Ángel Viñas

El pasado 18 de febrero me pilló preparando un viaje a Londres. Quería explorar algunos fondos de los Archivos Nacionales británicos. En tres días, gracias a la tablet, tomé 2.300 fotografías de documentos. Los archiveros me tenían preparados 18 legajos  previamente identificados. Los cincuenta restantes los pedí sobre la marcha. Incluso me dio tiempo para presentar en la London School of Economics, en el seminario de Paul Preston, un resumen del estado de mis investigaciones sobre mi próximo libro.

En ese mismo día, en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados se debatió, y rechazó por 23 votos, todos del PP, contra 15 una proposición no de ley sobre reapertura del acceso a archivos. Al final de este post daré los vínculos correspondientes para que los lectores que quieran ver el desarrollo de las discusiones puedan hacerlo sin dificultad.

Los investigadores españoles y extranjeros debemos estar agradecidos al Grupo de Izquierda Unida, motor de la proposición, por querer convencer al Gobierno del PP de cosas tan espantosas y temibles como las siguientes: i) que el Estado español no incumpla las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de acceso archivos públicos (el lector supondrá que tan augusta Asamblea no es un nido de izquierdistas ni de revolucionarios impenitentes); ii) que deje sin efecto un acuerdo del Consejo de Ministros no publicado del 12 de octubre de 2010, una de las mayores patochadas en este campo del Gobierno Rodríguez Zapatero, y de fundamentos jurídicos más que endebles; iii) adoptar las medidas oportunas para permitir de nuevo el acceso a los documentos que, a tenor de dicho acuerdo, afectan a fondos de incluso hasta el siglo XVIII (período muy peligroso, ya lo vieron así Franco y sus acólitos); iv) dotar de medios a los archivos General de Administración e Histórico Nacional para reabrir en ellos la consulta; v) desclasificar los documentos de defensa que había dejado ya preparados la ministra Chacón (ignoramos su posición respecto al acuerdo que cerraba otros, incluidos los del siglo de las Luces), etc.

Todos los intervinientes, salvo por parte del PP, se mostraron acordes con la proposición no de ley. Incluso el PSOE, cuyo representante (Alex Saez) lo tenía difícil ya que el PP se escuda en el acuerdo de 2010 que él, ciertamente, no tomó. Al escuchar las respectivas intervenciones me parecieron muy notables las del Grupo Vasco (Aitor Esteban), UPyD (Irene Lozano) y CiU (Jordi Xuclà). Razonables y coincidentes todas con el hecho de que ese cierre no es compatible con la “marca España” que tanto le gusta promocionar al Gobierno y cuyas afirmaciones de que el tema está en estudio (repetidas a lo largo de un año o año y pico) son escasamente creibles. El proponente por IU (Joan Josep Nuet) hizo una buena defensa del texto sometido a discusión y planteó, lo que yo también habría hecho, el tema fundamental: ¿qué hay detrás de la cerrazón del Gobierno? Los motivos, obviamente, no pueden ser los mismos que tuviera el anterior, que por cierto nunca se han explicitado (quizá el PSOE lo haga algún día aunque me temo que dará gato por liebre pues según mis noticias fueron absolutamente grotescos).

El señor Nuet se preguntó (yo también me lo pregunto) si por azar las razones no tendrían algo que ver con las conexiones entre el anterior régimen y los regímenes fascistas o con el temor de que aparezcan nombres. Fue muy correcto. Para mí se trata de un caso claro de temor o, mejor dicho, de pavor al pasado, a la historia, a lo que los historiadores descubramos.

Naturalmente, para evitarlo hay que destruir documentos. Ya se hizo en los años de la transición. Se afirma que alguno de sus promotores se sienta hoy en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En la actualidad sería más difícil destruirlos porque en el AHN y el AGA, archivos serios y dirigidos profesionalmente, la operación no quedaría oculta. Se trata, no lo olvidemos, de centenares de miles de documentos.

Si los documentos no se destruyen, lo único que se gana con su cierre es tiempo. Quizá  es lo que interesa al PP. La diputada popular que se opuso a la proposición no de ley, Gema Conde Martínez, no fue muy afortunada en su argumentación, que supongo es la del Gobierno: los documentos se habrían transferido al AHN y al AGA para facilitar su acceso; convendría seguir estudiando para ver cómo actualizar el acuerdo (no olvidemos que pirata y secreto) del Consejo de Ministros; hay que examinar pormenorizadamente  los documentos para ver los que pueden desclasificarse (antes del acuerdo todos eran accesibles) y si cumplen con la normativa vigente (antes se suponía que sí, ya que los aspectos no accesibles estaban perfectamente delimitados). Claro que eso dependería de la coyuntura económica porque tales acciones necesitan de medios materiales y humanos y ahora, ya se sabe, desgraciadamente la herencia que dejó el PSOE no lo permite. En cualquier caso, que el pueblo soberano no tenga la menor duda: no se trata de no querer facilitar el acceso. Felicito de todo corazón a la señora Conde Martínez por su manejo de la neolengua orwelliana.

Ahora bien, si lo que el PP teme es que sus progenitores históricos no queden bien parados lo tiene mal. En los archivos alemanes, británicos, franceses y norteamericanos los fondos relativos a los años de la dictadura están ya abiertos. Al menos en Kew (Surrey) hay material más que suficiente para sacar los colores a muchas figuras prominentes del “anterior régimen”, nacionales y locales. No hay que olvidar que la red de consulados británicos era bastante densa. Mientras tanto, no entonaremos un ¡viva la santa ignorancia! y diremos al partido del Gobierno que el cierre de los archivos no destruirá la búsqueda en pos del conocimiento del pasado.

Laus Deo!

Vínculos

Orden del día - sesión del 18.02.2014 - Comisión de AAEE del Congreso
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom?_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=302&idSesion=24&fecha=18/02/2014

Sesión en vídeo de la Comisión de Asuntos Exteriores del 18 de febrero de 2014.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?_piref73_2138150_73_2138147_2138147.next_page=/wc/verEmision&video=mms://congresodiferido.congreso.es//leg10//10_000302_024/10_000302_024.wsx&canal=2&nombreOrgano=Comisi%C3%B3n%20de%20Asuntos%20Exteriores&fechaSeleccionada=18%20de%20Febrero%20de%202014&directo=no&idOrgano=302&idSesion=24

La demostración documental de que la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contaba con la promesa, rigurosamente contractualizada, de suministro bélico moderno por parte italiana me ha obligado a introducir la noción de que el conflicto estaba ya internacionalizado antes de que estallase. También me ha hecho ver que los monárquicos calvo-sotelistas (entre ellos muchos reaccionarios de tomo y lomo) se preparaban para una contienda, que presumían –supongo- relativamente corta. Para sublevar a las guarniciones de los centros urbanos no se necesitaban, en efecto, bombarderos, cazas e hidroaviones.

Lo que antecede, debidamente documentado y contrastado y no tomado de algún otro autor, como hace por cierto el campeón norteamericano del copy and paste, refuerza la idea de que en el corazón mismo del estallido estaba inserta la política expansionista o imperialista de la Italia fascista, aunque tradicionalmente quien se ha llevado la palma ha sido la intromisión del Tercer Reich. Los nuevos descubrimientos documentales han sugerido, nuevamente, a algunos historiadores el replanteo de la cuestión de si no sería mejor hablar de “guerra de España” en vez de guerra civil. A la vez, en la derecha más cerrada se utiliza el primer concepto para describir el conflicto como algo profundamente español, arraigado exclusivamente en variables endógenas. Una modificación de los enfoques que popularizó al comienzo de los años cuarenta, nada menos, Gerald Brenan.

Confieso que no me agradan demasiado las querellas nominalistas aunque no ignoro que tienen importancia. Es obvio que, en buena medida, la guerra tuvo un carácter de conflicto internacional por interposición y que fue el preludio a la que las democracias occidentales debieron aceptar después para contener la marcha, al parecer triunfante e imparable, de los regímenes fascistas.

Hipertrofiar la dimensión antifascista del conflicto español es comprensible históricamente. Ahogados por la no intervención, los republicanos no tuvieron más remedio que hacerlo. Sin demasiado éxito. Las democracias europeas (pocas en realidad) estaban asustadas ante el peligro comunista y fascista. Sin embargo, casi sin excepción prefirieron sobreestimar el primero antes que el segundo. Los británicos incluso pretendieron introducir una cuña entre la Italia fascista y el Tercer Reich, cuya agresividad potencial por cierto no ignoraban aunque el Gobierno de la época la subestimó. También es comprensible que los sublevados enfatizaran el carácter anticomunista de su “cruzada”. Lo habían hecho antes. Lo magnificaron después. Ahora sus “sucesores”, más o menos larvados, descontado el peligro comunista, ponen en su punto de mira a los socialistas. Genera réditos políticos.

La guerra tuvo numerosas dimensiones. Fue una guerra de clases, algo que hoy muchos autores ya ni se atreven a mencionar. Para un amplio sector de historiadores (no hablemos de politólogos o sociólogos) hacerlo es asumir algo que huele demasiado a marxismo y eso, hoy, no es de buen tono. Fue, también, una guerra de religión, en el sentido en que en ella se ventiló el papel político y cultural de la Iglesia en la configuración del futuro de España. Naturalmente, este vector lo subrayaron en la época numerosos prelados seguidos de su fiel infantería. Incluso aflora hoy en las loas a y beatificaciones de los mártires de la fe. Fue una guerra igualmente por la definición territorial del Estado. Finalmente, pero no en último término, por la orientación del país en los ámbitos socioeconómico, político, ideológico y cultural, que cuentan entre las apuestas  más importantes.

Todas estas dimensiones (podrían aducirse otras) estaban íntimamente relacionadas con los factores internos y  estructurantes de una sociedad. Es lo que estuvo en juego, por ejemplo,  sin forzar las analogías, en la guerra civil norteamericana (que nosotros llamamos de secesión). O lo que se ventiló en la guerra civil rusa. O lo que se debatió en China. Sin olvidar Vietnam. Es decir, en conflictos anteriores y posteriores al español. Todos, por supuesto, con un vector internacional más o menos activo.

Querer subsumir las dimensiones anteriormente enunciadas dentro de la pugna fascismo-antifascismo resulta, en mi opinión, empobrecedor. Salvo que difuminemos los conceptos, es posible reivindicar la conveniencia de seguir llamando a la guerra civil guerra civil.  Los conceptos que se le han aplicado han variado, por lo demás, con los tiempos y las perspectivas. No se olvidará que para los sublevados la denominación oficial, al menos así figura en la documentación conservada tanto tiempo como duró la dictadura y algo más en el Servicio Histórico Militar, fue “guerra de liberación”. Se supone que de las asechanzas y del yugo marxistas. Tanto republicanos como franquistas hicieron propaganda en torno al concepto de “guerra de la independencia”. Incluso un ilustrado militar franquista, nada menos que un teniente general, todavía publicó en el franquismo tardío un libro (declarado de utilidad para el Ejército) que establecía presuntos paralalelismos entre uno y otro conflicto.

Es decir, los conceptos cambian pero algunos, y no otros, terminan imponiéndose. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos caracterizar su guerra civil como “guerra entre los Estados”, algo que hizo furor en un tiempo entre los proclives a la causa sudista, es relativamente insólito y sitúa al autor que lo utilice en un campo ya casi al margen de la historiografía consolidada. No que la tentación se haya extinguido. Recientemente en Londres, con la exhibición de la película 12 años de esclavo, que se llevó varios premios BAFTA, los medios se han hecho eco de las tesis de algunos norteamericanos que siguen negando, erre que erre, que su guerra civil se dirimiera en último término para abolir la esclavitud.

Tal vez, con un poco de suerte, los historiadores españoles terminemos poniéndonos de acuerdo sobre ciertas conceptualizaciones por encima de equívocos nada inocentes, y condenemos al fuego eterno, es decir, a la ignominia historiográfica a aquellos que, como algunos autores del Diccionario biográfico de la RAH, todavía no se han enterado de que la guerra fue todo menos, enfáticamente, una “cruzada”.

En un post precedente me he referido al inefable Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH). Un expurgo sistemático de sus entradas más significativas referidas a los generales de la VICTORIA  (hemos de utilizar esta terminología para aprehender la sintonía que las mueve) daría para numerosos y sabrosos comentarios. En este quisiera evocar el curioso caso del general de Caballería ya fallecido Rafael Casas de la Vega, antiguo combatiente en las filas franquistas y autor de diversas obras de temática militar (la única aprovechable, en mi modesta opinión, es su historia de la guerra de Ifni-Sáhara, como no se cansó de señalar el malogrado Gabriel Cardona). Casas de la Vega es autor de una entrada muy significativa: la de Queipo de Llano.

A mi parecer no debió de costarle mucho trabajo redactarla, a pesar de ser relativamente larga. Se le dedican cinco páginas, algo que no ocurre con demasiada frecuencia. De estas cinco páginas algo más de cuatro se dedican a medio copiar el extracto de su hoja de servicios hasta el 18 de julio de 1936. Cualquier lector puede pedirla a los archivos militares, que cuentan con un personal sumamente eficiente, y podrá comprobar que lo que digo no está muy desenfocado. Sobre su papel en la guerra civil, que obviamente es por lo que resulta más conocido, su compañero de arma no pierde demasiado espacio: con algo menos de media página va que chuta.

Es una forma un poco grotesca (por no utilizar un calificativo algo más hiriente) de justificar lo que la entrada dice de su aportación: “contribuyó de manera decisiva al triunfo de las armas ´nacionales´” (obsérvese que nuestro autor pone entre comillas tal concepto –otros colegas suyo de diccionario no lo hacen). Determinadas así sus credenciales de autor no prejuzgado, a lo Payne, Casas de la Vega se deshace en elogios: “Sin él hubiera sido muy difícil, quizá imposible, que las fuerzas sublevadas (ojo al término) en África pasaran a la Península y, sin ellas, la marcha hacia Madrid y el mantenimiento de Andalucía en manos ´nacionales´ (otra vez) no se podría haber realizado”.

Si esto fue así, se comprende mal que a su timbre de “gloria” no le dedique más que un párrafo. En él, es verdad, nos enteramos de que Queipo se portó como un héroe. “Con valor” se impuso en Sevilla  y se enfrentó “a las masas sindicales armadas que se le resistieron en algunas zonas”. (Suponemos que masas armadas de los más modernos medios de combate callejeros, sin duda de procedencia comunista). Casas de la Vega destacó la importancia de su biografiad  “en la utilización de la radio para movilizaciones y arengas” y lo califica de “precursor” de lo que “harían radiofónicamente los Aliados y el Eje en sus campañas propagandísticas”. Nada menos. Las naciones más avanzadas de Europa aprendieron del general sublevado. Toda una novedad.

Observamos, no obstante, una característica de una gran parte de la historiografía neofranquista que aparece en nuestros días. De la salvaje represión y de las matanzas que organizó Queipo, ni mu. Del contenido de sus “arengas”, generalmente cavernario, mucho menos. De los dislates económicos y políticos que causó en la zona bajo su contral, nada. De su inducción al asesinato de Federico García Lorca (explorada exhaustivamente por Ian Gibson) o de la ejecución del general Miguel Campins, por mera venganza contra Franco, el lector no se enterará. Tampoco, por cierto, de sus disensiones con el inmarcesible Caudillo. Eso sí, Casas de la Vega no se olvida de que el 20 de julio de 1939 “fue nombrado presidente de la Misión Militar Especial que habría de cumplir determinadas misiones en Italia”. Eso suena a extracto de hoja de servicios: “Allí se trasladó el 17 de diciembre de 1939 (¡vaya prisa!). En 1940 seguía en la misma situación”. Por cierto, aprovechó la ocasión para no copiar bien: “En los años 1945 a 1950 continuó en la misma situación”. Es decir, ¿en Italia?.

Menos mal que el autor nos cuenta que le dieron la Medalla Militar individual, en 1940, y la Cruz Laureada de San Fernando, en 1944. Muy a tono con sus proezas carniceras. Sobre Queipo de Llano existe una abundante literatura, claro que no de esclarecidos autores militares como sin duda lo fue el general Casas de la Vega. Pero de ello el lector no se enterará absolutamente consultando al  Diccionario Biográfico Español.

Preguntas: ¿quién y cómo seleccionó a tal autor?, ¿quién y cómo controló su aportación?, ¿quién y cómo dio el nihil obstat a la publicación de tan “objetiva” e “informativa” entrada? Teniendo en cuenta que en el Diccionario de marras se invirtieron cuantiosos fondos públicos, creo que los sufridos contribuyentes españoles tienen derecho a plantear tales cuestiones a la tan alabada y encomiada RAH.

Este es solo un ejemplo de cómo historiadores franquistas miran el pasado. No se preocupen los lectores. Hay muchos más y, poco a poco, algunos de ellos aparecerán en estos posts. Sin acritud. Simplemente exponiendo datos o, mejor dicho, la ausencia de los que realmente son relevantes.

Hace poco fui a Las Palmas para asistir a la inauguración de la nueva sede de la Fundación Juan Negrin. Como ha revelado la prensa en ella se custodiarán desde ahora los papeles de quien fue presidente del Consejo de Ministros de la segunda República así como ministro de Hacienda y Economía y de Defensa Nacional. En algún otro momento escribiré sobre lo que,  en mi opinión, tal acto significa.

En este breve post quisiera informar a mis lectores que en Canarias hay gente que se han tomado muy en serio el desafío que lancé a los historiadores franquistas o parafranquistas acerca del “accidente” que costó la vida al general Amado Balmes el 16 de julio de 1936.

En la inauguración dos personas se acercaron a mi para preguntarme si no estaba pensando en un nombre determinado. Las dos habían acertado. Siempre he dicho que en mi libro sobre la conspiración de Franco había datos suficientes para identificarlo. Para mi fue un alivio. En el supuesto de que no llegue a redactar el artículo que desde hace tiempo tengo in mente la idea no se habrá perdido y, tarde o temprano, alguien escribirá algo del mismo tenor porque el margen de argumentación es, en verdad, reducido. Los papeles que me llevaron a dicho personaje están en el dominio público y es de esperar que otros aparezcan. O, por lo menos, que salga a la luz algún que otro testimonio.

Cuando daba clases en la Complutense desde Canarias me escribió un amable lector para decirme que él conocía a una persona que podría arrojar luz sobre el “accidente”. Inmediatamente pensé que podría ser algún descendiente del chófer del general que, evidentemente, presenció lo ocurrido y que se ha perdido en las brumas oscuras del pasado.

Me ofrecí a ir a Tenerife a hablar con él pero la persona en cuestión se echó atrás. Quizá se sintiera atemorizado. Una pena. Ahora bien, ello apunta a la posibilidad de que en las islas se encuentren más indicios. Cuando se recojan, el historiador o periodista canarios que lo consiga podrá salir al público y pregonar si me equivocado o no. El tema, en cualquier caso, no es baladí.

En mi opinión, el general Franco incurrió, como inductor, en un delito de asesinato, entendiendo por tal una muerte planeada cuidadosamente y que fue ejecutada con toda alevosía. Si a Al Capone se le metió en la cárcel no por los asesinatos y tropelías que ordenó, un solo asesinato bastaría para condenar a Franco ante cualquier tribunal que se atuviera a los procedimientos y a las penalidades previstas en el entonces vigente Código Penal. Sin remisión o justificación algunas. De ahí el valor simbólico del asesinato, planeado como el primer escalón que permitiría a Franco dar el salto a Marruecos para ponerse al frente del Ejército de África, dejando bien asegurada la retaguardia isleña. Al menos uno de los hagiógrafos más despreciables de Franco, historiográficamente hablando, se arrepentirá de haber sembrado falsas pistas, quizá para evitar que la atención se concentre en el nombre que él trató de ocultar.

Teóricamente el señor ministro puede elegir entre varios enfoques ideales (en el sentido weberiano) para responder a la pregunta parlamentaria.

El primero sería dar largas. Al fin y al cabo, el tema no parece importante en el plano operativo. No va a recibir protestas de Gobiernos extranjeros. Tampoco le sacarán los colores las embajadas. ¿Y qué representan unas cuantas docenas e incluso un par de centenares de historiadores muchos de los cuales, además, no votarán por ser extranjeros? ¿A quién le preocupa el tema en la opinión pública, una gran parte de la cual bastante tiene con intentar sobrevivir?

Otro enfoque sería más diplomático y en consonancia con el cargo: prometer ocuparse del mismo. Ya lo ha dicho y podría repetirlo varias veces más. La idea podría ser que la patata caliente la heredase su sucesor. Todo salvo ofrecer concreción en cuanto se refiere a los puntos que contiene la pregunta parlamentaria.

El tercer enfoque podría orientarse por la conveniencia de dar alguna respuesta constructiva. Ya está resuelto. Los papeles están en otros archivos y dependen de Cultura. Con ello querría escabullir el bulto en temas sensibles. Hay dos. Los plazos y criterios de consulta en los archivos receptores y lo que piense acerca de la consultabilidad de la documentación no trasladada porque esta seguirá acumulándose en los hoy muy aligerados archivos de su Ministerio.

Existen otros enfoques ideales y también es posible dotar de rasgos diferentes a los anteriores. La pericia de los funcionarios es considerable para evitar asumir responsabilidades. Va con el oficio y no dudo de su capacidad en este punto. De lo contrario no cumplirían los requisitos mínimos de exigencia profesional.

De aquí que me parezca necesario puntualizar varios extremos:

1. No rechazar específicamente los criterios establecidos en una resolución pirata y secreta del Consejo de Ministros de hace tres años y medio sería tan reprobable como fue adoptarla. En mi opinión, dicha resolución constituye un baldón imperdonable para el Gobierno de aquella época y para los altos funcionarios por quienes transitó antes de su adopción.
2. La vergüenza que “alguien” debió sentir en el Ministerio de Asuntos Exteriores pudo ser tan considerable que durante el resto de vida del Gobierno socialista aquella grotesca resolución al parecer no se aplicó. La situación se modificó con el nuevo Gobierno del que el señor García-Margallo forma parte y con los cambios en el personal directivo del Ministerio.
3. En puridad no es de extrañar. En el Palacio de Santa Cruz siempre ha habido funcionarios a los que nunca les gustó una apertura de archivos demasiado amplia. En 1983 un alto cargo repetía a manera de latiguillo: “Pero ¿qué quieres?, ¿que la gente se entere de lo que han hecho nuestros compañeros?”. La resolución debió de tranquilizarles. ¡Había llegado la hora de cerrar escotillas a curiosidades malsanas!
4. Sin embargo, los encargados de preparar la resolución de 2010 no parece que contaran con el asesoramiento de ningún experto. Su falta de profesionalidad es manifiesta. Ni tenían idea del pasado de su política exterior (lo cual es reprobable) ni tomaron en consideración los compromisos internacionales del Estado español en materia archivística. Lo cual es incluso anti-profesional. Los criterios que se utilizaron en la “resolución” pirata son de risa.

En consecuencia, hay que temer que el ministro García-Margallo podría no aprovechar la oportunidad para exponer, sencilla y claramente, su intención de reprobar de inmediato aquella resolución, que nunca fue publicada en el BOE ni siquiera en la web del Ministerio, y aclarar cuáles vayan a ser los criterios temporales y temáticos (ambos con la mayor precisión posible) aplicables en el futuro para obstaculizar el acceso a la documentación, la trasladada y la no trasladada.

Es verosímil que, en estos momentos, en alguna de las embajadas en Madrid las curiosas contorsiones del señor ministro generen sonrisas (aparte de las que se produzcan por otros motivos). ¡Estos españoles…! Al fin y al cabo, ni alemanes, belgas, daneses, franceses, holandeses, ingleses, italianos, norteamericanos o rusos, entre otros, han albergado jamás, que yo sepa, la pretensión de poner el sello del secreto a la mayor parte de sus archivos de política exterior. Al contrario, incluso los abren y publican, en colecciones debidamente editadas y anotadas, los documentos más importantes. Claro que, a diferencia del MAEC, cuentan con equipos bien nutridos de archiveros e historiadores que se encargan de aplicar previamente los criterios de consultabilidad definidos por ley.  En nuestro país hay todavía gente que piensa que sigue siendo “la reserva espiritual de Occidente” y eso debe evitarnos caer en tan peligrosas debilidades extranjerizantes.

Una advertencia. Los enfoques ideales tienen la desventaja de que, como el modelo puro de régimen autoritario del desgraciadamente desaparecido profesor Linz, no representan la realidad concreta. Por eso la futura respuesta del señor ministro no es anticipable. Los representantes de la soberanía popular sí podrían exigirle que, al menos, dejase en claro taxativamente cuándo, según Exteriores, los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración abrirán la documentación sin necesidad de invertir tiempo y recursos, siempre escasos, en recatalogarla. En los archivos dependientes de Cultura esta ausencia de recatalogación ya ha acaecido en casos previos. No hay que reinventar la rueda. Y como se trata de una pregunta dirigida al Gobierno el señor García-Margallo podría concertarse al efecto con su colega y amigo, el señor Wert. La comunidad científica, española y extranjera, les quedaría sumamente agradecida.

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es o a juancp@ghis.ucm.es. Juan Carlos Pereira es el director del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM y uno de los paladines de la protesta).

En casi todos los archivos serios una de las preocupaciones dominantes estriba siempre en minimizar las molestias a los usuarios y en reducir en todo lo posible el plazo de  inconsultabilidad de la documentación custodiada. Es inverosímil que los archiveros de Exteriores, que en los casi cuarenta años en que les he tratado han dado siempre muestras de una cordialidad y abnegación máximas, no hayan hecho ver a la Superioridad la conveniencia de reabrir la documentación en los archivos de destino tan pronto como sea factible. Sin embargo, a tenor de la pregunta del diputado Llamazares, todo hace pensar que tanto en el Histórico Nacional como en el General de la Administración la consultabilidad va para largo.

¿Han recibido estos archivos nuevas dotaciones de personal para recatalogar los documentos? ¿Qué instrucciones les han llegado desde el Ministerio de origen? ¿Cuáles son los plazos de acceso que se les hayan impuesto? ¿Con qué criterios deben manejar la documentación unos esforzados funcionarios de Cultura que obviamente no conocen los vericuetos del pasado de la política exterior, una política de Estado altamente especializada? ¿Cuáles son la previsiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que se refiere al tiempo que deba transcurrir hasta la reapertura?

En este sentido por lo que he oído sobre la recatalogación de los fondos de la Fundación Juan Negrín (unas 150.000 imágenes y un número menor de documentos) el plazo mínimo, con una dotación de dos a cuatro personas, es de en torno a un año. Imagine el lector lo que puede ocurrir con un millón de documentos.

¿Qué se ha hecho en el ínterin en los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración desde su recepción de la documentación hace ya más de un año? ¿Podría, por ventura, permanecer cerrada durante 8 o 10 años más?  ¿O quizá no deba recatalogarse en dichos archivos? En ese caso, ¿cómo organizarán la consulta?

Preguntas, preguntas… Más preguntas. Pocas respuestas.

Ahora bien, el ministro García-Margallo ha sido diputado en el Parlamento Europeo durante muchos años. Ha formado parte de varias comisiones como miembro muy destacado y es altamente verosímil que haya dirigido preguntas y solicitado esclarecimientos a la Comisión Europea, interlocutora del Parlamento ya que el Consejo no lo es en este ámbito.

No he tenido el placer de trabajar en las materias que ocuparon la atención del entonces diputado García-Margallo. Lo hice en otras que, ¡vaya por Dios!, caían exactamente dentro de las competencias del hoy ministro. Tuve que preparar respuestas a innumerables preguntas parlamentarias (a veces muy delicadas), colaborar en su redacción, visar las pergeñadas por los funcionarios a mis órdenes, defender los proyectos dentro de la Comisión antes de su remisión al Parlamento, abogar por la mayor claridad posible frente a los diputados y comparecer ante la Cámara. El diputado García-Margallo quizá percibiese que la Comisión dice (casi) siempre la verdad aunque, con frecuencia, no toda. Por razones operativas y sobre temas sensibles no conviene desvelar ciertas posturas urbi et orbe. Sin duda, él hace lo mismo ante el Congreso de los Diputados.

Pero en cuanto al traslado de archivos no se negocia nada. Tampoco hay muchos grandes secretos de Estado por proteger de cara a un ya lejano pasado. Lo que se le pide es muy simple: que el señor ministro exponga ante el Congreso los planes que sin duda habrá preparado para que la documentación transferida al AHN y al AGA pueda consultarse de nuevo lo antes posible y cuáles sean los sectores o temas que deban ser objeto de autorización previa, si es que existen. Hay que tener en cuenta que los fondos documentales trasladados se detienen, a lo que parece, en 1980, es decir, que cuentan ya con 34 años de antigüedad.

Esto significa que aun cuando se abran en su totalidad, el traslado ya ha situado a España entre los países menos liberales de Europa Occidental. Un récord. No es algo de lo que muchos profesionales puedan sentirse demasiado orgullosos. O ¿es que el ministro y sus asesores creen que, por ejemplo, los británicos son estúpidos y que tienen intereses internacionales para ellos menos importantes que los de España hace cincuenta o sesenta o setenta años son hoy para los españoles? Porque en Londres está ya abriéndose la veda de los años 1980 y es de pensar que tarde o temprano saldrán a la luz cuestiones que incidan sobre la hoy inaccesible política exterior de España en aquella época.

Forma parte de la política el intento de disfrazar la realidad. No es menos cierto que a un diplomático se le paga por  hacerlo con el fin de defender los intereses permanentes de su país. Ahora bien, estos últimos se confunden frecuentemente con los del Gobierno en cuestión. Es preciso trazar una línea precisa para evitar que ello tenga consecuencias nocivas sobre los archivos. Se puede ser historiador positivista o post-positivista, querer reconstruir o deconstruir, pero el interés del utilizador de material de archivos suele estribar en poder decir algo sobre el pasado que tenga respaldo en evidencia fiable. Muchos políticos, aunque no tanto en nuestro país, tratan de acercar lo deseable a lo posible. Como ministro del ramo, el señor García-Margallo tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar cómo se mueve en este resbaladizo terreno. Podría aprovechar la ocasión, por ejemplo, para dejar en claro si cree que la historia de la política exterior española es algo por lo que conviene trabajar. O si, por el contrario, entiende que debería guardarse bajo las clásicas siete llaves y varias cadenas con no menos candados. Para un historiador, no caben en este punto subterfugios. Siempre se inclinará por la primera opción.

Continuará.

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es)

La decisión del ministro García-Margallo de trasladar al Archivo Histórico Nacional y al General de la Administración la documentación de su Ministerio dejará una mancha imborrable sobre su gestión. Los historiadores de las generaciones presentes y quizá de la futura se ocuparán de que no desaparezca fácilmente. Su golpe de audacia no tiene precedentes en la historia contemporánea de España. Rompe nítidamente una línea consolidada desde el fallecimiento del general Francisco Franco. Carece, que yo sepa, de paralelos en ningún país de Europa occidental en la forma imprevista y arbitraria en que se ha efectuado. La justificación de estas afirmaciones es la siguiente:

1. Desde hace más de un siglo los archivos del Ministerio de Estado (luego de Asuntos Exteriores) han ocupado un lugar preferente en la atención de centenares de historiadores, españoles y extranjeros. Son tales historiadores quienes se han ocupado de trazar, con desigual fortuna, los avatares de la política exterior española y los altos y bajos de la relación política, económica, diplomática y cultural de España con el resto del mundo. Tras el cierre que impuso la dictadura franquista empezaron a reabrirse en 1976 gracias al esfuerzo del ministro Marcelino Oreja y del subsecretario, embajador José Joaquín Puig de la Bellacasa, quienes liberalizaron el acceso a la documentación  hasta finales de la segunda guerra mundial. Un proceder que les honra.
2. Los ministros Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez fueron más allá y abrieron, con excepciones temáticas perfectamente definidas y dictadas por motivos de seguridad nacional, el acceso a la documentación tras plazos de inconsultabilidad relativamente cortos: 25 años. En su momento, algunos funcionarios criticaron, de puertas adentro, esta generosidad. Hoy observamos que un Estado como el británico, que se enorgullece a justo título de su historia, ya ha introducido ese mismo plazo para una gran cantidad de documentos. Los de relaciones exteriores se sitúan, según los casos,  en torno a los treinta (o cincuenta o setenta y cinco) años. En Estados Unidos, quizá el país más abierto, es posible acceder gracias a una ley de libertad de Información a documentación incluso sensible tras plazos bastante reducidos. Siempre con excepciones, definidas por ley.
3. Gracias a esa liberalidad en el acceso que acordaron Morán y Fernández Ordóñez los historiadores hemos podido cruzar documentación española y extranjera para identificar cómo fue desarrollándose la política exterior española al igual que las percepciones foráneas sobre ella y/o abordar la situación interior durante los oscuros años de la guerra civil y de la dictadura tal y como la veían los representantes extranjeros.
4. El acceso es igualmente posible para todos esos años en los archivos franceses y alemanes, donde ya empiezan a abrirse los documentos correspondientes a la transición. Recientemente la prensa ha informado de la consultabilidad de las actas de las reuniones de los Consejos de Ministros británicos de 1984. Naturalmente, para los interesados en nuestra política exterior española las percepciones y decisiones extranjeras son importantes pero no obvian la conveniencia de conocer las perspectivas españolas. En cualquier caso, la apertura de los archivos foráneos crea un círculo virtuoso.
5. Romper la posibilidad de entrecruzar documentación extranjera y española es el resultado objetivo de la decisión del señor García-Margallo, quizá en la ingenua creencia de que así se impiden  que salgan a la luz los esqueletos (es decir, las bobadas y tonterías –y a veces algo más- de Franco, ministros y altos funcionarios durante la dictadura).  Al menos durante algún tiempo. Así que, nada perezoso, dispuso que los archivos históricos, al parecer hasta 1980, saliesen fuera del Ministerio.
6. Esto no es solo una labor logística, como ocurre con el traslado de los enseres de los miembros del servicio exterior cuando se trasladan a destinos fuera de España. Tiene implicaciones muy serias. Sorprende que los asesores del señor ministro (salvo que no sean de la Casa) hayan hecho caso omiso de lo que ello significa. Ciertamente no podría pedírseles que tuviesen experiencia o conocimientos sobre cómo se preparó la emigración de los archivos diplomáticos del Quai d´Orsay al nuevo centro de documentación en La Courneuve en los alrededores de París. O cómo funciona el sistema de consulta de los documentos diplomáticos rusos en Moscú, custodiados en un depósito fuera de la capital. O la forma en que en los Archivos Nacionales británicos se trata la documentación del Foreign Office. Con todo, al señor ministro no pueden haberle faltado oportunidades de enterarse. Un par de instrucciones en demanda de información, de esas que tan bien sabe preparar la Secretaría General Técnica, le hubieran ahorrado las maldiciones que, me temo, recaerán sobre su nombre en el futuro.

Continuará.

Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta sobre apertura a historiadores e investigadores de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores,  dirigida al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.

Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores permanecen inaccesibles desde hace casi año y medio, aunque los problemas empezaron antes. Las primeras denuncias datan de otoño del 2011, cuando los archiveros del ministerio negaron verbalmente información histórica a los investigadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena. Ambos recabaron una explicación de la negativa por escrito. La respuesta llegó medio año después. El «no» se debía a un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como «secretas» de catorce materias de las relaciones de España con el exterior.

La disposición, que no se publicó en el BOE, venía a vetar o dificultar gravemente el acceso a la información sobre prácticamente todas las actividades de la diplomacia española a lo largo de su rica historia. Lo hacía al otorgar la clasificación de secreto «con carácter genérico» a cualquier documento, informe o dato cuya revelación pudiera poner en riesgo no sólo «la seguridad y defensa de España» -como ya establecía la legislación al respecto- sino también cualesquiera «intereses políticos, sociales, económicos y comerciales», sin más concreción. Como en ese cajón de sastre de «intereses» cabía casi todo, los directores generales en quienes recaía la responsabilidad de dar o no acceso a cada información, solían curarse en salud -según los historiadores consultados- denegando las peticiones. El acuerdo sobre extensión del secreto lo había propuesto el ministro Miguel Ángel Moratinos tres meses después de las primeras filtraciones de Wikileaks (sobre la guerra de Afganistán), y cuando aún resonaban los ecos del escándalo por la autorización gubernamental de las escalas de los vuelos de la CIA para conducir presos a Guantánamo. De hecho, uno de los asuntos que se clasificaban era el relativo a pactos relacionados con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves». Otras materias declaradas secretas eran, y son -puesto que la resolución sigue vigente-, las referidas a las «posiciones básicas» y actuaciones de España -en todo tiempo y situación-, ya sea en negociaciones normales o en conflictos internacionales; ante el terrorismo y el crimen organizado, o respecto al asilo y otros derechos.

El malestar de los investigadores trascendió a los medios de comunicación a mediados de 2012. Entonces el ministro García-Margallo anunció una rectificación del secretazo mediante una nueva resolución acorde con el proyecto de ley de transparencia. Pero lo que llegó en septiembre de aquel año fue la clausura total de los fondos históricos de Exteriores y su transferencia, por razones operativas, a dos entidades de Cultura: el Archivo Histórico Nacional (documentos hasta 1931) y el Archivo General de la Administración (de 1932 a 1980). Hoy es el día en que ambas instituciones siguen denegando sistemáticamente el acceso a los papeles con el argumento de que aún falta identificar la documentación y recibir instrucciones sobre el «régimen de consulta». Todo ello sin plazos de solución.

Cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países dirigieron hace meses al Gobierno y al Parlamento una dura protesta contra el «cierre indefinido e injustificable» del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de «la práctica totalidad» de los fondos. Tales decisiones «degradan la calidad de la democracia española» al impedir el ejercicio del derecho a la información histórica, dijeron. Los promotores de esta acción conjunta, entre ellos el catedrático de la Complutense de Madrid Juan Carlos Pereira y el profesor de la misma facultad Carlos Sanz, renuevan ahora sus críticas por lo que consideran un «desprecio a nuestra historia con un coste incalculable» para profesionales y ciudadanos. Cientos de investigaciones, tesis y libros ya contratados están parados por culpa de la clausura de fondos, denuncia asimismo el historiador y catedrático emérito Ángel Viñas. A su juicio, el traslado del archivo es un «episodio lamentable» del que «surge la sospecha de que se intenta entorpecer la labor de los especialistas en la idea, quizá, de que esos archivos contienen demasiados cadáveres en sus armarios».

El ministro Margallo aseguró en agosto de 2013 que el Gobierno ya tenía a punto el proyecto de nuevo acuerdo que debe sustituir al de Moratinos de 2010. La resolución permitiría «un acceso más fácil y libre a la documentación, con algunas exclusiones», aseguró. Y precisó que su aprobación sería más oportuna tras la entrada en vigor de la ley de Transparencia, aprobada en noviembre. Los historiadores siguen esperando el nuevo acuerdo anunciado por Margallo y la reapertura de los fondos en su nuevo destino.

Es desconcertante que los profesionales de la historia tengan que ir a archivos de otros países para investigar en la historia española. Y sonrojante, además, que el secretismo no vaya acompañado con semejante celo a la hora de custodiar los documentos, Un catedrático denunció que el Gobierno español no encontró en sus archivos los documentos que acreditaban la propiedad española del islote de Perejil y tuvo que solicitarlo a los franceses, que debieron de contener la risa. No sólo por un deber de transparencia, sino también de facilitar su labor para construir una historia veraz, el ministerio debería escuchar a los historiadores.

El hecho es que, tras la imposición del secreto, el archivo lleva 15 meses cerrado por traslado. Y cientos de tesis e investigaciones están paradas.

A día de hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación continúa manteniendo el secretismo sobre toda su documentación histórica, sin que se conozca un solo paso positivo para revertir esta medida absurda y escandalosa. Ello, a pesar de que el ministro García-Margallo prometió levantar el “secretazo”, primero en junio de 2012, y después en agosto pasado. Por otra parte, el ministerio de Cultura sigue vetando totalmente el acceso a unos papeles de los que ahora es también responsable, puesto que están depositados en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, dependientes de la D.G. de Archivos. Ni el ministerio ha dedicado recursos específicos al tratamiento de estos fondos, ni los archivos implicados están dando ninguna indicación a los investigadores sobre cuándo se podrían consultar.

Ignoramos si el Sr. García-Margallo habrá tenido tiempo de explicar su obstruccionismo contra la investigación histórica al Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con quien se ha reunido a finales de enero de 2014 y quien ha reclamado al Gobierno español una política de Estado a favor del esclarecimiento del pasado. Concretamente, el relator de la ONU señala en su informe provisional que “en la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad.” Y añade que, “en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos.”

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1)      ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el cumplimiento del compromiso señalado en 2012 por el ministro de Asuntos Exteriores, de rectificar el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como «secretas» de catorce materias de las relaciones de España con el exterior, abriendo sus archivos a historiadores e investigadores?

2)      ¿Cómo explica el Gobierno que, tras la imposición del secreto, el archivo de Asuntos Exteriores lleva 15 meses cerrado por traslado y, en consecuencia, cientos de tesis e investigaciones estén paradas en nuestras Universidades y otras extranjeras?

3)      ¿Por qué razones el Gobierno sigue incumpliendo el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que regula el sistema español de Archivos de la Administración General del Estado y no se motivan las resoluciones denegatorias de acceso a los archivos en aplicación del mencionado Acuerdo de 15 de octubre de 2010?

4)      ¿Para qué fecha estarán disponibles los documentos trasladados por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración?

5)      ¿Qué respuesta ha dado o piensa dar el Gobierno al escrito de protesta que cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países le dirigieron hace meses en protesta contra el «cierre indefinido e injustificable» del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de «la práctica totalidad» de los fondos?

6)      ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para cumplir las recomendaciones del Relato Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, para que archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejen de ser clasificados como confidenciales y se establezcan criterios claros para la desclasificación de los mismos?

Hace unos años publiqué en La conspiración del general Franco un análisis en el que demostré que las versiones habituales de que Franco se decidió a participar en la sublevación del 18 de julio después de la muerte violenta de Calvo Sotelo no son correctas. En mi opinión se decidió un mes antes y su viaje a Marruecos, vía Las Palmas, tuvo que ver con la posibilidad de coronar con éxito, como así ocurrió, su primera operación subversiva: el asesinato por uno de sus hombres de confianza del general Amado Balmes, jefe de la guarnición de Gran Canaria.

La Fundación Nacional Francisco Franco se rió de mi. En las redes algún que otro franquista recalcitrante me puso como chupa de dómine. Gajes del oficio. En aquel libro cité, de pasada, el nombre de quién consideré posible ejecutor. No lo identifiqué como tal pero supongo que no despisté a ningún historiador militar. Un amigo mío gran conocedor de la represión, Francisco Espinosa, acertó con el nombre en cinco minutos. No planteé un problema insoluble. Ríe mejor quien ríe el último.

En este post voy a dar alguna pista adicional. Ya saben mis lectores que lo que hay detrás de los hechos se averigua, a veces, con lo que se encuentra en los archivos. Pues bien, otro amigo mío, rastreando por uno de ellos, poco visitado, ha tenido la amabilidad de enviarme un documento que confirma mis sospechas.

La persona en cuestión fue objeto de un trato favorable por parte de Franco hasta límites inauditos que nunca se explicaron pero que siempre sorprendieron a sus compañeros de armas. Esta sorpresa, además, tuvo consecuencias. No las relaciono con los informes que el SIPM circuló sobre él y que no fueron precisamente muy positivos. El hecho es que hubo de abandonar el Ejército. La mano protectora de Franco volvió a extenderse sobre él y  no tardó en encontrar acomodo en otro sector de la inmensa burocracia de nuevo cuño que creó la dictadura. Su puesto no tuvo nada que ver con aspectos militares. Un hombre para todo.

Ahora bien, lo que se desprende del nuevo documento es que tampoco brilló demasiado en él. Los arrostrados historiadores parafranquistas que bucean en los papeles de Franco a lo mejor lo encuentran. No está clasificado ni se consideró tampoco secreto. Fue, simplemente, una nota –sin firma- elevada al Caudillo, Generalísimo, Jefe del Estado, presidente del Gobierno y Jefe Nacional de FET y de las JONS. No la tiró a la papelera.

El informante señaló que la gestión de aquel caballero era ineficaz. Nadie le hacía caso en los Ministerios con los que debía relacionarse. Su cargo era inoperante. Aspiraba a otro que mencionó, pero que me callo. Hablaba mal de uno de los generales (no demasiado amigo de Franco) que, según él, le había perseguido con saña. Lo atribuyó  a motivos que no aparecen en el expediente del caso. Me atrevo a señalar que esto no es de por sí sospechoso. ¡Cuántos documentos ocultan motivos espurios!. Lo que sí es sospechoso que el mencionado caballero se atribuyera conocimientos de economía y que por eso deseaba ocupar algún cargo que le permitiera contar en el futuro con los haberes pasivos de general. Todavía no había cumplido sesenta años y no disponía de otros recursos que su modesto retiro por lo que vivía con grandes privaciones. Era “Vieja Guardia” y su lealtad al Caudillo le haría llegar hasta los mayores sacrificios.

Este es el texto de la nota, expuesto de forma indirecta. La última frase podría, en puridad, haber rezado que dicha lealtad “ya se la había hecho llegar”. A lo mejor incluso lo decía así. Es impensable que Franco no se acordara de él. Habían transcurrido poco más de veinte años desde la eliminación de Balmes y esta es una de esas cosas que difícilmente se olvidan. El caballero en cuestión, según las informaciones publicadas en el diario ABC, había ido a ver a Franco al Pardo en varias ocasiones por aquellas fechas. No sabemos, claro, si Franco recordaría los informes del SIPM. En cualquier caso para nuestra argumentación la nota que nos sirve de apoyo para este post es suficientemente explicativa.

Los lectores se preguntarán. ¿Y qué hizo Franco? Pues lo normal. Le concedió otro puesto mucho más importante que el que tenía y parecido al que deseaba. Eso sí, para su desempeño no se necesitaban conocimientos de economía. Bastaba una fidelidad a toda prueba. Ya cuando estaba en ese puesto el hijo de una persona que le conoció me ha contado que  solía explicar que Franco le estaba agradecido porque había contribuído a evitar que algunos malvados secuestraran a Doña Carmen Polo. Así explicaba la protección de que disfrutaba. Franco le reiteró años después, no muchos, su confianza y le concedió un puesto similar en otro lugar.

Lo que dicho caballero hizo el 16 de julio (dejar fuera de combate al general Balmes siguiendo instrucciones de Franco) representa dos cosas: la fecha en la que el comandante general de Canarias cruzó el Rubicón (tres días después de la muerte violenta de Calvo Sotelo pero la eliminación de Balmes obviamente la había planeado antes) y la culminación de una operación encubierta en la que ningún historiador franquista ha querido meter la nariz. La sublevación militar empezó, pues, el 16 de julio y la inició Franco. Un mérito sin duda el de adelantarse a Mola y a los conspiradores del Ejército de Marruecos pero que caía dentro de la categoría de asesinato, mondo y lirondo, en los términos del Código Penal entonces vigente.

Espero que los historiadores franquistas, con estos pequeños datos adicionales, no tengan dificultad en identificar el nombre de aquel caballero y que salgan briosos a la palestra a defender el dudoso honor de Franco.

La investigación y el descubrimiento de nuevas fuentes son tarea que no termina nunca. Hace unos meses planteé un desafío, en El País, a los historiadores españoles y extranjeros para que desmintieran, si podían, una tesis novedosa.

Los monárquicos alfonsinos, ligados a Renovación Española y al “proto-mártir” Don José Calvo Sotelo, fueron quienes más y mejor se las apañaron, merced a las cuantiosas ayudas económicas de Juan March, para pertrechar a quienes iban a sublevarse el 18 de Julio con material de guerra moderno de origen italiano. Esto cambia la interpretación sobre los orígenes inmediatos de la guerra civil. Es un golpe rudo a las interpretaciones franquistas y parafranquistas. Pero siempre es posible mejorar.

Como colofón del artículo con el que comencé este blog hoy me complazco en anunciar el descubrimiento de uno de mis alumnos, David Jorge, en una tesis doctoral, ya terminada, y que dentro de pocos meses se leerá en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.

David tenía como tema de investigación la guerra civil y la Sociedad de Naciones. Uno de los huecos en la historiografía apenas colmado por algunos tratamientos de paso de varios historiadores. Esto no es una crítica. Escribían sobre temas más amplios y su recurso a las fuentes fue limitado.

David ha conjugado fuentes primarias republicanas, franquistas y de la propia Sociedad de Naciones (amén de otras muchas). Los más ricos son estos últimos fondos, conservados en el archivo de Naciones Unidas en Ginebra. La tesis derrumba varios mitos, impugna ciertas interpretaciones (también de quien esto escribe, ¡faltaría más!) y amplía los límites del conocimiento científico. En una palabra, cumple su función genuina.

Al leer el borrador me sorprendió una afirmación. Antes del 18 de julio aviones de combate italianos habían despegado de aeródromos del norte de Italia en dirección a otros del sur para saltar de aquí hacia España.

Me quedé helado. Esto significaría, ni más ni menos, que Mussolini apenas si habría tardado tiempo en dar órdenes para que se ejecutara el primero de los contratos suscritos con  Pedro Sainz Rodríguez el 1º de julio en Roma.  En realidad, no es para sorprenderse. Preveía el suministro de doce aviones de bombardeo Savoia Marchetti 81 antes de finales del mismo mes de julio.

David me explicó porqué había hecho tal afirmación. En los fondos de la Sociedad de Naciones había encontrado una comunicación del Gobierno republicano que transmitió aquella noticia oficialmente al Secretariado.  “The Manchester Guardian” del 16 de marzo de 1937 también la había mencionado.  Es posible que procediera de los miles de noticias que corrieron por España y por el mundo tras el desastre italiano en Guadalajara.

Por supuesto, el Secretariado de la Sociedad no hizo el menor caso al Gobierno español. La información no se aireó lo suficiente y pasó al olvido, a pesar de que Luigi Longo (comisario de las Brigadas Internacionales) y un autor poco conocido como Nicolas Dzépély la mencionaran. Probablemente se consideró propaganda y ya se sabe que en la guerra la primera víctima es la verdad.

Solo que en esta ocasión probablemente no fue tal el caso. Conociendo la existencia, hasta ahora ocultada contra viento y marea, de los contratos del 1º de julio, ¿por qué no actuaría Mussolini de forma absolutamente congruente con sus compromisos con los monárquicos españoles?

Es obvio que los aviones contratados no podrían ir a España de un tirón desde el campo de vuelo de la Società Idrovolanti Alta Italia. Sí podían situarse lo más cerca de ella y Cerdeña o Sicilia eran buenos lugares de partida. Todo esto significa que debió de haber comunicaciones entre quienes iban a sublevarse y los italianos de los que, hasta ahora, no se han encontrado rastros. Quizá pasaran por Goded, comandante militar de las Baleares. Las islas eran un objetivo para los italianos y para el financiador de la operación, Juan March. No en vano se habían contratado varios hidroaviones que difícilmente operarían sobre los vastos campos de Castilla la Vieja.

La presunción de que Mussolini no perdió el tiempo sirve para robustecer el carácter imperialista de los motivos que le incitaron a meter la nariz en los asuntos de España. Se adelantó por lo menos casi un mes a Hitler y todo ello antes de que explotara la conspiración que venía preparándose desde las elecciones de febrero.

Y, a partir de aquí, el análisis debe hacerse más incisivo. ¿Quiénes internacionalizaron la sublevación? No los republicanos, no los socialistas, no los anarquistas, no los comunistas. Tampoco los mitificados falangistas de José Antonio Primo de Rivera. Lo hicieron quienes no dudaban en desatar, si era necesario, toda una guerra. ¿Y quiénes fueron? Calvo Sotelo y sus monárquicos, civiles y militares. Contra los historiadores  y propagandistas de medio pelo que siguen, erre que erre, oscureciendo el pasado hay que reescribir la historia.