En casi todos los archivos serios una de las preocupaciones dominantes estriba siempre en minimizar las molestias a los usuarios y en reducir en todo lo posible el plazo de  inconsultabilidad de la documentación custodiada. Es inverosímil que los archiveros de Exteriores, que en los casi cuarenta años en que les he tratado han dado siempre muestras de una cordialidad y abnegación máximas, no hayan hecho ver a la Superioridad la conveniencia de reabrir la documentación en los archivos de destino tan pronto como sea factible. Sin embargo, a tenor de la pregunta del diputado Llamazares, todo hace pensar que tanto en el Histórico Nacional como en el General de la Administración la consultabilidad va para largo.

¿Han recibido estos archivos nuevas dotaciones de personal para recatalogar los documentos? ¿Qué instrucciones les han llegado desde el Ministerio de origen? ¿Cuáles son los plazos de acceso que se les hayan impuesto? ¿Con qué criterios deben manejar la documentación unos esforzados funcionarios de Cultura que obviamente no conocen los vericuetos del pasado de la política exterior, una política de Estado altamente especializada? ¿Cuáles son la previsiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que se refiere al tiempo que deba transcurrir hasta la reapertura?

En este sentido por lo que he oído sobre la recatalogación de los fondos de la Fundación Juan Negrín (unas 150.000 imágenes y un número menor de documentos) el plazo mínimo, con una dotación de dos a cuatro personas, es de en torno a un año. Imagine el lector lo que puede ocurrir con un millón de documentos.

¿Qué se ha hecho en el ínterin en los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración desde su recepción de la documentación hace ya más de un año? ¿Podría, por ventura, permanecer cerrada durante 8 o 10 años más?  ¿O quizá no deba recatalogarse en dichos archivos? En ese caso, ¿cómo organizarán la consulta?

Preguntas, preguntas… Más preguntas. Pocas respuestas.

Ahora bien, el ministro García-Margallo ha sido diputado en el Parlamento Europeo durante muchos años. Ha formado parte de varias comisiones como miembro muy destacado y es altamente verosímil que haya dirigido preguntas y solicitado esclarecimientos a la Comisión Europea, interlocutora del Parlamento ya que el Consejo no lo es en este ámbito.

No he tenido el placer de trabajar en las materias que ocuparon la atención del entonces diputado García-Margallo. Lo hice en otras que, ¡vaya por Dios!, caían exactamente dentro de las competencias del hoy ministro. Tuve que preparar respuestas a innumerables preguntas parlamentarias (a veces muy delicadas), colaborar en su redacción, visar las pergeñadas por los funcionarios a mis órdenes, defender los proyectos dentro de la Comisión antes de su remisión al Parlamento, abogar por la mayor claridad posible frente a los diputados y comparecer ante la Cámara. El diputado García-Margallo quizá percibiese que la Comisión dice (casi) siempre la verdad aunque, con frecuencia, no toda. Por razones operativas y sobre temas sensibles no conviene desvelar ciertas posturas urbi et orbe. Sin duda, él hace lo mismo ante el Congreso de los Diputados.

Pero en cuanto al traslado de archivos no se negocia nada. Tampoco hay muchos grandes secretos de Estado por proteger de cara a un ya lejano pasado. Lo que se le pide es muy simple: que el señor ministro exponga ante el Congreso los planes que sin duda habrá preparado para que la documentación transferida al AHN y al AGA pueda consultarse de nuevo lo antes posible y cuáles sean los sectores o temas que deban ser objeto de autorización previa, si es que existen. Hay que tener en cuenta que los fondos documentales trasladados se detienen, a lo que parece, en 1980, es decir, que cuentan ya con 34 años de antigüedad.

Esto significa que aun cuando se abran en su totalidad, el traslado ya ha situado a España entre los países menos liberales de Europa Occidental. Un récord. No es algo de lo que muchos profesionales puedan sentirse demasiado orgullosos. O ¿es que el ministro y sus asesores creen que, por ejemplo, los británicos son estúpidos y que tienen intereses internacionales para ellos menos importantes que los de España hace cincuenta o sesenta o setenta años son hoy para los españoles? Porque en Londres está ya abriéndose la veda de los años 1980 y es de pensar que tarde o temprano saldrán a la luz cuestiones que incidan sobre la hoy inaccesible política exterior de España en aquella época.

Forma parte de la política el intento de disfrazar la realidad. No es menos cierto que a un diplomático se le paga por  hacerlo con el fin de defender los intereses permanentes de su país. Ahora bien, estos últimos se confunden frecuentemente con los del Gobierno en cuestión. Es preciso trazar una línea precisa para evitar que ello tenga consecuencias nocivas sobre los archivos. Se puede ser historiador positivista o post-positivista, querer reconstruir o deconstruir, pero el interés del utilizador de material de archivos suele estribar en poder decir algo sobre el pasado que tenga respaldo en evidencia fiable. Muchos políticos, aunque no tanto en nuestro país, tratan de acercar lo deseable a lo posible. Como ministro del ramo, el señor García-Margallo tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar cómo se mueve en este resbaladizo terreno. Podría aprovechar la ocasión, por ejemplo, para dejar en claro si cree que la historia de la política exterior española es algo por lo que conviene trabajar. O si, por el contrario, entiende que debería guardarse bajo las clásicas siete llaves y varias cadenas con no menos candados. Para un historiador, no caben en este punto subterfugios. Siempre se inclinará por la primera opción.

Continuará.

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es)