Ángel Viñas

VOY A INTERRUMPIR DURANTE VARIOS MESES ESTE BLOG. El presente post aparece el 1º de diciembre, mes de festejos y celebraciones. Lo pasaremos, me temo, autoconfinados y con escasas alegrías, salvo la de sobrevivir a la pandemia.

Este blog me ha quitado demasiado tiempo en unos meses en que he estado muy afectado sicológicamente por lo que nos ha caído encima. Ahora tengo que repasar la revisión final y preparar el índice onomástico y analítico de mi próximo libro, EL GRAN ERROR DE LA REPÚBLICA. Aparecerá en marzo.

Ya llevo muy adelantado el previsto para 2022 en el que abordo algunos capítulos sumamente oscuros de la guerra civil. Hoy me encuentro perplejo ante unos vericuetos todavía vírgenes y, por tanto, de difícil comprensión. No me consta que por ellos hayan transitado con la EPRE adecuada, esa maldita EPRE que a tantos disgusta, historiadores españoles o extranjeros.

Para elegir el correcto camino tendré que realizar un esfuerzo que amenaza con ser superior a mis fuerzas. Los próximos meses, todavía de autoconfinamiento, son el momento adecuado para intentarlo. Así las cosas, en este post me limitaré a cerrar,  deprisa y corriendo,  el capitulito del “oro de Moscú” no sin recordar que con la debida EPRE ya lo he documentado a trancas y barrancas en seis libros, de los cuales al menos tres están todavía en el mercado. Sin embargo, como no estoy encerrado en una cápsula en la que no penetran las noticias y sigo leyendo prensa española y extranjera en formato digital no dejaré de elevar a FB y a Twitter algunos de los artículos que considero interesantes desde el punto de vista de este blog.

Cierro, pues, la serie de posts pero con una pequeña reflexión previa. La lectura de muchas de las obras aparecidas últimamente sobre el general Franco, que espera la resurrección en un cementerio que no es el que la incipiente democracia le había asignado y luego la democracia entera le mantuvo hasta el año pasado, no me ha llevado a cambiar mi opinión sobre él en su para algunos genial conducción de la PATRIA. Sobre todo en los planos de la  represión, la política económica y la política exterior. Debo de ser algo lerdo.

Ahora bien, si la PATRIA se vio cortocircuitada, herida, maltrecha, despojada por el  “fabuloso saqueo” que, como recogió el venerable ABC el 10 de abril de 1957, le infligieron los malvados dirigentes de la zona roja, ¿qué decir de las fórmulas que ideó Franco tras la denuncia de Pravda para recuperar el tesoro expoliado y que todavía no ha regresado en 2019? ¿No sería que no fuesen las adecuadas o que no estuvieran basadas sino en mera propaganda de cara al interior para engañar alevosamente a una opinión pública maniatada y aherrojada? Y algo, claro, aunque en menor medida a la opinión  exterior.

Las reflexiones que siguen las encomiendo ante todo a los lectores con una formación jurídica de la que yo carezco. Y, por supuesto, a los eminentes letrados que figuran en las filas de VOX  o pagan óbolos para mantener en su gloria a la FNFF.  Entre tales letrados hay algunos que dejan siempre oir una voz tonante (aunque probablemente no con los resultado que quizá ellos esperen) en los debates de la Cámara desde, sobre todo, el comienzo del año que ahora termina.¿Por qué será?

Para dar una lección imperecedera e inmortal a los “rojos”, a los republicanos, a los “malvados comunistas”, a los liberales, a los masones, a la anti-España en una palabra, Franco siguió, si no indujo, los consejos del exministro de Asuntos Exteriores Don Alberto Martín Artajo. Así empezó, con paso firme, recio y marcial, a explorar las posibilidades de acudir al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya. Pero, estratega genial, también quiso explorar las posibilidades de éxito, no en vano fue un glorioso general vencedor en mil combates. (O bien alguien le aconsejó que lo hiciera). Este alguien fue, con toda probabilidad, Don Mariano Navarro Rubio, capitán de un Tabor de Regulares en la guerra civil, letrado del Consejo de Estado, general del Cuerpo Jurídico Militar, letrado del Consejo de Estado y, solo secundariamente aunque en años trascendentes para la GRAN historia, ministro de Hacienda desde 1957. Una eminencia.

Dejo de lado, no porque sea irrelevante sino porque no viene a cuento, la afiliación opusdeística de tan destacado militar y político. Según sus memorias, fue la persona que convenció a Franco de la imperiosa necesidad de aceptar el plan de estabilización y liberalización (julio de 1959) que cambió el rumbo de la economía y de la sociedad españolas. Su argumento, en unos años en que ya volaba hacia risueños horizontes azules la Comunidad Económica Europea, fue al parecer que si no daba su visto bueno habría que volver a introducir el racionamiento. El orgulloso régimen se había quedado sin divisas, aunque siempre con su abroquelado honor,  si bien estaba endeudado hasta por encima de las cejas de sus más empecinados conductores.

Para recuperar el oro Navarro Rubio creyó en la necesidad de ir de la mano con los norteamericanos. Ya había hecho algunas exploraciones por los aledaños de Washington, aunque nada oficialmente. Incluso, hombre de Estado, pensó en la posibilidad de endosar el acta de recepción del oro en Moscú en 1937, al gobierno norteamericano. (Dislates peores ambundan en la historia que no se cuenta del franquismo). Así, los EEUU echarían una mano por la cuenta que les habría tenido.

No contaba Navarro con que la persona que tendría que hacerse cargo de tan disparatada operación era el nuevo ministro ocupante del Palacio de Santa Cruz, Fernando María Castiella, catedrático de Derecho Internacional. Es de suponer que para entonces ya habría olvidado las reivindicaciones de su España y no se colgaría en los actos formales en el extranjero a que acudiera su preciada cruz de hierro, tan bien ganada en tiempos pasados.

Con la connivencia de Martín Artajo, a la sazón ya secretario del Consejo de Estado (CdE), Navarro Rubio se apañó para que se solicitara un dictamen del mismo sobre el tema del oro. El expediente se conserva en el archivo de este organismo y veo muy probable que doctos juristas lo examinarán con lupa para comprobar si servidor se equivó cuando di a conocer tal primicia y por si sigo persistiendo en el error como un protestante cualquiera del siglo XVI.

Sin embargo, para un no jurista lo que importa destacar es que después de una peripecia burocrática por los pasillos y covachuelas del CdE se preparó por fin un proyecto de dictamen. En él se reconoció hasta cierto punto, ¡cómo no!, la argumentación de Hacienda (ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni la Asesoría Jurídica Internacional participaron en el procedimiento según se desprende de la documentación, pero a lo mejor yo no la ví entera o ha desaparecido). El dictamen preliminar recomendó, desde luego, una trayectoria que sin duda tuvo que tener en cuenta los planes del glorioso ocupante de El Pardo. El ponente sugirió que convenía acudir en primer lugar a los tribunales soviéticos (¡), hacer gestiones diplomáticas en paralelo y solo en último término ir con las mejillas enrojecidas por el rubor, o el esfuerzo previamente desplegado,  al TIJ. (Explicaré lo del rubor algo después).

Este proyecto suscitó la ira jupiterina del director general de lo Contencioso, representante del Ministerio de Hacienda. ¡Total y absolutamente inaceptable! No en vano el derecho español primaba sobre el internacional. No para nada estaba fundamentado en el decreto nº 1 de 24 de julio de 1936 de la Junta de Defensa Nacional que asumió todos los poderes del Estado y  en la Ley subsiguiente de 1º de noviembre del mismo año. Es decir, que el “derecho” que había creado un puñado de militares rebeldes tenía que dejar en la cuneta cualquier otro que se le opusiera.

(Incidentalmente sería muy interesante conocer los entresijos en la preparación de aquella famosa ley. Hubo de hacerse a lo largo del mes de octubre de 1936 que, como es sabido, fue un tiempo de gloriosa plenitud para Franco. Había llegado al pináculo del poder; nazis y fascistas le habían confirmado su apoyo; a la chita callando habia  empezado a desviar saldos procedentes de suscripciones “nacionales” a sus cuentas privadas y, para colmo,  alguien le había preparado una disposición que suponía una ruptura total con el pasado.  A no ser, claro está, que hubiera sido una ocurrencia de su privilegiada y polivalente mente militar. Como en alguna ocasión afirmó Franco que había mantenido largas conversaciones con el abogado del Estado Don José Calvo Sotelo sobre temas jurídicos y económicos  podríamos preguntarnos si no se habría apañado para tener acceso a los papeles en que el vilmente asesinado tribuno había pergeñado los contornos del Estado futuro. O, alternativamente, podríamos también preguntarnos si alguno de los co-conspiradores monárquicos no se habría aprovechado de cierto papelín que puso a disposición de Franco. Quizá en la creencia en que con ello rendía tributo al hombre encargado de preparar la restauración de la Monarquía).

Volvamos al oro. El pleno del CdE, dicho sea en su honor, no siguió del todo el proyecto de dictamen. Tampoco se alejó demasiado. Al fin y al cabo no hubiera sido muy inteligente discrepar de la versión maximalista. La final se aprobó, pues, con la discrepancia rotunda y solitaria director general de lo contencioso. Esta, ni que dicer tiene, la asumió el polivalente Ministro de Hacienda, es decir, el eminente jurista y político Don Mariano Navarro Rubio. Y, como es lógico, del dictamen y de la discrepancia se dio traslado a la Superioridad.

Es sabido de los dictámenes del CdE no  eran ni son vinculantes para el Gobierno. El que aquí nos interesa se discutió en la reunión del Consejo de Ministros el 5 de febrero de 1960 (tras el  macroeconómico éxito rotundo del plan de estabilización). Así que, ¡ojo al canto!, el Gobierno se situó detrás de la postura del Ministerio de Hacienda y del voto discrepante del señor director general de la Contencioso. Sin, naturalmente, conocer las discusiones internas entre los ministros, el resultado fue una victoria por goleada en favor de Navarro Rubio y una derrota sin paliativos de Castiella. El 12 de marzo el ministro secretario de la Presidencia,  el polifacético almirante Luis Carrero Blanco, se lo comunicó formalmente.

Con buenas palabras el almirante sugirió a Castiella que se las apañara como pudiera y que pusiese en marcha la decisión. ¡A convencer, pues, a los soviéticos que tendrían que aceptar las consecuencias del decreto de 24 de julio de 1936 y las disposiciones subsiguientes!.

Por desgracia, los papeles no dicen si por la mente de alguno de tan renombrados paladines del régimen pasó la noción de que en 1936 la República española era la única representante reconocida internacionalmente del Estado español y que la URSS mantenía relaciones diplomáticas plenas con la misma, también aceptadas formalmente por la misma comunidad internacional.  Así que un alma inocente y estudiante de licenciatura de Derecho podría pensar que sería más que razonable que Moscú no jugara el papel que desde El Pardo se le había atribuido generosamente. Sobre todo cuando Pravda ya se había preocupado de afirmar que la República había quedado a deber a la URSS.

Hélas! Juzgando por los papelines que han sobrevivido a lo que sin duda fue un expurgo malintencionado, nada hace pensar que Castiella cumpliera las instrucciones del Consejo de Ministros. Tampoco es difícil adivinar la causa, aparte de la “pequeña” consideración anterior.

Llegamos ahora a la demostración del genio inmarcesible de Franco y de sus inmediatos asesores. Uno se descumbre, adecuadamente impresionado, ante el de uno y otros. El plan de Hacienda, y por ende del Gobierno en pleno, no parece que se llevara a la práctica. ¿Por qué?

Esta es la cuestión del millón de dólares de la época. Salvo demostración en contrario, tengo la impresión de que ni Franco, ni Martín Artajo, ni Navarro Rubio, ni el director general de lo contencioso,  ni el augusto Consejo de Ministros parecen haber tenido la menor idea de dos “pequeños” temas. El primero era que el Estado Español NO estaba legitimado para pleitear ante el TIJ contra otro Estado miembro de Naciones Unidas. El segundo, que la URSS se había negado tercamente a aceptar la posibilidad de ser demandada ante el TIJ. Ambas circunstancias las conocería, sin la menor duda, la Asesoría Jurídica Internacional y por ende también Castiella. ¿Qué hacer? Pues callarse y a otra cosa mariposa.

Ahora bien, los amables lectores podrían preguntarse  por qué no estaba legitimado el orgulloso Estado Español bajo la incomparable férula de su insigne y avezado Caudillo.  Simplemente porque el 1º de julio de 1939, día de la VICTORIA, el triunfante gobierno del mismo Caudillo, por la vía de su ministro de Asuntos Exteriores, el teniente general Francisco Gómez-Jordana, conde de Jordana, sin duda una eminencia jurídica, se había apresurado a telegrafiar al Secretariado de la Sociedad de Naciones (un producto execrable de la palabrería y de las grotescas aspiraciones de los países democráticos de la época). En tal telegrama, ¡qué conducto tan diplomático y tan cortés!, anunció tersamente la denuncia de la España victoriosa, por supuesto con efectos inmediatos, del Acta general del arreglo pacífico para las controversias internacionales concluida en Ginebra el 26 de septiembre de 1926 (para más inri en tiempos de la dictadura primorriverista)  a la que la España monárquica se había adherido y que, naturalmente, la República ni tocó.

Incidentalmente, con gran verosimilitud los lectores ignorarán que el Estado español, bajo el franquismo, solía introducir la reserva correspondiente en los acuerdos y tratados que firmaba. Así creó una tradición robusta aunque no necesariamente ejemplar. Digo esto porque duró nada menos que hasta octubre de 1990. Entonces, bajo el ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez, con el segundo Gobierno de Felipe González se superó la animadversión a La Haya y se declaró formalmente la aceptación española de la cláusula correspondiente.

Por si alguien lo hubiese olvidado, en su discurso de fin de año de tan gloriosos, pero ocultados hechos, y para conocimiento y solaz de los millones de seguidores que le escucharían embelesados, SEJE proclamó orgullosamente refiriéndose a su creación política:

“No es un Estado de hecho que tiene condicionada su licitud y legitimidad limitada por el tiempo necesario para recuperar la “normalidad” alterada, sino que él es el régimen históricamente normal y legítimo. Desde el primer instante es plenamente “Estado de derecho”, y como tal se asento sobre la aclamación, el plebiscito, la adhesión el asentimiento y el consenso del pueblo español”

O sea, ya ven los amables lectores con qué armas el gran conductor de la PATRIA se había provisto para echar un pulso contra el expolio del “oro de Moscú” y conseguir su restitución.

¿Resultados? ¡Ah!, en el tema que nos ha ocupado en los anteriores posts y en el presente cabe afirmar que fue absolutamente ninguno (tampoco demasiados en otros). Solo en un aspecto tuvo éxito: todavía hay gente que cree en las leyendas franquistas. Y, a lo que parece, también VOX, la FNFF y quienes diseñan campañas mediáticas en loor de Franco por las redes sociales. La moraleja la dejo al mejor juicio de quienes esto leyeren.

Notas

1. La argumentación jurídica, aquí muy resumida, la he tomado de un excelente diplomático, gran conocedor del tema y cuyo nombre no viene a cuento.
2. El artículo 1º de la Ley de 1º de octubre de 1936 estableció: “Se declaran sin ningún valor o efecto todas las disposiciones que, dictadas con posterioridad al 18 de julio último, no hayan emanado de las autoridades militares dependientes de mi mando, de la Junta de Defensa Nacional de España o de los organismos constiuidos por Ley de 1º de octubre próximo pasado”

Con mil perdones por la anómala longitud de este post, queda de los amables lectores hasta marzo de 2021 cuando ya esté en la calle El gran error de la República, su muy agradecido

Angel Viñas