo, no movió un solo dedito. El esfuerzo debió de parecerle colosal. Tan colosal que cuatro años más tarde el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Desidia? ¿Desinterés? Probablemente. También algo más: miedo.

Por aquella época un amigo me hizo llegar una sinopsis del paralizado proyecto de desclasificación. Aludí a él en mi prólogo a las memorias de Francisco Serrat, exprotoministro de Asuntos Exteriores de Franco entre octubre de 1936 y abril de 1937. En ellas Serrat traza una imagen del dictador que no coincide con la que divulgó la hagiografía franquista y a la que siguen acudiendo algunos historiadores de esos que se autoglorifican como no de combate. Como si la búsqueda de la verdad documentable fuese un mero capricho de deleznables colegas izquierdistas, antifranquistas y, por consiguiente, poco creíbles.

Creo que, para sacar los colores al Sr. Morenés antes de que su gestión pase a la Historia (el futuro dirá cómo), es conveniente glosar mínimamente el proyecto de desclasificación. Afectaba a documentación procedente del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y estaba limitado por la fecha mágica de 1968.

Su contenido permite desarrollar una teoría que pone el énfasis en dos elementos: miedo al pasado y desprecio, cuando no altanería, respecto al esfuerzo desarrollado bajo la predecesora. Que no se diga, y que por favor no lo digan historiadores a lo Payne o Suárez Fernández, que el pasado español bajo Franco fue tan rutilante y tan glorioso que no necesita esclarecimientos adicionales porque, más o menos, ya se conoce todo.

Ahora bien, ¿qué han dicho arrogantes historiadores neofranquistas, que los hay, o simplemente conservadores, que incluso abundan más, de los temas expuestos en la sinopsis? ¿Acaso se atreverán a poner negro sobre blanco que no son temas sugestivos? ¿Qué no merecen consideración? ¿Qué no añadirán nada nuevo al conocimiento?

El lector juzgará pero para eso es preciso saber, en primer lugar, de qué temas se trata en la todavía inaccesible documentación. Para ello hay que dividirla entre la que procede del actual Estado Mayor de la Defensa y la referida a las distintas Armas.

En lo que se refiere al primero tenemos: 1. Doctrinas de empleo de las unidades en operaciones y desarrollo de los conceptos tácticos o procedimientos de empleo; 2. Reorganización de las FAS o de unidades específicos de los Ejércitos así como de sus órganos directivos; 3. Documentación de las Juntas Interministeriales y Consejos Superiores en la que se exponen problemas y soluciones que interesan a diversos Ministerios; 4. Proyectos y programas para la construcción de armamento, materiales y equipamiento de las FAS y modernizaciones; 5. Planes de contingencia para hacer frente a posibles amenazas para la defensa nacional, etc. Todo ello anterior a 1968. Ya ha llovido desde entonces y, como podrá apreciarse, son temas de importancia o significación nada desdeñables.

Si se desciende al nivel de Armas tendremos para el Ejército de Tierra dos grupos de documentación. El primero cubre la guerra civil y el segundo el período adicional limitado por el corte del año 1968. Sobre la guerra, dado que ahora se cumple el LXXX aniversario de su estallido, habría sido muy reconfortante que ya se hubiera efectuado la desclasificación sobre temas tales como

6. Capitanía de Aragón y Gobierno militar de Logroño: Juntas de Defensa, movimientos de fuerzas, claves y cifrados, bandos, justicia militarm descruocuibes geográficas y topográficas; detención de extranjeros, censura; 7: Cuarteles Generales, Capitanías y Grandes Unidades: organización y despliegue de unidades, orden de batalla, estados de fuerza, movimientos de tropas, partes de operaciones, organización y planes de defensa, cartografía; 8. Gobierno militar de Logroño: orden público, censura, movimiento insurreccional, movientos de tropas; 9. Gobierno militar de Sevilla: 2ª División Orgánica, operaciones y orden público, justicia, tribunales de honor, sentencias, prisioneros desterrados, órdenes de operaciones, organización, disolución de cuerpos; 10. Capitanía de la V Región Militar y Gobiernos Militares de Zaragoza y Lérida: organización y planes de defensa, incidentes, orden público, operaciones; 11. Lo mismo con referencia a las Capitanías Generales de la VI y VIII Regiones Militares, Gobiernos militares de Lugo, Navarra y Guipúzcoa; 12. Comandancia General de Baleares: organización y planes de defensa, rebelión militar, espionaje; 13. Capitanía General de Canarias: incidentes, orden público, claves y criptografía; 14. Comandancia General de Ceuta y Cuartel General de las Fuerzas Militares de Marruecos: fortificaciones, convenios y tratados con Francia y Marruecos, desembarcos alemanes, gastos de armamento, memorias de la defensa de Melilla, política en el Protectorado de España en Marruecos, movimiento y reorganización de fuerzas, información Zona Española, Francesa y de las cabilas; información políticos militar, protegidos y agentes franceses, contabilidad del Servicio Secreto del Ejército, operaciones de la guerra civil.

El segundo grupo de documentación que llega hasta 1968 comprende adicionalmente: 15. Subsecretaría del Ejército: justicia, campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos, sabotajes; 16. Comandancia de Obras y Fortificaciones de la IV, V y VI Regiones militares: línea de fortificación del Pirineo, documentación téncia de las Comandancias de Ingenieros, actas de las Juntas de Defensa y Armamento, elección y construcción de asentamientos, croquis, fotografía (en todos estos casos aunque la documentación fuese posterior a 1968 podría desclasificarse por completo); 17. 2ª Sección del Estado Mayor Central: boletines de información interior y exterior sobre la actividad de las Capitanía, Ejército Pirineos, Marruecos; 18. Capitanías Generales y Gobiernos Militares: justicia, campos de concentración, batallones de soldados, trabajadores, arrestos, den ¿uncias, deserciones, sospechosos, sabotajes; 19. Comandancia General de Baleares: organización defensiva y planes de defensa, incidentes, orden público, operaciones.

El mero enunciado de la anterior documentación, todavía no disponible para el público, hará salivar a más de un lector. Y también a los historiadores cuyo oficio es desentrañar el pasado aprovechando cualesquiera nuevas evidencias. Por ejemplo: ¿Qué guardarán los papeles respecto a la sublevación en Sevilla de un criminal consumado como fue el general Queipo de Llano? ¿O qué nueva luz arrojarán sobre la represión en Navarra, Galicia, La Rioja, León y gran parte de Castilla la Vieja, es decir, en zonas en donde no hubo, o apenas si hubo, operaciones militares? Es obvio que ello permitiría contrastar las tesis profranquistas sobre el carácter de su amable justicia, orientada a castigar a los malvados «rojos» culpables de todo tipo de culpas, entre ellas las de haberse «sublevado» contra el Glorioso Ejército Nacional, salvador de España.

También es posible establecer la hipótesis de el conocimiento de tal documentación permitiría apreciar en su auténtico valor el de numerosas obras de inmortales autores (Arrarás, Aznar, Salas Larrazábal, etc.), glorificadas por la historiografía franquista y de las que han «chupado» sin pudor alguno historiadores como de la Cierva, Payne, Suárez y tantos otros. El riesgo, evidente, es que tal vez sufrirían correctivos importantes. ¿Y en qué lugar dejarán esas masas de papel los tan exaltados fondos de la FNFF? Por no hablar de la todavía muy oscura posguerra, en la que los autores de aquellas cuerdas entran de puntillas. ¿Por qué será?

ANIVERSARIOS E HISTORIA: 1936 y 1986

12 enero, 2016 at 8:30 am

Ángel Viñas

Reanudo, como había prometido, mis posts. Estamos en un tiempo de incertidumbres y me pregunto si la historia sirve para algo, aparte de satisfacer el deseo de conocer y de confrontar los mitos del pasado con lo que, más o menos penosamente, los historiadores van descubriendo y escribiendo. En los últimos años, al hilo de ciertos aniversarios han salido libros que han puesto al descubierto vetas desconocidas y generado reinterpretaciones que no casan con las «verdades» aceptadas. Podemos pensar que en 2016 ocurrirá lo mismo. Dentro de mis modestas posibilidades trataré de contribuir a ello.

GCE_1026_Anon_GN1201En este nuevo año coinciden dos aniversarios con números redondos. Son los que más llaman la atención. También son importantes. El más destacado es, sin duda, el que hace el año LXXX del estallido de la guerra civil. En el segundo se conmemorará el año XXX del ingreso de España en las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea.

Son dos aniversarios totalmente antitéticos. En el primer caso se abrió el camino por el que hubo de transitar una España al margen de lo que fue ocurriendo en Europa e incapaz de participar en la gran aventura de la reconstrucción de la parte occidental del continente. Es cierto que el aislamiento no fue total. Geográfica y geoestratégicamente no podía serlo. Tampoco fue para lanzar las campanas al vuelo. Salvando las distancias también eso ocurrió con la Yugoslavia titista. La España de Franco, además, estuvo dominada en los aspectos esenciales de la seguridad nacional por una vinculación bilateral con Estados Unidos. No ocurrió con Yugoslavia, algo que suele olvidarse en la habitual perspectiva etnocéntrica de la literatura que se ha encargado de loar vehementemente los logros de la dictadura. En el segundo caso España inició el proceso de reordenación de sus grandes orientaciones estratégicas con una política de balanceo en el que se complementaron de tal manera que el juego resultante fuese de suma positiva.

Aniversarios parecidos han sido recordados. En el primer caso el entonces Ministerio de Cultura promovió hace diez años un primer congreso internacional sobre la guerra civil. Se celebró en Madrid con asistencia de decenas de historiadores, españoles y extranjeros, bajo la dirección de un comité de expertos entre los que figuraba, que recuerde, el profesor Santos Juliá, de la UNED. Llevó un tiempo considerable de preparación. Al fin y al cabo era el LXX aniversario. En comparación, los recuerdos organizados por una Universidad confesional que invitó a, por lo general, historiadores neofranquistas o parafranquistas quedaron totalmente deslucidos. Para mí, sin embargo, es inolvidable la grotesca ponencia de Ricardo de la Cierva con sus referencias al ya difunto Herbert R. Soutworth. No seguiré su desagradable ejemplo siquiera sea por simple elegancia.

Ninguna de ambas experiencias parece que se repetirá este año, aunque sobre la segunda alternativa no estoy en condiciones de pronunciarme. El Gobierno del PP, con su proverbial desprecio por el pasado a no ser que sea desfigurado a su gusto, no ha mostrado el menor interés al respecto. Así que todo hace pensar que serán de nuevo la iniciativa académica y periodística y el interés de algunas editoriales los que permitan que salgan, posiblemente, a la luz nuevas obras que reflejen o recojan los progresos en el conocimiento.

En este primer post de 2016 sí puedo reseñar que en los últimos meses he ido montando, con la ayuda del profesor Juan Andrés Blanco de la Universidad de Salamanca, una versión actualizada del trabajo de crítica e interpretación bibliográficos que, sobre la guerra civil, se publicó en la revista STUDIA HISTORICA. Dicha puesta al día implica revisar y ampliar lo entonces escrito e incorporar nuevas tradiciones historiográficas. A este respecto tenemos ya las de Australasia y Japón y están encargadas la holandesa y varias latinoamericanas.

Ya han empezado a llegar los primeros artículos que muestran que, como no podía ser de otra manera, en los últimos tiempos ha habido de todo un poco. Junto con nuevas investigaciones coexisten auténticos engendros. En varios casos tengo la impresión de que alguna editorial no ha sabido distinguir el trigo de la paja, con errores e «interpretaciones» de categoría.

Teniendo en cuenta el éxito de difusión de que ha gozado el número extraordinario de la revista académica digital HISPANIA NOVA sobre Franco, en esta ocasión la versión actualizada se hará en formato de e-book. Ello permitirá la difusión en la red.

Sobre la incorporación de España a la hoy Unión Europea se dispone de estudios sesudos y concienzudos (no el tipo de estupideces que han difundido ciertos biógrafos de Franco). Lo que no abundan son los libros o artículos escritos por protagonistas.

Personalmente no he dejado de lado totalmente tales aspectos. En 2003 publiqué un mamotreto en el que me apañé para cohonestar mi experiencia en la Comisión Europea con la formación de ciertas políticas en las que tuve el privilegio de participar, bien como oyente o como protagonista. Algo más tarde me esforcé en que el Ministerio de Economía y Comercio publicara un número monográfico de la revista académica INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA con artículos de funcionarios españoles que habían prestado también servicios en la Comisión.

De lo que en ambos casos se trató de hacer ver a los lectores que las políticas comunitarias las idean hombres, que las empujan hombres con intereses dispares y que quienes las ejecutan o supervisan, bien o mal, tienen nombres y apellidos. La noción, tan cara a los euroescépticos británicos, de los «faceless bureaucrats» de Bruselas es tan poco aplicable a la Unión Europea como cuando se aplica al estudio de la formación de las políticas nacionales.

En términos de aportaciones a la actividad de la Comisión me congratulo, además, en resaltar que varios compañeros también han plasmado sus memorias o sus análisis de lo que en ella hicieron o vieron. Los libros de Pablo Benavides (qepd) y del profesor Manuel Sanchís i Marco me vienen ahora a la memoria.

Sé, al menos, de dos proyectos editoriales que saldrán a la luz en este nuevo año. En el primero un grupo de expertos con conocimiento directo de la Unión Europea expondrá lo más granado de sus experiencias y reflexiones acerca del proceso de incorporación de España, al talante con el que políticos (entre ellos Enrique Barón, que llegó a ser presidente del Parlamento Europeo) y funcionarios españoles (entre ellos mis queridos amigos los profesores Francesc Granell y Manuel Sanchís) acometieron tal incorporación y cómo se desenvolvieron en sus nuevos cometidos.

El segundo se reflejará en un número especializado de la revista STUDIA HISTORICA, de la Universidad de Salamanca, dirigido por los profesores Sigfrido Ramírez de la Universidad de Copenhague y gran experto en la historia de la Comisión Europea y Víctor Fernández Soriano, de la Universidad Libre de Bruselas que acaba de publicar un libro sobre los derechos humanos en Europa y las dictaduras en el área mediterránea (1949-1977).

En tal número de STUDIA HISTORICA, que aparecerá probablemente en marzo, participo con un documento desconocido. Tras el referéndum sobre la permanencia en la OTAN en 1986, me encargué en el Ministerio de Asuntos Exteriores de diseñar un plan de acción a través de las Comunidades Europeas (Comisión y Consejo) para impulsar el interés de estas hacia América Latina. No sabía que con ello estaba sentando las bases para un giro copernicano de mi trayectoria profesional que duró más de veinte años.

El plan se condensó en una nota de una quincena de páginas que se comunicó oficialmente a la Comisión y al Consejo en el marco de la entonces Cooperación Política Europea. Fue el fruto de varios meses de trabajo intensivo en el que me dejé la piel. Ahora lo he retraducido del inglés original y aparecerá en ese número de STUDIA HISTORICA. Será un testimonio de hasta qué punto acertamos o no en nuestro enfoque. Muchas de las cosas en él expuestas se llevaron a la práctica. Otras, no. Obedecía a la máxima de que para alcanzar un cierto porcentaje de objetivos hay que ser ambiciosos porque, en la Unión, ya los recortarían.

En el segundo proyecto participamos no solo funcionarios y políticos como que terminamos desembocando en las Instituciones o que permanecieron en Madrid. Para ello el embajador Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, a la sazón director del Departamento de Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno Felipe González, y quien esto escribe hemos reunido fuerzas. Nuestra idea ha sido la de condensar en el menor espacio posible los puntos fundamentales de la estrategia seguida para alcanzar en el mínimo de tiempo imprescindible la ansiada incorporación.

Naturalmente, los historiadores no nos movemos al compás de los aniversarios. Eso no sería sensato ni casa con la metodología histórica pero, ¿por qué no celebrar los aniversarios redondos, referidos tanto a desastres como a glorias?

No hay que reinventar la rueda. Lo que hacemos en España también se hace en el extranjero. A lo largo de los próximos meses intercalaré algún que otro ejemplo.

UN NUEVO LIBRO PARA LAS VACACIONES: VIOLENCIA EN LA SEGUNDA REPÚBLICA

22 diciembre, 2015 at 8:30 am

Ángel Viñas

Hay gente que en estas próximas vacaciones o semi-vacaciones de Navidad y Año Nuevo corta con la rutina y se dedica a leer ese libro del que nunca ha tenido tiempo de ocuparse. EL PAÍS ha publicado por estas fechas los títulos que han parecido más interesantes a algunos de sus lectores. Ya he dado los míos. Cuando lo hice no había ojeado, por falta de tiempo, un libro que me había llegado pero que he tenido ocasión de leer después. Mea culpa. Como no es verosímil (¡ojalá me equivoque!) que alguien lo elija, me apresuro a anunciarlo en este último post antes de las Navidades, que es cuando en la Europa del norte suelen hacerse regalos.

cifras-cruentasEl libro en cuestión se titula CIFRAS CRUENTAS. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la segunda República española (1931-1936). El autor es el profesor Eduardo González Calleja. Lo ha publicado la Editorial Comares, de Granada, y es de aparición muy reciente.

El tema es absolutamente vital. Una de las justificaciones que siempre se aducen para «explicar» la sublevación militar del 17/19 de julio es la presunta situación de «anarquía», «desorden», «violencia», «asesinatos», incendios, algaradas, ataques a la Iglesia y a la propiedad que caracterizó la primavera de 1936 tras las elecciones de febrero que dieron la victoria a la coalición del Frente Popular.

De las versiones que nos incrustaron a los niños y a los estudiantes que padecimos el franquismo es difícil olvidar las visiones apocalípticas que dos de los grandes prohombres de la derecha española, José Calvo Sotelo y José María Gil Robles, expusieron ante las Cortes en junio de aquel año. Presentaron un país que se caía bajo el peso de la iniquidad de las izquierdas y de la inseguridad que se había apoderado de sus calles. En esta «preparación» de los espíritus de cara al golpe ya en acelerada gestación nunca faltó el énfasis en la «lógica» conclusión de aquel conjunto de circunstancias: el vil asesinato de Calvo Sotelo, ordenado por el Gobierno y ejecutado por agentes de la policía.

A mi, cuando hacía las prácticas de milicias, en 1964, en los cuarteles del Goloso (próximos a Madrid) me tocó exponer con todo lujo de detalles aquella teoría ante los oficiales del regimiento en que las hice y ello por orden conminatoria de su coronel. Es una experiencia que me dejó una huella tan vívida que jamás se me ha borrado de la memoria. Otras cosas, buenas y malas, sí. Aquella no.

Pues bien, ahora, en este libro González Calleja (coautor de la también reciente Historia de la Segunda República Española, publicada la pasada primavera por Pasado&Presente) ha llevado hasta los límites posibles todo un conjunto de investigaciones empíricas. Estas las ha venido realizando a lo largo de los últimos diez años en artículos, capítulos de libros y de forma transversal en numerosas publicaciones en una obra fecunda e inesquivable. El de ahora es un libro que, dentro de la problemática que se ha autoimpuesto, hará autoridad en el futuro.

Por varias razones:

La primera, y nada desdeñable, es que contiene un catálogo de los actos de violencia con consecuencia letales que se produjeron desde el 14 de abril de 1931 hasta el 17 de julio de 1936. Es un catálogo numeroso que abarca de la página 309 hasta la 424. Una obra de hormiga y de expurgo de fuentes primarias y secundarias abrumadora. González Calleja es lo más opuesto al ejemplo del duo Payne/Palacios que quepa imaginar. En este libro el lector encontrará un ejemplo rutilante de la mejor historia empírica.

La segunda, y no menos importante, es que la acumulación de hechos sin teoría conduce directamente hacia la nada. La teoría puede subyacer al relato (es lo que suelo hacer en mis propios libros) o abordarse de manera clara en el texto. El autor, en este caso, ha acudido a una serie impresionante de sociólogos, politólogos e historiadores para exponer desde las primeras páginas los conceptos, métodos e hipótesis que le servirán para adentrarse en la frondosa jungla de los datos.

La tercera, y también muy destacable, es que González Calleja arremete educadamente, pero arremete, contra muchos autores, más o menos aficionados, de estudios previos sobre el tema sin importarle demasiado que sean nombres que a algunos pueden parecer inmarcesibles o de meros diletantes.

¿Qué resulta de todo ello?

Pues la desmitificación de las glosas o afirmaciones, a lo Payne, que siguen imperturbables, erre que erre, defendiendo el mito fundamental de la cosmogonía histórica franquista.

Muchos de los resultados son refinamientos de los que el propio González Calleja ya ha venido avanzando en trabajos previos. Otros traducen una voluntad de explorar situaciones no suficientemente iluminadas a la luz de investigaciones empíricas parciales. Estamos, en consecuencia, ante una obra esencial que defiende, sin complejos, la historia empírica con una base teórica relevante. Los hechos, de por sí, no dicen nada. Hay que mirar detrás de lo que ocultan. De todas maneras, a quienes les guste la historia cuantitativa estarán contentos.

Estadísticamente hablando la República no fue un régimen tranquilo. Entre 1931 y el 18 de julio se produjeron, cuando menos, 2.629 víctimas mortales de la violencia sociopolítica. De ellas, sin embargo, 1.550 las causaron las fuerzas del Estado que, a su vez, sufrieron no menos de 455 bajas fatales (p. 88). Esto representa unas tres cuartas partes del total. De aquí podría afirmarse que la República (en sus diferentes formatos político-ideológicos) no se anduvo con mano blanda. González Calleja ha identificado la adscripción política de, al menos, 530 víctimas (sin contar las de Asturias que representan un caso específico). Pues bien, de esas 530 no menos de 484 pertenecían a la izquierda. Es decir, la violencia del Estado parece que se dirigió contra esta galaxia, que iba desde los partidos republicanos (IR, UR y PRRS) hasta la JNT, FAI y Juventudes Libertarias. Y, entre las fuerzas del orden, ¿quién se llevó la peor parte, en esta ocasión incluyendo Asturias? Pues la guardia civil y los carabineros en primer lugar, seguidos por los cuerpos de seguridad e investigación y los militares. Apenas si hubo víctimas entre los guardias municipales y afines (p. 89).

Pero no fue una violencia de ritmo constante. En la etapa de los gobiernos provisionales se dio un 7% de las víctimas; en el bienio republicano-socialista se produjo un 13,5. El porcentaje ascendió al 65% en el bienio negro y durante el Frente Popular al 14,5% restante. Es decir, en términos cuantitativos esta última etapa fue la más mortífera.

Si de la historia cuantitativa se pasa a la interpretación, los datos de la violencia en tal período permiten inducir que «no se abrió una coyuntura revolucionaria porque los poderes emergentes de carácter popular no tenían un proyecto político común capaz de tomar decisiones y asumir el control a escala nacional, o siquiera regional, provincial o comarcal» (p. 49).

La guerra civil no encuentra, pues, su origen en la violencia de la primavera de 1936 sino en la acción facciosa de un sector del Ejército y en la frustración política de las derechas (desde los más importantes a tales efectos, los monárquicos, hasta la CEDA y los fascistas incipientes o declarados) que se dedicaron con frenesí a crear «su» ventana de oportunidad.

¿Y el anticlericalismo, contra el cual protestó una Iglesia anclada en los cánones de Trento? Apenas si ocasionó víctimas. Desde los enfrentamientos del 10 de mayo de 1931 en Madrid, pasando por Alicante, Málaga y Córdoba. Las víctimas fueron revoltosos. Solo se registran dos religiosos muertos y ninguna de ellos por algo ligado al anticlericalismo popular o la política laica. Únicamente en las circunstancias excepcionales de Asturias fueron asesinados 33 religiosos (el 56% de los muertos por la violencia revolucionaria).

Hablando de Asturias las páginas 220 a 244 se dedican a recordar y cuantificar las víctimas de la revolución de octubre de 1934, apoyándose en numerosos autores que también los han investigado. En Madrid se produjeron 45, en Cataluña 83 y en Asturias en torno a los 1.200 de los cuales unos 256 fueron gubernamentales. La represión subsiguiente, no hay que olvidarla, fue feroz.

En conclusión, a Payne el autor de esta obra le da una pequeña pasada dialéctica. Lo normal cuando alguien va a los datos en tanto que otros se dejan llevar por prejuicios y copian lo que pueden y quieren. Lo mismo cabría afirmar de un historiador italiano que ha acudido en auxilio de la «reserva espiritual de Occidente», es decir, la derecha española de la época.

En definitiva, un libro fundamental y sobre el que convendrá meditar. A pesar de todo, ¡felices Navidades!. ¡Feliz Año Nuevo! Todo, dentro de lo posible. Volveré inmediatamente después de Reyes.

¿ES FRANCO UN INVENTO POLÍTICO DE LA IZQUIERDA?

15 diciembre, 2015 at 8:30 am

Ángel Viñas

Pongo en interrogante una reciente afirmación del profesor Stanley G. Payne. La hizo en positivo según la transcripción (no necesariamente fiable) de unas declaraciones suyas al periódico Levante (28 de noviembre). La ocasión la ofreció una conferencia impartida la víspera en la Universidad Católica de Valencia. Obsérvese, no en la pública. De ser cierta, suscita una serie de cuestiones generales y particulares, tanto de tipo historiográfico como ideológico. Abordaré, ante todo, las primeras.

1024px-The_Peacemakers_1868Un paseo tranquilo por algunas de las librerías más importantes de New York City basta para mostrar a cualquiera las múltiples formas en que se trata el pasado del país del que el profesor Payne es originario. Anaqueles enteros están dedicados a obras sobre la guerra de secesión (the American Civil War, en la acepción más comúnmente aceptada en Estados Unidos). Que tuviera lugar entre 1861 y 1865 (es decir, que terminara hace ya 150 años) no parece óbice. Hay revistas dedicadas íntegramente a la misma con tiradas considerables. Pintores destacados han recreado y recrean escenas del conflicto. Se venden a precios exorbitantes. Incluso siguen apareciendo películas (la última, Lincoln, 2012, de Steven Spielberg) que tocan aspectos relacionados con la contienda y su trasfondo.

Hasta hace relativamente poco las feroces discusiones entre historiadores norteamericanos eran objeto de sesudos tratamientos periodísticos. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, las sugeridas por visiones completamente dispares sobre el proceso que llevó al estallido del conflicto, el papel de la esclavitud antes y en el mismo (muchos lo negaron más o menos abiertamente) y la adecuación de su denominación (guerra entre los Estados ha sido siempre una de las favoritas para una corriente minoritaria).

En el año que ahora termina, el del 150 aniversario, la proliferación ha sido mayor de lo habitual. Y, como no sorprenderá, la controversia historiográfica sigue siendo intensa. Aunque el profesor Payne parece más bien de tendencia ideológica republicana (en los actuales Estados Unidos) supongo que no desconoce y que incluso lee una de las más establecidas revistas intelectuales de la costa Este, The New York Review of Books. Más bien, eso sí, de centro-izquierda. Me extrañaría que no hubiera echado un vistazo a uno de los artículos de fondo que apareció en el número del 19 de marzo de 2015 titulado «The Civil War Convulsion«. En él se reconoce que «la tarea de historiar la guerra civil, teniendo en cuenta su complejidad moral, es tan ardua (challenging) como siempre. Tal vez el reto más significativo sea recuperar el sentido de cómo sería el mundo futuro para aquéllos que lo afrontaron sin el conocimiento retrospectivo que hemos ido acumulando». Es decir, cada generación escribe su historia del pasado común.

Que Estados Unidos hoy no tenga mucho que ver con el de los años de la guerra civil decimonónica no impide que la discriminación antes y marginación hoy de una mayoría negra (perdón, black American) subsistan, sobre todo en los estados sureños, los vencidos.

Esto significa que una guerra civil deja secuelas que el tiempo no borra fácilmente. Incluso una como la norteamericana que no se caracterizó por las secuelas de venganza de los vencedores contra los vencidos como fue la española. Así que sorprende que sea, precisamente, un historiador norteamericano el que se arrogue el derecho (que quizá considere innato) de alumbrar a los españoles con su reconocida, aunque discutible, sapiencia sobre la guerra civil y la dictadura.

En unas declaraciones (Tiempo, 13 a 19 de noviembre de 2015) el profesor Payne responde a una pregunta de Javier Otero: «Su obra ha sido duramente criticada por muchos historiadores. ¿Qué responde?». La contestación no deja de tener bemoles: «Que no malgasto mi tiempo en polémicas».

Respuesta admirable si quien la hace estuviese en posesión de la verdad, ya fuera inmanente o revelada. El problema es que ni él, ni nadie (salvo el Señor) lo está. Y cuando afirma que la biografía que de Franco él y el periodista Palacios han escrito es la «única que trata en serio la represión», uno no puede sino reír, ya que no merece la pena llorar.

Franco no es un invento político. Tanto los historiadores de una u otra tendencia (porque todo historiador tiene su corazoncito, al igual que el común de los mortales) investigan (o no), escriben y discuten acerca de cuarenta años de historia española. En la medida en que Franco y la mayor parte de sus partidarios siguen justificando la sublevación militar de 1936 como el resultado de la experiencia republicana (Payne dixit: «Fue una rebelión provocada por la oleada de atropellos, actos ilegales y violencia»), cabría hablar del período 1931-1975, es decir, más amplio y mucho más intenso históricamente.

¿Cómo es posible, pues, que en la historiografía y en el recuerdo colectivo 45 años pueden tener solo una interpretación? ¿Se explicarían la Reconstrucción o la modernización acelerada de Estados Unidos, con sus tendencias hegemónicas (1860-1900) de manera estrictamente unívoca como parece querer el distinguido historiador norteamericano?

O, ¿no será más bien que, en uno de sus habituales ejercicios de proyección, sea la derecha la que imputa a sus adversarios políticos e ideológicos un tipo de comportamiento que le es propio? Porque en el plano historiográfico no he leído mucho entre los políticos, periodistas y seudohistoriadores de tal tendencia que se quejen acerca de la desidia de las autoridades por poner en pie un sistema razonable de acceso a los archivos. Y no me consta (aunque quizá pueda equivocarme) que los Gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero se caracterizaran por la destrucción masiva de documentación. Quizá el profesor Payne no haya oído hablar de la que se produjo bajo la esclarecida dirección de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Por no recordar, según informaciones de prensa, la que al parecer tuvo lugar al final de la legislatura dominada por el PP bajo José María Aznar (personalmente siempre me ha sorprendido que un documento crucial para entender la postura de Franco ante el plan de estabilización y liberalización de 1959 estuviera en los archivos de la Presidencia del Gobierno antes de su llegada al Gobierno y no después bajo su sucesor).

Al plano historiográfico hay que añadir otro: el de la justicia conmutativa. Durante casi cuarenta años la dictadura estableció un sistema sólido, congruente, decisivo para honrar a «sus» muertos. Es decir, a las víctimas del «terror rojo». La Iglesia católica no se ha privado de beatificar a una porción de sus mártires. Un derecho que nadie le discute pero que no apoya en otros. ¿O fueron asesinos todas las víctimas del «terror blanco»? Porque también hubo muchos inocentes, y mujeres, y niños.

¿Puede Payne demostrar que la dictadura -o sus sucesores ideológicos- han hecho un esfuerzo para, siquiera, «recordar» a las de su propio terror (más acuciante, más duro, más permanente)?. Como esta sería una tarea francamente difícil, en un ejercicio de prestidigitación la derecha política, mediática e historiográfica las quiere olvidar definitivamente. El vaciado de la denominada abreviadamente LMH así lo apunta.

Es decir, en oposición a lo previsto en la Constitución Española, tales círculos han querido, y quieren, perpetuar la distinción entre muertos de primera y de segunda categoría. Los de esta última habrían sido condenados «por consejos de guerra regulares» y en aplicación de las disposiciones legales correspondientes. A otra cosa, mariposa. Borrón y cuenta nueva. El futuro se abre a la amnesia. ¿No es bonito?

Una práctica tan elemental (cristiana, pero también pagana -no hay sino que remontarse a la Antigüedad clásica) como la de honrar a los muertos es hoy objeto de desatención, cuando no de ludibrio. ¿Por parte de quién? Pues por parte de quienes se sitúan en la lignée de los vencedores. Esa a la que nuestro distinguido autor no menciona. Sin embargo, la historia no es cuestión de opinión sino, sobre todo, de investigación contrastada y discutida. También en archivos de los que el profesor Payne no parece haber sido nunca asiduo visitante.

PS: Este post se publica en la semana en que tendrán lugar las elecciones generales. Esperemos que de ellas salga un gobierno que tenga menos miedo al pasado que su antecesor.

DOÑA ESPERANZA AGUIRRE Y SU VISIÓN DE LA HISTORIA

8 diciembre, 2015 at 8:30 am

Ángel Viñas

El XL aniversario del 20-N ha dejado tras de sí una pequeña resaca. Limitándome al plano historiográfico quizá merezca la pena resaltar afirmaciones de uno de los personajes más combativos de nuestra nada ejemplar vida pública. Ignora lo que los españoles hemos podido ir aprendiendo sobre nuestra historia a pesar de las dificultades que ha interpuesto su propio partido.

Esperanza aguirre blogComo personaje público Doña Esperanza Aguirre no necesita presentación. Sí como historiadora. En mi último libro no resistí a la tentación de poner como ejemplo de sus fantasías un artículo suyo en ABC («La República», 28 de enero de 2013). Lo considero de referencia obligada para horquillar debidamente a su autora. Casi tres años más tarde ha aprovechado el rifirrafe en el Ayuntamiento de Madrid sobre el cambio de nombres de calles que recuerdan al franquismo, a sus héroes y a algunos de sus valedores intelectuales. Es un tema que no comentaré. Sí resaltaré la consistencia y persistencia de sus opiniones históricas.

Los socialistas -dice, pero podría también incluir a la izquierda en general- «pretenden explicar la guerra civil como una guerra entre buenos y malos«. Esta caracterización es abusiva y se aplica mejor al franquismo (lea la autora al vate por excelencia de la «Cruzada» que fue José María Pemán. Su poema «La bestia y el ángel» no es de los que se olvidan fácilmente).

Recordemos, además, que los historiadores franquistas disfrutaron de casi cuarenta hermosos años para distorsionar a su gusto la interpretación de la contienda. El hiriente calificativo se aplicaba sin excepción a los contrarios.

Por contra, los historiadores no franquistas hemos puesto de relieve desde la transición hacia la democracia -si no antes, jugando con la censura, perdón «consulta previa», Manuel Fraga dixit) que aquella dicotomía siempre fue falsa. De aquí la proliferación de estudios detallados sobre las características de la sublevación militar y la connivencia que a la misma prestaron ciertas fuerzas civiles, de buen grado o por salvar la piel. En consonancia con las instrucciones reservadas del general Emilio Mola para el golpe de Estado. De acuerdo, también, con la estrategia desestabilizadora por parte de un sector de las derechas, en particular las monárquicas. Para su eterna vergüenza no tuvieron reparo alguno en comenzar a preparar la militarada a los pocos días de las elecciones que dieron la victoria a la coalición electoral del Frente Popular. Y con la ayuda de la Italia fascista por si había que abordar una «guerrita». Al frente un trío con muchos resabios: José Calvo Sotelo («protomártir»), Antonio Goicoechea (gobernador del Banco de España), Pedro Sainz Rodríguez (ministro).

Doña Esperanza Aguirre tiene tantos frentes políticos que cubrir que quizá carezca de tiempo para leer. Solo a ella podría ocurrírsele decir que los socialistas, o las izquierdas, pensaran «que la II República fue un régimen idílico». Pues no. Ninguno de los estudios solventes llevados a cabo en democracia muestran que lo hubiera sido. La discusión se centra en la determinación del balance de responsabilidades entre quienes querían desagarrotar la economía y sociedad españolas y quienes querían evitarlo en la mayor medida posible. Quizá tan insigne política podría enviar algún propio a los archivos nacionales de París y Londres para que le fotocopiaran los despachos que en su momento remitieron a sus capitales los embajadores francés y británico. O leer de pasada algunas de las obras que los han utilizado. Me permito sugerirle que eche un vistazo a la, hoy por hoy, última historia de la II República que ha publicado, con gran éxito, la pasada primavera la editorial Pasado&Presente.

Leo con estupor, incredulidad, desasosiego, molestia y, en cierta medida, repugnancia que la tan celebrada dirigente política pueda escribir (blogs.elconfidencial.com/espana/mirada-libre/2015-11-30/las-calles-de-madrid_1109607/) que la versión «socialista» implica que «el franquismo fue impuesto a la fuerza a todos los españoles».

Supongo que no piensa en los derrotados en la guerra civil porque en este caso tal aseveración sería, simplemente, una mentira. Pero si, por azar, pensara en los vencedores, parece que tampoco está muy enterada de las «molestias» que el franquismo ocasionó a una parte sensible de los mismos. De extracción aristócrata, debería estar familiarizada con las razones (dinásticas y otras) que promovieron un sordo resquemor desde el glorioso día de la VICTORIA entre un sector monárquico y la dictadura franco-fascista. Los dos tomos de memorias de, por ejemplo, Sainz Rodríguez, mejorarían sus conocimientos históricos. Hay incluso otros trabajos sobre el tema de los que podría aprender cosas que, sin duda, no figuraban en el temario de las oposiciones que hizo al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo.

Tampoco entiendo muy bien a qué se refiere Doña Esperanza Aguirre cuando afirma que, en la Transición, la oposición antifranquista sabía «que el pasado no se puede variar y que eran estériles los intentos de cambiar el resultado de la guerra civil».

Es obvio que el pasado no se puede variar. Que yo sepa nadie lo intenta, salvo algún que otro novelista. Puedo recomendarle leer a tal efecto una obra de ciencia-ficción referida a la guerra civil americana que, a la vez, le permitiría ampliar su gran dominio del inglés al que se hablaba en la época en los estados secesionistas (The Guns of the South, de Harry Turtledove). Lo que sí varía es la interpretación del pasado. A ningún historiador genuino podría ocasionarle problemas epistemológicos tal afirmación. Profesionalmente es lo que pone, en general, en práctica. Cuando, además, aborda un dato preciso (como es el resultado de una guerra) lo que escribe Doña Esperanza Aguirre denota una cierta confusión. Lo que sí varía es la interpretación de cómo se llegó a ese resultado.

Ahora bien, un personaje público que fue ministra de Educación y está, al parecer, tan empapada de cultura británica no ignorará uno de esos dichos que se encuentra en una obra literaria que, por lo general, forma parte del curriculum en las escuelas inglesas de secundaria. Se debe a George Orwell: «He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past«. Figura en su famosísima novela, profundamente antiestalinista, 1984.

Ahora bien, lo cierto es que tal dicho podría aplicarse, en gran medida, al partido en que ella milita. Para controlar el futuro hay que controlar el pasado. Pero, ojo, y esto tiene cierta importancia para la primera tarea, ante todo hay que controlar el presente. Y dado que el PP lo ha controlado hasta cierto punto en estos últimos cuatro años, ¿qué ha hecho?. Al menos dos cosas. La primera fue paralizar la aplicación de la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en buena y debida forma por el Parlamento (desde luego, con el voto en contra de tal partido) pero que ha seguido formando parte del ordenamiento jurídico español al no haber sido derogada (opción que podría haber seguido el PP teniendo en cuenta su mayoría parlamentaria en la, afortunadamente, hoy finalizada legislatura). La segunda cosa ha consistido en paralizar la desclasificación de un lote de, por lo menos, diez mil documentos relacionados con la guerra civil y la posguerra que dejó a punto de caramelo la antecesora de su distinguido compañero y amigo, el saliente ministro de Defensa, Don Pedro Morenés.

Dado el temor, miedo o pavor a que puedan agitarse los esqueletos que aún estén colgando en los armarios todavía no desinfectados que preservan centenares de miles de documentos sobre la guerra y el franquismo es obvio que los historiadores y un estimable porcentaje de la sociedad civil tienen un largo trabajo por delante para destripar el funcionamiento y resultados de la dictadura franquista. A lo mejor controlando (conociendo) el pasado podremos controlar (anticipar) mejor el futuro. Vuelvo a 1984 y a otra de sus imperecederas máximas: «Ignorance is strength«. O, lo que es lo mismo, mantener a la ciudadanía en la ignorancia da fuerza. Cuanto más ilota, mejor.

PS: He leído en la prensa que el librito en inglés que cantaba los logros de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, y al que ya me referí hace unas cuantas semanas, parece que va a ser revisado. Sus editores afirman que se han atenido a los contenidos curriculares. ¿Presenciaremos la constrastación del aforismo orwelliano? No hay nada mejor como controlar el presente para controlar el futuro. Tal vez incluso el de tan distinguida historiadora.

HITLER, FRANCO, PÍO XI Y BLUM

1 diciembre, 2015 at 8:30 am

Ángel Viñas

¿Qué puede unir estos cuatro nombres y precisamente por el orden del título, se preguntará el lector? No constituyen un grupo evidente por sí mismo. Sí lo es cuando nos aproximamos a él desde la perspectiva adoptada por el distinguido académico de la Historia profesor Luis Suárez Fernández. Durante mi reciente tournée por España he tenido tiempo para leer una buena parte del libro, todo calentito, al que me he referido en el anterior post. Confieso que he terminado desechándolo. Me imaginé que lo haría al leer las dos primeras páginas de texto. No obstante, las impresiones iniciales suelen engañar. No es este el caso.

Franco/HitlerAl comienzo del tercer párrafo del texto de tan magna obra –y no más tarde– el lector puede llevarse un susto mayúsculo. Nuestro autor advierte coincidencias y disensiones entre Franco y Hitler. No podría estar más de acuerdo pero ¿cuáles son? La respuesta se da a dos niveles. El primero es absolutamente banal. Uno murió en la cama. El otro se suicidó en Berlín. Nadie podría objetar nada a tales afirmaciones, totalmente de cajón.

Es en el segundo nivel en donde empiezan las bromas. Escribe tan eximio autor: «La más importante de las divergencias, según la documentación fehaciente, se halla relacionada con la religión. Hitler era un materialista dialéctico, derivado hacia el racismo, pero el Holocausto tenía también derivaciones religiosas».

Se impone un STOP en mayúsculas y en rojo. ¿Habré leído bien? ¿Dónde se encuentra esa «documentación fehaciente» que he puesto en itálicas y que demuestre el materialismo dialéctico de Hitler?. Ya se me han olvidado muchas lecturas de mis años mozos cuando, alevín de economista, quería especializarme en las economías de dirección centralizada. Todavía recuerdo que el DIAMAT (según el acrónimo habitual) constituía la base filosófica fundamental de la interpretación oficial del marxismo en el Estado soviético. Uno puede detectar similitudes técnicas y operativas entre las dos dictaduras pero ¿también en el plano de las ideas esenciales? Naturalmente no cabe pedir al profesor Suárez que salte de la filosofía predominante en la época medieval a la marxista pero un mínimo de conocimientos se supone para ingresar en la Real Academia de la Historia. Por si acaso podría darse una vuelta por la biblioteca de la Escuela Diplomática o enviar a alguien. En ella se encuentran numerosos volúmenes, en tres o cuatro idiomas y entre ellos lógicamente en alemán, que regalé en materia de filosofía, historia, política y economía de la URSS y de los entonces llamados países del Este. Más prosaicamente, y con toda facilidad, podría ojear también la entrada «materialismo dialéctico» en Wikipedia, versión española o inglesa.

Me llena de perplejidad, estupor, desazón y asombro que nuestro eminente autor afirme con toda seriedad que Hitler «derivaba hacia el racismo». Servidor trató de leer Mein Kampf cuando preparaba mi tesis doctoral allá por los primeros años setenta del pasado siglo (tras obtener el correspondiente permiso de la biblioteca de la Universidad de Bonn). Recuerdo perfectamente que a su autor no le subyacía una tendencia hacia el racismo. Era racismo puro y duro. Existen, por cierto, numerosas ediciones completas de Mein Kampf en varios idiomas que pueden obtenerse fácilmente por Internet. He manejado con frecuencia la versión en inglés a la espera de que el año que viene se publique la edición comentada por el Instituto de Historia Contemporánea de Munich. Para numerosos autores, de los que nuestro ilustre académico no cita uno solo, es casi imposible explicar coherentemente mucho de la política interior y exterior de la dictadura nacionalsocialista si no se hace referencia a tal orientación fundamental. No olvido, por lo demás, que eminentes autores, confrontados con el mal absoluto que fue la Shoah, han desarrollado enfoques teológicos para explicar lo inexplicable: ¿cómo permitiría el Señor que tamaña atrocidad ocurriese?

Ahora llegamos a Franco. Afirma nuestro ilustre historiador que el dictador español se sometía «a la obediencia del Vaticano» y aduce que el Vaticano fue el «primero en condenar doctrinalmente el nazismo» en la encíclica de Pío XI Con ardiente angustia (Mit brennender Sorge). Ergo, Franco también lo condenaría (lo cual está por ver).

Sin embargo la afirmación principal bien merece una diminuta acotación. Si Franco, católico practicante (no en vano se autotituló «por la Gracia de Dios»), se sometió a tal obediencia, ¿habría que trasladar al Estado vaticano una parte de responsabilidad por la brutal, desatada y mortífera represión que practicaron Franco y su dictadura durante tantos años? ¿O quizá debiéramos concluir que el Vaticano no pudo, no quiso o no supo domesticar a su amado hijo?

La segunda afirmación también merece una acotación algo menos especulativa. No en vano el profesor Suárez tiene una cierta tendencia a planear sobre los hechos y a no penetrar en lo que hubo detrás. De haber leído algo de la génesis de la famosa encíclica quizá hubiese podido informar a sus lectores que salió a la luz un pelín tarde (no se leyó en los púlpitos alemanes hasta el 21 de marzo de 1937), que diluyó considerablemente todos los trabajos preparatorios llevados a cabo en el Vaticano en unos textos muchísimo más duros, que incomodó grandemente al secretario de Estado cardenal Pacelli (el posterior Pío XII no quería antagonizar a Hitler) y que Pío XI, quizá un tanto asustado, procuró evitar que al menos los periódicos italianos no interpretaran la encíclica como una denuncia del nazismo sino como un alegato en defensa del concordato que Pacelli había negociado cuando era nuncio en Alemania.

Me permito, pues, sugerir a nuestro alabado autor que eche un vistazo al libro de David I. Kertzer, The Pope and Mussolini, donde podrá encontrar un trabajo bien hecho, con referencias archivales adecuadas y una metodología investigadora que él no sigue. Trata de las relaciones entre el Vaticano y las dictaduras fascistas en los años anteriores a la guerra europea. Con ello podría quizá ponerse en ambiente.

Comprendo que estas pequeñas acotaciones puedan parecer exageradas pero en la página tercera de su texto el profesor Suárez afirma que «son los hechos los que cuentan». Pues bien, solo mencionaré uno que llevaría al suspenso inmediato del alumno que lo hubiese escrito en el caso de haberse examinado con servidor.

En un intento de explicar el proceso de internacionalización inicial de la sublevación (plagado de errores más o menos gordos), el profesor Suárez ha hecho un descubrimiento por el que merecería que se le aumentara su, sin duda, numerosa colección de «chapitas». A la luz de tal hallazgo, uno podría temer que gran parte de lo que se ha escrito sobre el tema debiera revisarse.

En contexto: al explicar las intenciones que movieron a Mussolini a ayudar a Franco, el profesor Suárez, apegado a los «hechos», no siente la necesidad de especular acerca de las razones que pudieron llevar al Duce a autorizar la venta, el 1º de julio de 1936, de moderno material aéreo para quienes iban a sublevarse.

El ha encontrado un matiz (¿no especulativo?) que aclara con estas palabras que transcribo en itálicas: «El Duce esperaba obtener (…), junto al prestigio de sus divisiones vencedoras en la guerra, la anulación del acuerdo entre Léon Blum y el gobierno de la República que autorizaba a Francia a usar suelo español en caso de guerra con Italia» (p. 47).

¡Plaf! Se me cae el cielo encima. ¿Qué es ese acuerdo? No lo cita nadie. ¿Quién lo firmó? ¿Pasó por Cortes? ¿Dónde está la referencia? ¿En qué contexto pudo hacerse? ¿Antes de la sublevación de julio de 1936? Son preguntas pertinentes que no se le ocurren a nuestro estimado autor. No hay que subrayar demasiado que un acuerdo de tal tipo habría sido difícil porque el Gobierno Blum llevaba actuando solo mes y medio y las políticas francesa y española en el plano interior y exterior han sido investigadas pormenorizadamente. ¿Se firmó tal vez más tarde, tras la sublevación militar? Decenas de historiadores franceses, ingleses, españoles, norteamericanos, alemanes, italianos, etc. han estudiado con lupa las relaciones hispano-galas durante el Gobierno Blum y no han encontrado nada de tal suerte. Por cierto, ya que presuntamente el profesor Suárez ha trabajado en archivos italianos, ¿podría decirnos dónde ha encontrado documentadas las motivaciones del Duce?

Concluyo, salvo prueba en contrario nuestro distinguido autor puede aportar en cualquier momento, que su afirmación es una broma. De naturaleza generalizable.

Había albergado la intención de destacar algunos otros ejemplos señeros. Son demasiados. Renuncio a dar un repaso en profundidad a los errores fácticos y conceptuales que salpican su obra. Solo convencerá a los convencidos y, más particularmente, a quienes tanto siguen admirando, como él ha dicho, el genio inmarcesible del Caudillo. De todas formas, si los lectores están interesados, puedo volver a la carga.

¡Ah! Espero que no vean en estas líneas crítica «ideológica» alguna. Yo sí me atengo a los hechos. A otros hechos.