Ángel Viñas

Quisiera empezar este post disculpándome ante mis lectores. Con él no termino la serie sobre Hitler, que dejo para la semana próxima. Lo pospongo por dos razones. En primer lugar porque se publica, excepcionalmente, un lunes coincidiendo con el 18 de julio, fecha convencional del estallido de la guerra civil hace hoy ochenta años. En segundo lugar porque acabo de darme cuenta de un episodio que me parece representativo de cómo algunos escriben “historia” o, al menos, sobre el pasado. En este caso, el profesor Stanley G. Payne. El titulo del post recuerda, vagamente, a la primera línea de una canción infantil en la que las liebres corren por el mar y las sardinas por el monte.

Estoy ojeando EL CAMINO AL 18 DE JULIO cuyo subtítulo reza, nada menos, LA EROSION DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (DICIEMBRE DE 1935-JULIO DE 1936). Una conferencia con el mismo título, la primavera pasada, en el CESEDEN generó cierta controversia en la prensa y las redes sociales. Se reflejó incluso en este modesto blog.

No voy a hacer aquí ni una crítica ni una reseña del libro. Recientemente ha aparecido una muy elogiosa escrita en la REVISTA DE LIBROS. No estoy de acuerdo ni con ella ni con la orientación de la obra reseñada, pero de ello no quiero escribir. No es el momento ni el lugar.

He tenido ocasión de cruzar espadas con Payne. Por ejemplo, en mi libro LA OTRA CARA DEL CAUDILLO mostré su indigencia investigadora. Lo he hecho también, en este blog, en relación con su tratamiento del bombardeo de Guernica. Indignado por su biografía de Franco (escrita con un periodista de pasado dudoso) dirigí un número extraordinario de la revista académica digital HISPANIA NOVA en el que un grupo de historiadores españoles pusimos al descubierto algunas de las características metodológicas del tan alabado autor norteamericano (los lectores que quieran ojear el número pueden encontrarlo en la red).

Así, pues, no me sorprende mucho la obra de Payne. Sin embargo, al ojearla me he encontrado con un caso de desfachatez tal que me veo obligado a ponerlo en la picota públicamente. No espero que responda porque, en realidad, no tiene respuesta posible. Pero sí lo aireo como aviso a navegantes.

Para ahorrar a los lectores los 19,90 euros que cuesta el libro según su precio de tapa reproduzco lo que escribe el autor en las páginas 290 y 291. En itálicas transcribo lo que resulta totalmente inadmisible.

“Mola no emprendió ninguna iniciativa seria para ganar un apoyo extranjero, aunque, como hemos dicho, Sanjurjo había viajado a Berlín en marzo en busca de armas, sin éxito, y en junio los monárquicos trataron, igualmente sin éxito, de reabrir las relaciones que habían establecido con el Gobierno italiano tres años antes”.

Esta frase lleva una nota al pie que dice así:

“Al comienzo de 1933, una iniciativa conjunta de monárquicos alfonsinos y carlistas habían (sic) firmado un acuerdo con Roma que prometió una ayuda italiana limitada por (sic) una rebelión armada contra el régimen republicano, que después pasó a ser letra muerta. En junio de 1936, los monárquicos del grupo Renovación Española, que mantenían una conspiración paralela con elementos de la UME, trataron de ganar apoyo financiero de Roma, mientras reanudaban la petición de armas”.

Se añaden dos referencias: una a Ismael Saz y su clásica obra y otra a la  contribución de servidor al libro dirigido por el profesor Francisco Sánchez Pérez, LOS MITOS DEL 18 DE JULIO.

El lector no advertido no se dará cuenta de lo que va en itálicas constituye una superchería. No ha tenido inconveniente en tergivesar todo lo posible en relación con un tema que ha hecho correr ríos de tinta. Las siguientes observaciones son las mínimas:

1ª Los contactos entre conspiradores españoles y fascistas italianos se remontan, por lo menos, a 1932 (incluso hay indicios de que a Roma se comunicó algo acerca de la preparación de la “Sanjurjada”) pero políticos muy significativos empezaron su peregrinaje hacia la capital del fascismo ya en el otoño. No para tomar el té. Con galletas o sin ellas.

2ª Como resultado de estos contactos, que fueron intensificándose y densificándose en los meses siguientes, se llegó al acuerdo con Mussolini de 31 de marzo de 1934 (no de 1933). Documentación al respecto, que guardó para sí Antonio Goicoechea, número dos de José Calvo-Sotelo, la encontraron las milicias en su casa madrileña en plena guerra civil. Esta vergonzante faceta de la conspiración quedó expuesta a la luz del sol. Ha generado numerosos artículos y comentarios.

3ª Obsérvese que el acuerdo se concluyó no cuando gobernaba una coalición de izquierdas sino un gobierno radical, dependiente de la buena voluntad de la CEDA (aunque no sin contraprestaciones).

4ª El acuerdo, muy amplio, no se llevó a la práctica totalmente pero oficiales requetés se entrenaron en Italia. Hubo sus más y sus menos en cuanto al suministro de cierto material (bombas de mano, fusiles y ametralladoras, todos viejos salvo las primeras) y una sustancial ayuda económica. Los detalles pueden seguirse en Morten Heiberg (EMPERADORES DEL MEDITERRANEO) y en José Ángel Sánchez Asiaín (LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA). Ninguno de tales autores figura en la bibliografía de Payne. Los contactos con Italia se examinan incrustados en la estrategia y táctica de los monárquicos en aquellos años en el libro de Eduardo González Calleja CONTRARREVOLUCIONARIOS, que Payne cita en su bibliografía, pero a quien se le olvida mencionar en este aspecto.

5ª Todo lo que antecede podría atribuirse a una redacción apresurada. El autor siempre argumentará que no es posible citar toda la literatura disponible y que, en todo caso, es muy libre de elegir la que le parezca más conveniente. En principio, no hay mucho que objetar aunque omitir literatura directamente relevante es, por definición, un tanto sospechoso.

6ª Otra cosa es tergiversar descaradamente. El tema que Payne oculta cuidadosa y meditadamente es que los monárquicos TUVIERON UN ÉXITO ROTUNDO. El 1º de julio de 1936 Pedro Sainz Rodríguez, número tres de Calvo Sotelo, firmó cuatro contratos para el suministro de material de Aviación muy moderno. Los italianos se comprometieron a entregar una primera tacada en el curso del mes (como hicieron) y el resto en agosto. Payne lo elude al afirmar simplemente, ¡qué pillín!, que los monárquicos reanudaron “la petición de armas”. No eran las mismas. Ametralladoras no equivalen a aviones de guerra modernos.

7ª Los monárquicos tampoco reabrieron las negociaciones porque los contactos nunca se cortaron. Fue Mussolini quien, en el terremoto político-diplomático que causó su invasión de Abisinia, se concentró en otro tema para él más importante. En cuanto amainaron las aguas, Goicoechea se puso en contacto con Roma, en representación también de Falange, para informar de la  situación española y, a la par, solicitar apoyo financiero con que pagar los sueldecillos de los “grupos de acción directa”, léase pistoleros falangistas. Tan distinguido prócer lo planteó el 12 de junio poco antes de que su líder, José Calvo Sotelo, tronaba en Cortes contra la desintegración de la PATRIA y se proclamaba fascista gallardamente. La carta de Goicoechea, reproducida también por Sánchez Asiain, a la que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini nombrado días antes, conde Galeazzo Ciano, no parece que prestara mucha atención, la comentó extensamente el profesor Ismael Saz. Payne los ningunea con exquisito celo. No cabría negar que se trata de un historiador inclinado a la sutileza en casos delicados.

Todo lo que antece le sirve a nuestro ejemplar autor,  con esa luz cegadora tan suya que deslumbra a algunos colegas españoles, para eliminar de un plumazo lo que debería ser un estigma permanente de la levantisca derecha de la época. Antes del golpe no fueron los comunistas los que pidieron auxilio a la Komintern; no fueron los soviéticos los que suministraron armas a los “revolucionarios” (a pesar de los camelos acumulados de Félix Maiz, o de Botín, o del Servicio Histórico Militar, etc., ya indicados en este blog); tampoco mendigaron armas los socialistas o los anarquistas; ni siquiera las solicitó el gobierno republicano, reconocido internacionalmente, a ninguna autoridad extranjera, aunque hubiese estado en su perfecto derecho a tenor de la legalidad vigente en la época. Quienes sí complotaron con éxito completo fueron los monárquicos, con algún que otro militar a rastras, y lo hicieron, fascistizados como estaban, a la potencia en la que muchos de ellos se miraban embelesados.

Este tipo de conclusiones es lo que el profesor Payne no quiere que extraigan sus lectores. No pongo calificativos pero he acudido al DRAE en busca de definiciones. Que quien lea este post leerá en él, a título de ejemplo, dos vocablos que justifican el recurso a la cancioncilla infantil:

MENTIROSO: que miente

MENTIRA: expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente; cosa que no es verdad; acción de mentir

Moraleja: es difícil pescar liebres y cazar sardinas y antes se coje a un mentiroso que a un cojo.

Laus Deo.

Ángel Viñas

A lo largo de los últimos dos meses los posts anteriores a este han reflejado, todo lo fielmente que es posible en escritos breves de tales características, el núcleo de las justificaciones que eminentes representantes del bando vencedor utilizaron para, ante Dios y ante la Historia, convencer de la imperiosa necesidad de la sublevación a las generaciones que la organizaron o padecieron y a las que vinieron después.  Tales representantes empezaron con la traca correspondiente (cortesía en general de la trama civil) antes de dicha felonía. La reelaboraron en los primeros años de la dictadura gracias a la ayuda de propagandistas de medio pelo y de los especialistas del Servicio Histórico Militar. La ampliaron por la vía de testigos tan ensalzados como Félix Maiz y Bolín. Basaron en ella la «legitimidad» de origen de la dictadura. Todavía hoy la defienden, en parte o en casi todo, algunos historiadores insensibles al desaliento.

La tentación de caracterizar tal traca de mera sarta de sandeces es grande. Pero constituiría un error garrafal e históricamente inadmisible. Desempeñó un papel absolutamente esencial: el de justificar lo injustificable y el de constituir la base de un corpus de doctrina que duró tanto como la dictadura. La traca de entonces sigue arrojando sombras sobre la España democrática y, en especial, sobre la enseñanza de la historia contemporánea. Es necesario profundizar algo más en lo que representa.

En primer lugar, es la traducción operativa de un mero ejercicio de proyección. Es decir, la imputación al otro de la conducta propia. Como esta fue execrable se la endilgaron a los adversarios. Sin embargo, no fueron los «rojos» (republicanos burgueses, socialistas, anarquistas, comunistas) quienes complotaron con una potencia extranjera (la URSS) para hacer la revolución y asentar una dictadura. Fueron los monárquicos quienes lo hicieron para facilitar la contrarrevolución y restaurar la Monarquía merced a la intensificación de sus lazos con la Italia fascista  que desembocaron en los «contratos romanos» para el suministro de material de guerra moderno el 1º de julio de 1936.

Fueron los carlistas quienes, temporalmente, se aliaron con los anteriores aunque luego tuvieran un pequeño zipizape por cuestión de enseñas, símbolos y, más importante,  por la determinación de quien se llevaría el gato al agua en la ansiada restauración monárquica.

Fueron los falangistas quienes, financiados por el dinero fascista, se prestaron a servir de pistoleros en remedo de los grupos de acción directa que tan útiles fueron a Mussolini en su camino hacia el poder.

Fueron los representantes más acrisolados de la oligarquía financiera, encabezados por Juan March, quienes aparte de poner a salvo una gran parte de sus dineritos en bancos franceses, ingleses, alemanes y suizos, no dudaron en añadir su ayudita financiera para la creación de un «estado de necesidad» que en último término justificase la sublevación.

Fueron distinguidos militares como el general Sanjurjo y el teniente coronel Beigbeder quienes, sin demasiado éxito, aspiraron a ampliar su red de contactos internacionales en la Alemania nazi.
En segundo lugar, abultar gracias a los diaristas o testigos la importancia del general Mola como cerebro de la conspiración ha permitido que otros conspiradores pasaran a un segundo o tercer plano. Ante todo Franco. Ciertamente iluminar sus maniobras en Canarias es difícil, aunque no imposible. Ya se preocupó él, con el vital apoyo de su ayudante, el entonces teniente coronel Francisco Franco Salgado-Araujo, de dejar el menor rastro posible. Pero como su primo hermano fue un embustero consumado (no hay mejor mentira que la que se basa lo más posible en la verdad pero la modifica en puntos estratégicos) no podemos tomar como palabra de Evangelio las muchas páginas que escribió para ocultar o distorsionar aspectos críticos. (Tampoco, incidentalmente, las memorias de Pedro Sainz Rodríguez o del señor marqués de Luca de Tena o de su hijo).

Franco Salgado-Araujo se vio apoyado por el silencio de otros. ¿Conoce algún lector memorias del general Orgaz? ¿O de un diplomático escurridizo y venal como el futuro embajador José Antonio Sangróniz, para más inri miembro distinguido de la Real Academia de la Historia? ¿Y qué decir de los papeles de Mola, desaparecidos misteriosamente? ¿O los de Yagüe, que eluden todo lo relativo a la conspiración?

¿Dio Mola, por ejemplo, instrucciones para aplicar en los consejos de guerra («quien no esté con nosotros, está contra nosotros») la espuria interpretación de la Ley Constitutiva del Ejército? ¿O descendió el arcángel San Gabriel sobre los jurídicos militares y se la insufló? ¿Acaso flotaba la idea en el ambiente cual libélula mágica? ¿Escribieron algo personajes importantes en la época como Felipe Acedo Colunga, Lorenzo Martínez Fuset o Blas Pérez González? ¿Dónde están sus papeles si conservaron algunos? Lagunas. Lagunas. ¿Cabe, por ventura, fiarse de las del posterior preceptor del príncipe Juan Carlos, el también jurídico militar Eugenio Vegas Latapié?

En tercer lugar, dado que los nazis justificaron el incendio del Reichstag inducido por los comunistas con la localización de inmensas cantidades de documentación que «probaba» que  estaban a punto de propiciar una revolución, ¿quién o quiénes sirvieron de canal para transmitir tal idea a los conspiradores españoles, algo menos sofisticados? ¿Periodistas imaginativos que visitaron Berlín? ¿El nazificado corresponsal de ABC en la capital del Tercer Reich, tal vez a sueldo del Ministerio de Cultura Popular y Propaganda?  Más lagunas…

En una conspiración, se conspira. Sobre todo si es fácil y no hay que movilizar grandes recursos financieros (salvo para adquirir armas extranjeras).  Al escribir su historia, los autores franquistas o neofranquistas mienten. Es una constante que ya empezó con Arrarás y que continúa impoluta, aunque adaptada, hasta los momentos actuales. ¿Sabe alguien de los descubrimientos genuinos que sobre la conspiración haya hecho, por ejemplo, el profesor Payne? ¿O el profesor Suárez Fernández? ¿O el difunto profesor de la Cierva y Hoces?

¿Conoce algún lector si, por casualidad, la familia Franco sigue teniendo papeles de su tan enaltecido ascendiente que arrojen luz nueva sobre su ascenso al poder? Porque, ciertamente, no es un tema baladí. Lo dejó sembrado de cadáveres cuya sombra sigue planeando sobre la sociedad española, escindida entre la que prefiere no recordar y la que desea saber. Mientras tanto, la mitología subsiste. La verdad rankiana se oculta y los historiadores neo-franquistas proclaman, implícitamente, que ya se conoce toda la historia y, ¡ay de quien se atreva a desenterrar entuertos y, sobre todo, muertos!

Confío en que la pequeña serie de posts que con este termina haya sido de interés para los lectores. Y también confío en que algún historiador neo o parafranquista se digne seguir «descubriendo» cosas todavía ocultas que den la razón a Félix Maiz o a Bolín o a Arrarás o a Aznar o a Lojendio. O al SHM.

 

Ángel Viñas

Para nuestros propósitos no es la violencia salvaje de los sublevados la más interesante, aun cuando fuese la más terrorífica y letal. Desde el punto de vista de las «justificaciones » hemos de dar la primacía a aquéllas que se fundaron sobre un bastardeado basamento «jurídico». Algunos ejemplos permiten identificar los puntos esenciales de la argumentación esgrimida por los juristas militares.

Empezaré con las enrevesadas cogitaciones del fiscal militar en uno de los consejos de guerra que he estudiado. Fue del tenor siguiente:

«A partir de la fecha en que por consecuencia de las elecciones celebradas en España en febrero del pasado año de 1936 triunfó y se erigió en conductor de los destinos de nuestra Patria el funesto Frente Popular, fue desarrollándose un estado de indisciplina y subversión tal que, luego, con el franco dominio en las calles del terrorismo y tendencia anarquizante de determinados elementos obreristas, dio lugar en 18 de julio a la declaración del estado de guerra (…) para oponer un dique a la labor demoledora de los que por su actuación estaban ya declarados por la conciencia nacional como enemigos de la Patria; y ello, en uso de las atribuciones que al Ejército concede su Ley Constitutiva que le impone la obligación en todo momento de defender a la Patria contra enemigos interiores y exteriores…»

Como se observa el «refugio jurídico» es evidente. También se encuentra en otra de las sentencias analizadas por el profesor Glicerio Sánchez Recio (recomiendo a tal efecto a los lectores el libro que ha coeditado con el profesor Roque Moreno Fonseret Aniquilación de la República y castigo a la lealtad, en las publicaciones de la Universidad de Alicante).

«Considerando que, al asumir las autoridades representativas del Ejército Español el día 17 de julio de 1936 los legítimos poderes de la Nación para, por imperativo mandato de la Ley Constitutiva, defenderla de sus enemigos exteriores e interiores, personificados entonces por los componentes del llamado Frente Popular que detentaban el gobierno de España, y nacido así el nuevo Estado Nacional, la oposición armada al mismo integra un delito de rebelión militar…»

Lo dicho: quienes se rebelaron no lo hicieron. Los rebeldes fueron los que no se rebelaron. Uno se pregunta por qué ochenta años más tarde no ha habido todavía ningún Gobierno o ningún Parlamento en la democracia que se hayan atrevido a plantear la corrección de estas burradas jurídicas, que llevaron a la muerte a miles de españoles.

También tiene gracia la siguiente modélica argumentación que figura en una sentencia pronunciada en Medina del Campo (Valladolid):

«… Desde el momento en que el Ejército se alzó en armas el 17 de julio último, adquirió de hecho y de derecho el poder legítimo, lo mismo en su origen que en su ejercicio y, por consiguiente, convierte en rebeldes a todos los que a dicho movimiento se oponen…»

O esta justificación tan bonita:

«Ante la conculcación de las esencias institucionales del Estado Español por parte de las organizaciones y elementos que formaron el Frente Popular para, desde el poder, subvertir los principios jurídicos en que se cimenta la Sociedad Española; ante los atentados de integridad y fundamentos de la Patria; la alta y encubierta delincuencia y la disolución de las normas indispensables de conveniencia nacional, en los días 17 y 18 de julio de 1936, mediante las elevadas jerarquías que, conscientes de su responsabilidad y sagrados deberes para con la Patria, obraron a impulsos del imperativo Nacional, recogió y asumió todos los poderes que integran la soberanía para defender aquellas esencias de la Patria y oponerse a la actuación que, llamada gubernamental, utilizaban los órganos del Estado para procurar su propia destrucción».

En tales condiciones no extraña nada que

«al asumir la institución Ejército, siquiera circunstancialmente (sic), los poderes que integran la soberanía del Estado, lo hacía en ejecución del deber que le impone su Ley Constitutiva de 29 de noviembre de 1878, de sostener la independencia de la Patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores, por lo que, dada la legitimidad que pudiera llamada (sic) sagrada de aquella arrogación de poderes, el alzamiento en armas contra estos, ya ostentados por el Ejército, constituye el delito de rebelión definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar…»

Y así, con la conciencia tranquila, los militares, bien parapetados tras «su» Derecho mandaron a decenas, centenares y millares de «rebeldes» al pelotón de ejecución. Todo, naturalmente, para salvar a la PATRIA.

Pero esto fue en la guerra civil. Ya próxima la VICTORIA había que justificar ante Dios y ante el mundo lo bien fundado de la sublevación. ¿Quién leía, por ejemplo, en el extranjero los considerandos de las sentencias de los consejos de guerra? Tampoco es que los publicara, para ejemplo, la prensa yugulada por la censura militar.

Por ello la importancia sobresaliente del Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936. Fue producto de los quebraderos de cabeza y sesudas discusiones de una comisión establecida por Orden del Ministerio del Interior de 21 de diciembre de 1938 (el abnegado ministro que de ello se preocupó fue Ramón Serrano Suñer, eminente abogado del Estado y cuñado del Generalísimo Francisco Franco). La comisión lo emitió el 15 de febrero de 1939. Sus conclusiones eran las esperadas. ¡No iban a cargarse la justicia y el derecho que tanto habían sobresalido entre las filas de los vencedores!.

Dos de las conclusiones son las que nos interesan destacar aquí. Una señalaba que, desde el 19 de febrero de 1936, el Estado español se transformó «de Estado normal y civilizado en instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y el crimen». ¡Casi nada! En consecuencia, a tenor de la segunda conclusión, «el Glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando por el contrario una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados».

Así que todos contentos. Los vencedores habían actuado, realmente, como mandaban la Moral y el Derecho. Sin separarse un milímetro de sus estrictos condicionantes.

¡Ah! se me olvidaba. En las páginas 67 y 68 del Dictamen los dilectos varones que lo escribieron introdujeron, quizá de motu propio, una información tomada de un documento que había presentado el Gobierno portugués al Comité de No Intervención de Londres. De este documento se desprendía con toda claridad una serie de datos reproducidos a continuación:

«1.º Que el 27 de febrero de 1936, es decir a los ocho días de subir al Poder el «Frente Popular», el Komintern de Moscú decretaba la inmediata ejecución de un plan revolucionario español y su financiamiento, mediante la inversión de sumas fabulosas.

2.º Que el 16 de mayo siguiente, representantes autorizados de la URSS se reunían en Valencia en la Casa del Pueblo con representantes también autorizados de la III Internacional y adoptaban el acuerdo siguiente: «Encargar a uno de los sectores de Madrid, designado con el número 25, de eliminar a las personalidades políticas y militares destinadas a jugar un papel interesante en la contrarrevolución».

3.º Que a los mismos efectos, Rusia, en donde desde largo tiempo existía, en un museo de Moscú, una sala especial dedicada a la futura revolución comunista española y que tenía creada en España una vasta organización abundamentemente provista de medios de propaganda y de acción, había enviado a España dos técnicos que son, al mismo tiempo, revolucionarios conocidos: Bela Kun y Zosowiski, con el encargo de realizar inmediatamente los objetivos sigientes que coinciden en sus finalidades y carácter con lo hecho en Asturias en 1934 (sic):

a) Obligar al Presidente de la República a renunciar a su cargo.

b) Establecer un Gobierno dictatorial obrero y campesino.

c) Proceder a la confiscación de tierras y nacionalización de bancos, minas, fábricas y ferrocarriles.

d) Exterminar a los pequeños burgueses.

e) Establecer un régimen general de terror.

f) Crear milicias obreras.

g) Destruir las Iglesias y conventos.

h) Suprimir la prensa burguesa.

i) Crear el Ejército rojo español.

j) Provocar una guerra con Portugal a título de experiencia revolucionaria.

4.º Que grandes cantidades de armas rusas comenzaron a entrar en España desembarcadas, en marzo en Sevilla, por el barco soviético Neva, y en Algeciras, en la misma época, por el barco, también soviético, Jerek, siendo este material distribuído por los elementos comunistas en Cádiz, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Cáceres y Jaca».

Es decir, se cerraba el círculo. Hemos de suponer que el dictador luso, Oliveira Salazar, recibió la correspondiente documentación de sus amiguetes los sublevados españoles y la trasladó a Londres, aderezada de los necesarios embellecimientos.

Los amables lectores comprenderán ahora mejor las estupideces de la Historia de la Guerra de Liberación del SHM, las bobadas de Félix Maíz, las exageraciones de Bolín, los discursos «científicos» y «objetivos» de algunos historiadores y se harán cruces, supongo, acerca de las discrepancias que pueden fácilmente detectar en las tareas supuestamente encargadas al radio 25 de Madrid con las que tramitó Oliveira Salazar para información de quienes ahogaban a la República. Es también un tema importante porque fue misión de tal radio, se afirmaría después, liquidar al Sr. Calvo Sotelo.

Como se habrá comprobado en estos posts he limitado los comentarios a un mínimo. Incluso a algunos esto puede parecerles exagerado. Es obvio que la argumentación podría haberse basado en un collage de evidencia primaria suficientemente indicativo. Ahora bien, en gran medida aquellas innobles exageraciones, aparte de justificar la sublevación, de execrar a los republicanos en su totalidad y de poner de relieve los rasgos fundamentales del asalto soviético a la vieja e inmortal España (contra el cual un sector del Ejército no tuvo más remedio que resistir con las armas en la mano), sirvieron de hoja de parra. O, si se prefiere un término más elegante y académico, de mecanismo de proyección para ocultar el comportamiento que exhibieron los realmente sublevados. Algo que, en efecto, obviaron cuidadosamente el Dictamen, la «historia» del SHM, Félix Maíz, Luis Antonio Bolín, los historiadores profranquistas y los neofranquistas. Todos unidos en sagrada comunión. Continuará.