Guerra civil o guerra de España

28 Febrero, 2014 at 8:48 am

La demostración documental de que la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contaba con la promesa, rigurosamente contractualizada, de suministro bélico moderno por parte italiana me ha obligado a introducir la noción de que el conflicto estaba ya internacionalizado antes de que estallase. También me ha hecho ver que los monárquicos calvo-sotelistas (entre ellos muchos reaccionarios de tomo y lomo) se preparaban para una contienda, que presumían –supongo- relativamente corta. Para sublevar a las guarniciones de los centros urbanos no se necesitaban, en efecto, bombarderos, cazas e hidroaviones.

Lo que antecede, debidamente documentado y contrastado y no tomado de algún otro autor, como hace por cierto el campeón norteamericano del copy and paste, refuerza la idea de que en el corazón mismo del estallido estaba inserta la política expansionista o imperialista de la Italia fascista, aunque tradicionalmente quien se ha llevado la palma ha sido la intromisión del Tercer Reich. Los nuevos descubrimientos documentales han sugerido, nuevamente, a algunos historiadores el replanteo de la cuestión de si no sería mejor hablar de “guerra de España” en vez de guerra civil. A la vez, en la derecha más cerrada se utiliza el primer concepto para describir el conflicto como algo profundamente español, arraigado exclusivamente en variables endógenas. Una modificación de los enfoques que popularizó al comienzo de los años cuarenta, nada menos, Gerald Brenan.

Confieso que no me agradan demasiado las querellas nominalistas aunque no ignoro que tienen importancia. Es obvio que, en buena medida, la guerra tuvo un carácter de conflicto internacional por interposición y que fue el preludio a la que las democracias occidentales debieron aceptar después para contener la marcha, al parecer triunfante e imparable, de los regímenes fascistas.

Hipertrofiar la dimensión antifascista del conflicto español es comprensible históricamente. Ahogados por la no intervención, los republicanos no tuvieron más remedio que hacerlo. Sin demasiado éxito. Las democracias europeas (pocas en realidad) estaban asustadas ante el peligro comunista y fascista. Sin embargo, casi sin excepción prefirieron sobreestimar el primero antes que el segundo. Los británicos incluso pretendieron introducir una cuña entre la Italia fascista y el Tercer Reich, cuya agresividad potencial por cierto no ignoraban aunque el Gobierno de la época la subestimó. También es comprensible que los sublevados enfatizaran el carácter anticomunista de su “cruzada”. Lo habían hecho antes. Lo magnificaron después. Ahora sus “sucesores”, más o menos larvados, descontado el peligro comunista, ponen en su punto de mira a los socialistas. Genera réditos políticos.

La guerra tuvo numerosas dimensiones. Fue una guerra de clases, algo que hoy muchos autores ya ni se atreven a mencionar. Para un amplio sector de historiadores (no hablemos de politólogos o sociólogos) hacerlo es asumir algo que huele demasiado a marxismo y eso, hoy, no es de buen tono. Fue, también, una guerra de religión, en el sentido en que en ella se ventiló el papel político y cultural de la Iglesia en la configuración del futuro de España. Naturalmente, este vector lo subrayaron en la época numerosos prelados seguidos de su fiel infantería. Incluso aflora hoy en las loas a y beatificaciones de los mártires de la fe. Fue una guerra igualmente por la definición territorial del Estado. Finalmente, pero no en último término, por la orientación del país en los ámbitos socioeconómico, político, ideológico y cultural, que cuentan entre las apuestas  más importantes.

Todas estas dimensiones (podrían aducirse otras) estaban íntimamente relacionadas con los factores internos y  estructurantes de una sociedad. Es lo que estuvo en juego, por ejemplo,  sin forzar las analogías, en la guerra civil norteamericana (que nosotros llamamos de secesión). O lo que se ventiló en la guerra civil rusa. O lo que se debatió en China. Sin olvidar Vietnam. Es decir, en conflictos anteriores y posteriores al español. Todos, por supuesto, con un vector internacional más o menos activo.

Querer subsumir las dimensiones anteriormente enunciadas dentro de la pugna fascismo-antifascismo resulta, en mi opinión, empobrecedor. Salvo que difuminemos los conceptos, es posible reivindicar la conveniencia de seguir llamando a la guerra civil guerra civil.  Los conceptos que se le han aplicado han variado, por lo demás, con los tiempos y las perspectivas. No se olvidará que para los sublevados la denominación oficial, al menos así figura en la documentación conservada tanto tiempo como duró la dictadura y algo más en el Servicio Histórico Militar, fue “guerra de liberación”. Se supone que de las asechanzas y del yugo marxistas. Tanto republicanos como franquistas hicieron propaganda en torno al concepto de “guerra de la independencia”. Incluso un ilustrado militar franquista, nada menos que un teniente general, todavía publicó en el franquismo tardío un libro (declarado de utilidad para el Ejército) que establecía presuntos paralalelismos entre uno y otro conflicto.

Es decir, los conceptos cambian pero algunos, y no otros, terminan imponiéndose. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos caracterizar su guerra civil como “guerra entre los Estados”, algo que hizo furor en un tiempo entre los proclives a la causa sudista, es relativamente insólito y sitúa al autor que lo utilice en un campo ya casi al margen de la historiografía consolidada. No que la tentación se haya extinguido. Recientemente en Londres, con la exhibición de la película 12 años de esclavo, que se llevó varios premios BAFTA, los medios se han hecho eco de las tesis de algunos norteamericanos que siguen negando, erre que erre, que su guerra civil se dirimiera en último término para abolir la esclavitud.

Tal vez, con un poco de suerte, los historiadores españoles terminemos poniéndonos de acuerdo sobre ciertas conceptualizaciones por encima de equívocos nada inocentes, y condenemos al fuego eterno, es decir, a la ignominia historiográfica a aquellos que, como algunos autores del Diccionario biográfico de la RAH, todavía no se han enterado de que la guerra fue todo menos, enfáticamente, una “cruzada”.

 

La necesidad de enseñar a la RAH

25 Febrero, 2014 at 3:02 pm

En un post precedente me he referido al inefable Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH). Un expurgo sistemático de sus entradas más significativas referidas a los generales de la VICTORIA  (hemos de utilizar esta terminología para aprehender la sintonía que las mueve) daría para numerosos y sabrosos comentarios. En este quisiera evocar el curioso caso del general de Caballería ya fallecido Rafael Casas de la Vega, antiguo combatiente en las filas franquistas y autor de diversas obras de temática militar (la única aprovechable, en mi modesta opinión, es su historia de la guerra de Ifni-Sáhara, como no se cansó de señalar el malogrado Gabriel Cardona). Casas de la Vega es autor de una entrada muy significativa: la de Queipo de Llano.

A mi parecer no debió de costarle mucho trabajo redactarla, a pesar de ser relativamente larga. Se le dedican cinco páginas, algo que no ocurre con demasiada frecuencia. De estas cinco páginas algo más de cuatro se dedican a medio copiar el extracto de su hoja de servicios hasta el 18 de julio de 1936. Cualquier lector puede pedirla a los archivos militares, que cuentan con un personal sumamente eficiente, y podrá comprobar que lo que digo no está muy desenfocado. Sobre su papel en la guerra civil, que obviamente es por lo que resulta más conocido, su compañero de arma no pierde demasiado espacio: con algo menos de media página va que chuta.

Es una forma un poco grotesca (por no utilizar un calificativo algo más hiriente) de justificar lo que la entrada dice de su aportación: “contribuyó de manera decisiva al triunfo de las armas ´nacionales´” (obsérvese que nuestro autor pone entre comillas tal concepto –otros colegas suyo de diccionario no lo hacen). Determinadas así sus credenciales de autor no prejuzgado, a lo Payne, Casas de la Vega se deshace en elogios: “Sin él hubiera sido muy difícil, quizá imposible, que las fuerzas sublevadas (ojo al término) en África pasaran a la Península y, sin ellas, la marcha hacia Madrid y el mantenimiento de Andalucía en manos ´nacionales´ (otra vez) no se podría haber realizado”.

Si esto fue así, se comprende mal que a su timbre de “gloria” no le dedique más que un párrafo. En él, es verdad, nos enteramos de que Queipo se portó como un héroe. “Con valor” se impuso en Sevilla  y se enfrentó “a las masas sindicales armadas que se le resistieron en algunas zonas”. (Suponemos que masas armadas de los más modernos medios de combate callejeros, sin duda de procedencia comunista). Casas de la Vega destacó la importancia de su biografiad  “en la utilización de la radio para movilizaciones y arengas” y lo califica de “precursor” de lo que “harían radiofónicamente los Aliados y el Eje en sus campañas propagandísticas”. Nada menos. Las naciones más avanzadas de Europa aprendieron del general sublevado. Toda una novedad.

Observamos, no obstante, una característica de una gran parte de la historiografía neofranquista que aparece en nuestros días. De la salvaje represión y de las matanzas que organizó Queipo, ni mu. Del contenido de sus “arengas”, generalmente cavernario, mucho menos. De los dislates económicos y políticos que causó en la zona bajo su contral, nada. De su inducción al asesinato de Federico García Lorca (explorada exhaustivamente por Ian Gibson) o de la ejecución del general Miguel Campins, por mera venganza contra Franco, el lector no se enterará. Tampoco, por cierto, de sus disensiones con el inmarcesible Caudillo. Eso sí, Casas de la Vega no se olvida de que el 20 de julio de 1939 “fue nombrado presidente de la Misión Militar Especial que habría de cumplir determinadas misiones en Italia”. Eso suena a extracto de hoja de servicios: “Allí se trasladó el 17 de diciembre de 1939 (¡vaya prisa!). En 1940 seguía en la misma situación”. Por cierto, aprovechó la ocasión para no copiar bien: “En los años 1945 a 1950 continuó en la misma situación”. Es decir, ¿en Italia?.

Menos mal que el autor nos cuenta que le dieron la Medalla Militar individual, en 1940, y la Cruz Laureada de San Fernando, en 1944. Muy a tono con sus proezas carniceras. Sobre Queipo de Llano existe una abundante literatura, claro que no de esclarecidos autores militares como sin duda lo fue el general Casas de la Vega. Pero de ello el lector no se enterará absolutamente consultando al  Diccionario Biográfico Español.

Preguntas: ¿quién y cómo seleccionó a tal autor?, ¿quién y cómo controló su aportación?, ¿quién y cómo dio el nihil obstat a la publicación de tan “objetiva” e “informativa” entrada? Teniendo en cuenta que en el Diccionario de marras se invirtieron cuantiosos fondos públicos, creo que los sufridos contribuyentes españoles tienen derecho a plantear tales cuestiones a la tan alabada y encomiada RAH.

Este es solo un ejemplo de cómo historiadores franquistas miran el pasado. No se preocupen los lectores. Hay muchos más y, poco a poco, algunos de ellos aparecerán en estos posts. Sin acritud. Simplemente exponiendo datos o, mejor dicho, la ausencia de los que realmente son relevantes.

 

Lo que ya se ha averiguado en Canarias: más sobre el (presunto) asesino del general Balmes

21 Febrero, 2014 at 11:27 am

Hace poco fui a Las Palmas para asistir a la inauguración de la nueva sede de la Fundación Juan Negrin. Como ha revelado la prensa en ella se custodiarán desde ahora los papeles de quien fue presidente del Consejo de Ministros de la segunda República así como ministro de Hacienda y Economía y de Defensa Nacional. En algún otro momento escribiré sobre lo que,  en mi opinión, tal acto significa.

En este breve post quisiera informar a mis lectores que en Canarias hay gente que se han tomado muy en serio el desafío que lancé a los historiadores franquistas o parafranquistas acerca del “accidente” que costó la vida al general Amado Balmes el 16 de julio de 1936.

En la inauguración dos personas se acercaron a mi para preguntarme si no estaba pensando en un nombre determinado. Las dos habían acertado. Siempre he dicho que en mi libro sobre la conspiración de Franco había datos suficientes para identificarlo. Para mi fue un alivio. En el supuesto de que no llegue a redactar el artículo que desde hace tiempo tengo in mente la idea no se habrá perdido y, tarde o temprano, alguien escribirá algo del mismo tenor porque el margen de argumentación es, en verdad, reducido. Los papeles que me llevaron a dicho personaje están en el dominio público y es de esperar que otros aparezcan. O, por lo menos, que salga a la luz algún que otro testimonio.

Cuando daba clases en la Complutense desde Canarias me escribió un amable lector para decirme que él conocía a una persona que podría arrojar luz sobre el “accidente”. Inmediatamente pensé que podría ser algún descendiente del chófer del general que, evidentemente, presenció lo ocurrido y que se ha perdido en las brumas oscuras del pasado.

Me ofrecí a ir a Tenerife a hablar con él pero la persona en cuestión se echó atrás. Quizá se sintiera atemorizado. Una pena. Ahora bien, ello apunta a la posibilidad de que en las islas se encuentren más indicios. Cuando se recojan, el historiador o periodista canarios que lo consiga podrá salir al público y pregonar si me equivocado o no. El tema, en cualquier caso, no es baladí.

En mi opinión, el general Franco incurrió, como inductor, en un delito de asesinato, entendiendo por tal una muerte planeada cuidadosamente y que fue ejecutada con toda alevosía. Si a Al Capone se le metió en la cárcel no por los asesinatos y tropelías que ordenó, un solo asesinato bastaría para condenar a Franco ante cualquier tribunal que se atuviera a los procedimientos y a las penalidades previstas en el entonces vigente Código Penal. Sin remisión o justificación algunas. De ahí el valor simbólico del asesinato, planeado como el primer escalón que permitiría a Franco dar el salto a Marruecos para ponerse al frente del Ejército de África, dejando bien asegurada la retaguardia isleña. Al menos uno de los hagiógrafos más despreciables de Franco, historiográficamente hablando, se arrepentirá de haber sembrado falsas pistas, quizá para evitar que la atención se concentre en el nombre que él trató de ocultar.

La chapuza del ministro García-Margallo y los archivos de Exteriores (y III)

18 Febrero, 2014 at 8:26 am

Teóricamente el señor ministro puede elegir entre varios enfoques ideales (en el sentido weberiano) para responder a la pregunta parlamentaria.

El primero sería dar largas. Al fin y al cabo, el tema no parece importante en el plano operativo. No va a recibir protestas de Gobiernos extranjeros. Tampoco le sacarán los colores las embajadas. ¿Y qué representan unas cuantas docenas e incluso un par de centenares de historiadores muchos de los cuales, además, no votarán por ser extranjeros? ¿A quién le preocupa el tema en la opinión pública, una gran parte de la cual bastante tiene con intentar sobrevivir?

Otro enfoque sería más diplomático y en consonancia con el cargo: prometer ocuparse del mismo. Ya lo ha dicho y podría repetirlo varias veces más. La idea podría ser que la patata caliente la heredase su sucesor. Todo salvo ofrecer concreción en cuanto se refiere a los puntos que contiene la pregunta parlamentaria.

El tercer enfoque podría orientarse por la conveniencia de dar alguna respuesta constructiva. Ya está resuelto. Los papeles están en otros archivos y dependen de Cultura. Con ello querría escabullir el bulto en temas sensibles. Hay dos. Los plazos y criterios de consulta en los archivos receptores y lo que piense acerca de la consultabilidad de la documentación no trasladada porque esta seguirá acumulándose en los hoy muy aligerados archivos de su Ministerio.

Existen otros enfoques ideales y también es posible dotar de rasgos diferentes a los anteriores. La pericia de los funcionarios es considerable para evitar asumir responsabilidades. Va con el oficio y no dudo de su capacidad en este punto. De lo contrario no cumplirían los requisitos mínimos de exigencia profesional.

De aquí que me parezca necesario puntualizar varios extremos:

  1. No rechazar específicamente los criterios establecidos en una resolución pirata y secreta del Consejo de Ministros de hace tres años y medio sería tan reprobable como fue adoptarla. En mi opinión, dicha resolución constituye un baldón imperdonable para el Gobierno de aquella época y para los altos funcionarios por quienes transitó antes de su adopción.
  2. La vergüenza que “alguien” debió sentir en el Ministerio de Asuntos Exteriores pudo ser tan considerable que durante el resto de vida del Gobierno socialista aquella grotesca resolución al parecer no se aplicó. La situación se modificó con el nuevo Gobierno del que el señor García-Margallo forma parte y con los cambios en el personal directivo del Ministerio.
  3. En puridad no es de extrañar. En el Palacio de Santa Cruz siempre ha habido funcionarios a los que nunca les gustó una apertura de archivos demasiado amplia. En 1983 un alto cargo repetía a manera de latiguillo: “Pero ¿qué quieres?, ¿que la gente se entere de lo que han hecho nuestros compañeros?”. La resolución debió de tranquilizarles. ¡Había llegado la hora de cerrar escotillas a curiosidades malsanas!
  4. Sin embargo, los encargados de preparar la resolución de 2010 no parece que contaran con el asesoramiento de ningún experto. Su falta de profesionalidad es manifiesta. Ni tenían idea del pasado de su política exterior (lo cual es reprobable) ni tomaron en consideración los compromisos internacionales del Estado español en materia archivística. Lo cual es incluso anti-profesional. Los criterios que se utilizaron en la “resolución” pirata son de risa.

 

En consecuencia, hay que temer que el ministro García-Margallo podría no aprovechar la oportunidad para exponer, sencilla y claramente, su intención de reprobar de inmediato aquella resolución, que nunca fue publicada en el BOE ni siquiera en la web del Ministerio, y aclarar cuáles vayan a ser los criterios temporales y temáticos (ambos con la mayor precisión posible) aplicables en el futuro para obstaculizar el acceso a la documentación, la trasladada y la no trasladada.

Es verosímil que, en estos momentos, en alguna de las embajadas en Madrid las curiosas contorsiones del señor ministro generen sonrisas (aparte de las que se produzcan por otros motivos). ¡Estos españoles…! Al fin y al cabo, ni alemanes, belgas, daneses, franceses, holandeses, ingleses, italianos, norteamericanos o rusos, entre otros, han albergado jamás, que yo sepa, la pretensión de poner el sello del secreto a la mayor parte de sus archivos de política exterior. Al contrario, incluso los abren y publican, en colecciones debidamente editadas y anotadas, los documentos más importantes. Claro que, a diferencia del MAEC, cuentan con equipos bien nutridos de archiveros e historiadores que se encargan de aplicar previamente los criterios de consultabilidad definidos por ley.  En nuestro país hay todavía gente que piensa que sigue siendo “la reserva espiritual de Occidente” y eso debe evitarnos caer en tan peligrosas debilidades extranjerizantes.

Una advertencia. Los enfoques ideales tienen la desventaja de que, como el modelo puro de régimen autoritario del desgraciadamente desaparecido profesor Linz, no representan la realidad concreta. Por eso la futura respuesta del señor ministro no es anticipable. Los representantes de la soberanía popular sí podrían exigirle que, al menos, dejase en claro taxativamente cuándo, según Exteriores, los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración abrirán la documentación sin necesidad de invertir tiempo y recursos, siempre escasos, en recatalogarla. En los archivos dependientes de Cultura esta ausencia de recatalogación ya ha acaecido en casos previos. No hay que reinventar la rueda. Y como se trata de una pregunta dirigida al Gobierno el señor García-Margallo podría concertarse al efecto con su colega y amigo, el señor Wert. La comunidad científica, española y extranjera, les quedaría sumamente agradecida.

 

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es o a juancp@ghis.ucm.es. Juan Carlos Pereira es el director del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM y uno de los paladines de la protesta).

 

 

La chapuza del ministro García-Margallo y los archivos de Exteriores (II)

14 Febrero, 2014 at 8:36 am

En casi todos los archivos serios una de las preocupaciones dominantes estriba siempre en minimizar las molestias a los usuarios y en reducir en todo lo posible el plazo de  inconsultabilidad de la documentación custodiada. Es inverosímil que los archiveros de Exteriores, que en los casi cuarenta años en que les he tratado han dado siempre muestras de una cordialidad y abnegación máximas, no hayan hecho ver a la Superioridad la conveniencia de reabrir la documentación en los archivos de destino tan pronto como sea factible. Sin embargo, a tenor de la pregunta del diputado Llamazares, todo hace pensar que tanto en el Histórico Nacional como en el General de la Administración la consultabilidad va para largo.

¿Han recibido estos archivos nuevas dotaciones de personal para recatalogar los documentos? ¿Qué instrucciones les han llegado desde el Ministerio de origen? ¿Cuáles son los plazos de acceso que se les hayan impuesto? ¿Con qué criterios deben manejar la documentación unos esforzados funcionarios de Cultura que obviamente no conocen los vericuetos del pasado de la política exterior, una política de Estado altamente especializada? ¿Cuáles son la previsiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que se refiere al tiempo que deba transcurrir hasta la reapertura?

En este sentido por lo que he oído sobre la recatalogación de los fondos de la Fundación Juan Negrín (unas 150.000 imágenes y un número menor de documentos) el plazo mínimo, con una dotación de dos a cuatro personas, es de en torno a un año. Imagine el lector lo que puede ocurrir con un millón de documentos.

¿Qué se ha hecho en el ínterin en los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración desde su recepción de la documentación hace ya más de un año? ¿Podría, por ventura, permanecer cerrada durante 8 o 10 años más?  ¿O quizá no deba recatalogarse en dichos archivos? En ese caso, ¿cómo organizarán la consulta?

Preguntas, preguntas… Más preguntas. Pocas respuestas.

Ahora bien, el ministro García-Margallo ha sido diputado en el Parlamento Europeo durante muchos años. Ha formado parte de varias comisiones como miembro muy destacado y es altamente verosímil que haya dirigido preguntas y solicitado esclarecimientos a la Comisión Europea, interlocutora del Parlamento ya que el Consejo no lo es en este ámbito.

No he tenido el placer de trabajar en las materias que ocuparon la atención del entonces diputado García-Margallo. Lo hice en otras que, ¡vaya por Dios!, caían exactamente dentro de las competencias del hoy ministro. Tuve que preparar respuestas a innumerables preguntas parlamentarias (a veces muy delicadas), colaborar en su redacción, visar las pergeñadas por los funcionarios a mis órdenes, defender los proyectos dentro de la Comisión antes de su remisión al Parlamento, abogar por la mayor claridad posible frente a los diputados y comparecer ante la Cámara. El diputado García-Margallo quizá percibiese que la Comisión dice (casi) siempre la verdad aunque, con frecuencia, no toda. Por razones operativas y sobre temas sensibles no conviene desvelar ciertas posturas urbi et orbe. Sin duda, él hace lo mismo ante el Congreso de los Diputados.

Pero en cuanto al traslado de archivos no se negocia nada. Tampoco hay muchos grandes secretos de Estado por proteger de cara a un ya lejano pasado. Lo que se le pide es muy simple: que el señor ministro exponga ante el Congreso los planes que sin duda habrá preparado para que la documentación transferida al AHN y al AGA pueda consultarse de nuevo lo antes posible y cuáles sean los sectores o temas que deban ser objeto de autorización previa, si es que existen. Hay que tener en cuenta que los fondos documentales trasladados se detienen, a lo que parece, en 1980, es decir, que cuentan ya con 34 años de antigüedad.

Esto significa que aun cuando se abran en su totalidad, el traslado ya ha situado a España entre los países menos liberales de Europa Occidental. Un récord. No es algo de lo que muchos profesionales puedan sentirse demasiado orgullosos. O ¿es que el ministro y sus asesores creen que, por ejemplo, los británicos son estúpidos y que tienen intereses internacionales para ellos menos importantes que los de España hace cincuenta o sesenta o setenta años son hoy para los españoles? Porque en Londres está ya abriéndose la veda de los años 1980 y es de pensar que tarde o temprano saldrán a la luz cuestiones que incidan sobre la hoy inaccesible política exterior de España en aquella época.

Forma parte de la política el intento de disfrazar la realidad. No es menos cierto que a un diplomático se le paga por  hacerlo con el fin de defender los intereses permanentes de su país. Ahora bien, estos últimos se confunden frecuentemente con los del Gobierno en cuestión. Es preciso trazar una línea precisa para evitar que ello tenga consecuencias nocivas sobre los archivos. Se puede ser historiador positivista o post-positivista, querer reconstruir o deconstruir, pero el interés del utilizador de material de archivos suele estribar en poder decir algo sobre el pasado que tenga respaldo en evidencia fiable. Muchos políticos, aunque no tanto en nuestro país, tratan de acercar lo deseable a lo posible. Como ministro del ramo, el señor García-Margallo tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar cómo se mueve en este resbaladizo terreno. Podría aprovechar la ocasión, por ejemplo, para dejar en claro si cree que la historia de la política exterior española es algo por lo que conviene trabajar. O si, por el contrario, entiende que debería guardarse bajo las clásicas siete llaves y varias cadenas con no menos candados. Para un historiador, no caben en este punto subterfugios. Siempre se inclinará por la primera opción.

Continuará.

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es)

La chapuza del ministro García-Margallo y los archivos de Exteriores

11 Febrero, 2014 at 2:48 pm

La decisión del ministro García-Margallo de trasladar al Archivo Histórico Nacional y al General de la Administración la documentación de su Ministerio dejará una mancha imborrable sobre su gestión. Los historiadores de las generaciones presentes y quizá de la futura se ocuparán de que no desaparezca fácilmente. Su golpe de audacia no tiene precedentes en la historia contemporánea de España. Rompe nítidamente una línea consolidada desde el fallecimiento del general Francisco Franco. Carece, que yo sepa, de paralelos en ningún país de Europa occidental en la forma imprevista y arbitraria en que se ha efectuado. La justificación de estas afirmaciones es la siguiente:

  1. Desde hace más de un siglo los archivos del Ministerio de Estado (luego de Asuntos Exteriores) han ocupado un lugar preferente en la atención de centenares de historiadores, españoles y extranjeros. Son tales historiadores quienes se han ocupado de trazar, con desigual fortuna, los avatares de la política exterior española y los altos y bajos de la relación política, económica, diplomática y cultural de España con el resto del mundo. Tras el cierre que impuso la dictadura franquista empezaron a reabrirse en 1976 gracias al esfuerzo del ministro Marcelino Oreja y del subsecretario, embajador José Joaquín Puig de la Bellacasa, quienes liberalizaron el acceso a la documentación  hasta finales de la segunda guerra mundial. Un proceder que les honra.
  2. Los ministros Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez fueron más allá y abrieron, con excepciones temáticas perfectamente definidas y dictadas por motivos de seguridad nacional, el acceso a la documentación tras plazos de inconsultabilidad relativamente cortos: 25 años. En su momento, algunos funcionarios criticaron, de puertas adentro, esta generosidad. Hoy observamos que un Estado como el británico, que se enorgullece a justo título de su historia, ya ha introducido ese mismo plazo para una gran cantidad de documentos. Los de relaciones exteriores se sitúan, según los casos,  en torno a los treinta (o cincuenta o setenta y cinco) años. En Estados Unidos, quizá el país más abierto, es posible acceder gracias a una ley de libertad de Información a documentación incluso sensible tras plazos bastante reducidos. Siempre con excepciones, definidas por ley.
  3. Gracias a esa liberalidad en el acceso que acordaron Morán y Fernández Ordóñez los historiadores hemos podido cruzar documentación española y extranjera para identificar cómo fue desarrollándose la política exterior española al igual que las percepciones foráneas sobre ella y/o abordar la situación interior durante los oscuros años de la guerra civil y de la dictadura tal y como la veían los representantes extranjeros.
  4. El acceso es igualmente posible para todos esos años en los archivos franceses y alemanes, donde ya empiezan a abrirse los documentos correspondientes a la transición. Recientemente la prensa ha informado de la consultabilidad de las actas de las reuniones de los Consejos de Ministros británicos de 1984. Naturalmente, para los interesados en nuestra política exterior española las percepciones y decisiones extranjeras son importantes pero no obvian la conveniencia de conocer las perspectivas españolas. En cualquier caso, la apertura de los archivos foráneos crea un círculo virtuoso.
  5. Romper la posibilidad de entrecruzar documentación extranjera y española es el resultado objetivo de la decisión del señor García-Margallo, quizá en la ingenua creencia de que así se impiden  que salgan a la luz los esqueletos (es decir, las bobadas y tonterías –y a veces algo más- de Franco, ministros y altos funcionarios durante la dictadura).  Al menos durante algún tiempo. Así que, nada perezoso, dispuso que los archivos históricos, al parecer hasta 1980, saliesen fuera del Ministerio.
  6. Esto no es solo una labor logística, como ocurre con el traslado de los enseres de los miembros del servicio exterior cuando se trasladan a destinos fuera de España. Tiene implicaciones muy serias. Sorprende que los asesores del señor ministro (salvo que no sean de la Casa) hayan hecho caso omiso de lo que ello significa. Ciertamente no podría pedírseles que tuviesen experiencia o conocimientos sobre cómo se preparó la emigración de los archivos diplomáticos del Quai d´Orsay al nuevo centro de documentación en La Courneuve en los alrededores de París. O cómo funciona el sistema de consulta de los documentos diplomáticos rusos en Moscú, custodiados en un depósito fuera de la capital. O la forma en que en los Archivos Nacionales británicos se trata la documentación del Foreign Office. Con todo, al señor ministro no pueden haberle faltado oportunidades de enterarse. Un par de instrucciones en demanda de información, de esas que tan bien sabe preparar la Secretaría General Técnica, le hubieran ahorrado las maldiciones que, me temo, recaerán sobre su nombre en el futuro.

Continuará.

Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es.

Cerrados los archivos de Exteriores. Los esqueletos no saldrán del armario.

7 Febrero, 2014 at 10:15 am

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta sobre apertura a historiadores e investigadores de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores,  dirigida al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.

Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores permanecen inaccesibles desde hace casi año y medio, aunque los problemas empezaron antes. Las primeras denuncias datan de otoño del 2011, cuando los archiveros del ministerio negaron verbalmente información histórica a los investigadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena. Ambos recabaron una explicación de la negativa por escrito. La respuesta llegó medio año después. El “no” se debía a un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como “secretas” de catorce materias de las relaciones de España con el exterior.

La disposición, que no se publicó en el BOE, venía a vetar o dificultar gravemente el acceso a la información sobre prácticamente todas las actividades de la diplomacia española a lo largo de su rica historia. Lo hacía al otorgar la clasificación de secreto “con carácter genérico” a cualquier documento, informe o dato cuya revelación pudiera poner en riesgo no sólo “la seguridad y defensa de España” -como ya establecía la legislación al respecto- sino también cualesquiera “intereses políticos, sociales, económicos y comerciales”, sin más concreción. Como en ese cajón de sastre de “intereses” cabía casi todo, los directores generales en quienes recaía la responsabilidad de dar o no acceso a cada información, solían curarse en salud -según los historiadores consultados- denegando las peticiones. El acuerdo sobre extensión del secreto lo había propuesto el ministro Miguel Ángel Moratinos tres meses después de las primeras filtraciones de Wikileaks (sobre la guerra de Afganistán), y cuando aún resonaban los ecos del escándalo por la autorización gubernamental de las escalas de los vuelos de la CIA para conducir presos a Guantánamo. De hecho, uno de los asuntos que se clasificaban era el relativo a pactos relacionados con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves”. Otras materias declaradas secretas eran, y son -puesto que la resolución sigue vigente-, las referidas a las “posiciones básicas” y actuaciones de España -en todo tiempo y situación-, ya sea en negociaciones normales o en conflictos internacionales; ante el terrorismo y el crimen organizado, o respecto al asilo y otros derechos.

El malestar de los investigadores trascendió a los medios de comunicación a mediados de 2012. Entonces el ministro García-Margallo anunció una rectificación del secretazo mediante una nueva resolución acorde con el proyecto de ley de transparencia. Pero lo que llegó en septiembre de aquel año fue la clausura total de los fondos históricos de Exteriores y su transferencia, por razones operativas, a dos entidades de Cultura: el Archivo Histórico Nacional (documentos hasta 1931) y el Archivo General de la Administración (de 1932 a 1980). Hoy es el día en que ambas instituciones siguen denegando sistemáticamente el acceso a los papeles con el argumento de que aún falta identificar la documentación y recibir instrucciones sobre el “régimen de consulta”. Todo ello sin plazos de solución.

Cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países dirigieron hace meses al Gobierno y al Parlamento una dura protesta contra el “cierre indefinido e injustificable” del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de “la práctica totalidad” de los fondos. Tales decisiones “degradan la calidad de la democracia española” al impedir el ejercicio del derecho a la información histórica, dijeron. Los promotores de esta acción conjunta, entre ellos el catedrático de la Complutense de Madrid Juan Carlos Pereira y el profesor de la misma facultad Carlos Sanz, renuevan ahora sus críticas por lo que consideran un “desprecio a nuestra historia con un coste incalculable” para profesionales y ciudadanos. Cientos de investigaciones, tesis y libros ya contratados están parados por culpa de la clausura de fondos, denuncia asimismo el historiador y catedrático emérito Ángel Viñas. A su juicio, el traslado del archivo es un “episodio lamentable” del que “surge la sospecha de que se intenta entorpecer la labor de los especialistas en la idea, quizá, de que esos archivos contienen demasiados cadáveres en sus armarios”.

El ministro Margallo aseguró en agosto de 2013 que el Gobierno ya tenía a punto el proyecto de nuevo acuerdo que debe sustituir al de Moratinos de 2010. La resolución permitiría “un acceso más fácil y libre a la documentación, con algunas exclusiones”, aseguró. Y precisó que su aprobación sería más oportuna tras la entrada en vigor de la ley de Transparencia, aprobada en noviembre. Los historiadores siguen esperando el nuevo acuerdo anunciado por Margallo y la reapertura de los fondos en su nuevo destino.

Es desconcertante que los profesionales de la historia tengan que ir a archivos de otros países para investigar en la historia española. Y sonrojante, además, que el secretismo no vaya acompañado con semejante celo a la hora de custodiar los documentos, Un catedrático denunció que el Gobierno español no encontró en sus archivos los documentos que acreditaban la propiedad española del islote de Perejil y tuvo que solicitarlo a los franceses, que debieron de contener la risa. No sólo por un deber de transparencia, sino también de facilitar su labor para construir una historia veraz, el ministerio debería escuchar a los historiadores.

El hecho es que, tras la imposición del secreto, el archivo lleva 15 meses cerrado por traslado. Y cientos de tesis e investigaciones están paradas.

A día de hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación continúa manteniendo el secretismo sobre toda su documentación histórica, sin que se conozca un solo paso positivo para revertir esta medida absurda y escandalosa. Ello, a pesar de que el ministro García-Margallo prometió levantar el “secretazo”, primero en junio de 2012, y después en agosto pasado. Por otra parte, el ministerio de Cultura sigue vetando totalmente el acceso a unos papeles de los que ahora es también responsable, puesto que están depositados en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, dependientes de la D.G. de Archivos. Ni el ministerio ha dedicado recursos específicos al tratamiento de estos fondos, ni los archivos implicados están dando ninguna indicación a los investigadores sobre cuándo se podrían consultar.

Ignoramos si el Sr. García-Margallo habrá tenido tiempo de explicar su obstruccionismo contra la investigación histórica al Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con quien se ha reunido a finales de enero de 2014 y quien ha reclamado al Gobierno español una política de Estado a favor del esclarecimiento del pasado. Concretamente, el relator de la ONU señala en su informe provisional que “en la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad.” Y añade que, “en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos.”

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1)      ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el cumplimiento del compromiso señalado en 2012 por el ministro de Asuntos Exteriores, de rectificar el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como “secretas” de catorce materias de las relaciones de España con el exterior, abriendo sus archivos a historiadores e investigadores?

2)      ¿Cómo explica el Gobierno que, tras la imposición del secreto, el archivo de Asuntos Exteriores lleva 15 meses cerrado por traslado y, en consecuencia, cientos de tesis e investigaciones estén paradas en nuestras Universidades y otras extranjeras?

3)      ¿Por qué razones el Gobierno sigue incumpliendo el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que regula el sistema español de Archivos de la Administración General del Estado y no se motivan las resoluciones denegatorias de acceso a los archivos en aplicación del mencionado Acuerdo de 15 de octubre de 2010?

4)      ¿Para qué fecha estarán disponibles los documentos trasladados por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración?

5)      ¿Qué respuesta ha dado o piensa dar el Gobierno al escrito de protesta que cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países le dirigieron hace meses en protesta contra el “cierre indefinido e injustificable” del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de “la práctica totalidad” de los fondos?

6)      ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para cumplir las recomendaciones del Relato Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, para que archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejen de ser clasificados como confidenciales y se establezcan criterios claros para la desclasificación de los mismos?