Ángel Viñas

El tratamiento de los mencionados autores es destacable por, al menos, cuatro razones esenciales: a) la ignorancia (no sé si querida, por simple desconocimiento o por falta de interés) de la reciente historiografía más relevante; b) la ausencia de cualquier átomo de investigación propia; c) la disminución de la amplitud de la catástrofe; d) y, la quizá más significativa historiográficamente, el mantenimiento del mito de la falta de responsabilidad de Franco. También incurren en errores fácticos que solo cabe calificar de groseros. Mi intención en estos seis posts es poner de relieve la índole de su quehacer científico y, por ende, su credibilidad como historiadores objetivos. No trato de agotar el tema.

En las notas 22 a 26 (pp. 685s) de su biografía los autores dan las referencias en que se basan. La primordial, que caracterizan como «el informe más completo y más fiable» , es una obra del general de división en el Ejército del Aire, ya superjubilado, Jesús Salas Larrazábal. La citan por su versión de 2012. No puedo por menos de congratularme porque con ello parecen denotar al crédulo lector que están al día.

a) Desgraciadamente no es así. La versión de Salas 2012 es muy parecida a otra que ya publicó en 1987. Empleé bastante tiempo en poner de manifiesto las divergencias entre ambas en un largo trabajo que publiqué en 2013. Dado que en otros puntos de la biografía, aparecida en el mercado en septiembre de 2014, Payne y Palacios se han esforzado por meter con calzador noticias que saltaron a la prensa a finales del mes de julio precedente, quiero suponer que han estado al quite para aderezar su magna obra con otras referencias puestas al día. También lo hace un servidor y así lo hacen ellos mismos en otros aspectos. En su bibliografía no es difícil encontrar títulos aparecidos en 2011, 2012 y 2013. Los primeros figuran en su segunda página (773) con apellidos que empiezan por A. Hay más. Los felicito de todo corazón.

Sin embargo tan eminentes autores omiten toda referencia, crítica o no, a obras más que relevantes para el caso de Gernika. Por ejemplo, la de la profesora Stefanie Schüler-Springorum, Krieg und Fliegen. Die Legion Condor, aparecida en 2010 (hoy disponible en traducción parcial castellana); el número monográfico de la revista vasca Sutrai Erreak 2, de 2012; el libro de ensayos coordinado por Teresa Núñez y titulado El bombardeo de Guernica y su repercusión internacional, 1937-2012, aparecido en ese último año; el hiperfundamental y exhaustivo trabajo de investigación de Xabier Irujo, La Gernika de Richthofen, también 2012 (hay ediciones posteriores) o mi propio trabajito «El fallido intento de exonerar al Alto Mando franquista. La agónica metodología de un General de División en el Ejército del Aire«. Se publicó como epílogo a mi edición del libro básico sobre la mitología creada y amparada por la dictadura que sigue siendo el de Herbert R. Southworth, La destrucción de Guernica, de 2013. Deseo subrayar que, a diferencia de los ilustres biógrafos en cuestión, aproveché para utilizar la primera edición de la absolutamente básica investigación de Irujo y también mencioné todos los demás.

Naturalmente, todo historiador es libre de seleccionar la bibliografía que utiliza pero no tan libre como para dejar de lado obras fundamentales. Southworth escribió una que sigue siendo referencia obligada. Apareció en 1975 en París y en 1977 en Barcelona. Ha llovido un pelín desde entonces.

Tampoco citan los tan alabados autores otra obra fundamental de Southworth sobre el inmarcesible Caudillo. Caso de escribir una biografía es difícilmente excusable no mencionar El lavado de cerebro de Francisco Franco, publicado en 2001. Uno puede no estar de acuerdo con otros autores pero si estos escriben obras básicas es imperdonable no aludir a ellas siquiera sea con la clásica apostilla de «una versión diferente [y aquí el lector puede poner el adjetivo que mejor le parezca] se encuentra en….».

Southworth fue en su vida un historiador comprometido y antifranquista pero también doctor en historia por la Sorbona. ¿Cuál es, by the way, la cualificación académica de Palacios?: según la reseña de la editorial Espasa, se trata de un graduado de la tercera promoción de periodistas de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Algo de periodismo sabrá. Southworth precisamente escribió sobre periodistas y el caso de Gernika. No afirmó nada que no pudiera demostrar o deducir razonablemente. La inhibición de Payne y de su coautor es comprensible solo si se les ubica entre las categorías de los muy numerosos camelistas, hagiógrafos y cantamañanas que no salieron bien parados de la acerba crítica del doctor de la Sorbona. En numerosos momentos otro preclaro autor, Ricardo de la Cierva arremetió en términos inaceptables contra él que me niego a reproducir por respeto a los lectores. Sin embargo, sí he reproducido algunas de las observaciones que hizo sobre Southworth aquel historiador cortesano de Franco, incluyendo las más recientes antes de la aparición de mi último trabajo sobre Gernika. No todos somos iguales.

b) Ni Payne ni Palacios son conocidos por haber desarrollado un átomo de investigación propia sobre Gernika. Puede, naturalmente, que desprecien la obra de Southworth. Cometerían un error. En la edición que revisé alcanza casi 580 páginas. Es decir, da para mucho. Por lo demás, a diferencia de tan estimados autores servidor empezó a publicar sobre Gernika en 1977 (también ha llovido desde entonces). Algo sé del tema, aunque no todo. Aporté documentación hasta entonces desconocida. Introduje en la discusión algunas tesis o hipótesis que incluso hoy no he visto rebatidas empíricamente. Para poner de relieve la contribución de Southworth y la indigencia de sus críticos he continuado buscando. Es decir, me he molestado en acudir a la documentación alemana y a la franquista, ignorada o distorsionada en la literatura escrita por historiadores «objetivos» à la Payne pero pro-Franco.

(Seguirá)

No se asuste el lector. Durante la larga dictadura, y a pesar de la influencia nazi/fascista que cabe identificar desde sus orígenes hasta su final, a Franco no se le ocurrió acudir a tal berrido como forma de saludo. Conforme con la imperecedera tradición española las autoridades, la censura y la costumbre se limitaron a multiplicar el viva él. Otra cosa, claro, fue el saludo del brazo estirado. Se abolió en 1945. Los viejos del lugar no habrán olvidado, quizá, el escándalo que se levantó en los albores de la Transición cuando en la película de Carlos Saura, Mi prima Angélica, un falangista no herido heroicamente llevaba el brazo derecho en cabestrillo apuntando al azul del cielo, joseantoniano o no.

De no haber sido ya, si no recuerdo mal, licenciado en derecho hubiese sin duda formado parte de las hornadas de universitarios que acudieron a las aulas a partir de, digamos, 1942/43. Sus maestros también fueron falangistas, de aluvión o de conveniencia. Unos y otros trataron de incrustar en los cerebros de sus jóvenes alumnos las enseñanzas contenidas en doctos manuales congruentes con los principios esenciales de la dictadura. Esta actividad se desarrolló a través de múltiples cauces. En las Facultades de Derecho, que siempre fueron generadoras de abnegados políticos, de excelentes funcionarios, de probos empresarios y de disciplinados cuadros para todo, destacaron por su enseñanza del Derecho Político, de la Filosofía del Derecho, del Derecho Administrativo, Penal, Procesal, etc. Disciplinas que fueron panacea para abordar desde los problemas sociales a los… de Orden Público durante los treinta años siguientes.

En todas las Facultades había, además, una asignatura de enseñanza obligatoria: Formación del espíritu nacional aunque la mayor parte de sus instructores no llegaron por lo general a conseguir el espaldarazo profesoral. La Iglesia Católica española no dijo ni pío. Eran aceptables porque no le impedían en su tarea de salvar almas, lo único importante.

La idea-fuerza que atravesó aquellas enseñanzas fue muy simple: había que cortar por lo sano con el Derecho republicano e incluso con la modernización que la teorización jurídica española había experimentado a lo largo del período monárquico. España había logrado desarrollar un plantel no demasiado grande, pero tampoco diminuto, de excelentes juristas y de maîtres à penser perfectamente al tanto de las corrientes europeas. De pronto se vio descabezada. Quienes no pudieron marcharse al exilio exterior hubieron de malvivir en el interior.

En los años cuarenta se sentaron las bases necesarias y suficientes para que las nuevas generaciones que acudían a las aulas pudieran emborracharse de ideología fascista y nacional-católica y reanudar (¡qué alegría!) con las glorias imperiales de antaño. Quienes deseen conocer más a este respecto pueden ojear el trabajo sobre el sistema de acceso a las cátedras de Derecho Político en la Universidad de aquellos años que ha efectuado el profesor Javier San Andrés Corral y al que es fácil acceder en http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/18911. Lectura obligada.

Muchos de los catedráticos y profesores que trataron de corromper las jóvenes mentes de aquellas hornadas (cuyas posibilidades de formación en el extranjero se redujeron drásticamente) sirvieron con devoción al Caudillo y a su dictadura. Fueron los artesanos que esculpieron sus leyes y que, en la Judicatura y en los cuerpos jurídico-militares, las aplicaron férreamente. Algunos lograron hacerse más tarde con una virginidad democrática. ¿Tal vez con la mirada puesta en el futuro a medida que se atisbaba que Franco no iba a ser «inmorible»?.

Los, hoy por hoy, últimos biógrafos del inmarcesible Caudillo, el profesor Stanley G. Payne y el periodista Jesús Palacios, no han cuadrado este toro. Una lástima. Es cierto que utilizan el polisémico término de dictadura para caracterizar la franquista pero, en cuanto pueden, se escapan por dos veredas alternativas. La primera consiste en calificarla de «personal». Como si, en realidad, nadie salvo Franco hubiera sido responsable de ella. ¡Qué alegría suscitará a tanta gente tal constatación! Siempre es bueno que le eximan a uno de responsabilidades. Nuestros autores no parecen haber oído de una de las características fundamentales de la dictadura hitleriana: el ferviente deseo que sentían sus servidores por «laborar en la dirección que quería el Führer». Como a Hitler no le gustaban los judíos, ¿por qué no asesinar industrialmente a seis millones?. Como tampoco le agradaban los comunistas, ¡qué bonita la exterminación de todos los que se pusieran al alcance de la mano en las inmensas llanuras del Este!

En España una pulsión parecida también latió con fuerza, aunque afortunadamente no llegó a tanto. Franco se hubiese quedado sin súbditos. Con todo la Brigada Político Social, de infausta memoria, el TOP, al que apenas si dedican unos renglones, los jurídico-militares y hasta ciertos personajes de infamia en la Guardia Civil tuvieron campo libre para dedicarse a sus patrióticas tareas.

El gran descubrimiento de nuestros autores es un concepto que hoy viste bien. Quizá para tranquilizar a sus lectores lo designan incluso en alemán. Según ellos Franco, en realidad, lo que quiso poner en marcha fue un Rechtsstaat (página 368). Así como suena. Este concepto tiene una recia traducción castellana. Normalmente es «Estado de Derecho». En inglés es rule of law y se remonta por lo menos a Aristóteles. Sus connotaciones son ligeramente diferentes a las del Rechtsstaat de nuestros biógrafos.

Para ellos se trataba del «viejo ideal alemán [del] estado autoritario administrativo basado en la ley». También es cierto que afirman que su versión española fue «reducida». Y tan reducida. Hasta el punto de no servir prácticamente para nada.

Olvidan la génesis del Rechtsstaat en la Alemania del siglo XIX. Fue la antítesis al Estado policial (Polizeistaat) o al Estado absolutista (Obrigkeitsstaat). Tengo la impresión, probablemente infundada, de que en el caso español tienden a eliminar la caracterización de la dictadura como un régimen que no pudo dejar de lado todas las instituciones, métodos y procesos de decisión de tipo fascistoide. Fueron rasgos que merece la pena enmascarar en todo lo posible.

Como buenos guerreros de la guerra fría, ¿qué mejor cosa que echar una mano a un régimen que había supuestamente cortado las amarras con sus padrinos fascistas? De aquí la significación operativa de otro nuevo concepto que afloraría en los años cincuenta y sesenta y que nuestros autores suscriben con afán. El régimen, en puridad, ni era fascista, ni fascistoide, ni nada de ello: fue meramente autoritario. Pero ¿no fue también una dictadura personal? A lo mejor hay dictaduras que no son autoritarias. Un descubrimiento politológico de primera magnitud.

Payne y Palacios están muy bien acompañados en la España de 2015. Nada menos que el presidente del Gobierno ha coincidido con ellos en lo del régimen autoritario. Si se añade el énfasis en el presunto papel de Franco como modernizador de España, no sorprenderá la conclusión: Franco fue, a pesar de todo, «el último regeneracionista».

Puedo asegurar el lector que la biografía ha recibido elogiosas reseñas. Pero ¿la han leído bien los reseñadores? Un servidor se ha hinchado a tomar notas durante una semana y media. ¿A qué conclusión he llegado?

A que tal vez fuese necesario detenerse un poco más en ella. No para sacar los colores a quienes, quizá apresuradamente, la han cubierto de elogios en España y fuera de España. No hay que dejar en mal lugar a los colegas. Pero sí para demostrar que en la Universidad y en la investigación de nuestros días hay gente que ya no se ve obligada, como en los años franquistas, a seguir chupando del biberón que tendieron a sus antecesores los grandes juristas del régimen y su referente último.

Terminado a todos los efectos mi trabajito sobre Franco, que aparecerá a finales de septiembre, me he lanzado vorazmente sobre un par de libros de los muchos que he ido dejando para más adelante. Llevo una semana en duda existencial, como decían antes los cursis. Los libros que he ido devorando son la relectura crítica de la biografía de Franco escrita por Payne y Palacios, a la que ya he hecho alguna referencia en este blog, y el ensayo de Gregorio Morán que tantas oleadas ha levantado y titulado El cura y los mandarines.

Mi perplejidad (por utilizar un término neutro) se refleja en la pregunta que vengo haciéndome desde que los empecé a escudriñar en paralelo. ¿Escriben por ventura sobre el mismo país? Cualquier lector dirá que sí y que ese país es España. Pues bien, si se trata de España la respuesta se cae por su propio peso. A un lado están quienes enuncian sin comentario alguno que «el 80 por ciento de los españoles calificaron su muerte [de Franco] como una gran pérdida» y que añaden como punto final, de su propia cosecha, que bajo la lápida en el Valle de los Caídos se enterró «una milenaria tradición que hundía sus raíces en un pasado de trece siglos».

Me he llevado un shock. De ser cierto Franco habría representado nada más ni nada menos que el final de un viaje de mil trescientos años. O su culminación. No hay que acudir a la calculadora. Sustraer 1300 de 1975 lleva a 675, a los tiempos de los visigodos. Con exactitud cronológica a la fecha en que tuvo lugar el XI Concilio de Toledo. He ido corriendo a ver qué se escribe en Wikipedia. Siendo historia vieja es de suponer que lo que benévolos autores hayan redactado la entrada no la habrán alterado a causa de querellas presentistas o ideológicas.

El texto parece neutro. En el XI Concilio se trataron temas relacionados con la disciplina eclesiástica. Así, por ejemplo, continuó anatematizándose la simonía de los clérigos y se discutió qué hacer con los obispos «que hubiesen seducido a viudas, hijas, sobrinas y otros parientes» de nobles. Confieso que no veo la relación con Franco pero a mí tampoco se me hubiera ocurrido retroceder 1.300 años para llegar a quien fue inmarcesible Caudillo. En todo caso, que no se diga que los autores se mueven al compás de la historia acontecimental. Si lo que afirman no es una proposición de historia estructural, no es nada. Una historia «estructural», claro, un tanto peculiar.

Al otro lado está un periodista brillante e idiosincrático que considera que, en términos culturales, todo el período franquista fue un auténtico erial pero en el que se desarrollaron semillas sumamente venenosas como las del fascismo, un catolicismo enajenado y enajenante y otras (cobardía, resignación, deseo de venganza, envidia) que llevaron a la eclosión de un amplio colectivo de intelectuales muchos de los cuales, en la Transición, se rehicieron una virginidad a prueba de bomba.

Se dirá que Gregorio Morán ha escrito un livre à scandale y, ciertamente, no suele dejar títere con cabeza. Es muy fácil de comprobar gracias a un índice onomástico en el que están todos lo que son pero no son todos los que están. No he leído su obra anterior sobre los tiempos de Ortega y Gasset pero imagino que en ella habrá muchos más. Sus opiniones sobre varios de los personajes y personajillos que menciona y que he conocido personalmente coinciden con las mías. En otros casos, quizá por estar mal informado, disiento de él. A veces fuertemente.

Pero no hay duda. Los tres autores se refieren al mismo país y al mismo tiempo histórico (aunque como es lógico Payne/Palacios se remontan a finales del siglo XIX de la mano de su protagonista y sus incursiones por el siempre resbaladizo terreno cultural sean más bien ligeras cuando no condescendientes). Este es, para mí, uno de sus rasgos más característicos.

Cito, a título de ejemplo, uno de sus párrafos en el que demuestran su quehacer de historiadores. Al referirse a la «rebeldía de los estudiantes universitarios» de los años sesenta del pasado siglo, les sorprende que estos hubiesen descubierto

«una nueva ideología materialista en las ideas neomarxistas gramscianas (sic) y en lo que unos años se llamaría eurocomunismo, que importaron sin masa y sin sentido crítico de Francia e Italia».

¡Bravo! ¡Bravísimo! Añadamos que por las comparaciones se reconoce al historiador. Para ambos autores ese

«nuevo ´marxismo cañí´ (sic) no fue más que una mera traslación de ideas procedentes del extranjero, sin más contenido empírico o profundidad analítica que los cuentos de Washington Irving».

¡WOW!, que dicen los norteamericanos. Esta cita, que tomo de la página 519, me deja perplejo. No sé si a Morán le gustaría comentarla basándose en lo que afirma en varios espléndidos capítulos de su libro. Supongo que ni se molestará. Con toda razón. Yo no trabajo en historia de la cultura pero me pregunto de dónde las ideas que florecían en la Europa occidental en los años sesenta/setenta, como también en Estados Unidos, podrían haber surgido endógenamente en la dictadura, que es lo que Payne/Palacios parecen reprochar a aquellos deslumbrados por el «marxismo cañí» (científico concepto que veo en letras por primera vez).

Yo diría, sin embargo, que tras la experiencia acumulada de más de veinte años de continua ducha fría pasando del ideario fascista al nacional-católico y viceversa en un país de fronteras cerradas y de persecuciones sin cuento (con la nunca olvidada Brigada Político Social al frente y tribunales militares en retaguardia para «valorar» en toda su amplitud el grado de perversidad de la disidencia), con un país -repito- en que el profesorado en la enseñanza secundaria y universitaria había sido drásticamente depurado (a la mayor gloria de Dios, de la Patria y de Franco) y con una censura literalmente de guerra (aprobada por aquel genio de la raza que fue Serrano Suñer), ¿dónde diablos hubieran podido los jóvenes españoles encontrar maestros, hacer reuniones, aprender? Porque de lo que había en estos lares no cabía esperar mucho.

Claro que tampoco los estudiantes norteamericanos que no comulgasen con la sopa boba servida a calderadas en aquellos tiempos tan simples de macartismo y de guerra fría tenían el tipo de facilidades que encontraron en los años sesenta y setenta.

Por si acaso, y en lo que se refiere a España, Payne/Palacios no han prestado la menor atención a las embaucadoras prácticas de la guerra fría cultural que con tanto entusiasmo aplicaba la CIA y que también tuvieron su reflejo en España. Son temas calentitos en la historiografía y fue precisamente una norteamericana, Frances Stonor Saunders, quien tiró de la sonnette de alarma. Su aplicación detenida al caso español la ha hecho una historiadora polaca, Olga Glondys. Las obras de ambas están disponibles en castellano (la primera desde 2001). Entiendo que a un distinguido historiador norteamericano no le guste husmear por los bajos fondos de la política de su país pero que tampoco lo haga un autor español cuando se trata de escribir sobre el suyo hace sospechar.

En todo caso, como el progreso historiográfico no se detiene hoy contamos con un análisis preciso del reclutamiento de aquellos «maestros» universitarios en el período de más exaltado nacional-catolicismo. Tiene incluso la ventaja de poder consultarse en la red.

¡Ah! Los amables lectores habrán comprendido que la semana a que hice referencia no la he pasado preso de dudas existenciales sino riéndome de lo escrito sobre la figura a que abocó aquella historia milenaria que supuestamente arrancó en el XI Concilio de Toledo.

El año pasado fue el LXXV aniversario del final de la guerra civil. Con este motivo a lo largo del mismo se publicaron dos libros, uno de Ángel Bahamonde y otro de Paul Preston. En las primeras semanas del presente año ha aparecido un tercero, de Francisco Alía. También se ha publicado la enésima versión de un compendio divulgativo sobre la guerra civil en su conjunto debido al profesor Stanley G. Payne, del que prefiero no hablar. Aquí no se trata comentar los méritos de las obras referidas. Me limito a señalarlas.

 El director de la revista STUDIA HISTORICA. HISTORIA CONTEMPORANEA, de la Universidad de Salamanca, profesor Juan Andrés Blanco, me encargó hace dos años la preparación del volumen de la revista correspondiente al año 2014. Debía tener un objetivo preciso: dar a conocer análisis valorativos sobre la bibliografía aparecida en los últimos años sobre la guerra civil. Ya he hecho alguna referencia aislada al mismo en este blog.

Hoy, a comienzos de este mes de marzo, el volumen está en la calle. Me apresuro a señalar que será el último de la revista que se publica en papel. A partir de ahora, los futuros números serán electrónicos, consultables en la red. Dadas las premuras financieras por las que pasan las Universidades españolas, gracias al simpar Gobierno del que hemos disfrutado en los últimos tres años, no hay otra alternativa para las publicaciones científicas. Incluso quizá sea mejor si al cabo de cierto tiempo su consulta no se hace depender de una suscripción a las mismas.

En cualquier caso, los lectores que quieran consultar este número de STUDIA HISTORICA pueden acudir a las bibliotecas universitarias en donde es verosímil que lo encuentren.

Todos los autores (unos 36) que hemos participado en esta aventura hemos recibido el número en pdf así como una separata de nuestros respectivos artículos en el mismo formato. La idea es que cada uno cuelgue el suyo en la red como mejor entienda para contribuir a su divulgación. La tirada de STUDIA HISTORICA es, por obvias razones, bastante corta a pesar de que está en el nivel más elevado para medir su impacto. Uno de esos indicadores que tanto gustan a la ANECA, con independencia de la calidad. Me dicen que hasta se computan las referencias negativas.

No obstante me atrevo a asegurar que todos los autores que han colaborado en este número han demostrado ampliamente su calidad académica. Los artículos han pasado por una evaluación externa (aparte de las dos o tres internas) y solo se han registrado dos casos curiosos. Para un artículo no se encontró un evaluador. ¡Caramba! Para otro, la evaluación fue mala. Sospeché detrás de ella una animosidad personal (desgraciadamente frecuente en ciertos colegas), releí minuciosamente el artículo y sugerí al director que lo dejáramos. Tengo curiosidad por ver si tal evaluador, cuyo nombre ignoro, se atreve a dar la cara públicamente.

En este post quisiera hacer notar algunas características del número. Por edad, fui uno de los lectores que, allá a finales de los años sesenta, adquirí la bibliografía sobre la guerra civil que dirigió el entonces funcionario del Ministerio de (Des)información y Turismo Ricardo de la Cierva. Ya estaba lanzado a la conquista de la cátedra (que logró en forma de agregaduría pocos años más tarde). Tal bibliografía fue un auténtico desastre que en otro régimen que no hubiera sido la dictadura franquista le hubiese inhabilitado para lograrla. Herbert R. Southworth, el autor de El mito de la Cruzada de Franco, escribió un durísimo artículo contra ella y calificó de «bibliófobos» a sus autores. Al lector que le interese ojearlo puede acudir a la reedición de dicho libro preparada por Paul Preston que se encuentra fácilmente en el mercado y que lo contiene como anexo. Le aseguro que no se aburrirá.

La primera característica es que, naturalmente, en el caso de STUDIA HISTORICA no se trata de una mera recopilación bibliográfica sino de un análisis crítico de la literatura más relevante. Esta se ha dividido en varios campos (aspectos bélicos, internacionales, económicos, narrativos, espaciales, locales, etc.) y también por orígenes.

He procurado que estos fuesen los más amplios posibles. Así seleccioné autores que pudieran informar de lo publicado en diversas tradiciones historiográficas extranjeras. Ante todo las más conocidas (francesa, británica, alemana, italiana, norteamericana) pero también otras que lo son menos. En la historiografía occidental he incluido, por ejemplo, la nórdica. En la de la Europa central figuran autores de Polonia, Rumania, la República checa, Eslovaquia, Hungría y la ex Yugoslavia). Un artículo específico recoge los cambios en la historiografía rusa. Lamento no haber localizado a nadie que pudiera escribir desde Bulgaria, Grecia y Holanda.

La idea que ha estructurado el volumen fue doble: dar a conocer a los extranjeros interesados la situación del debate historiográfico en España y trasladar al lector español la que se dibuja en tales tradiciones extranjeras.

Se pusieron limitaciones. Los españoles debían centrarse en los títulos de libros (no artículos) aparecidos entre 2006 y 2013. La razón se encuentra en que en aquel año se celebró en Madrid un congreso internacional sobre la guerra civil, dirigido por Santos Juliá. Los extranjeros tuvieron más latitud y, en general, se han remontado en el tiempo para explicar los cambios de paradigma tras el desplome de los sistemas de «socialismo realmente existentes» en los que la historiografía -un arma de combate- estaba sometida a una censura implacable.

Me he llevado sorpresas. Por ejemplo, al comprobar la pervivencia en ciertos historiadores o escritores extranjeros de algunos de los elementos esenciales de los «camelos» franquistas. Como si el tiempo se hubiera congelado. Como si en España -o en sus respectivos países- no se hubiese avanzado en el desmontaje de las mentiras de Franco y de su régimen.

Incluso en estos tiempos en que las obras, o noticia de ellas, se difunden en las redes y/o pueden adquirirse fácilmente por vía electrónica, algunos autores parecen vivir en la época en la que la comunicación era difícil y el intercambio académico hiperlimitado. O tal vez sea influya otra posibilidad: el que también en el extranjero siempre ha habido una tradición historiográfica de apoyo a Franco y a su dictadura. Quizá por motivos ideológicos o crematísticos. En la época de la guerra fría, desde cuyas perspectivas tanto se distorsionó la guerra civil española, nunca se era suficientemente anticomunista. En los países del Este, la versión oficial fue antonómica: nunca se era suficientemente antiburgués o anticapitalista.

Ello puede explicar la floración en estos últimos de autores que, a fuer de anticomunistas, siguen comulgando con los principios ideológicos inspiradores de la dictadura de Franco.

A pesar de todas las dificultades como coordinador del número me alegra mucho haber comprobado que tanto en España como en el extranjero existen historiadores para quienes la historia no es un juguete (algo que no podría aplicarse a algunos salva-patrias de dentro de casa) y que están dispuestos a romper una lanza para identificar las buenas y las malas obras, la miel y la hiel. Todos han participado, por supuesto, gratuitamente. Por el bien de la Historia y en favor de la ruptura de barreras. Muchos dicen que buscan la verdad, pero no abundan los que hacen algo para llevarlo a la práctica. Volveré sobre el tema.

(El índice de la revista puede consultarse en el siguiente enlace

http://agenciabarreiroforever.blogspot.com.es/2015/01/revista-studia-historica-historia.html )

Ya me he referido en este blog en alguna ocasión a la Asociación de Historia Militar (ASEHISMI) de la que, no por méritos propios sino por la bondad de algunos amigos, soy en la actualidad presidente. Dentro de pocos meses saldrá un volumen, publicado por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, con las actas del primer congreso que tuvo lugar en Burgos el año pasado en el mes de mayo. Daré cuenta aquí de cuando aparezca.

Ahora quisiera anunciar que, un año más tarde y esta vez en Logroño, tendrá lugar el segundo congreso de la ASEHISMI. Hemos pensado que, dado el auge que en los últimos tiempos ha tenido en España la novela de carácter histórico, sería oportuno analizar, de la mano de novelistas y de historiadores, las relaciones entre los dos géneros de narrativa. Personalmente a mi me gustan mucho algunas novelas y algunos novelistas históricos. No necesariamente españoles, aunque reconozco abiertamente mi admiración por Almudena Grandes desde que leí su novela El corazón helado. No había visto ninguna obra de ficción que recrease tan, en mi opinión, certeramente la atmósfera opresiva de aquel Madrid bastante aislado hacia el final de la guerra civil. Para lo que ahora estoy trabajando tampoco me es fácil sustraerme a la atomósfera y circunstancias descritas en Las tres bodas de Manolita, en esta ocasión también porque la novela transcurre en gran parte en el barrio de Madrid en el que yo nací.

Pero, razones personales aparte, hemos tratado de conseguir que vengan a Logroño el mes de mayo autores que suelen aunar las dos condiciones: primero la de historiadores y novelistas y como discussants los que, como quien esto escribe, quizá por falta de imaginación y de talento narrativo nos hemos quedado tan solo en lo primero.

El congreso empezará el 27 de mayo y lo hemos dividido en cinco sesiones siguiendo un criterio cronológico: de la historia antigua a la historia del tiempo presente, pasando por la medieval, la moderna y la contemporánea. Terminará el viernes 29.

En historia antigua Javier Negrete disertará sobre las batallas de los antiguos en las novelas históricas de tema militar y le responderá Fernando Quesada, de la Universidad Autónoma de Madrid, contraponiendo las fuentes clásicas y la novelístical.

En historia medieval un novelista y profesor de la Universidad de Granada, José Soto Chica, tomará como ejemplo Heraclio y la última gran guerra de la antigüedad y le responderá Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor de la Universidad San Pablo – CEU, con una ponencia sobre el basileus bizantino en la época de Heraclio.

Enrique Martínez Ruiz nos hablará sobre historiadores modernistas y novela histórica y le responderá el profesor David García Herrán, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre literatura e historia de la España moderna.

Como contemporaneísta me siento muy feliz de que Almudena Grandes haya accedido a hablarnos sobre historia y ficción: la escritura a través del espejo y de que su discussant sea mi compañero de fatigas Fernando Hernández Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid) del que en un plazo muy próximo la editorial Crítica publicará un libro soberbio sobre los tiempos de plomo en España. Fuera de la guerra civil, dejo a la curiosidad de los lectores que adivinen de qué período se trata. El hablará sobre lo que va del relato autobiográfico a las fuentes primarias

Por último en el capítulo de Historia del tiempo presente, es decir, casi antesdeayer, Julián Delgado nos ilustrará sobre el sueño del Sahara y José Luis Rodríguez Jiménez, de la Universidad Rey Juan Carlos, responderá aludiendo a la «marcha verde». También editorial Crítica publicará un poco más adelante el último trabajo de este autor sobre la descolonización del Sáhara occidental, sus antecedentes y sus consecuencias.

En www.asehismi.es encontrarán los lectores datos adicionales sobre el previsto congreso en el que también se leerán las comunicaciones que se hayan presentado.

Naturalmente a mí me alegraría mucho si algun@s de l@s lector@s se animase a darse una vuelta por Logroño y, más aún, si presentara alguna comunicación.

En cualquier caso la nueva historia militar está viva en este país y yo espero que este segundo congreso dé testimonio de su vitalidad y de sus perspectivas de evolución. Combinar historia y ficción es un ejercicio estimulante y si, como espero, ponencias y comunicaciones entreabren nuevas perspectivas, desde una forma de contemplar la relación propia de autores e historiadores españoles, creo que ASEHISMI prestará un buen servicio al futuro auge de la historia y de la novela histórica en España.

 Más información en http://asehismi.es/ii-congreso-internacional-de-historia-militar/

Todo negociador que se precie es consciente de dos proverbios: el primero dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones; el segundo es no menos conocido: el diablo se esconde en los detalles. La habilidad del negociador estriba en resguardarse en todo lo posible de los efectos de ambos y en proteger el más amplio núcleo de sus pretensiones o intereses. La consulta hecha por la Comisión reveló múltiples temores de los ciudadanos europeos. También los objetivos instrumentales que concurren en la posición negociadora.

Esta es una situación ideal para los norteamericanos que imagino estarán examinando con 103.400 lupas o más todas y cada una de sus líneas. No extrañará que diversos Estados miembros (entre ellos alguno de los que despreciaba el comisario de Gucht) se hayan esforzado por robustecer la espina dorsal de los negociadores.

Según noticias de prensa (no tengo otras fuentes de información) varios políticos responsables de Francia y Alemania han criticado la inclusión del ISDS en el proyecto de acuerdo. El secretario de Estado francés para el Comercio Exterior Matthias Fekl ha declarado que el ISDS permitiría que tribunales privados a sueldo de empresas multinacionales determinasen la política de Estados soberanos, sobre todo en ámbitos tales como la salud y el medio ambiente. La ministra federal de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, también ha afirmado que el ISDS no hace falta. El presidente del SPD y vice-canciller y ministro de Economía Sigmar Gabriel ha exigido a la Comisión que extraiga las oportunas consecuencias de la consulta. Si Francia y Alemania mantuvieran unidas sus fuerzas en este tema (el Senado francés ya se ha opuesto) la influencia conjunta con la del Parlamento Europeo se hará sentir indiscutiblemente. Que sea duradera es otro tema.

Un repaso, incluso somero, de la prensa europea de opinión permite entrever un alto grado de escepticismo, en particular en este mes en que ha tenido lugar otra ronda negociadora. La noción de que el TTIP pueda concluirse en el corriente año es improbable. El Parlamento Europeo (PE) ya ha dado a conocer sus propias reservas. En la última reunión de su Comisión de Comercio Internacional se advirtió una brecha clara entre la derecha y la izquierda, incluida la fracción socialdemócrata. Para mayo próximo se esperan las recomendaciones del PE. Si la brecha entre derecha e izquierda continúa abierta, la Comisión Juncker, que ha hecho del TTIP una de sus prioridades políticas, puede pasar un mal rato. Muchos sospechan, o temen, que podría demostrarse demasiado blanda con los intereses de las grandes empresas multinacionales. Su intención de crear un Regulatory Cooperation Body (RCB), es decir un grupo de expertos que examine las propuestas de regulación relevantes para el buen funcionamiento del TTIP, no ha despertado un entusiasmo delirante pero habrá que esperar a saber más detalles, previstos para abril.

En los próximos meses podremos esperar un gran número de noticias más o menos contradictorias en los medios de comunicación y en las redes sociales, una intensificación de la campaña de las grandes empresas a favor del TTIP, una nueva valoración que atienda a las preocupaciones sociales por parte de la Comisión y tal vez una cierta reordenación de las tendencias de la sociedad civil a medida que las opiniones en liza continúen organizándose.

Todo ello me parece muy correcto. De la misma forma que los ciudadanos critican a sus gobiernos, también deben darse cuenta de que la Unión Europea no está por encima de ellos. Son los gobiernos nacionales quienes se sirven de la Unión para gestionar políticas que no pueden abordar en solitario por sí mismos. La política comercial fue una de las primeras políticas comunitarizadas. No podía ser de otra manera entonces, hace más de cincuenta años. No puede ser de otra forma hoy.

De cara a una potencia económica como Estados Unidos, los países europeos aislados son meros peones, incluso los más grandes. Sus mercados individuales cuentan, pero no demasiado. En su conjunto, sin embargo, tienen un atractivo formidable que ha ido robusteciéndose a medida que la integración se ha reforzado y ampliado. Un pastel muy goloso para los norteamericanos.

Personalmente tengo la sospecha de que a la Comisión Barroso le faltaron cintura y mano izquierda. Por consiguiente es de esperar que la actual Comisión trate de evitar que el diablillo se esconda en los detalles, oscurecidos adecuadamente por formulaciones hipertécnicas, y que degluta para la opinión público los análisis finos que llevaron al venerable, y conservador, Times de Londres a afirmar que el TTIP (ATCI) promete ofrecer la mejor oportunidad de recuperación de las sufrientes economías europeas. Quizá pudiera ser una condición necesaria pero ¿también suficiente?. En el Parlamento Europeo no se es tan optimista a juzgar por el reciente informe Lange que también confirma muchas de las dudas expuestas en posts anteriores.

Diversos comentaristas han argumentado que entre los rasgos de un futuro más o menos verosímil se encuentran la posibilidad de introducir cambios que den mucho más juego a los tribunales nacionales, que se prevean mecanismos de apelación, que se incremente la transparencia de los procedimientos, que se respeten rígidamente las exclusiones en materia cultural y de servicios de interés público. O que se abandone la idea de una cláusula ISDS. Podríamos tener negociaciones externas (con USA) e internas (con los Estados miembros y el PE) para rato. Con resultado incierto. El nuevo Gobierno griego ya ha amenazado con no ratificar el TTIP. ¿Otro farol?

En el interín, y para terminar: probablemente el hecho de estar en Bruselas me ha impedido darme cuenta de la postura del Gobierno español ante los problemas que suscitan las negociaciones. Al menos, he de confesar que ignoro (mea culpa) si ha dicho algo serio y profundo, meditado, sobre cuál es su posición, por ejemplo, en cuanto el equilibrio desregulación/regulación y/o sobre el ISDS. Sin duda se me ha pasado.

Sí recuerdo haber leído en EL PAIS en diciembre un artículo bajo la firma conjunta de los comisarios Malmström y Arias Cañete en el que, desde el punto de vista de la Comisión, se apresuraron a presentar, al mes y medio de tomar posesión de sus nuevos cargos, una imagen mirífica de los beneficios que aportaría la ATCI.

Soy consciente de no haber abordado todas las cuestiones importantes que suscita la ATCI pero este es, al fin y al cabo, un blog de historia y no de cuestiones actuales. Más información, esencialmente factual, puede encontrarse en el link

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/process/#_state-of-play

La segunda objeción planteada desde la sociedad civil a lo que ha ido conociéndose sobre las negociaciones UE-USA afecta a dimensiones algo más técnicas y que no suelen ser la comida diaria que sirven, en general, los medios de comunicación social. Tiene que ver con el instrumento de solución de diferencias entre inversores extranjeros y Estados. El acrónimo inglés es el que más frecuentemente se utiliza: ISDS (Investor State Dispute Settlement). Se trata de un mecanismo jurídico que permite a un inversor extranjero plantear una reclamación a un Estado no ante los tribunales del mismo sino ante un tribunal arbitral internacional y privado si cree que el Estado ha podido violar las reglas que protegen sus derechos, es decir, en este caso las que figuren en el TTIP (ATCI).

Los defensores parten de hechos incontrovertibles. Existen en el mundo más de 3000 acuerdos de comercio e inversión contraidos por unos 180 países con cláusulas que permiten el recurso a tribunales arbitrales privados. En principio, el TTIP no representa nada extraordinario. Los ISDS correspondientes se reflejan en una variadísima gama de modalidades, de diversa generación. No existe un régimen multilateral al respecto. Las sentencias arbitrales son, por consiguiente, heterogéneas y con frecuencia contradictorias. Se han multiplicado en las actuales circunstancias de crisis económica. Aunque la última generación concede importancia a temas tales como la protección medioambiental, la salud y los derechos humanos varios países han empezado a restringir la utilización de dichas claúsulas.

En el caso de la UE (a diferencia de lo que ocurre con sus Estados miembros) se han negociado ISDS en la Carta de la Energía de 1994. También con Singapur y Canadá que no se han ratificado todavía. Con Estados Unidos la UE aborda una auténtica aventura. No en último término porque los norteamericanos cultivan con esmero una tradición litigiosa muy coriácea. Pero es que, además, hasta ahora solo nueve miembros de la UE tienen acuerdos bilaterales con cláusulas ISDS. Si se lograse negociar un ISDS adecuado con Estados Unidos sus defensores argumentan que aumentaría la posibilidad de extenderlo a otros partenaires estratégicos, por ejemplo China o México. En definitiva es un tema cuya importancia no puede minusvalorarse. Sin embargo Australia tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos sin ISDS porque se trata de países que poseen sistemas nacionales muy arraigados de resolución de disputas entre inversores extranjeros y el Estado. Esta es la postura adoptada en el reciente Informe Lange, del presidente socialdemócrata alemán de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Lo piensan muchos otros.

A fortiori, los miembros de la UE también disponen de tales sistemas. Existe pues el temor que mecanismos privados, sin demasiado control, puedan horadar las bases del derecho internacional. Los ISDS confieren poder, permiten crear obligaciones y discriminan en favor de las grandes empresas que pueden permitirse pagar fácilmente los costes de un arbitraje, con frecuencia muy elevados. Ni que decir tiene que la transparencia de tales mecanismos es casi nula ya que no existen reglas o códigos que restrinjan ni la composición ni la discrecionalidad de sus miembros, muchos de los cuales proceden bien de gabinetes de abogados especializados o de multinacionales.

Uno de los casos que más frecuentemente suele aducirse es qué pasaría si un tribunal de tales características fallase en contra de un reglamento o una directiva comunitarios. Lo normal es que se determine una compensación financiera en favor del inversor que puede ser también muy elevada. ¿Quién la pagaría? ¿El presupuesto de la Unión?. ¿Qué otras obligaciones se derivarían de tales fallos?

Los críticos no olvidan que el futuro TTIP (ATCI) podría contener un ISDS parecido al que ya se ha negociado con Canadá (aunque este acuerdo todavía no se ha ratificado) pero que tal ISDS es muy similar al propuesto en su día por Estados Unidos. Y no se deja de hacer hincapié en que el ISDS para el caso canadiense sigue dejando a los miembros de los tribunales de arbitraje un margen de interpretación muy importante.

Por encima de estos dos grandes temores flota, en diversos ambientes, la sospecha de si el TTIP (ATCI) no pondrá un marcha un proceso que socave aun más los fundamentos del modelo socio-económico de la UE, que en los últimos años ha experimentado cambios de gran importancia a consecuencia de una desregulación que a muchos parece no va por el buen camino. En último término el TTIP recoge los temores de amplios segmentos de la población que han visto cómo se han expandido en los Estados miembros de la Unión las desigualdades sociales y ha retrocedido la capacidad normativa pública.

No extrañará que, en tales condiciones, la Comisión Barroso, enfrentada a un encrespamiento social creciente, decidiera en marzo de 2014 recabar información on line de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos e interesados su opinión sobre el TTIP. Fue un paso de gigante. El plazo de consulta expiró en julio. En cuatro meses se recibieron cerca de 150.000 respuestas. La casi totalidad de las respuestas se presentaron a través de plataformas de grupos de interés y, como señala la Comisión, contienen respuestas negativas predefinidas. Participaron además unos 3.000 ciudadanos y unas 450 organizaciones, en particular ONG, grupos empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores, bufetes de abogados y el mundo académico.

En términos generales la Comisión, en su análisis de las respuestas, las dividió en tres categorías: a) con oposición o preocupaciones con respecto a la ATCI en general; b) con respecto al ISDS; c) con comentarios pormenorizados sobre el enfoque general seguido por la UE. Las respuestas y el análisis están disponibles en la red. También el mandato de negociación se desclasificó sin gran alharaca. (Muchos ni se han enterado).

El comentario oficial sobre los resultados, publicado en enero de 2015, señaló que las «respuestas de las dos primeras categorías indican claramente la preocupación de numerosos ciudadanos de toda Europa por la ATCI en general y por el principio mismo de la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados». En desglose, tales preocupaciones abarcaron la protección del derecho a legislar por los Estados o la UE; el establecimiento y funcionamiento de los tribunales arbitrales; la relación entre los sistemas judiciales nacionales y el mecanismo de solución de diferencias previsto y la introducción de un procedimiento de apelación contra las resoluciones de los tribunales.

La nueva comisaria de Comercio, la liberal sueca Cecilia Malmström, no tardó en declarar que la consulta mostró claramente que existía un enorme escepticismo en lo que se refería al ISDS.

(Continuará)

De cara al público la Comisión solía maquillar , hasta cierto punto, las implicaciones sociales de ciertas políticas. Ahora bien, esto ya no es posible del todo en casos en los que las consecuencias se desparraman, cada vez con mayor intensidad, por las sociedades europeas. Ejemplifica el alto grado de interpenetración de las economías y la incidencia de nuevas pulsiones integracionistas sobre dimensiones esenciales de lo que todavía queda de soberanías nacionales. Y es mucho. Para bien o para mal, la experiencia ha mostrado que si se desea mejorar la integración hay que integrarse más. De lo contrario surgen situaciones que generan agravios comparativos o ventajas competitivas. Como no hay armonización de la fiscalidad directa han salido a la luz casos en los que se revela, por ejemplo, la pugna por atraer inversiones extranjeras gracias a un menor nivel de imposición. El escándalo luxemburgués acaba de ponerlo de relieve.

La idea de Brittan, ampliada, resurgió durante la recién expirada Comisión Barroso a propuesta del presidente Obama y en plena crisis monetaria, financiera e institucional. Del tema se encargó (no por casualidad) el comisario de Comercio, Karel de Gucht. Liberal flamenco muy controvertido en Bélgica [se sugiere echar un vistazo a Wikipedia en francés. La entrada en la versión castellana es muy breve y completamente obsoleta]. Abanderó un tipo de librecambismo que le enfrentó con varios políticos franceses a quienes acusó de «proteccionistas», como si hubieran incidido en un pecado nefando difícilmente perdonable. Apoyado por Barroso, se manejó mejor que Brittan. El proyecto de mandato de negociación tuvo una trayectoria no demasiado dilatada, se filtró por los distintos escalones del Consejo de la Unión y se aprobó el 14 de junio de 2013. Los funcionarios debieron trabajar como esclavos durante casi cuatro meses. Ningún Estado miembro rompió filas. La totalidad de mandato no se hizo pública, pero esto es algo relativamente normal. La conocían los Gobiernos y las burocracias de los Estados miembros y, de buena o mala gana, todos le dieron su respaldo.

Como organismo político la Comisión no es insensible a las ideologías. Si la mayor parte de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE es de derechas, la Comisión se orientará también en esta dirección. Si predominan los Gobiernos socialdemócratas o liberales irá en estos sentidos. El juego en el colegio en el que se fragua la toma de decisiones es más sutil. Los intereses ideológicos no son los únicos en presencia. También tienen importancia los específicamente nacionales y la necesidad de conseguir mayorías cómodas de tal suerte que se eviten votaciones y den al exterior sensación de fortaleza y unidad.

El lector no debe dejarse deslumbrar por el caso del presidente de la Comisión que es el cargo en que se refleja más nítidamente el choque de las orientaciones ideológicas. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo tal circunstancia ha quedado clara. Los grupos políticos filtraron a sus candidatos a la Presidencia de la Comisión y lograron, con gran berrinche del primer ministro británico, que fuesen aceptados por los Gobiernos de las mismas cuerdas. Esto, sin embargo, no quiere decir que en las próximas elecciones en 2019 vuelva a repetirse el fenómeno.

La oposición contra el TTIP (ATCI) pronto adquirió dimensiones realmente extraordinarias. Las negociaciones las había llevado a cabo la Comisión, negociador por la UE, que informa con regularidad de su marcha a los Estados miembros en el seno del Consejo. Antes, mucho antes, la Comisión negociaba en presencia de funcionarios de los Estados miembros que no intervenían pero vigilaban. El negociador, en consecuencia, tenía que demostrar sus cualidades como tal a dos bandas encontradas. Con el sistema actual la calidad de la información que se suministra puede no reflejar bien los altos y bajos de todo proceso negociador. Algunos se enteran mejor de lo que realmente pasa. Otros no. Nada de lo que antecede significa que el negociador por la Unión no sea excelente. En el caso del TTIP (ATCI) lo es. De ello puedo dar testimonio personal.

Es imposible, con todo, mantener bajo cuerda la marcha del proceso. Tampoco es recomendable. En las negociaciones que aquí nos interesan los resultados parciales (cualificados por el principio de que nada es final hasta que todo se haya negociado) fueron transpirando hacia los medios de comunicación y las redes sociales. Noticias ciertas y rumores abultados despertaron alarma. Las implicaciones de la ATCI son, en efecto, enormes. No tardaron en acudir a las barricadas numerosas ONGs, fuerzas de la sociedad civil, expertos, etc, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico. Tampoco faltaron organizaciones, generalmente empresariales o sindicales, que defendieron sin reparos temas en los que tenían un interés eminente. Economistas y juristas apoyaron a los dos bandos. Pronto cristalizaron dos objeciones absolutamente fundamentales. La primera atañe a la determinación del equilibrio deseable entre regulación y desregulación. La segunda se refiere al riesgo de que ciertos poderes de los Estados miembros pudieran verse disminuídos como resultado de las negociaciones.

La primera objeción, muy articulada por las organizaciones sindicales aunque no solo por ellas, pone el acento en que las negociaciones parecía que iban inclinándose demasiado en el sentido de una desregulación demasiado amplia con el fin de estimular la competencia a escala internacional. Esto significa facilitar el acceso de los productos de ambas partes al mercado opuesto. En teoría económica la competencia incita a mejorar los niveles de eficiencia y productividad. Pero en un mundo en el que no reina el tipo de competencia perfecta de los libros de texto han surgido temores de que el TTIP (ATCI) pudiera hacer recaer principalmente el impacto de la desregulación sobre la mano de obra. En claro: los trabajadores y los pequeños empresarios. Si en un país X los niveles de protección laboral, alimentaria, sanitaria, de salubridad pública, medioambientales, etc., son netamente inferiores a los del país Y, el juego de la libre competencia tenderá a inducir a este a rebajar los niveles con el fin de reducir sus costes y defenderse de la agresividad comercial de X.

En tal perspectiva suele afirmarse que un acuerdo equilibrado debería optar no tanto por favorecer la libre competencia sino por promover una cierta igualización en los niveles de protección de cada parte. Para muchos no está demostrado que el resultado conseguido hasta ahora lo logre en grado suficiente. Tras esta argumentación late la noción de que los mecanismos de protección europeos son, en muchos casos, superiores a los de Estados Unidos. Las feroces discusiones entre republicanos y demócratas por introducir un sistema de seguro médico obligatorio que ni siquiera es un remedo de los europeos no han hecho sino agudizar la preocupación.

También se aduce que en el sector servicios existen numerosas limitaciones a la libre competencia perfectamente motivadas en la medida en que la educación, la salud o el suministro de bienes públicos, por citar unos cuantos ejemplos, no deben quedar sometidos en la mayor medida posible al imperio del mercado, ni a escala nacional ni internacional. Esto conecta con una discusión que se da en casi todos los Estados miembros entre la derecha y la izquierda sobre la ampliación de las medidas privatizadoras. No hay que recordar lo que pasa en España en el campo de la sanidad.

En un acuerdo con Estados Unidos, afirman las posturas críticas, sería necesario que para cada uno de los sectores productores de bienes públicos se determinasen las circunstancias, modalidades y extensión de las respectivas aperturas del mercado sin dejar demasiado al automatismo de la libre competencia internacional. Favorecer esta debería ser un objetivo instrumental y, por consiguiente, más o menos maleable en función de las disposiciones que se negocien entre las partes. Como siempre, hay que ver los detalles. En general, la nueva Comisión Juncker se ha comprometido a no disminuir los niveles europeos. ¿Lo conseguirá?

(Continuará)

Subo aquí un enlace con el PDF de ‘Dos paradigmas sobre la Guerra Civil Española’, publicado el pasado diciembre en Revista del Vinalopó.

Lectura online aquí:

DosparadigmassobreGCE

El artículo contrapone los dos paradigmas de la Guerra Civil: el canonizado por la dictadura franquista, apoyado por los recursos del Estado, justificador de la sublevación militar como medida preventiva que legitimó el 18 de julio; y el defensor de la legalidad republicana, apoyado desde los liberales a los comunistas. El paradigma franquista resultó conveniente para algunos historiadores occidentales, que justificaron al autoproclamado Centinela de Occidente.

Me pregunta un amable lector si no puedo decir algo sobre el TTIP. Es decir, sobre lo que en castellano se denomina formalmente Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) pero que casi todo el mundo conoce por su acrónimo inglés. Hay una entrada en Wikipedia en español a la que remito. No me basaré en ella. Supongo que dicho lector lo que quiere saber es lo que pienso como antiguo funcionario de la Comisión. Es notorio que el tema ha generado multitud de discusiones y una amplia literatura. Fuera de las políticas sectoriales (agrícola y tal vez pesquera en primer lugar) quizá sea uno de los temas que más ha penetrado en la sociedad europea y más pasiones ha levantado. No es de extrañar porque la Comisión Europea no ha tenido demasiada mano izquierda en su presentación y porque son legítimos algunos de los temores que suscitan diversos aspectos del proyecto. Trataré de exponer mi punto de vista en cuatro posts. Los problemas complicados no admiten respuestas o soluciones simples. Por supuesto, no pretendo tener razón. Trataré de enfocar el tema en base a algunas lecturas y a mi propia experiencia como negociador comunitario durante muchos años.

En el complicado nudo de relaciones transatlánticas destaca una cierta antinomia. Los Estados Unidos apoyaron, por un lado, la construcción europea. Deseaban que la naciente Comunidad fortaleciera las economías y sociedades de la Europa occidental frente al peligro comunista. Además, los países de ambos grupos (más Canadá y menos Irlanda) participaban en un mismo esquema de seguridad anclado en la OTAN. Adicionalmente, un país con peso, Reino Unido, tenía y tiene una relación especial con Estados Unidos, independientemente de la que le une con Canadá. Por otro lado se levantaron mil y uno obstáculos, diferencias, controversias, tensiones, etc. de naturaleza comercial. Los norteamericanos, negociadores durísimos, siempre entendieron que una cosa era la política y la seguridad y otra los negocios. Poco a poco fueron solventándose los problemas más urgentes, en parte acolchados por la participación de la UE y de los Estados Unidos en las rondas comerciales multilaterales donde la Comisión negoció por la Unión. Como era lógico y estaba previsto en los Tratados. En el curso de esta larga relación que se inició en los años sesenta las dos partes aprendieron a conocerse mejor, con sus defectos y con sus virtudes. Las tensiones siempre se encauzaron.

La idea de intensificar los intercambios bajo una nueva fórmula, compatible con el GATT y luego con la OMC, la intentó la Comisión (durante el período de gestión del presidente Jacques Santer) y no llevó a ningún resultado. Fue un tema que generó ríos de tinta y que es fácil rastrear en las hemerotecas. Lo impulsó la ambición de uno de los vicepresidentes de la Comisión, sir Leon Brittan (después lord Brittan, recientemente fallecido). Quiso construir una diluida zona de librecambio entre las dos orillas del charco allá por los comienzos de 1997 bajo la llamativa vitola de «Un nuevo mercado transatlántico».

Este empeño tuvo tres características notables. La primera que no figuró en el programa político de la Comisión para 1998, algo sorprendente. La segunda que tampoco lo mencionó el presidente Santer en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en octubre de 1997. Cosa no menos sorprendente. La tercera que el Parlamento no lo recogió en su resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión aunque sí apoyó explícitamente el proyecto de cumbre UE-América Latina, por el que otro de los vicepresidentes de la Comisión, Manuel Marín, bregaba incansablemente.

Brittan improvisó. Él alude en sus memorias al proyecto en un tono de innecesaria autocongratulación y levantó una algarada cuando lo dio a conocer a los dos meses y pico después. La algarada estaba, en mi opinión, justificada. El proyecto implicaba una reducción considerable de los obstáculos técnicos a los intercambios, el compromiso político de suprimir los derechos aduaneros sobre los productos industriales antes de 2010, la creación de un espacio de librecomercio para los servicios y una amplia liberalización en los ámbitos de las licitaciones públicas, la propiedad intelectual y las inversiones. Con el fin de no agitar fuertemente el trapo rojo ante los franceses, Brittan dejó fuera los sectores agrícola y audiovisual.

Si no recuerdo mal, la reacción fue fulminante. El resultado hubiese revolucionado las relaciones económicas y comerciales internacionales y afectado de manera radical a la economía europea cuando se disponía a prepararse para lanzar la moneda única, el euro, ya de por sí un shock de consecuencias no siempre previsibles. Naturalmente fue inevitable que muchos especularan sobre si Brittan seguía la estrategia británica tradicional de querer aguar la construcción comunitaria. Él lo negó siempre.

Hubo batallas intensas en el seno de la Comisión. Los entonces dos comisarios franceses se destacaron por su oposición. El proyecto se aguó más y el colegio terminó aprobando una versión edulcorada. No sirvió para nada. En París el propio presidente de la República, entonces Jacques Chirac, se encargó de torpedear los planes de Brittan y de la Comisión y atacó ferozmente al vicepresidente. Es obvio que en tales condiciones la unanimidad necesaria no podía conseguirse en el Consejo de Ministros. A la resistencia numantina de Francia se asociaron varios Estados miembros que mostraron su desazón ante las ideas de la Comisión.

Suele afirmarse (antes y ahora) que la Comisión es un organismo técnico dirigido por tecnócratas y con un ideario neoliberal poco menos que fijado en sus genes. Por supuesto que la Comisión tiene que proponer soluciones técnicas a problemas o cuestiones veces muy técnicas. De lo contrario, ¿quién lo haría? Pero esto no es toda la historia. Los comisarios no siempre son técnicos. Con frecuencia ocupan carteras de cuyo contenido no tienen demasiada idea previa. Al igual que sucede con los ministros en los Gobiernos nacionales. Casi siempre son políticos que se basan en una cultura adquirida en duras pugnas en los países de que proceden. En los últimos años el perfil político de los comisarios se ha incrementado. Ya no es extraño ver, por ejemplo, a exprimeros ministros entre sus filas. Por otro lado, no ha habido en la historia de la Comisión colegios más políticos que en las épocas en que Hallstein o Delors fueron presidentes y ninguno de ellos fue primer ministro en su país. Todo esto tiene consecuencias y no es difícil que los planteamientos tecnocráticos de los funcionarios se recorten. Como en las Administraciones nacionales.

(Continuará)