ANGEL VIÑAS

Me mueve a escribir este post, ya casi pre-navideño, una cuestión que ha venido asaltándome regularmente en los últimos meses. Los amables lectores saben que escribo sobre evidencias primarias relevantes de época, Luego, después de haberlas contextualizado y analizado debidamente, acudo a la literatura secundaria. Esto me permite establecer una narrativa más amplia, o al menos diferente, que puede retocar o ampliar, confirmar o desautorizar interpretaciones previas elaboradas por otros autores.

Se trata de una metodología que ayuda a aclarar, completar o iluminar mejor algunas vetas del pasado con mayor autoridad que la que se deriva del comentario, crítico o elogioso, de las aportaciones previas de otros historiadores. No entiendo otra forma de investigar. Ya sé que este énfasis en la EPRE puede molestar a mucha gente, pero vengo aplicando dicho método desde mi tesis doctoral en 1973 y que, debidamente recortada, se publicó en 1974.

Entonces desmonté una de las falacias de la historiografía comunista en general y de otras izquierdas sobre la supuesta colusión entre los conspiradores contra la República y el Tercer Reich. He seguido manteniendo dicha tesis, a pesar de que me ha sido posible documentar algunos otros contactos entre los enemigos del orden constitucional y elementos nazis (que entonces no había logrado identificar). Como debería ser obvio, la EPRE no es estática: hay que buscarla, En el mejor de los casos se encuentra. En otros no. Lo que es imperdonable es inventarla, como hacen muchos desaprensivos.

Años después, de la mano de otra EPRE, me he visto obligado a desmontar las falacias, más abundantes y persistentes, de la historiografía pro-franquista y he negado cualquier complicidad entre la izquierda española y la URSS de cara a una superimaginada  revolución comunista a punto de estallar y para prevenir la cual fue imprescindible levantarse en armas contra la República.  

Afortunadamente, desde que murió Franco los archivos españoles han ido abriéndose. Las últimas piezas de EPRE que me han ayudado a destruir tal leyenda las he encontrado, por ejemplo, en el de Ávila.  Es cierto que el proceso ha ido produciéndose con lentitud desgarradora, pero los archivos se han abierto. De no haber sido por ellos tampoco me hubiera sido posible ir poniendo sobre la cuerda las estupideces que, empezando por Joaquín Arrarás, se han dicho y han venido repitiéndose hasta la actualidad sobre el tema de la no concesión a Franco de la Laureada en 1917 en las páginas del libro de un general de brigada que no es del caso volver a mencionar en este blog.

En los archivos españoles que han ido abriéndose hasta el momento hay materiales que tendrán ocupados a los historiadores durante quizá dos generaciones. Quedan algunos reductos por abrir. Es de esperar que en la futura ley de secretos oficiales no se incluyan “elasticidades” que permitan a las autoridades mantener en la sombra partes de la documentación de hasta 1975. Por propia experiencia pertenezco a ese grupo de investigadores que están convencidos de que la actual democracia española no tiene absolutamente nada que temer del conocimiento documentado en fuentes primarias sobre cualquier episodio anterior a dicho año. Me alegraría mucho que alguien me convenciera de que estoy equivocado. Los argumentos esgrimidos públicamente por varios de los últimos ministros de Defensa de los gobiernos de Don Mariano Rajoy no valen ni siquiera el papel en que se airearon. Fueron mera basura.

Para bien o para mal han transcurrido ya 46 años de la muerte del conducator español. Tradicionalmente en los países europeos occidentales el período de entre 45 y 50 años se ha considerado casi siempre como el mojón a partir del cual se desclasificaba la documentación, por lo menos en su mayoría. Las excepciones, muy motivadas, suelen desclasificarse hacia los 75, pero no son muy abundantes en los países de nuestro entorno. Siempre pongo como ejemplo a emular el caso de Portugal.

Desde luego no soy de quienes afirman que la experiencia española en materia de apertura de archivos ha sido gloriosa. Con todo, tampoco es desdeñable. A pesar de las quemas masivas que en la Transición algunos políticos, a la sazón imbuidos de incontrolables e incontrolados resabios franquistas, ordenaron practicar con respecto a la documentación de ciertos Ministerios, el palmarès de la dictadura fue tan negro que blanquearlo me parece prácticamente imposible.

En todo este proceso hay, sin embargo, algunos archivos que por motivos que solo cabe sospechar se han mantenido cerrados a cal y canto. Me refiero a los archivos de la Corona. No de la instaurada o restaurada a partir de la muerte del dictador, sobre cuya pertinencia podría discutirse, pero siempre con escaso conocimiento de causa. Me refiero a la de los años anteriores. A la Corona por así decir en el exilio.

Mi interés por ellos data desde que los papeles de Don Pedro Sainz Rodríguez se abrieron al público. Con ellos también los de algunos de los destacados políticos, monárquicos o no, que tuvieron relaciones con el pretendiente. Se sabe que Don Pedro, tras refugiarse en Portugal, actuó de asesor áulico del hijo de Alfonso XIII. Incluso escribió un libro. Un joven historiador se basó en tales papeles y otros para escribir una tesis doctoral allá por los años ochenta. Después cayó una cortina de silencio.

Mi curiosidad se ha encendido a lo largo de los últimos años, es decir, cuando he ido acercándome a las intrigas monárquicas contra la República en la primera mitad de los años treinta. El perfil de las mismas está suficientemente asentado con la documentación que ido logrando localizar en algunos archivos españoles, franceses e italianos, pero por desgracia quedan muchos recovecos por alumbrar.

Mi tesis es que el entonces exrey Don Alfonso XIII estuvo bastante al corriente de los planes de los conspiradores. Aparte de lo que en su momento escribió el teniente coronel, y acendrado monárquico, Juan Antonio Ansaldo en su libro de memorias Para qué…, aparecido en Buenos Aires a principios de los años cincuenta, no conocemos muchos de los detalles operativos del apoyo del exrey a los militares, políticos y financieros implicados en la conspiración contra la República. Algo se encuentra, no obstante, en los archivos de la Universidad de Navarra, abiertos a los investigadores.

Menos aún se conocen los inputs que incidieron en la actitud que el pretendiente a la Corona fue recibiendo en su  autoimpuesto exilio en el extranjero (facilitado sin duda por la impertinencia del mayor traidor a la misma, un tal Francisco Franco). Primero durante la guerra civil y luego durante la mundial. La selección de documentos de Sainz Rodríguez en el segundo tomo de sus memorias fue muy incompleta y se refiere demasiado a su propia actividad cuando se refugió en Portugal para huir él, exministro, de la malquerencia de su viejo amigo el prepotente caudillo. Los fondos que se conservan están demasiado relacionados con sus propios consejos y sugerencias. No tanto con los que sin duda llegarían a Don Juan por otros conductos.

Estos últimos es muy posible que sean significativos. Hacia Don Juan afluyó toda una serie de personajes que eran conscientes de dos aspectos. El primero, que Franco se había “colado” como Jefe del Gobierno y del Estado al amparo de una situación de emergencia creada por la desaparición de Calvo Sotelo y del teniente general Sanjurjo, almas política y militar de la conspiración. El segundo, que Franco no tuvo jamás la menor intención de restaurar la Monarquía aprovechando la feliz circunstancia de que en la guerra había creado un Ejército que mayoritariamente le era fiel y no tanto al hijo de Alfonso XIII.

Hoy esto es suficientemente conocido en líneas generales. A lo escrito al respecto podrían añadirse los resultados que arroje un análisis pormenorizado de los documentos más relevantes de procedencia portuguesa, británica, norteamericana o francesa. Los alemanes llevaban abiertos desde los años cincuenta. Los de la posguerra han ido desclasificándose a un ritmo natural.

Me pregunto, pues, si en el esfuerzo realizado por la Corona por distanciarse del anterior titular de la misma (hoy acosado ante los tribunales británicos y cuya credibilidad personal está, irrevocablemente me parece, hecha trizas) no cabría introducir una apertura de archivos. Es verosímil que en ellos se conserven las informaciones que fueron afluyendo a Suiza y Portugal sobre la “cocina” interna de la dictadura y las esperanzas que fue depositando el abuelito del actual monarca. Mantenerlas en secreto equivaldría a no romper la relación histórica de la institución con la propia dictadura.

Que el denominado “pretendiente” no tuvo éxito es de todos sabido. Franco le hizo una pirueta como también la hizo a millones de española para autopresentarse como el hombre providencial, salvador de la Patria, constructor de la España moderna y demás pamemas que tanto agradan a sus aduladores, historiadores o ciudadanos de a pie.

Lo que no se conoce con seguridad documental, valga decir con EPRE, es el chorro de informaciones noticias, proyectos y situaciones que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo desde los círculos monárquicos. Solo una parte estará en archivos extranjeros, pero la “chicha” más significativa es de suponer que Don Juan de Borbón no la tiraría a la basura.

Si en los Estados Unidos se abren, con mayores o menores dificultades, documentos relativos a la presidencia Trump, no veo la razón por la cual en una democracia moderna, alineada con la Unión Europea y crecientemente internacionalizada cabría justificar la subsistencia de la ignorancia sobre las relaciones entre la Corona en el “autoexilio” y la dictadura franquista.   

Con esta reflexión, que otros historiadores quizá puedan prolongar, aprovecho la ocasión para desear a todos los amables lectores unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Dentro siempre de lo posible y de las limitaciones que imponga la evolución de la pandemia.