Ángel Viñas

Escribo este post el 9 de mayo (día de Europa) tras leer en EL PAIS unos excelentes artículos sobre la situación y perspectivas de la Unión Europea. También sobre los deseos del actual Gobierno en funciones de desempeñar un papel más activo en la misma. Esto me trae a la memoria la sempiterna cuestión de la imbricación de los vectores foráneos, principalmente europeos, en la configuración de la guerra civil. Precisamente sobre esta temática va a tener lugar la semana próxima, allende el Atlántico, un importante coloquio en el Distrito Federal que está organizado por el Colegio de México. Varios historiadores españoles participaremos en él y es más que probable que las exposiciones y discusiones me den materia con la que enriquecer este blog en sucesivos posts.

Dicha imbricación, intensa, profunda, permanente y consistente, ha sido siempre tratada de una  forma extremadamente sesgada por la historiografía franquista. Dejando la literatura de combate generada durante la dictadura, la orientación general no ha variado mucho: a) los malvados bolcheviques conspiraron para incorporar a la España frentepopulista a sus pavorosos planes de revolución mundial; b) las fuerzas vivas de la España nacional no tuvieron más remedio que oponerse enfrentándose a una superioridad inmensa de medios y hombres movilizados por la Internacional Comunista; c) hubo ayuda de potencias tales como Alemania e Italia, pero apenas si para compensar la ayuda que recibían los “rojos” y que actuaron por su lógico temor al comunismo.

En mi reciente libro ¿Quién quiso la guerra civil? he disfrutado poniendo en su sitio la realidad de los hechos en cuanto a la primera afirmación. He reproducido, aviso a navegantes, el ukase de SEJE al coronel director del excelso Servicio Histórico Militar: era absolutamente preciso “aclarar que el movimiento nacional (sic) no tenía ninguna clase de concomitancias con el extranjero”.

Añadí de mi cosecha una expresión castiza: “¡vaya tupé!”. Franco sentó la norma a que debía atenerse el SHM a partir de 1944, cuando pronunció su ukase. No es necesario subrayar que en su dictadura fascistizada Franco se dirigió a un jefe que ya se había apresurado a señalar que el SHM estaba dispuesto a ofrecer la interpretación más conveniente

“a los altos intereses de la Nación y del Nuevo Estado, a cuya exaltación y apología se esfuerza en servir con la mayor lealtad y devoción”.

Palabras no mías, sino del coronel Nicolás Benavides Moro y que subsistían en las últimas entregas -patéticas- del mismo SHM cuando ofreció su versión final, abreviada para su consumo masivo, de la “guerra de liberación” en los años sesenta. Después,  aquel gigante de la seudohistoria que fue Ricardo de la Cierva (qepd) tomó la batuta para que aprendieran los historiadores “antiespañoles” y reforzar a los que ya veían la luz, como un conocido hispanista norteamericano.

Sentado lo que antecede, me permito traer ahora a colación algo que he leído recientemente en una hoja de servicios que mi primo hermano Cecilio Yusta Viñas ha tenido la amabilidad de enviarme. Se trata de la que corresponde a un distinguido, pero un tanto olvidado, jefe de Aviación que prestó un inmenso servicio a Franco en un momento, digamos, delicado. Estuvo al frente, con otro compañero, de la exploración realizada por un grupo de juzgados (sic) en la base aérea de San Javier de la documentación caída en manos de los vencedores.

Entre los meses de junio a octubre de 1939 tales hércules de la devoción habían examinado la friolera de unos dos millones y medio (sic) de documentos “rojos”, expedido unos cinco mil informes sacados de los archivos de unas cuarenta mil fichas y de cerca de un millar de los consejos de guerra celebrados. Es decir, literalmente los vencedores apenas si habían podido descansar tras los hercúleos esfuerzos desarrollados en la contienda. Había que poner orden  en las masas de documentación conquistadas y en la correspondiente represión tras el fin de las hostilidades.

Cabe suponer que mucha de esta documentación habrá desaparecido. En parte porque no tuviese demasiado interés histórico y sí meramente operativo y, por tanto, circunscrito. Luego, porque con el paso del tiempo tal vez se hicieran talas para ganaar espacio (sin olvidar las que pudieron producirse, por otros motivos, ante y en la Transición). El historiador, sin embargo, puede establecer la hipótesis de que mucha de esa documentación quizá se haya conservado.

Y aquí viene mi deseo respecto al futuro Gobierno, no por cuenta propia sino por la de los ciudadanos españoles (e interesados extranjeros). Al cerrar la revisión de mi libro, ya citado, en los primeros días de febrero del corriente año informé a los lectores que había llegado a mi conocimiento poco antes una nota firmada por la Señora Ministra de Defensa, hoy en funciones. En ella ordenaba la apertura de gran parte de la documentación acumulada en el sistema archivístico de la Defensa hasta 1968. Esta fecha no es, obviamente, debida al azar. Es cuando se aprobó y promulgó la Ley de Secretos Oficiales, que con algunas modificaciones introducidas diez años sigue estando vigente.

Pues bien, con independencia de los cambios que se efectúen en la composición del actual Gobierno en funciones -y que afectarán a algunas o muchas carteras- lo que a mí me gustaría, en tanto que historiador, pero no para mí sino para todos, son algunas medidas con las que probablemente no sería necesario recargar la desbordada atención del futuro Consejo de Ministros. A saber,

1. Dar a la publicidad el anejo a la nota citada. Es decir, posibilitar que el público soberano, que ha ejercido con responsabilidad su derecho de elegir al futuro abanico de partidos políticos representados en las futuras Cortes, sepa a qué atenerse en cuanto a las nuevas posibilidades abiertas por la Señora Ministra, todavía en funciones.
2. Explicitar las limitaciones que contenga el anejo y las razones que hubieran inducido a excluirlas del acceso, en el bien entendido que la mayoría de los países occidentales que tuvieron algo que ver con la guerra civil, por acción u omisión, tienen ya abiertos sus propios archivos hasta más allá de 1968.
3. Informar de los propósitos oficiales cómo llevar a buen puerto las largas e infructuosas negociaciones desarrolladas en los últimos años para superar las limitaciones impuestas por la actual Ley de Secretos Oficiales y presentar al Parlamento un nuevo proyecto que nos ponga a tono con la mayor parte de los países El próximo contexto político invita a ello.

Es, ciertamente, una utopía pensar que en una futura oferta pública de empleo pueda hacerse un hueco para aumentar los efectivos de archiveros y demás personal técnico y auxiliar. Son necesarios para asumir la tarea de afrontar la previsible mayor demanda de información del pueblo soberano. La experiencia en la materia no es como para despertar grandes ambiciones. Pero no conviene dejarla de lado. Los historiadores reconocemos el trabajo abnegado de ese personal que cuida del patrimonio documental y somos conscientes de que, en último término, dependemos de él.

Una forma de facilitar la tarea podría consistir en autorizar que los usuarios puedan fotografiar o escanear la documentación por sí mismos. Esto es ya una realidad en la mayor parte de los archivos públicos de la UE en los que he trabajado.

En este sentido, los procedimientos de trabajo que en algunos se utilizan, como por ejemplo los Archivos Nacionales británicos, son tales que, sin grandes esfuerzos, es posible hacer en un día no menos de ochocientas a mil fotografías. Quizá no sea dable llegar a tan idílica situación de una tacada, pero sí es un objetivo por el que merece la pena bregar.

No olvidemos que un país que se respeta a sí mismo es un país que cuida su patrimonio documental, es decir, el reflejo de su historia, y que ese respeto se muestra con actos y no con ululantes alaridos como los que con tanta fuerza y vigor se han emitido en algunos sectores durante la  contienda electoral. ¡Ah! y si los servicios de investigación del Estado pudieran avanzar un pelín en la determinación de dónde se encuentran los papeles de Franco y de Mola, miel sobre hojuelas. El Señor Presidente del Gobierno tendría la seguridad de que las próximas generaciones se lo agradecerían enormemente.

(Sobre los temas de memoria histórica la argumentación tendría que ser otra. Por el momento, me doy con un canto en los dientes si se lleva a cabo la exhumación de los restos mortales de SEJE. Algo, en mi opinión, necesario aunque no suficiente).