EU-USA. Especulaciones para el futuro

24 Febrero, 2015 at 8:30 am

Todo negociador que se precie es consciente de dos proverbios: el primero dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones; el segundo es no menos conocido: el diablo se esconde en los detalles. La habilidad del negociador estriba en resguardarse en todo lo posible de los efectos de ambos y en proteger el más amplio núcleo de sus pretensiones o intereses. La consulta hecha por la Comisión reveló múltiples temores de los ciudadanos europeos. También los objetivos instrumentales que concurren en la posición negociadora.

 

Comisión Juncker

Esta es una situación ideal para los norteamericanos que imagino estarán examinando con 103.400 lupas o más todas y cada una de sus líneas. No extrañará que diversos Estados miembros (entre ellos alguno de los que despreciaba el comisario de Gucht) se hayan esforzado por robustecer la espina dorsal de los negociadores.

Según noticias de prensa (no tengo otras fuentes de información) varios políticos responsables de Francia y Alemania han criticado la inclusión del ISDS en el proyecto de acuerdo. El secretario de Estado francés para el Comercio Exterior Matthias Fekl ha declarado que el ISDS permitiría que tribunales privados a sueldo de empresas multinacionales determinasen la política de Estados soberanos, sobre todo en ámbitos tales como la salud y el medio ambiente. La ministra federal de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, también ha afirmado que el ISDS no hace falta. El presidente del SPD y vice-canciller y ministro de Economía Sigmar Gabriel ha exigido a la Comisión que extraiga las oportunas consecuencias de la consulta. Si Francia y Alemania mantuvieran unidas sus fuerzas en este tema (el Senado francés ya se ha opuesto) la influencia conjunta con la del Parlamento Europeo se hará sentir indiscutiblemente. Que sea duradera es otro tema.

Un repaso, incluso somero, de la prensa europea de opinión permite entrever un alto grado de escepticismo, en particular en este mes en que ha tenido lugar otra ronda negociadora. La noción de que el TTIP pueda concluirse en el corriente año es improbable. El Parlamento Europeo (PE) ya ha dado a conocer sus propias reservas. En la última reunión de su Comisión de Comercio Internacional se advirtió una brecha clara entre la derecha y la izquierda, incluida la fracción socialdemócrata. Para mayo próximo se esperan las recomendaciones del PE. Si la brecha entre derecha e izquierda continúa abierta, la Comisión Juncker, que ha hecho del TTIP una de sus prioridades políticas, puede pasar un mal rato. Muchos sospechan, o temen, que podría demostrarse demasiado blanda con los intereses de las grandes empresas multinacionales. Su intención de crear un Regulatory Cooperation Body (RCB), es decir un grupo de expertos que examine las propuestas de regulación relevantes para el buen funcionamiento del TTIP, no ha despertado un entusiasmo delirante pero habrá que esperar a saber más detalles, previstos para abril.

En los próximos meses podremos esperar un gran número de noticias más o menos contradictorias en los medios de comunicación y en las redes sociales, una intensificación de la campaña de las grandes empresas a favor del TTIP, una nueva valoración que atienda a las preocupaciones sociales por parte de la Comisión y tal vez una cierta reordenación de las tendencias de la sociedad civil a medida que las opiniones en liza continúen organizándose.

Todo ello me parece muy correcto. De la misma forma que los ciudadanos critican a sus gobiernos, también deben darse cuenta de que la Unión Europea no está por encima de ellos. Son los gobiernos nacionales quienes se sirven de la Unión para gestionar políticas que no pueden abordar en solitario por sí mismos. La política comercial fue una de las primeras políticas comunitarizadas. No podía ser de otra manera entonces, hace más de cincuenta años. No puede ser de otra forma hoy.

De cara a una potencia económica como Estados Unidos, los países europeos aislados son meros peones, incluso los más grandes. Sus mercados individuales cuentan, pero no demasiado. En su conjunto, sin embargo, tienen un atractivo formidable que ha ido robusteciéndose a medida que la integración se ha reforzado y ampliado. Un pastel muy goloso para los norteamericanos.

Personalmente tengo la sospecha de que a la Comisión Barroso le faltaron cintura y mano izquierda. Por consiguiente es de esperar que la actual Comisión trate de evitar que el diablillo se esconda en los detalles, oscurecidos adecuadamente por formulaciones hipertécnicas, y que degluta para la opinión público los análisis finos que llevaron al venerable, y conservador, Times de Londres a afirmar que el TTIP (ATCI) promete ofrecer la mejor oportunidad de recuperación de las sufrientes economías europeas. Quizá pudiera ser una condición necesaria pero ¿también suficiente?. En el Parlamento Europeo no se es tan optimista a juzgar por el reciente informe Lange que también confirma muchas de las dudas expuestas en posts anteriores.

Diversos comentaristas han argumentado que entre los rasgos de un futuro más o menos verosímil se encuentran la posibilidad de introducir cambios que den mucho más juego a los tribunales nacionales, que se prevean mecanismos de apelación, que se incremente la transparencia de los procedimientos, que se respeten rígidamente las exclusiones en materia cultural y de servicios de interés público. O que se abandone la idea de una cláusula ISDS. Podríamos tener negociaciones externas (con USA) e internas (con los Estados miembros y el PE) para rato. Con resultado incierto. El nuevo Gobierno griego ya ha amenazado con no ratificar el TTIP. ¿Otro farol?

En el interín, y para terminar: probablemente el hecho de estar en Bruselas me ha impedido darme cuenta de la postura del Gobierno español ante los problemas que suscitan las negociaciones. Al menos, he de confesar que ignoro (mea culpa) si ha dicho algo serio y profundo, meditado, sobre cuál es su posición, por ejemplo, en cuanto el equilibrio desregulación/regulación y/o sobre el ISDS. Sin duda se me ha pasado.

Sí recuerdo haber leído en EL PAIS en diciembre un artículo bajo la firma conjunta de los comisarios Malmström y Arias Cañete en el que, desde el punto de vista de la Comisión, se apresuraron a presentar, al mes y medio de tomar posesión de sus nuevos cargos, una imagen mirífica de los beneficios que aportaría la ATCI.

Soy consciente de no haber abordado todas las cuestiones importantes que suscita la ATCI pero este es, al fin y al cabo, un blog de historia y no de cuestiones actuales. Más información, esencialmente factual, puede encontrarse en el link

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/process/#_state-of-play

UE-USA: El discutido papel de los tribunales arbitrales

17 Febrero, 2015 at 8:30 am

La segunda objeción planteada desde la sociedad civil a lo que ha ido conociéndose sobre las negociaciones UE-USA afecta a dimensiones algo más técnicas y que no suelen ser la comida diaria que sirven, en general, los medios de comunicación social. Tiene que ver con el instrumento de solución de diferencias entre inversores extranjeros y Estados. El acrónimo inglés es el que más frecuentemente se utiliza: ISDS (Investor State Dispute Settlement). Se trata de un mecanismo jurídico que permite a un inversor extranjero plantear una reclamación a un Estado no ante los tribunales del mismo sino ante un tribunal arbitral internacional y privado si cree que el Estado ha podido violar las reglas que protegen sus derechos, es decir, en este caso las que figuren en el TTIP (ATCI).

TTIPLos defensores parten de hechos incontrovertibles. Existen en el mundo más de 3000 acuerdos de comercio e inversión contraidos por unos 180 países con cláusulas que permiten el recurso a tribunales arbitrales privados. En principio, el TTIP no representa nada extraordinario. Los ISDS correspondientes se reflejan en una variadísima gama de modalidades, de diversa generación. No existe un régimen multilateral al respecto. Las sentencias arbitrales son, por consiguiente, heterogéneas y con frecuencia contradictorias. Se han multiplicado en las actuales circunstancias de crisis económica. Aunque la última generación concede importancia a temas tales como la protección medioambiental, la salud y los derechos humanos varios países han empezado a restringir la utilización de dichas claúsulas.

En el caso de la UE (a diferencia de lo que ocurre con sus Estados miembros) se han negociado ISDS en la Carta de la Energía de 1994. También con Singapur y Canadá que no se han ratificado todavía. Con Estados Unidos la UE aborda una auténtica aventura. No en último término porque los norteamericanos cultivan con esmero una tradición litigiosa muy coriácea. Pero es que, además, hasta ahora solo nueve miembros de la UE tienen acuerdos bilaterales con cláusulas ISDS. Si se lograse negociar un ISDS adecuado con Estados Unidos sus defensores argumentan que aumentaría la posibilidad de extenderlo a otros partenaires estratégicos, por ejemplo China o México. En definitiva es un tema cuya importancia no puede minusvalorarse. Sin embargo Australia tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos sin ISDS porque se trata de países que poseen sistemas nacionales muy arraigados de resolución de disputas entre inversores extranjeros y el Estado. Esta es la postura adoptada en el reciente Informe Lange, del presidente socialdemócrata alemán de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Lo piensan muchos otros.

A fortiori, los miembros de la UE también disponen de tales sistemas. Existe pues el temor que mecanismos privados, sin demasiado control, puedan horadar las bases del derecho internacional. Los ISDS confieren poder, permiten crear obligaciones y discriminan en favor de las grandes empresas que pueden permitirse pagar fácilmente los costes de un arbitraje, con frecuencia muy elevados. Ni que decir tiene que la transparencia de tales mecanismos es casi nula ya que no existen reglas o códigos que restrinjan ni la composición ni la discrecionalidad de sus miembros, muchos de los cuales proceden bien de gabinetes de abogados especializados o de multinacionales.

Uno de los casos que más frecuentemente suele aducirse es qué pasaría si un tribunal de tales características fallase en contra de un reglamento o una directiva comunitarios. Lo normal es que se determine una compensación financiera en favor del inversor que puede ser también muy elevada. ¿Quién la pagaría? ¿El presupuesto de la Unión?. ¿Qué otras obligaciones se derivarían de tales fallos?

Los críticos no olvidan que el futuro TTIP (ATCI) podría contener un ISDS parecido al que ya se ha negociado con Canadá (aunque este acuerdo todavía no se ha ratificado) pero que tal ISDS es muy similar al propuesto en su día por Estados Unidos. Y no se deja de hacer hincapié en que el ISDS para el caso canadiense sigue dejando a los miembros de los tribunales de arbitraje un margen de interpretación muy importante.

Por encima de estos dos grandes temores flota, en diversos ambientes, la sospecha de si el TTIP (ATCI) no pondrá un marcha un proceso que socave aun más los fundamentos del modelo socio-económico de la UE, que en los últimos años ha experimentado cambios de gran importancia a consecuencia de una desregulación que a muchos parece no va por el buen camino. En último término el TTIP recoge los temores de amplios segmentos de la población que han visto cómo se han expandido en los Estados miembros de la Unión las desigualdades sociales y ha retrocedido la capacidad normativa pública.

No extrañará que, en tales condiciones, la Comisión Barroso, enfrentada a un encrespamiento social creciente, decidiera en marzo de 2014 recabar información on line de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos e interesados su opinión sobre el TTIP. Fue un paso de gigante. El plazo de consulta expiró en julio. En cuatro meses se recibieron cerca de 150.000 respuestas. La casi totalidad de las respuestas se presentaron a través de plataformas de grupos de interés y, como señala la Comisión, contienen respuestas negativas predefinidas. Participaron además unos 3.000 ciudadanos y unas 450 organizaciones, en particular ONG, grupos empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores, bufetes de abogados y el mundo académico.

En términos generales la Comisión, en su análisis de las respuestas, las dividió en tres categorías: a) con oposición o preocupaciones con respecto a la ATCI en general; b) con respecto al ISDS; c) con comentarios pormenorizados sobre el enfoque general seguido por la UE. Las respuestas y el análisis están disponibles en la red. También el mandato de negociación se desclasificó sin gran alharaca. (Muchos ni se han enterado).

El comentario oficial sobre los resultados, publicado en enero de 2015, señaló que las “respuestas de las dos primeras categorías indican claramente la preocupación de numerosos ciudadanos de toda Europa por la ATCI en general y por el principio mismo de la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados”. En desglose, tales preocupaciones abarcaron la protección del derecho a legislar por los Estados o la UE; el establecimiento y funcionamiento de los tribunales arbitrales; la relación entre los sistemas judiciales nacionales y el mecanismo de solución de diferencias previsto y la introducción de un procedimiento de apelación contra las resoluciones de los tribunales.

La nueva comisaria de Comercio, la liberal sueca Cecilia Malmström, no tardó en declarar que la consulta mostró claramente que existía un enorme escepticismo en lo que se refería al ISDS.

(Continuará)

EU-USA: se levanta la tormenta

10 Febrero, 2015 at 8:30 am

De cara al público la Comisión solía maquillar , hasta cierto punto, las implicaciones sociales de ciertas políticas. Ahora bien, esto ya no es posible del todo en casos en los que las consecuencias se desparraman, cada vez con mayor intensidad, por las sociedades europeas. Ejemplifica el alto grado de interpenetración de las economías y la incidencia de nuevas pulsiones integracionistas sobre dimensiones esenciales de lo que todavía queda de soberanías nacionales. Y es mucho. Para bien o para mal, la experiencia ha mostrado que si se desea mejorar la integración hay que integrarse más. De lo contrario surgen situaciones que generan agravios comparativos o ventajas competitivas. Como no hay armonización de la fiscalidad directa han salido a la luz casos en los que se revela, por ejemplo, la pugna por atraer inversiones extranjeras gracias a un menor nivel de imposición. El escándalo luxemburgués acaba de ponerlo de relieve.

Karel de GuchtLa idea de Brittan, ampliada, resurgió durante la recién expirada Comisión Barroso a propuesta del presidente Obama y en plena crisis monetaria, financiera e institucional. Del tema se encargó (no por casualidad) el comisario de Comercio, Karel de Gucht. Liberal flamenco muy controvertido en Bélgica [se sugiere echar un vistazo a Wikipedia en francés. La entrada en la versión castellana es muy breve y completamente obsoleta]. Abanderó un tipo de librecambismo que le enfrentó con varios políticos franceses a quienes acusó de “proteccionistas”, como si hubieran incidido en un pecado nefando difícilmente perdonable. Apoyado por Barroso, se manejó mejor que Brittan. El proyecto de mandato de negociación tuvo una trayectoria no demasiado dilatada, se filtró por los distintos escalones del Consejo de la Unión y se aprobó el 14 de junio de 2013. Los funcionarios debieron trabajar como esclavos durante casi cuatro meses. Ningún Estado miembro rompió filas. La totalidad de mandato no se hizo pública, pero esto es algo relativamente normal. La conocían los Gobiernos y las burocracias de los Estados miembros y, de buena o mala gana, todos le dieron su respaldo.

Como organismo político la Comisión no es insensible a las ideologías. Si la mayor parte de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE es de derechas, la Comisión se orientará también en esta dirección. Si predominan los Gobiernos socialdemócratas o liberales irá en estos sentidos. El juego en el colegio en el que se fragua la toma de decisiones es más sutil. Los intereses ideológicos no son los únicos en presencia. También tienen importancia los específicamente nacionales y la necesidad de conseguir mayorías cómodas de tal suerte que se eviten votaciones y den al exterior sensación de fortaleza y unidad.

El lector no debe dejarse deslumbrar por el caso del presidente de la Comisión que es el cargo en que se refleja más nítidamente el choque de las orientaciones ideológicas. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo tal circunstancia ha quedado clara. Los grupos políticos filtraron a sus candidatos a la Presidencia de la Comisión y lograron, con gran berrinche del primer ministro británico, que fuesen aceptados por los Gobiernos de las mismas cuerdas. Esto, sin embargo, no quiere decir que en las próximas elecciones en 2019 vuelva a repetirse el fenómeno.

La oposición contra el TTIP (ATCI) pronto adquirió dimensiones realmente extraordinarias. Las negociaciones las había llevado a cabo la Comisión, negociador por la UE, que informa con regularidad de su marcha a los Estados miembros en el seno del Consejo. Antes, mucho antes, la Comisión negociaba en presencia de funcionarios de los Estados miembros que no intervenían pero vigilaban. El negociador, en consecuencia, tenía que demostrar sus cualidades como tal a dos bandas encontradas. Con el sistema actual la calidad de la información que se suministra puede no reflejar bien los altos y bajos de todo proceso negociador. Algunos se enteran mejor de lo que realmente pasa. Otros no. Nada de lo que antecede significa que el negociador por la Unión no sea excelente. En el caso del TTIP (ATCI) lo es. De ello puedo dar testimonio personal.

Es imposible, con todo, mantener bajo cuerda la marcha del proceso. Tampoco es recomendable. En las negociaciones que aquí nos interesan los resultados parciales (cualificados por el principio de que nada es final hasta que todo se haya negociado) fueron transpirando hacia los medios de comunicación y las redes sociales. Noticias ciertas y rumores abultados despertaron alarma. Las implicaciones de la ATCI son, en efecto, enormes. No tardaron en acudir a las barricadas numerosas ONGs, fuerzas de la sociedad civil, expertos, etc, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico. Tampoco faltaron organizaciones, generalmente empresariales o sindicales, que defendieron sin reparos temas en los que tenían un interés eminente. Economistas y juristas apoyaron a los dos bandos. Pronto cristalizaron dos objeciones absolutamente fundamentales. La primera atañe a la determinación del equilibrio deseable entre regulación y desregulación. La segunda se refiere al riesgo de que ciertos poderes de los Estados miembros pudieran verse disminuídos como resultado de las negociaciones.

La primera objeción, muy articulada por las organizaciones sindicales aunque no solo por ellas, pone el acento en que las negociaciones parecía que iban inclinándose demasiado en el sentido de una desregulación demasiado amplia con el fin de estimular la competencia a escala internacional. Esto significa facilitar el acceso de los productos de ambas partes al mercado opuesto. En teoría económica la competencia incita a mejorar los niveles de eficiencia y productividad. Pero en un mundo en el que no reina el tipo de competencia perfecta de los libros de texto han surgido temores de que el TTIP (ATCI) pudiera hacer recaer principalmente el impacto de la desregulación sobre la mano de obra. En claro: los trabajadores y los pequeños empresarios. Si en un país X los niveles de protección laboral, alimentaria, sanitaria, de salubridad pública, medioambientales, etc., son netamente inferiores a los del país Y, el juego de la libre competencia tenderá a inducir a este a rebajar los niveles con el fin de reducir sus costes y defenderse de la agresividad comercial de X.

En tal perspectiva suele afirmarse que un acuerdo equilibrado debería optar no tanto por favorecer la libre competencia sino por promover una cierta igualización en los niveles de protección de cada parte. Para muchos no está demostrado que el resultado conseguido hasta ahora lo logre en grado suficiente. Tras esta argumentación late la noción de que los mecanismos de protección europeos son, en muchos casos, superiores a los de Estados Unidos. Las feroces discusiones entre republicanos y demócratas por introducir un sistema de seguro médico obligatorio que ni siquiera es un remedo de los europeos no han hecho sino agudizar la preocupación.

También se aduce que en el sector servicios existen numerosas limitaciones a la libre competencia perfectamente motivadas en la medida en que la educación, la salud o el suministro de bienes públicos, por citar unos cuantos ejemplos, no deben quedar sometidos en la mayor medida posible al imperio del mercado, ni a escala nacional ni internacional. Esto conecta con una discusión que se da en casi todos los Estados miembros entre la derecha y la izquierda sobre la ampliación de las medidas privatizadoras. No hay que recordar lo que pasa en España en el campo de la sanidad.

En un acuerdo con Estados Unidos, afirman las posturas críticas, sería necesario que para cada uno de los sectores productores de bienes públicos se determinasen las circunstancias, modalidades y extensión de las respectivas aperturas del mercado sin dejar demasiado al automatismo de la libre competencia internacional. Favorecer esta debería ser un objetivo instrumental y, por consiguiente, más o menos maleable en función de las disposiciones que se negocien entre las partes. Como siempre, hay que ver los detalles. En general, la nueva Comisión Juncker se ha comprometido a no disminuir los niveles europeos. ¿Lo conseguirá?

(Continuará)

Dos paradigmas sobre la Guerra Civil Española

6 Febrero, 2015 at 7:54 am

Subo aquí un enlace con el PDF de ‘Dos paradigmas sobre la Guerra Civil Española’, publicado el pasado diciembre en Revista del Vinalopó.

Lectura online aquí:

DosparadigmassobreGCE

El artículo contrapone los dos paradigmas de la Guerra Civil: el canonizado por la dictadura franquista, apoyado por los recursos del Estado, justificador de la sublevación militar como medida preventiva que legitimó el 18 de julio; y el defensor de la legalidad republicana, apoyado desde los liberales a los comunistas. El paradigma franquista resultó conveniente para algunos historiadores occidentales, que justificaron al autoproclamado Centinela de Occidente.

Nota: no soy responsable de la traducción al inglés del Abstract.

UE-USA: Una relación comercial complicada. Prehistoria

3 Febrero, 2015 at 8:30 am

Me pregunta un amable lector si no puedo decir algo sobre el TTIP. Es decir, sobre lo que en castellano se denomina formalmente Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) pero que casi todo el mundo conoce por su acrónimo inglés. Hay una entrada en Wikipedia en español a la que remito. No me basaré en ella. Supongo que dicho lector lo que quiere saber es lo que pienso como antiguo funcionario de la Comisión. Es notorio que el tema ha generado multitud de discusiones y una amplia literatura. Fuera de las políticas sectoriales (agrícola y tal vez pesquera en primer lugar) quizá sea uno de los temas que más ha penetrado en la sociedad europea y más pasiones ha levantado. No es de extrañar porque la Comisión Europea no ha tenido demasiada mano izquierda en su presentación y porque son legítimos algunos de los temores que suscitan diversos aspectos del proyecto. Trataré de exponer mi punto de vista en cuatro posts. Los problemas complicados no admiten respuestas o soluciones simples. Por supuesto, no pretendo tener razón. Trataré de enfocar el tema en base a algunas lecturas y a mi propia experiencia como negociador comunitario durante muchos años.

banderas usa ue En el complicado nudo de relaciones transatlánticas destaca una cierta antinomia. Los Estados Unidos apoyaron, por un lado, la construcción europea. Deseaban que la naciente Comunidad fortaleciera las economías y sociedades de la Europa occidental frente al peligro comunista. Además, los países de ambos grupos (más Canadá y menos Irlanda) participaban en un mismo esquema de seguridad anclado en la OTAN. Adicionalmente, un país con peso, Reino Unido, tenía y tiene una relación especial con Estados Unidos, independientemente de la que le une con Canadá. Por otro lado se levantaron mil y uno obstáculos, diferencias, controversias, tensiones, etc. de naturaleza comercial. Los norteamericanos, negociadores durísimos, siempre entendieron que una cosa era la política y la seguridad y otra los negocios. Poco a poco fueron solventándose los problemas más urgentes, en parte acolchados por la participación de la UE y de los Estados Unidos en las rondas comerciales multilaterales donde la Comisión negoció por la Unión. Como era lógico y estaba previsto en los Tratados. En el curso de esta larga relación que se inició en los años sesenta las dos partes aprendieron a conocerse mejor, con sus defectos y con sus virtudes. Las tensiones siempre se encauzaron.

La idea de intensificar los intercambios bajo una nueva fórmula, compatible con el GATT y luego con la OMC, la intentó la Comisión (durante el período de gestión del presidente Jacques Santer) y no llevó a ningún resultado. Fue un tema que generó ríos de tinta y que es fácil rastrear en las hemerotecas. Lo impulsó la ambición de uno de los vicepresidentes de la Comisión, sir Leon Brittan (después lord Brittan, recientemente fallecido). Quiso construir una diluida zona de librecambio entre las dos orillas del charco allá por los comienzos de 1997 bajo la llamativa vitola de “Un nuevo mercado transatlántico”.

Este empeño tuvo tres características notables. La primera que no figuró en el programa político de la Comisión para 1998, algo sorprendente. La segunda que tampoco lo mencionó el presidente Santer en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en octubre de 1997. Cosa no menos sorprendente. La tercera que el Parlamento no lo recogió en su resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión aunque sí apoyó explícitamente el proyecto de cumbre UE-América Latina, por el que otro de los vicepresidentes de la Comisión, Manuel Marín, bregaba incansablemente.

Brittan improvisó. Él alude en sus memorias al proyecto en un tono de innecesaria autocongratulación y levantó una algarada cuando lo dio a conocer a los dos meses y pico después. La algarada estaba, en mi opinión, justificada. El proyecto implicaba una reducción considerable de los obstáculos técnicos a los intercambios, el compromiso político de suprimir los derechos aduaneros sobre los productos industriales antes de 2010, la creación de un espacio de librecomercio para los servicios y una amplia liberalización en los ámbitos de las licitaciones públicas, la propiedad intelectual y las inversiones. Con el fin de no agitar fuertemente el trapo rojo ante los franceses, Brittan dejó fuera los sectores agrícola y audiovisual.

Si no recuerdo mal, la reacción fue fulminante. El resultado hubiese revolucionado las relaciones económicas y comerciales internacionales y afectado de manera radical a la economía europea cuando se disponía a prepararse para lanzar la moneda única, el euro, ya de por sí un shock de consecuencias no siempre previsibles. Naturalmente fue inevitable que muchos especularan sobre si Brittan seguía la estrategia británica tradicional de querer aguar la construcción comunitaria. Él lo negó siempre.

Hubo batallas intensas en el seno de la Comisión. Los entonces dos comisarios franceses se destacaron por su oposición. El proyecto se aguó más y el colegio terminó aprobando una versión edulcorada. No sirvió para nada. En París el propio presidente de la República, entonces Jacques Chirac, se encargó de torpedear los planes de Brittan y de la Comisión y atacó ferozmente al vicepresidente. Es obvio que en tales condiciones la unanimidad necesaria no podía conseguirse en el Consejo de Ministros. A la resistencia numantina de Francia se asociaron varios Estados miembros que mostraron su desazón ante las ideas de la Comisión.

Suele afirmarse (antes y ahora) que la Comisión es un organismo técnico dirigido por tecnócratas y con un ideario neoliberal poco menos que fijado en sus genes. Por supuesto que la Comisión tiene que proponer soluciones técnicas a problemas o cuestiones veces muy técnicas. De lo contrario, ¿quién lo haría? Pero esto no es toda la historia. Los comisarios no siempre son técnicos. Con frecuencia ocupan carteras de cuyo contenido no tienen demasiada idea previa. Al igual que sucede con los ministros en los Gobiernos nacionales. Casi siempre son políticos que se basan en una cultura adquirida en duras pugnas en los países de que proceden. En los últimos años el perfil político de los comisarios se ha incrementado. Ya no es extraño ver, por ejemplo, a exprimeros ministros entre sus filas. Por otro lado, no ha habido en la historia de la Comisión colegios más políticos que en las épocas en que Hallstein o Delors fueron presidentes y ninguno de ellos fue primer ministro en su país. Todo esto tiene consecuencias y no es difícil que los planteamientos tecnocráticos de los funcionarios se recorten. Como en las Administraciones nacionales.

(Continuará)