Teóricamente el señor ministro puede elegir entre varios enfoques ideales (en el sentido weberiano) para responder a la pregunta parlamentaria.

El primero sería dar largas. Al fin y al cabo, el tema no parece importante en el plano operativo. No va a recibir protestas de Gobiernos extranjeros. Tampoco le sacarán los colores las embajadas. ¿Y qué representan unas cuantas docenas e incluso un par de centenares de historiadores muchos de los cuales, además, no votarán por ser extranjeros? ¿A quién le preocupa el tema en la opinión pública, una gran parte de la cual bastante tiene con intentar sobrevivir?

Otro enfoque sería más diplomático y en consonancia con el cargo: prometer ocuparse del mismo. Ya lo ha dicho y podría repetirlo varias veces más. La idea podría ser que la patata caliente la heredase su sucesor. Todo salvo ofrecer concreción en cuanto se refiere a los puntos que contiene la pregunta parlamentaria.

El tercer enfoque podría orientarse por la conveniencia de dar alguna respuesta constructiva. Ya está resuelto. Los papeles están en otros archivos y dependen de Cultura. Con ello querría escabullir el bulto en temas sensibles. Hay dos. Los plazos y criterios de consulta en los archivos receptores y lo que piense acerca de la consultabilidad de la documentación no trasladada porque esta seguirá acumulándose en los hoy muy aligerados archivos de su Ministerio.

Existen otros enfoques ideales y también es posible dotar de rasgos diferentes a los anteriores. La pericia de los funcionarios es considerable para evitar asumir responsabilidades. Va con el oficio y no dudo de su capacidad en este punto. De lo contrario no cumplirían los requisitos mínimos de exigencia profesional.

De aquí que me parezca necesario puntualizar varios extremos:

1. No rechazar específicamente los criterios establecidos en una resolución pirata y secreta del Consejo de Ministros de hace tres años y medio sería tan reprobable como fue adoptarla. En mi opinión, dicha resolución constituye un baldón imperdonable para el Gobierno de aquella época y para los altos funcionarios por quienes transitó antes de su adopción.
2. La vergüenza que “alguien” debió sentir en el Ministerio de Asuntos Exteriores pudo ser tan considerable que durante el resto de vida del Gobierno socialista aquella grotesca resolución al parecer no se aplicó. La situación se modificó con el nuevo Gobierno del que el señor García-Margallo forma parte y con los cambios en el personal directivo del Ministerio.
3. En puridad no es de extrañar. En el Palacio de Santa Cruz siempre ha habido funcionarios a los que nunca les gustó una apertura de archivos demasiado amplia. En 1983 un alto cargo repetía a manera de latiguillo: “Pero ¿qué quieres?, ¿que la gente se entere de lo que han hecho nuestros compañeros?”. La resolución debió de tranquilizarles. ¡Había llegado la hora de cerrar escotillas a curiosidades malsanas!
4. Sin embargo, los encargados de preparar la resolución de 2010 no parece que contaran con el asesoramiento de ningún experto. Su falta de profesionalidad es manifiesta. Ni tenían idea del pasado de su política exterior (lo cual es reprobable) ni tomaron en consideración los compromisos internacionales del Estado español en materia archivística. Lo cual es incluso anti-profesional. Los criterios que se utilizaron en la “resolución” pirata son de risa.

En consecuencia, hay que temer que el ministro García-Margallo podría no aprovechar la oportunidad para exponer, sencilla y claramente, su intención de reprobar de inmediato aquella resolución, que nunca fue publicada en el BOE ni siquiera en la web del Ministerio, y aclarar cuáles vayan a ser los criterios temporales y temáticos (ambos con la mayor precisión posible) aplicables en el futuro para obstaculizar el acceso a la documentación, la trasladada y la no trasladada.

Es verosímil que, en estos momentos, en alguna de las embajadas en Madrid las curiosas contorsiones del señor ministro generen sonrisas (aparte de las que se produzcan por otros motivos). ¡Estos españoles…! Al fin y al cabo, ni alemanes, belgas, daneses, franceses, holandeses, ingleses, italianos, norteamericanos o rusos, entre otros, han albergado jamás, que yo sepa, la pretensión de poner el sello del secreto a la mayor parte de sus archivos de política exterior. Al contrario, incluso los abren y publican, en colecciones debidamente editadas y anotadas, los documentos más importantes. Claro que, a diferencia del MAEC, cuentan con equipos bien nutridos de archiveros e historiadores que se encargan de aplicar previamente los criterios de consultabilidad definidos por ley.  En nuestro país hay todavía gente que piensa que sigue siendo “la reserva espiritual de Occidente” y eso debe evitarnos caer en tan peligrosas debilidades extranjerizantes.

Una advertencia. Los enfoques ideales tienen la desventaja de que, como el modelo puro de régimen autoritario del desgraciadamente desaparecido profesor Linz, no representan la realidad concreta. Por eso la futura respuesta del señor ministro no es anticipable. Los representantes de la soberanía popular sí podrían exigirle que, al menos, dejase en claro taxativamente cuándo, según Exteriores, los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración abrirán la documentación sin necesidad de invertir tiempo y recursos, siempre escasos, en recatalogarla. En los archivos dependientes de Cultura esta ausencia de recatalogación ya ha acaecido en casos previos. No hay que reinventar la rueda. Y como se trata de una pregunta dirigida al Gobierno el señor García-Margallo podría concertarse al efecto con su colega y amigo, el señor Wert. La comunidad científica, española y extranjera, les quedaría sumamente agradecida.

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es o a juancp@ghis.ucm.es. Juan Carlos Pereira es el director del Departamento de Historia Contemporánea de la UCM y uno de los paladines de la protesta).

En casi todos los archivos serios una de las preocupaciones dominantes estriba siempre en minimizar las molestias a los usuarios y en reducir en todo lo posible el plazo de  inconsultabilidad de la documentación custodiada. Es inverosímil que los archiveros de Exteriores, que en los casi cuarenta años en que les he tratado han dado siempre muestras de una cordialidad y abnegación máximas, no hayan hecho ver a la Superioridad la conveniencia de reabrir la documentación en los archivos de destino tan pronto como sea factible. Sin embargo, a tenor de la pregunta del diputado Llamazares, todo hace pensar que tanto en el Histórico Nacional como en el General de la Administración la consultabilidad va para largo.

¿Han recibido estos archivos nuevas dotaciones de personal para recatalogar los documentos? ¿Qué instrucciones les han llegado desde el Ministerio de origen? ¿Cuáles son los plazos de acceso que se les hayan impuesto? ¿Con qué criterios deben manejar la documentación unos esforzados funcionarios de Cultura que obviamente no conocen los vericuetos del pasado de la política exterior, una política de Estado altamente especializada? ¿Cuáles son la previsiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que se refiere al tiempo que deba transcurrir hasta la reapertura?

En este sentido por lo que he oído sobre la recatalogación de los fondos de la Fundación Juan Negrín (unas 150.000 imágenes y un número menor de documentos) el plazo mínimo, con una dotación de dos a cuatro personas, es de en torno a un año. Imagine el lector lo que puede ocurrir con un millón de documentos.

¿Qué se ha hecho en el ínterin en los Archivos Histórico Nacional y General de la Administración desde su recepción de la documentación hace ya más de un año? ¿Podría, por ventura, permanecer cerrada durante 8 o 10 años más?  ¿O quizá no deba recatalogarse en dichos archivos? En ese caso, ¿cómo organizarán la consulta?

Preguntas, preguntas… Más preguntas. Pocas respuestas.

Ahora bien, el ministro García-Margallo ha sido diputado en el Parlamento Europeo durante muchos años. Ha formado parte de varias comisiones como miembro muy destacado y es altamente verosímil que haya dirigido preguntas y solicitado esclarecimientos a la Comisión Europea, interlocutora del Parlamento ya que el Consejo no lo es en este ámbito.

No he tenido el placer de trabajar en las materias que ocuparon la atención del entonces diputado García-Margallo. Lo hice en otras que, ¡vaya por Dios!, caían exactamente dentro de las competencias del hoy ministro. Tuve que preparar respuestas a innumerables preguntas parlamentarias (a veces muy delicadas), colaborar en su redacción, visar las pergeñadas por los funcionarios a mis órdenes, defender los proyectos dentro de la Comisión antes de su remisión al Parlamento, abogar por la mayor claridad posible frente a los diputados y comparecer ante la Cámara. El diputado García-Margallo quizá percibiese que la Comisión dice (casi) siempre la verdad aunque, con frecuencia, no toda. Por razones operativas y sobre temas sensibles no conviene desvelar ciertas posturas urbi et orbe. Sin duda, él hace lo mismo ante el Congreso de los Diputados.

Pero en cuanto al traslado de archivos no se negocia nada. Tampoco hay muchos grandes secretos de Estado por proteger de cara a un ya lejano pasado. Lo que se le pide es muy simple: que el señor ministro exponga ante el Congreso los planes que sin duda habrá preparado para que la documentación transferida al AHN y al AGA pueda consultarse de nuevo lo antes posible y cuáles sean los sectores o temas que deban ser objeto de autorización previa, si es que existen. Hay que tener en cuenta que los fondos documentales trasladados se detienen, a lo que parece, en 1980, es decir, que cuentan ya con 34 años de antigüedad.

Esto significa que aun cuando se abran en su totalidad, el traslado ya ha situado a España entre los países menos liberales de Europa Occidental. Un récord. No es algo de lo que muchos profesionales puedan sentirse demasiado orgullosos. O ¿es que el ministro y sus asesores creen que, por ejemplo, los británicos son estúpidos y que tienen intereses internacionales para ellos menos importantes que los de España hace cincuenta o sesenta o setenta años son hoy para los españoles? Porque en Londres está ya abriéndose la veda de los años 1980 y es de pensar que tarde o temprano saldrán a la luz cuestiones que incidan sobre la hoy inaccesible política exterior de España en aquella época.

Forma parte de la política el intento de disfrazar la realidad. No es menos cierto que a un diplomático se le paga por  hacerlo con el fin de defender los intereses permanentes de su país. Ahora bien, estos últimos se confunden frecuentemente con los del Gobierno en cuestión. Es preciso trazar una línea precisa para evitar que ello tenga consecuencias nocivas sobre los archivos. Se puede ser historiador positivista o post-positivista, querer reconstruir o deconstruir, pero el interés del utilizador de material de archivos suele estribar en poder decir algo sobre el pasado que tenga respaldo en evidencia fiable. Muchos políticos, aunque no tanto en nuestro país, tratan de acercar lo deseable a lo posible. Como ministro del ramo, el señor García-Margallo tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar cómo se mueve en este resbaladizo terreno. Podría aprovechar la ocasión, por ejemplo, para dejar en claro si cree que la historia de la política exterior española es algo por lo que conviene trabajar. O si, por el contrario, entiende que debería guardarse bajo las clásicas siete llaves y varias cadenas con no menos candados. Para un historiador, no caben en este punto subterfugios. Siempre se inclinará por la primera opción.

Continuará.

(Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña en pos de la reapertura de los archivos pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es)

La decisión del ministro García-Margallo de trasladar al Archivo Histórico Nacional y al General de la Administración la documentación de su Ministerio dejará una mancha imborrable sobre su gestión. Los historiadores de las generaciones presentes y quizá de la futura se ocuparán de que no desaparezca fácilmente. Su golpe de audacia no tiene precedentes en la historia contemporánea de España. Rompe nítidamente una línea consolidada desde el fallecimiento del general Francisco Franco. Carece, que yo sepa, de paralelos en ningún país de Europa occidental en la forma imprevista y arbitraria en que se ha efectuado. La justificación de estas afirmaciones es la siguiente:

1. Desde hace más de un siglo los archivos del Ministerio de Estado (luego de Asuntos Exteriores) han ocupado un lugar preferente en la atención de centenares de historiadores, españoles y extranjeros. Son tales historiadores quienes se han ocupado de trazar, con desigual fortuna, los avatares de la política exterior española y los altos y bajos de la relación política, económica, diplomática y cultural de España con el resto del mundo. Tras el cierre que impuso la dictadura franquista empezaron a reabrirse en 1976 gracias al esfuerzo del ministro Marcelino Oreja y del subsecretario, embajador José Joaquín Puig de la Bellacasa, quienes liberalizaron el acceso a la documentación  hasta finales de la segunda guerra mundial. Un proceder que les honra.
2. Los ministros Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez fueron más allá y abrieron, con excepciones temáticas perfectamente definidas y dictadas por motivos de seguridad nacional, el acceso a la documentación tras plazos de inconsultabilidad relativamente cortos: 25 años. En su momento, algunos funcionarios criticaron, de puertas adentro, esta generosidad. Hoy observamos que un Estado como el británico, que se enorgullece a justo título de su historia, ya ha introducido ese mismo plazo para una gran cantidad de documentos. Los de relaciones exteriores se sitúan, según los casos,  en torno a los treinta (o cincuenta o setenta y cinco) años. En Estados Unidos, quizá el país más abierto, es posible acceder gracias a una ley de libertad de Información a documentación incluso sensible tras plazos bastante reducidos. Siempre con excepciones, definidas por ley.
3. Gracias a esa liberalidad en el acceso que acordaron Morán y Fernández Ordóñez los historiadores hemos podido cruzar documentación española y extranjera para identificar cómo fue desarrollándose la política exterior española al igual que las percepciones foráneas sobre ella y/o abordar la situación interior durante los oscuros años de la guerra civil y de la dictadura tal y como la veían los representantes extranjeros.
4. El acceso es igualmente posible para todos esos años en los archivos franceses y alemanes, donde ya empiezan a abrirse los documentos correspondientes a la transición. Recientemente la prensa ha informado de la consultabilidad de las actas de las reuniones de los Consejos de Ministros británicos de 1984. Naturalmente, para los interesados en nuestra política exterior española las percepciones y decisiones extranjeras son importantes pero no obvian la conveniencia de conocer las perspectivas españolas. En cualquier caso, la apertura de los archivos foráneos crea un círculo virtuoso.
5. Romper la posibilidad de entrecruzar documentación extranjera y española es el resultado objetivo de la decisión del señor García-Margallo, quizá en la ingenua creencia de que así se impiden  que salgan a la luz los esqueletos (es decir, las bobadas y tonterías –y a veces algo más- de Franco, ministros y altos funcionarios durante la dictadura).  Al menos durante algún tiempo. Así que, nada perezoso, dispuso que los archivos históricos, al parecer hasta 1980, saliesen fuera del Ministerio.
6. Esto no es solo una labor logística, como ocurre con el traslado de los enseres de los miembros del servicio exterior cuando se trasladan a destinos fuera de España. Tiene implicaciones muy serias. Sorprende que los asesores del señor ministro (salvo que no sean de la Casa) hayan hecho caso omiso de lo que ello significa. Ciertamente no podría pedírseles que tuviesen experiencia o conocimientos sobre cómo se preparó la emigración de los archivos diplomáticos del Quai d´Orsay al nuevo centro de documentación en La Courneuve en los alrededores de París. O cómo funciona el sistema de consulta de los documentos diplomáticos rusos en Moscú, custodiados en un depósito fuera de la capital. O la forma en que en los Archivos Nacionales británicos se trata la documentación del Foreign Office. Con todo, al señor ministro no pueden haberle faltado oportunidades de enterarse. Un par de instrucciones en demanda de información, de esas que tan bien sabe preparar la Secretaría General Técnica, le hubieran ahorrado las maldiciones que, me temo, recaerán sobre su nombre en el futuro.

Continuará.

Los lectores que quieran dejar constancia de su protesta y unirse a esta campaña pueden escribir a carlos.sanz@ghis.ucm.es.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta sobre apertura a historiadores e investigadores de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores,  dirigida al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.

Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores permanecen inaccesibles desde hace casi año y medio, aunque los problemas empezaron antes. Las primeras denuncias datan de otoño del 2011, cuando los archiveros del ministerio negaron verbalmente información histórica a los investigadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena. Ambos recabaron una explicación de la negativa por escrito. La respuesta llegó medio año después. El «no» se debía a un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como «secretas» de catorce materias de las relaciones de España con el exterior.

La disposición, que no se publicó en el BOE, venía a vetar o dificultar gravemente el acceso a la información sobre prácticamente todas las actividades de la diplomacia española a lo largo de su rica historia. Lo hacía al otorgar la clasificación de secreto «con carácter genérico» a cualquier documento, informe o dato cuya revelación pudiera poner en riesgo no sólo «la seguridad y defensa de España» -como ya establecía la legislación al respecto- sino también cualesquiera «intereses políticos, sociales, económicos y comerciales», sin más concreción. Como en ese cajón de sastre de «intereses» cabía casi todo, los directores generales en quienes recaía la responsabilidad de dar o no acceso a cada información, solían curarse en salud -según los historiadores consultados- denegando las peticiones. El acuerdo sobre extensión del secreto lo había propuesto el ministro Miguel Ángel Moratinos tres meses después de las primeras filtraciones de Wikileaks (sobre la guerra de Afganistán), y cuando aún resonaban los ecos del escándalo por la autorización gubernamental de las escalas de los vuelos de la CIA para conducir presos a Guantánamo. De hecho, uno de los asuntos que se clasificaban era el relativo a pactos relacionados con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves». Otras materias declaradas secretas eran, y son -puesto que la resolución sigue vigente-, las referidas a las «posiciones básicas» y actuaciones de España -en todo tiempo y situación-, ya sea en negociaciones normales o en conflictos internacionales; ante el terrorismo y el crimen organizado, o respecto al asilo y otros derechos.

El malestar de los investigadores trascendió a los medios de comunicación a mediados de 2012. Entonces el ministro García-Margallo anunció una rectificación del secretazo mediante una nueva resolución acorde con el proyecto de ley de transparencia. Pero lo que llegó en septiembre de aquel año fue la clausura total de los fondos históricos de Exteriores y su transferencia, por razones operativas, a dos entidades de Cultura: el Archivo Histórico Nacional (documentos hasta 1931) y el Archivo General de la Administración (de 1932 a 1980). Hoy es el día en que ambas instituciones siguen denegando sistemáticamente el acceso a los papeles con el argumento de que aún falta identificar la documentación y recibir instrucciones sobre el «régimen de consulta». Todo ello sin plazos de solución.

Cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países dirigieron hace meses al Gobierno y al Parlamento una dura protesta contra el «cierre indefinido e injustificable» del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de «la práctica totalidad» de los fondos. Tales decisiones «degradan la calidad de la democracia española» al impedir el ejercicio del derecho a la información histórica, dijeron. Los promotores de esta acción conjunta, entre ellos el catedrático de la Complutense de Madrid Juan Carlos Pereira y el profesor de la misma facultad Carlos Sanz, renuevan ahora sus críticas por lo que consideran un «desprecio a nuestra historia con un coste incalculable» para profesionales y ciudadanos. Cientos de investigaciones, tesis y libros ya contratados están parados por culpa de la clausura de fondos, denuncia asimismo el historiador y catedrático emérito Ángel Viñas. A su juicio, el traslado del archivo es un «episodio lamentable» del que «surge la sospecha de que se intenta entorpecer la labor de los especialistas en la idea, quizá, de que esos archivos contienen demasiados cadáveres en sus armarios».

El ministro Margallo aseguró en agosto de 2013 que el Gobierno ya tenía a punto el proyecto de nuevo acuerdo que debe sustituir al de Moratinos de 2010. La resolución permitiría «un acceso más fácil y libre a la documentación, con algunas exclusiones», aseguró. Y precisó que su aprobación sería más oportuna tras la entrada en vigor de la ley de Transparencia, aprobada en noviembre. Los historiadores siguen esperando el nuevo acuerdo anunciado por Margallo y la reapertura de los fondos en su nuevo destino.

Es desconcertante que los profesionales de la historia tengan que ir a archivos de otros países para investigar en la historia española. Y sonrojante, además, que el secretismo no vaya acompañado con semejante celo a la hora de custodiar los documentos, Un catedrático denunció que el Gobierno español no encontró en sus archivos los documentos que acreditaban la propiedad española del islote de Perejil y tuvo que solicitarlo a los franceses, que debieron de contener la risa. No sólo por un deber de transparencia, sino también de facilitar su labor para construir una historia veraz, el ministerio debería escuchar a los historiadores.

El hecho es que, tras la imposición del secreto, el archivo lleva 15 meses cerrado por traslado. Y cientos de tesis e investigaciones están paradas.

A día de hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación continúa manteniendo el secretismo sobre toda su documentación histórica, sin que se conozca un solo paso positivo para revertir esta medida absurda y escandalosa. Ello, a pesar de que el ministro García-Margallo prometió levantar el “secretazo”, primero en junio de 2012, y después en agosto pasado. Por otra parte, el ministerio de Cultura sigue vetando totalmente el acceso a unos papeles de los que ahora es también responsable, puesto que están depositados en el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, dependientes de la D.G. de Archivos. Ni el ministerio ha dedicado recursos específicos al tratamiento de estos fondos, ni los archivos implicados están dando ninguna indicación a los investigadores sobre cuándo se podrían consultar.

Ignoramos si el Sr. García-Margallo habrá tenido tiempo de explicar su obstruccionismo contra la investigación histórica al Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con quien se ha reunido a finales de enero de 2014 y quien ha reclamado al Gobierno español una política de Estado a favor del esclarecimiento del pasado. Concretamente, el relator de la ONU señala en su informe provisional que “en la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad.” Y añade que, “en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos.”

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1)      ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para el cumplimiento del compromiso señalado en 2012 por el ministro de Asuntos Exteriores, de rectificar el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 sobre clasificación como «secretas» de catorce materias de las relaciones de España con el exterior, abriendo sus archivos a historiadores e investigadores?

2)      ¿Cómo explica el Gobierno que, tras la imposición del secreto, el archivo de Asuntos Exteriores lleva 15 meses cerrado por traslado y, en consecuencia, cientos de tesis e investigaciones estén paradas en nuestras Universidades y otras extranjeras?

3)      ¿Por qué razones el Gobierno sigue incumpliendo el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que regula el sistema español de Archivos de la Administración General del Estado y no se motivan las resoluciones denegatorias de acceso a los archivos en aplicación del mencionado Acuerdo de 15 de octubre de 2010?

4)      ¿Para qué fecha estarán disponibles los documentos trasladados por el Ministerio de Asuntos Exteriores al Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración?

5)      ¿Qué respuesta ha dado o piensa dar el Gobierno al escrito de protesta que cerca de 300 historiadores e investigadores de más de cien entidades académicas de 16 países le dirigieron hace meses en protesta contra el «cierre indefinido e injustificable» del archivo de Exteriores y la clasificación como secreta o reservada de «la práctica totalidad» de los fondos?

6)      ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para cumplir las recomendaciones del Relato Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Pablo de Greiff, para que archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, dejen de ser clasificados como confidenciales y se establezcan criterios claros para la desclasificación de los mismos?

Hace unos años publiqué en La conspiración del general Franco un análisis en el que demostré que las versiones habituales de que Franco se decidió a participar en la sublevación del 18 de julio después de la muerte violenta de Calvo Sotelo no son correctas. En mi opinión se decidió un mes antes y su viaje a Marruecos, vía Las Palmas, tuvo que ver con la posibilidad de coronar con éxito, como así ocurrió, su primera operación subversiva: el asesinato por uno de sus hombres de confianza del general Amado Balmes, jefe de la guarnición de Gran Canaria.

La Fundación Nacional Francisco Franco se rió de mi. En las redes algún que otro franquista recalcitrante me puso como chupa de dómine. Gajes del oficio. En aquel libro cité, de pasada, el nombre de quién consideré posible ejecutor. No lo identifiqué como tal pero supongo que no despisté a ningún historiador militar. Un amigo mío gran conocedor de la represión, Francisco Espinosa, acertó con el nombre en cinco minutos. No planteé un problema insoluble. Ríe mejor quien ríe el último.

En este post voy a dar alguna pista adicional. Ya saben mis lectores que lo que hay detrás de los hechos se averigua, a veces, con lo que se encuentra en los archivos. Pues bien, otro amigo mío, rastreando por uno de ellos, poco visitado, ha tenido la amabilidad de enviarme un documento que confirma mis sospechas.

La persona en cuestión fue objeto de un trato favorable por parte de Franco hasta límites inauditos que nunca se explicaron pero que siempre sorprendieron a sus compañeros de armas. Esta sorpresa, además, tuvo consecuencias. No las relaciono con los informes que el SIPM circuló sobre él y que no fueron precisamente muy positivos. El hecho es que hubo de abandonar el Ejército. La mano protectora de Franco volvió a extenderse sobre él y  no tardó en encontrar acomodo en otro sector de la inmensa burocracia de nuevo cuño que creó la dictadura. Su puesto no tuvo nada que ver con aspectos militares. Un hombre para todo.

Ahora bien, lo que se desprende del nuevo documento es que tampoco brilló demasiado en él. Los arrostrados historiadores parafranquistas que bucean en los papeles de Franco a lo mejor lo encuentran. No está clasificado ni se consideró tampoco secreto. Fue, simplemente, una nota –sin firma- elevada al Caudillo, Generalísimo, Jefe del Estado, presidente del Gobierno y Jefe Nacional de FET y de las JONS. No la tiró a la papelera.

El informante señaló que la gestión de aquel caballero era ineficaz. Nadie le hacía caso en los Ministerios con los que debía relacionarse. Su cargo era inoperante. Aspiraba a otro que mencionó, pero que me callo. Hablaba mal de uno de los generales (no demasiado amigo de Franco) que, según él, le había perseguido con saña. Lo atribuyó  a motivos que no aparecen en el expediente del caso. Me atrevo a señalar que esto no es de por sí sospechoso. ¡Cuántos documentos ocultan motivos espurios!. Lo que sí es sospechoso que el mencionado caballero se atribuyera conocimientos de economía y que por eso deseaba ocupar algún cargo que le permitiera contar en el futuro con los haberes pasivos de general. Todavía no había cumplido sesenta años y no disponía de otros recursos que su modesto retiro por lo que vivía con grandes privaciones. Era “Vieja Guardia” y su lealtad al Caudillo le haría llegar hasta los mayores sacrificios.

Este es el texto de la nota, expuesto de forma indirecta. La última frase podría, en puridad, haber rezado que dicha lealtad “ya se la había hecho llegar”. A lo mejor incluso lo decía así. Es impensable que Franco no se acordara de él. Habían transcurrido poco más de veinte años desde la eliminación de Balmes y esta es una de esas cosas que difícilmente se olvidan. El caballero en cuestión, según las informaciones publicadas en el diario ABC, había ido a ver a Franco al Pardo en varias ocasiones por aquellas fechas. No sabemos, claro, si Franco recordaría los informes del SIPM. En cualquier caso para nuestra argumentación la nota que nos sirve de apoyo para este post es suficientemente explicativa.

Los lectores se preguntarán. ¿Y qué hizo Franco? Pues lo normal. Le concedió otro puesto mucho más importante que el que tenía y parecido al que deseaba. Eso sí, para su desempeño no se necesitaban conocimientos de economía. Bastaba una fidelidad a toda prueba. Ya cuando estaba en ese puesto el hijo de una persona que le conoció me ha contado que  solía explicar que Franco le estaba agradecido porque había contribuído a evitar que algunos malvados secuestraran a Doña Carmen Polo. Así explicaba la protección de que disfrutaba. Franco le reiteró años después, no muchos, su confianza y le concedió un puesto similar en otro lugar.

Lo que dicho caballero hizo el 16 de julio (dejar fuera de combate al general Balmes siguiendo instrucciones de Franco) representa dos cosas: la fecha en la que el comandante general de Canarias cruzó el Rubicón (tres días después de la muerte violenta de Calvo Sotelo pero la eliminación de Balmes obviamente la había planeado antes) y la culminación de una operación encubierta en la que ningún historiador franquista ha querido meter la nariz. La sublevación militar empezó, pues, el 16 de julio y la inició Franco. Un mérito sin duda el de adelantarse a Mola y a los conspiradores del Ejército de Marruecos pero que caía dentro de la categoría de asesinato, mondo y lirondo, en los términos del Código Penal entonces vigente.

Espero que los historiadores franquistas, con estos pequeños datos adicionales, no tengan dificultad en identificar el nombre de aquel caballero y que salgan briosos a la palestra a defender el dudoso honor de Franco.

La investigación y el descubrimiento de nuevas fuentes son tarea que no termina nunca. Hace unos meses planteé un desafío, en El País, a los historiadores españoles y extranjeros para que desmintieran, si podían, una tesis novedosa.

Los monárquicos alfonsinos, ligados a Renovación Española y al “proto-mártir” Don José Calvo Sotelo, fueron quienes más y mejor se las apañaron, merced a las cuantiosas ayudas económicas de Juan March, para pertrechar a quienes iban a sublevarse el 18 de Julio con material de guerra moderno de origen italiano. Esto cambia la interpretación sobre los orígenes inmediatos de la guerra civil. Es un golpe rudo a las interpretaciones franquistas y parafranquistas. Pero siempre es posible mejorar.

Como colofón del artículo con el que comencé este blog hoy me complazco en anunciar el descubrimiento de uno de mis alumnos, David Jorge, en una tesis doctoral, ya terminada, y que dentro de pocos meses se leerá en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.

David tenía como tema de investigación la guerra civil y la Sociedad de Naciones. Uno de los huecos en la historiografía apenas colmado por algunos tratamientos de paso de varios historiadores. Esto no es una crítica. Escribían sobre temas más amplios y su recurso a las fuentes fue limitado.

David ha conjugado fuentes primarias republicanas, franquistas y de la propia Sociedad de Naciones (amén de otras muchas). Los más ricos son estos últimos fondos, conservados en el archivo de Naciones Unidas en Ginebra. La tesis derrumba varios mitos, impugna ciertas interpretaciones (también de quien esto escribe, ¡faltaría más!) y amplía los límites del conocimiento científico. En una palabra, cumple su función genuina.

Al leer el borrador me sorprendió una afirmación. Antes del 18 de julio aviones de combate italianos habían despegado de aeródromos del norte de Italia en dirección a otros del sur para saltar de aquí hacia España.

Me quedé helado. Esto significaría, ni más ni menos, que Mussolini apenas si habría tardado tiempo en dar órdenes para que se ejecutara el primero de los contratos suscritos con  Pedro Sainz Rodríguez el 1º de julio en Roma.  En realidad, no es para sorprenderse. Preveía el suministro de doce aviones de bombardeo Savoia Marchetti 81 antes de finales del mismo mes de julio.

David me explicó porqué había hecho tal afirmación. En los fondos de la Sociedad de Naciones había encontrado una comunicación del Gobierno republicano que transmitió aquella noticia oficialmente al Secretariado.  “The Manchester Guardian” del 16 de marzo de 1937 también la había mencionado.  Es posible que procediera de los miles de noticias que corrieron por España y por el mundo tras el desastre italiano en Guadalajara.

Por supuesto, el Secretariado de la Sociedad no hizo el menor caso al Gobierno español. La información no se aireó lo suficiente y pasó al olvido, a pesar de que Luigi Longo (comisario de las Brigadas Internacionales) y un autor poco conocido como Nicolas Dzépély la mencionaran. Probablemente se consideró propaganda y ya se sabe que en la guerra la primera víctima es la verdad.

Solo que en esta ocasión probablemente no fue tal el caso. Conociendo la existencia, hasta ahora ocultada contra viento y marea, de los contratos del 1º de julio, ¿por qué no actuaría Mussolini de forma absolutamente congruente con sus compromisos con los monárquicos españoles?

Es obvio que los aviones contratados no podrían ir a España de un tirón desde el campo de vuelo de la Società Idrovolanti Alta Italia. Sí podían situarse lo más cerca de ella y Cerdeña o Sicilia eran buenos lugares de partida. Todo esto significa que debió de haber comunicaciones entre quienes iban a sublevarse y los italianos de los que, hasta ahora, no se han encontrado rastros. Quizá pasaran por Goded, comandante militar de las Baleares. Las islas eran un objetivo para los italianos y para el financiador de la operación, Juan March. No en vano se habían contratado varios hidroaviones que difícilmente operarían sobre los vastos campos de Castilla la Vieja.

La presunción de que Mussolini no perdió el tiempo sirve para robustecer el carácter imperialista de los motivos que le incitaron a meter la nariz en los asuntos de España. Se adelantó por lo menos casi un mes a Hitler y todo ello antes de que explotara la conspiración que venía preparándose desde las elecciones de febrero.

Y, a partir de aquí, el análisis debe hacerse más incisivo. ¿Quiénes internacionalizaron la sublevación? No los republicanos, no los socialistas, no los anarquistas, no los comunistas. Tampoco los mitificados falangistas de José Antonio Primo de Rivera. Lo hicieron quienes no dudaban en desatar, si era necesario, toda una guerra. ¿Y quiénes fueron? Calvo Sotelo y sus monárquicos, civiles y militares. Contra los historiadores  y propagandistas de medio pelo que siguen, erre que erre, oscureciendo el pasado hay que reescribir la historia.

Me cuenta un amable lector, a quien mucho agradezco la noticia, que está estudiando afanosamente las gestiones carlistas para conseguir armamento en el extranjero de cara a la sublevación militar de julio de 1936. No puedo sino felicitarle y le deseo de todo corazón que rellene un hueco sensible en la literatura. Todo hace pensar que el “Glorioso Movimiento Nacional”, como se le denominó durante decenios, fue menos “nacional” de lo que se ha pensado y sigue diciendo la historiografía parafranquista. El apaño de material de guerra italiano moderno en grandes cantidades, gracias a los contratos de suministros firmados el 1º de julio de 1936 por Pedro Sainz Rodríguez, ha rasgado la cortina de humo con que se envolvieron las conexiones internacionales de  los preparativos de la sublevación y, eventualmente, de una guerra civil pura y dura.

En mi último libro identifiqué, gracias a la benevolencia de un historiador de Durango, Jon Irazábal Aguirre, un documento que hace pensar que los carlistas también trataron de obtener armamento del Tercer Reich. En puridad, no es de extrañar porque ya el general Sanjurjo y el coronel Beigbeder visitaron Berlín, no precisamente para darse un garbeo, en marzo de aquel año. Nunca se ha encontrado, sin embargo, el menor rastro de que los nazis les hicieran caso. Y un envío de 300 ametralladoras, que negociaron los carlistas, no llegó a España antes de la sublevación. En cualquier caso, se trataba de un aporte minúsculo.

El 24 de julio el comandante Antonio Barroso, agregado militar en París y que ya había hecho causa común con los sublevados, visitó a un norteamericano rico, William Taylor Middleton, en su casa de la isla de Saint Louis, y le pidió que fuese a Berlín urgentemente a hablar con Joachim von Ribbentrop para recabar “la ayuda prometida”. Son palabras mayores. ¿Quién habría llegado a von Ribbentrop, consejero aúlico de Hitler en ciertos temas de relaciones exteriores y que jugaba a ser personaje imprescindible en el Tercer Reich? Poco después Hitler le nombró embajador en Londres, una elección desafortunada.

Middleton era un personaje de carácter un tanto turbio pero bien conectado en París. Estaba casado con una divorciada francesa que coqueteaba con la extrema derecha. En la guerra civil hizo alguna que otra gestión a favor de los sublevados y al terminar regaló a los carlistas varias banderas suyas del XIX. Recibió unas cuantas condecoraciones españolas de importancia menor.

Ahora, preparando un nuevo libro, me he encontrado con un despacho de la embajada británica en Lisboa. Está fechado el 30 de octubre de 1940. En él se dan cuenta de nuevas gestiones de Middleton en relación con un crédito que la dictadura estaba negociando muy en secreto con el Crédit Suisse. Que sepamos, no llegó a nada. Middleton probablemente intervino como mediador (algo que hizo con otras operaciones en la guerra civil) porque contó a los británicos que llevaba un mensaje de Pedro Gamero del Castillo a través de un periodista, Juan José Pradera. Gamero era entonces vicesecretario general del Movimiento y hombre muy próximo a Serrano Suñer, recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores.

Middleton ofreció información,  completamente desenfocada,  de la mitificada reunión de Hendaya. Se la había chismorreado el periodista, hijo de Víctor Pradera. Fue consejero nacional del Movimiento por designación directa de Franco, amigo de Serrano y director más que discutido del diario YA (Franco le acogió, cuando le echaron, en las apretadas filas de los embajadores políticos sin espina dorsal).

El despacho no explicó las razones por las cuales Pradera había contado a Middleton ciertas interioridades de la política española. El hecho es que Pradera le reveló la intención falangista de expandir su imperio por la Administración, hacerse con las carteras de Hacienda y Obras Públicas (en manos de dos técnicos conservadores, José Larraz y Alfonso Peña Boeuf) y recuperar  Agricultura (donde había estado Raimundo Fernández Cuesta). De ser cierto, traduciría la ambición falangista de someter a sus absurdos postulados toda la economía española  ya que el coordinador sería el nuevo ministro de Industria y Comercio Demetrio Carceller, entonces un falangista connotado. Los planes de expansión eran, por lo demás, un secreto a voces, porque también se había hecho eco de ellos la embajada italiana en Madrid.

No es que, bajo el mando del inmarcesible Caudillo, la economía estuviera en buenas manos pero siempre hubieran podido ocurrir cosas peores, algo que se atisba en las memorias que dejó Larraz.

Lo que es interesante de este episodio es, obviamente, que Middleton siguió brujuleando entre carlistas y falangistas, en aguas muy movidas en la época, y que había hecho méritos suficientes durante la guerra civil como para que unos y otros le hicieran confidencias.  Naturalmente, lo que Middleton chismorreó sobre la reunión de Hendaya no debió contribuir a aumentar su prestigio ante los británicos, quienes ya contaban con información bastante aproximada sobre lo que había pasado y lo que no había pasado. El resultado es que redoblaron sus esfuerzos en una vía que no iba a gustar nada a Franco y a Serrano Suñer. Pero eso es otra historia.

Lamentablemente no sé si Middleton llegó a escribir sus memorias.