Ángel Viñas

A finales del pasado curso la prensa, escrita y en el ciberespacio, se hizo eco, aunque no con muchos detalles, de la publicación de un libro en edición digital titulado EL ACCESO A LOS ARCHIVOS EN ESPAÑA. A pesar de que cualquier ciudadano, español o extranjero, puede descargarlo, imprimirlo y leerlo a su antojo (tiene 360 páginas) me temo que hasta el momento  no se ha comentado demasiado. El título, absolutamente correcto, quizá hubiera debido tener algo más de pimienta para llamar la atención. Es un reproche marginal, porque lo importante es su contenido, que no dudo de caracterizar de imprescindible. Me parece que es esencial para constatar que el derecho a conocer el pasado, establecido por las leyes y, de manera más o menos directa, por la propia Constitución Española, alabada por tantas fuerzas políticas y mediáticas amén de hacedores de opinión, está muy lejos todavía de incardinarse razonablemente en la actuación de las autoridades. Con ello constituye una llamada de atención para el futuro. Mi propósito, en estos comienzos del nuevo curso académico, es llamar la atención de los amables lectores de este blog sobre la importancia de dicho libro que puede descargarse fácilmente en las páginas de las dos Fundaciones que lo han elevado a la red: la Largo Caballero y la 1º de Mayo. Incluso hay algunas otras. Doy a continuación los vínculos correspondientes. Existen más.

http://fflc.ugt.org/Documentos%20de%20apoyo/El%20acceso%20a%20los%20Archivos%20en%20Espa%C3%B1a%20(avance).pdf

http://www.1mayo.ccoo.es/f9d833e22a0c7b5f4fc5f2dfdb44c9e9000001.pdf

https://www.bibliopos.es/el-acceso-a-los-archivos-en-espana/

https://universoabierto.org/2019/07/05/el-acceso-a-los-archivos-en-espana/

Se trata de un proyecto que ha estado en elaboración durante varios años. Hemos participado en él más de veinte historiadores y archiveros de diversas trayectorias y escuelas. Todos españoles, salvo un extranjero. Ha sido dirigido por un técnico bien conocido (Antonio González Quintana) y dos historiadores: uno relativamente joven (Sergio Gálvez Biesca) y otro  más talludito (Luis Castro Berrojo). Todos se han hecho un nombre por sus propios esfuerzos y dedicación y por su largo quehacer en los abstrusos vericuetos que en este país dan la razón al título de una popular obra del gran historiador francés Lucien Febvre: Combates por la historia.  En el libro se amplía este tipo de combates a los suscitados no solo por los de la guerra civil y el franquismo sino también por los de la recuperación de su memoria.

La combinación no gustará a numerosos periodistas de derechas; a seudohistoriadores; a historiadores profranquistas, metafranquistas y neofranquistas. Tampoco, me temo, a los responsables de varios Gobiernos y, en particular, a los que ocuparon carteras relevantes en los del Señor Rajoy. Me refiero a carteras tales como Defensa, Interior, Justicia y Presidencia. Hoy callados, afortunadamente, aunque algunos ya han aparecido en este blog por su desidia, cuentismo y galopadas escapistas.

Como muy bien señalan los presidentes de las fundaciones que han corrido con los gastos y la responsabilidad de dar a conocer al público de todo el mundo la situación en que se encuentra hoy el acceso a los archivos españoles, el libro se estructura en tres grandes partes. La primera se centra en el análisis crítico del marco normativo y regulatorio, a cargo de González Quintana y Eva Moraga; la segunda es la radiografía de una selección significativa de archivos; finalmente, una tercera cuenta las experiencias que en ellos han tenido cinco historiadores (entre ellos un servidor, acompañado de colegas y amigos como Matilde Eiroa, Juan José del Águila, Francisco Espinosa y Julián Vadillo). Cierran la obra tres anexos sobre bibliografía en torno a la conexión entre memoria histórica y acceso a archivos, un manifiesto del grupo de Archivos de la fenecida Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense, que creó y dirigió en primer lugar el añorado Julio Aróstegui, y breves semblanzas biográficas.

Los archivos examinados son los más importantes al respecto: el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, los archivos militares, los de las Fuerzas del Orden Público, los penitenciarios, los fondos de los Gobiernos Civiles, el archivo del MAEC, los fondos referidos a las colonias africanas, los de las organizaciones políticas y sindicales y los cinematográficos. Dos historiadores, en primer lugar el francés François Godicheau, se pregunta acerca de la misteriosa volatilización de los archivos de la policía española y seguidamente Luis Castro se interroga en general acerca de los fondos públicos desaparecidos, destruídos o privatizados.

El libro en cuestión es el resultado de un proyecto que se ideó en los tiempos de Aróstegui. Como recuerda Matilde Eiroa, él consiguió que en el año 2010 el Ministerio de la Presidencia se mostrara favorable a la realización de un proyecto que tenía como título Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de la represión en el período 1939-1962). La fecha de autorización del proyecto indica que tuvo lugar durante el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien pocos años antes había logrado la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en contra de los alaridos combinados del PP y de la mayor parte de los medios de expresión de derecha y de extrema derecha. En aquellos años servidor daba clases en la Facultad de Geografía e Historia los martes y miércoles, compartía un exiguo despacho con Aróstegui y me hablaba muy ilusionado de su proyecto.

La profesora Eiroa, miembro de aquel equipo, cuenta con cierto detalle (pp. 281s) cómo los objetivos exigían consultar, lógicamente, fondos del Ministerio del Interior, del Archivo Central de la Policía, del AGA, del AHN y del Archivo General e Histórico de la Defensa. Todos ellos los visitaron participantes en el proyecto (entre los que figuraban, lo escribo claro y terminantemente, varios amigos y colegas míos de credenciales técnicas más que probadas). Se determinó que los fondos claves se encontraban, no es de extrañar, en el Archivo General del Ministerio del Interior. Pero, ¡ay!, pronto se puso de relieve la imposibilidad de acceder a los mismos por diversos motivos: cautelas legales, carencias de inventario, disposiciones políticas, normativas restrictivas, etc. En conclusión, el proyecto no llegó a realizarse. Me gustaría saber si algún proyecto de este tipo habrá sido saboteado recientemente por las autoridades respectivas en países tales como Portugal, Francia, Bélgica, Holanda o Italia. Si algún lector tiene noticias, me alegraría mucho que me contactara.

Hago esta sugerencia porque puedo equivocarme. Cuando se combina la experiencia que relata Matilde Eiroa con la comparativa general con otros países y las aventuras personales de François Godichot (pp. 173-184) en busca de documentación sobre el pasado de la política de orden público en España, para mí no es difícil llegar a la conclusión (más bien perogrullada) de que el lema favorito del gran ministro de (Des)información y Turismo, y eminentísimo darling de la derecha española, Manuel Fraga Iribarne puede aplicarse en buena medida a la situación actual: España, por desgracia, sigue siendo diferente.

Un ejemplo reciente. Hace poco la prensa se hizo eco de la reclamación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para que el Gobierno desclasifique toda una serie de documentos en los que se reflejan ciertas relaciones entre el franquismo y el nazismo. Personalmente me apresuré a subirla a mi página de Facebook. Puede encontrarse con facilidad en el siguiente enlace: https://diario16.com/piden-que-el-gobierno-desclasifique-documentos-que-relacionan-el-franquismo-y-el-nazismo/?fbclid=IwAR1JCXg6OBuvjx0GuLYDWL5ZLyTkxQdV03x5RfFSik35FpfdxU73P4Nv87k.

Es un tema que me ha interesado desde la mitad de los años setenta del pasado siglo. Las concomitancias entre ambas dictaduras se han examinado en el plano ideológico, cultural, de relaciones bilaterales, de ayuda franquista a los huídos del Tercer Reich tras el hundimiento de la dictadura hitleriana, etc. Pero subsisten numerosas lagunas.  En mi libro SOBORNOS clamé porque se diera a conocer la documentación relativa a la gestión del tan alabado ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, entre 1941 y 1943. Todavía hoy alabadísimo en ciertos medios. Pues bien, ya en los años lejanos de la Transición el profesor Antonio Marquina, de la Universidad Complutense, llamó repetidamente la atención sobre su insólita desaparición. Como se lee. Mis investigaciones en los fondos del Palacio de Santa Cruz la confirmaron tiempo después. Aunque los lectores puedan pensar que “me paso”, lo que está fuera de toda duda es que “alguien” SAQUEÓ la documentación del Ministerio y que hasta ahora la Administración -bajo el signo de los gobiernos de UCD, PSOE y PP de turno- se ha mostrado incapaz de recuperarla. Marquina y servidor hemos dado pistas. Con cierta claridad servidor lo hizo en SOBORNOS.  No se nos ha hecho el menor caso.

Se trata, sin embargo,  de un expolio, latrocinio -o como los amables lectores quieran denominarlo- que no tiene precedentes en la historia de la política exterior española. Tampoco conozco otro caso similar en ningún país en el que he trabajado y son más de media docena. Ciertamente nada hace pensar que un hueco de tamaña magnitud y de tan larga duración (dos años en medio de una guerra mundial) se haya producido en las antiguas dictaduras de derechas europeas ni, por lo que he leído, en el caso de la extinta Unión Soviética. La aplicabilidad a nuestro país de la máxima fragairibarnesca no es un producto de mi imaginación. Si algún historiador de derechas, franquista o neofranquista tiene detalles, me alegraría conocer su interpretación.

(Continuará)