Ángel Viñas

No quisiera que se malinterpretasen las afirmaciones con las que cerré el post anterior. En los regímenes dictatoriales europeos ha sido muy frecuente que al iniciarse los correspondientes procesos de transición hacia otras formas de organización política y social se eliminaran documentos “molestos” generados en las épocas anteriores. Estoy algo familiarizado con varios casos, en parte por haber indagado en los archivos correspondientes o por conocer algo de la literatura al respecto. Cada caso tiene sus peculiaridades. No todos los que ordenaron la destrucción de los papeles de los años del franquismo tenían proclividades nazis (a partir de los primeros años cincuenta hay que buscar con lupa para encontrar a quienes las hubieran profesado, aunque no faltaron -véase el ejemplo del famoso CEDADE). Pero sí siguieron una tónica relativamente similar: lo que puede incomodar del pasado, mejor es que no aparezca.

Corresponde a Luis Castro Berrojo haber logrado, en una acertada síntesis, resumir las líneas esenciales de lo que conocemos acerca de la política (sí, política) de destrucción de documentación de la época franquista. Creo que la exposición de dicho autor permite dístinguir tres períodos. El primero lo denominaré “de dejadez relativa” y se extiende desde finales de la guerra civil hasta principios de los años sesenta. Estuvo presidido por la escasez: es decir, la falta de papel -una de las muchas carencias de la desaforada autarquía que impuso el régimen. Esta escasez llevó a la reutilización de masas inmensas de documentos para ser transformados en pasta. Afectó a la documentación propia y también a la de antes y de la guerra civil, salvo la que pudiera utilizarse con fines procesales y punitivos.

El segundo período podríamos situarlo en los años sesenta, cuando empezó a plantearse la cuestión del después de Franco, ¿qué?. Es un período oscuro en el que en algunos de los archivos en que he trabajado figuran listas muy someras de categorías de documentos destinados a su destrucción. Las motivaciones podían no ser exclusivamente las relacionadas con la conveniencia de hacer desaparecer fondos comprometedores. Hay otras que también están documentadas o que se han conocido por transmisión oral: la muy prosaica, por ejemplo, de hacer espacio.

Esto, que puede parecer una bobada, no lo fue en ciertos casos. Mencionaré uno de mi propia experiencia. A mitad de los años setenta empecé a trabajar, como ya he indicado,  en la reconstrucción de la política económica exterior del franquismo (incluída guerra civil). El Ministerio de Comercio y el Instituto Español de Moneda Extranjera (que dependía del primero y que era, por así decir, la autoridad monetaria exterior) tenían en la madrileña calle de Bravo Murillo un almacén en el que se habían depositado, sin orden ni concierto, documentos relacionados con la actividad comercial y monetaria del régimen durante la guerra y la larga postguerra. Hacia 1973 uno de mis compañeros -cuyo nombre me reservo- concluyó que en aquel almacén ya no cabían más papeles y dio órdenes para que se procediera a una limpia del material más antiguo.  En consecuencia fueron a parar a la trituradora o a las calderas (no lo sé exactamente) masas ingentes de papel. Junto con expedientes sin importancia histórica pudieron destruirse otros que sí la hubiesen tenido. Puedo hacer tal afirmación porque en el almacén encontré libros de la contabilidad del IEME y los balances de la posición de divisas del “glorioso régimen” durante los años cuarenta y cincuenta. No es exagerado pensar que probablemente habría habido muchos otros más.

Sin excluir tal tipo de necesidades bastante pedestres, también las hubo que lo fueron menos. Y es en estas en las que Luis Castro pone el énfasis: los papeles de la represión violenta, organizada, tuvieron otra motivación para explicar su desaparición.  Las autoridades franquistas no se comportaron como parece que lo hicieron las soviéticas -conservando papeles para la eternidad- sino que procedieron más a la manera nazi. ¿La idea? De lo que quede, podemos arrepentirnos. Si desaparece, no habrá ni dios que nos achaque nada. Sobre lo que se haya desvanecido en humo o convertido en basura o en pasta de papel es imposible hacer la menor afirmación.

Es el tercer período en el que el artículo de Luis Castro -basado en una impresionante bibliografía- resulta más apasionante. Sobre la Transición se ha escrito mucho y, naturalmente, se escribirá todavía más. No es preciso tener una concepción optimista de la historia para pensar que el paso de una situación de coacción (vulgo dictadura) a otra de libertad despierta un interés para unos y otros por motivos muy variados. Para algunos por la “necesidad” de eliminar pruebas de la variada gama de instrumentos puestos en práctica para aniquilar, reducir y amedrentar a los “súbditos” discrepantes. Para otros, para estudiarlos y detallar todas las maldades que se derivaron de su aplicación. En cualquier caso, para difuminar responsabilidades.

En las páginas del artículo de Luis Castro aparecen así ordenantes (actores, sujetos con capacidad de decisión) que decidieron que la máxima inglesa del let sleeping dogs lie sería muy adecuada para “encarar” el futuro: destruyamos todo lo que podamos de los documentos del pasado y así nos evitaremos tener que ocuparnos de él y que nos echen en cara lo ocurrido. Ilustres políticos de la Transición como el ministro Rodolfo Martín Villa o el gobernador civil de Barcelona y luego también ministro Salvador Sánchez-Terán dejaron su nombre inscrito en las instrucciones cursadas para eliminar documentación. Hay otros ejemplos.

¿Resultado? Entre 1965 y, digamos, 1980 se destruyeron enormes masas de papel. Podemos tener la absoluta certidumbre de que entre ellas abundaron no solo las de mera gestión -que también- sino las de reflexión y concepción de las políticas de machacamiento sistemático de cualquier síntoma de disidencia. A ello se añadirían, como colofón, las dificultades legales, administrativas, técnicas que ulteriormente se pusieron en práctica para reducir la funesta manía de los historiadores, periodistas, ciudadanos de a pié y grupos sociales inquietos por el “embellecimiento” de un pasado de “extraordinaria placidez”, como lo caracterizó un político del PP hoy muy callado.

Luis Castro hace un repaso exhaustivo de los casos y ejemplos conocidos en que documentación relevante para alumbrar los recovecos más sombríos de la dictadura se ha imposibilitado o entorpecido. Su lectura es instructiva. Es precisamente esta actitud de las autoridades, civiles y militares, lo que en cierta medida une la experiencia española con las de las autoridades nazi-fascistas, en el bien entendido que estas últimas la ejemplificaron ocupándose de la destrucción masiva de documentos comprometedores antes de pasar a la historia. Con todo, la destrucción continuó, en ciertos casos, bajo la responsabilidad de las autoridades de la República Federal. Incluso en ámbitos tan poco atractivos como la documentación del Ministerio de Finanzas del Tercer Reich, aspecto denunciado por varios investigadores.

Ahora bien, cuarenta años de dictadura son muchos. La Administración o el Ejército o la policía del régimen de Franco nunca fueron equivalentes a las de una tribu africana, como bien señaló Herbert R. Southworth, uno de sus más eminentes críticos. Dejaron tras de sí toneladas y toneladas de documentación. Mucha ya abierta. Otra parte, todavía cerrada. Mucha en repositorios públicos. Otra en manos privadas. Lo que está al alcance de todos dará trabajo a un par de generaciones de historiadores. Lo que aún no está al alcance, y es -en mi modesta opinión- una pequeña lacra que aún no lo esté, podría aumentar el número.

De aquí que una de las grandes aportaciones del libro en cuestión estribe en la descripción pormenorizada del tipo de documentación cuya índole ya es susceptible de investigación y en las hipótesis establecidas por más de una decena de expertos e investigadores en relación con los archivos en los que han desarrollado hasta ahora su trabajo de hormiga en busca de vetas oscurecidas del pasado y para hacer frente a la grotesca campaña de diseminación, en papel y digital, de las “bondades” del pasado régimen y las “maldades” de sus enemigos. Campaña que reverdece periódicamente como algunas malas flores de nuestros jardines.  Ahora atravesamos por una de ellas.

Los lectores harán bien en consultar los capítulos dedicados a cada uno de los archivos contemplados en este libro por dos razones: en primer lugar, les darán una idea de la índole de la documentación en ellos conservada; en segundo, por las reflexiones que los esmaltan, propias de investigadores que han pasado tiempo trabajando en ellos.

Que no se diga que los historiadores españoles genuinos no aportan su granito de arena al esclarecimiento del pasado en base a evidencias primarias relevantes de época. Las más amplias posibles. Y que no se quejan y lamentan de que no todas sean todavía accesible. ¿Conocen los lectores algunas tomas de posición de eminentes historiadores de derechas, españoles y extranjeros, que hayan clamado al cielo en favor de mayores aperturas? ¿O que hayan ilustrado sus esfuerzos, si es que han existido, por promoverlas? Como algunos de entre ellos son de habla inglesa terminaré esta referencia a los archivos españoles con una expresión que les es familiar: Mum´s the word.

FIN